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Unidos Podemos exige objetivos más ambiciosos en la Ley de Cambio Climático y hace propuestas para reformar el sector eléctrico

Europa Press.– Unidos Podemos defiende la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, así como otra serie de medidas para abaratar la tarifa de la luz, entre las que destaca el recorte retributivo a las empresas eléctricas y un gravamen en las centrales ya amortizadas como las hidráulicas. Asimismo, Unidos Podemos reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su Ley de Cambio Climático, tanto en reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de renovables.

El diputado de Equo, Juan López de Uralde, destaca la necesidad de establecer un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35% respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares. El objetivo es llegar a un escenario en 2050, con un 95% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990 y un 100% del consumo de renovables, así como un 50% para el objetivo de eficiencia energética.

Equo ha calificado de «tomadura de pelo» el proyecto de ley aprobado y ha lamentado que el equipo de Ribera no avanzara lo suficiente para haber llevado una norma a tramitación al Congreso cuando, a su juicio, había tiempo. «Esperamos que la próxima legislatura podamos aprobar definitivamente una ley ambiciosa contra el cambio climático. Los ejes de nuestra propuesta los hemos recogido en esta moción», ha indicado López de Uralde. «Esperamos que cuente con un apoyo parlamentario amplio que siente las bases de un acuerdo para que salga adelante esa ley imprescindible y urgente en la próxima legislatura», ha concluido.

Propuestas para el sector eléctrico

Con una iniciativa, registrada en septiembre por los diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú), en plena escalada de los precios del recibo eléctrico, Unidos Podemos aboga por reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, los pagos por capacidad que reciben algunas centrales por su disponibilidad y modificar el servicio de interrumpibilidad para asemejarlo a otros modelos europeos.

Otra de las propuestas pasa por una reforma del bono social para que su solicitud sea automática, que el único criterio para acceder a él sea la renta del hogar, garantice que cualquier hogar tenga acceso a un suministro esencial, se reduzca el IVA eléctrico a consumidores vulnerables y las empresas asuman su coste, de forma proporcional a su facturación. Unidos Podemos también reclama auditar los costes de todo el sistema eléctrico para determinar cuánto cuesta producir a cada tecnología, los costes asociados al transporte y la distribución y examinar también el déficit de tarifa.

Asimismo, pide cambios legales para impedir las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas, para las que también pide nuevas obligaciones con el fin de facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras. Por otro lado, exige «una reforma de calado» de la carga fiscal en el sistema eléctrico «que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética», con el fin de aumentar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental «en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con Europa, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal».

UGT pide al Gobierno medidas eficaces para paliar la pobreza energética y tener un precio de la energía más asequible

Europa Press.– UGT ha exigido al Gobierno que «mejore las medidas para paliar la pobreza energética» e introduzca mecanismos para fijar un precio de la energía «asequible», como la rebaja del IVA; así como actuaciones en materia de eficiencia energética de las viviendas. El sindicato señala que se aborda otro invierno «especialmente duro» para las familias con menos recursos económicos y el mercado eléctrico futuro apunta a nuevas subidas en el recibo.

El sindicato muestra especial preocupación para la primavera, «cuando hayan transcurrido los 6 meses de suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica». Asimismo, UGT reclama que se modifique el bono social eléctrico ya que considera que «no está diseñado adecuadamente para llegar a todos los hogares que lo necesitan». De esta manera, advierte que es necesario introducir «una mayor transparencia» en la información para darlo a conocer y mejorar los requisitos de acceso para que llegue a todos los hogares y «combatir así las desigualdades ocasionadas por la pobreza energética, permitiendo que se puedan acoger al bono social eléctrico más familias, y que estas cuenten con mayores descuentos».

Maroto aclara que la subida de las pensiones no afecta al umbral de renta para poder beneficiarse del bono social

Europa Press.- La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha aclarado que la subida de las pensiones aplicada con el inicio del nuevo año no afectará al umbral de renta para poder beneficiarse del bono social energético, dado que para ello se toman como referencia los ingresos a fecha de 31 de diciembre.

Maroto se ha referido así a algunas críticas sobre un posible impacto contraproducente de la subida de las pensiones que llevara a sus beneficiarios a perder el derecho al bono social por superar el umbral para acogerse al mismo. La ministra incluyó la subida de las pensiones entre los «hechos concretos» llevados a cabo por el Gobierno como el incremento del salario mínimo interprofesional, un trabajo que confía en que será tenido en cuenta por los ciudadanos en las urnas.

