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Acciona, Endesa y Red Eléctrica entran en el ranking 2017 de compañías líderes en acciones de cambio climático de CDP

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Europa Press.- Un total de 9 empresas españolas forman parte de la Lista A del Clima de empresas líderes por su estrategia, gestión transparente e iniciativas en respuesta al cambio climático que cada año elabora la organización internacional sin ánimo de lucro CDP, que anualmente distribuye esta información para inversores, corporaciones y gobiernos. En la edición anterior, la presencia española en este apartado se elevaba a 14.

Este 2017, CDP ha analizado a más de 3.000 compañías y ha publicado una serie de rankings con unas puntuaciones que van de la A a la D en tres áreas (clima, agua sostenible y deforestación), siendo este año el primero que se anuncian los resultados en los tres ámbitos al mismo tiempo. Entre las compañías puntuadas de A a D, sólo 160 forman parte de la Lista A, que obtienen esta calificación en al menos uno de los tres pilares, a solicitud de 827 inversores con activos de más de 100 billones de dólares.

Unilever y L’Oréal son las únicas que lideran la lista con puntuaciones A en las tres áreas, lo que refleja, según los autores del estudio, cómo las empresas pueden reducir sus emisiones de CO2, incrementar la sostenibilidad del agua y combatir la deforestación al mismo tiempo que generan beneficios. En cuanto a las empresas españolas que figuran en la CDP Climate Change A List de 2017 son Acciona, Bankia, CaixaBank, Ferrovial, IAG, Mapfre, OHL, Red Eléctrica y Telefónica. En esta lista también aparecen empresas como AkzoNobel, BT, EDP, Nissan o San Diego. Respecto a la CDP Water A List 2017, que incluye a las empresas internacionales líderes en la gestión sostenible del agua, figuran las españolas Acciona, Endesa y OHL.

Asimismo, se ha publicado el segundo análisis anual de CDP Seguimiento del