El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

El Gobierno y Unidos Podemos reformarán el bono social eléctrico y crearán uno general que incluirá el gasista

Europa Press.- El Gobierno y Unidos Podemos han acordado realizar una reforma «profunda» del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que «cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía. Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019 que han firmado en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales. Además, se mantendrá que la financiación sea íntegramente cubierta por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación. La actual normativa establece que son las comercializadoras eléctricas las que asumen su financiación, un grueso de más de 200 empresas, pero en las que las 5 grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo, cubren más del 95% del coste total.

Asimismo, con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética, se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que dispongan de los derechos y descuentos reconocidos en el bono social eléctrico y en el decreto de medidas urgentes.

Además, acordaron presentar en el plazo de 4 meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que contará para su elaboración con la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las asociaciones de consumidores, los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.

Fomento del autoconsumo de electricidad

También han pactado como medida para fomentar el autoconsumo eléctrico establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad. Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

En lo que respecta a las renovables, aprobarán un plan de impulso a la repotenciación de las plantas existentes con el objetivo de recuperar «el atractivo de invertir» en ellas para enviar las señales adecuadas para el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de los objetivos internacionales, la seguridad de suministro y el impacto positivo que ejercen en el precio. Para ello, también se modificarán los requisitos de las subastas de renovables, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

También se introducirán modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 para dotar de estabilidad al marco retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y «para garantizar una rentabilidad razonable a largo plazo» a los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que no pudieron adaptar sus esquemas de inversión a un marco que no conocían. Este aspecto es uno de los puntos a los que se habían comprometido con estos inversores en renovables afectados por el recorte tanto Unidos Podemos como el PSOE.

Por otra parte, se pondrá en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de 4 años y con una movilización de 400 millones cada año. Este plan responderá a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total. También se dotará de continuidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el nuevo periodo 2021-2030, que contará con al menos 200 millones de euros anuales.

El nuevo bono social sólo reduce el recibo un máximo de 2 euros con respecto al anterior, según estima Facua

Europa Press.- El nuevo bono social eléctrico aprobado por el Gobierno sólo reducirá el recibo de la luz para un usuario medio entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el anterior modelo, según datos de Facua-Consumidores en Acción. El recibo de septiembre del usuario medio ascendería a 83,55 euros, un 15,9% más que en septiembre del 2017 con lo que, en la mayoría de los casos, los descuentos del bono social ni siquiera sirven «para paliar este brutal incremento», señala Facua.

Así, con el anterior modelo de bono social que aprobó el Gobierno del PP, si el usuario recibe un 25% de descuento en la potencia en los primeros kWh consumidos pagaría 74,36 euros si no tiene hijos menores, lo que supone un 11% menos; mientras que abonaría 72,60 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, lo que representa un 13,1% menos. En el caso de tener dos menores, el recibo ascendería a 71,28 euros, un 14,7% menos, y si son familia numerosa la factura supondría 65,57 euros, un 21,5% menos, según calcula la asociación.

Mientras, con el nuevo bono social, el mismo usuario pagará 73,70 euros en el caso de no tener hijos menores, un 11,8% menos; mientras que ascendería a 71,68 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, un 14,2% menos. Para el caso de tener dos menores, el recibo ascenderá a 70,14 euros, un 16,1% menos, y para las familias numerosas supondrá 63,59 euros, un 23,9% menos. Asimismo, Facua critica que «no se proporcione el bono social a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos por el PP».

Podemos ve «tímida» la ampliación del bono social y reclama revisar la retribución a las eléctricas para aprobar los Presupuestos

Europa Press.- Unidos Podemos exige al Gobierno «compromisos claros y explícitos» para «acabar con los beneficios caídos del cielo» de las centrales eléctricas y nucleares si quiere el apoyo de su grupo a la ampliación del bono social y a los Presupuestos de 2019. En este sentido, Podemos cree que la ampliación del bono social «es un tímido avance», considerando que «se debe ir más allá» en su cobertura y en «conseguir una bajada mucho mayor» en la factura de la luz.

Fuentes de la formación morada han explicado que «la factura se puede reducir mucho más» que el 5% que estima que se puede abaratar el Gobierno con las medidas aprobadas como, entre otras, la anunciada suspensión del impuesto a la generación eléctrica a las empresas. «Es buena noticia que la factura de la luz baje un 5%, pero se puede conseguir mucho más», han aseverado, avanzando que, por ello, «seguirán presionando al Gobierno». Además, han insistido en que no comparten que la factura se abarate reduciendo los impuestos a las compañías eléctricas y, por tanto, la recaudación del Estado. «Se puede hacer de otra forma, se pueden tocar esos beneficios caídos del cielo que tienen las empresas eléctricas», han insistido.

En este sentido, recuerdan que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «ha dicho que el Estado está sobrerretribuyendo a las eléctricas y regalándoles dinero público». «Abordando estos beneficios de las eléctricas se podría conseguir una bajada mucho mayor y que además no la paguemos entre todos los españoles, sino que repercuta en las eléctricas», aseguran.

Por otro lado, Podemos resalta que la derogación del impuesto al Sol era una exigencia al Gobierno y que así se lo habían hecho saber en la negociación que mantienen con vistas a sacar adelante el proyecto de Presupuestos de 2019. «De hecho, Podemos ha conseguido mejorar el planteamiento», apostillan estas fuentes, que cita en este sentido la retribución a los ciudadanos que aporten un exceso de energía en la red de estos kilovatios sobrantes.

Son “un parche totalmente insuficiente”

Por su parte, el portavoz del grupo confederal en la Comisión para la Transición Ecológica, Josep Vendrell, ha asegurado que las medidas aprobadas son «un parche totalmente insuficiente» pues apenas tendrán «escasos efectos en el bolsillo de la gente». «No es el plan de choque que exigíamos», ha criticado. «Emplazamos al Gobierno a negociar. Sabe que para que nosotros aprobemos los Presupuestos, para convalidar este decreto, si quiere nuestro apoyo, tendrá que tomar compromisos claros y explícitos para acabar con los beneficios caídos del cielo, con los privilegios del oligopolioy para cambiar la estrategia contra la política energética», asevera.

En este sentido, Vendrell subrayó la necesidad de fijar un precio máximo a la generación de energía hidráulica y nuclear, ya que sus centrales están totalmente amortizadas y, por tanto, su retribución supera ampliamente el coste de generación. «El diseño del mercado, consecuencia de una mala regulación de los distintos Gobiernos, hace que el precio de la electricidad sea el mismo para todas las fuentes de energía. Y es la más cara la que marca el precio para todas», ha explicado. Es por ello por lo que Unidos Podemos quiere fijarles un precio máximo o bien imponer un cargo impositivo a esta sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz.

Por otro lado, Vendrell ha apostado por un cambio en la tarifa, con el fin de hacerla más progresiva en función del consumo, y ha criticado que los cambios en el bono social «no abandonan el modelo que dejó Álvaro Nadal», predecesor de Ribera al frente de las responsabilidades de Energía, pues mantiene los beneficios a familias numerosas. «No tiene sentido que una familia numerosa con renta alta acceda al bono social», ha denunciado, y sus umbrales de renta son, a su juicio, «excesivamente bajos».

Además, también ha criticado que se limite a las comercializadoras de último recurso este bono social, dejando fuera a pequeñas empresas de carácter municipal, y que la Administración financie parte de ese bono, como el nuevo bono social térmico. «Las empresas deben asumir el coste», esgrime el diputado catalán, que también ha pedido que, como en Portugal, sea una ayuda automática, en función de los datos de la renta y así «se dé sin el calvario de las trabas burocráticas».

La única medida celebrada por Vendrell ha sido la derogación del impuesto al Sol, una medida aplaudida también por otra formación integrada en Unidos Podemos, Equo, que espera que su eliminación contribuya al desarrollo «sin trabas» de la energía fotovoltaica «y a la consiguiente reducción de emisiones de CO2». En todo caso, considera que «quitar el impuesto al Sol es necesario, pero no suficiente», tal y como ha recalcado el portavoz de la formación ecologista en el Congreso, Juan López de Uralde, que ha urgido al Gobierno a poner en marcha un Plan Nacional de energía renovable. «El potencial de la energía solar es impresionante» en el país, ha destacado.

El Ministerio de Energía prorroga hasta octubre el plazo para que los consumidores vulnerables renueven el bono social de electricidad

EFE.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido prorrogar 6 meses el plazo para solicitar el nuevo bono social de la electricidad, con lo que los consumidores que disfrutan actualmente de sus ventajas tendrán hasta el mes de octubre para pedir su incorporación al mismo. De este modo, según aclaró el departamento que dirige Álvaro Nadal, los consumidores acogidos al anterior bono social mantendrán los descuentos en sus facturas durante este período adicional.

El día concreto en el que vencerá el plazo para solicitarlo dependerá de la fecha de publicación de la orden ministerial que estipulará la prórroga, pero dado lo avanzado de la tramitación de la normativa será dentro de octubre, explican fuentes del Ministerio. La citada orden, que ya se ha enviado al BOE para iniciar la audiencia pública, clarifica también algunos aspectos de los formularios de solicitud del bono social tras las consultas recibidas por los usuarios y compañías eléctricas.

El nuevo bono social, aprobado en octubre del año pasado, establece descuentos en la factura eléctrica del 25% o del 40% de su importe en función del nivel de renta y las circunstancias personales del consumidor. Para poder acogerse a estos beneficios, además de cumplir los requisitos de ingresos y personales, hay que presentar una solicitud a la empresa comercializadora por teléfono, fax, correo postal o electrónico, en la oficina de la compañía o a través de su página web.

Podemos pide datos a Competencia

Por su parte, diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos dirigieron una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que piden a este organismo que publique el número de personas que habían solicitado la renovación del bono social a finales del mes de febrero. En la misiva, los parlamentarios Yolanda Díaz, Josep Vendrell y Lucía Martín piden también a Competencia que publique el número de personas acogidas al bono social antes de la entrada en vigor del real decreto que modificó la anterior regulación.

También solicita a la CNMC que los desglose por categorías de acceso y publique una comparativa entre los que había y los que hay ahora, así como un análisis y valoración de las campañas de difusión para la renovación del bono social, y los motivos que puedan explicar si finalmente hay un «descenso radical» del número de beneficiarios. Según indican los diputados en la carta, dirigida al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, si finalmente «el número de personas acogidas no se correspondiera con las personas ahora beneficiarias, estaríamos ante un escándalo mayúsculo».

Además, Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno, en las que piden que diga si dispone de datos que indiquen que menos de medio millón de personas han renovado su derecho al bono social entre los más de dos millones que podrían hacerlo. Podemos también pregunta si recibió el Gobierno sugerencias para que se incorporara en el decreto la obligatoriedad de renovar el derecho a percibir el bono social y si considera que ha sido suficiente la publicidad realizada para informar de la obligatoriedad de renovarlo.

Asimismo, pregunta al Ejecutivo si va a adoptar una medida de urgencia para que las personas que ya tienen derecho al bono social no tengan que renovarlo ante la deficiente campaña de publicidad y si se plantearían extender el plazo de renovaciones hasta el 31 de diciembre. También pregunta si el Gobierno considera que la normativa facilita la captación de clientes domésticos por parte de las comercializadoras en el mercado libre, tras los casos de traspaso sin consentimiento que ha habido de clientes de tarifa regulada al mercado libre, así como si va a introducir garantías para que no se corte el suministro a personas que no puedan pagar facturas.

Iberdrola ahonda en su campaña informativa sobre el nuevo bono social a entidades sociales y de consumidores

Europa Press.- Iberdrola ha ahondado en su campaña informativa sobre el nuevo bono social eléctrico, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, mediante la remisión de información actualizada de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales. Así, la compañía envió información a estas organizaciones sobre las últimas novedades en la gestión del bono social y las acciones realizadas para facilitar la información y la gestión a sus clientes.

En concreto, el grupo energético remitió un correo electrónico en el que informa de la reciente puesta en marcha de la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que permite a los comercializadores de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos de renta para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

En la información recuerda que esta aplicación telemática funciona para todo el territorio nacional, salvo en País Vasco y Navarra, y señala que, no obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a las comercializadoras de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. En País Vasco y Navarra los clientes deben seguir aportando a los comercializadores de referencia la declaración de la renta hasta que esté finalizada la aplicación telemática específica para estos territorios.

La compañía también recuerda a sus clientes beneficiarios actualmente del bono social que seguirán disfrutándolo, como mínimo, hasta abril de 2018. Eso sí, todos aquellos que reúnan las condiciones para beneficiarse del nuevo bono social tienen que solicitarlo, aunque sean beneficiarios actualmente. El grupo energético ha remitido esta información a un total de 1.240 responsables de organismos de consumo y organizaciones de consumidores, a 236 miembros de servicios sociales de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de zonas de alto ratio para la compañía, así como a unos 56 responsables de las entidades con las que la empresa tiene suscritos convenios de vulnerabilidad, entre otros.

Además, la compañía puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria. Asimismo, la compañía presidida por Ignacio Galán ya procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social.

El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.

Energía lanza la aplicación telemática para que las compañías eléctricas comprueben que el solicitante del bono social cumple los requisitos

Europa Press.- El Ministerio de Energía ha lanzado la aplicación telemática que permite a las comercializadoras de referencia comprobar que el solicitante del bono social eléctrico cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución que pone en marcha esta plataforma, que permitirá así agilizar los trámites para los solicitantes del bono social.

No obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a su comercializadora de referencia de la declaración o declaraciones de los miembros de la unidad familiar, relativas al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. Además, la aplicación telemática será de aplicación en todo el territorio, salvo en el País Vasco y Navarra. Con la puesta en marcha de esta aplicación informática el Gobierno permitirá certificar que un cliente tiene derecho al bono social eléctrico sin que la comercializadora acceda a sus datos de renta.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social, que se financiarán entre las empresas comercializadoras y las administraciones públicas al 50%. Además, para este tipo de consumidores las comercializadoras de electricidad no podrán proceder al corte de suministro en caso de impago.

Asimismo, el descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables.

El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables. Se establecen además unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético. Los consumidores que actualmente ya disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovación, disfrutando así del descuento en su factura durante todo el período invernal.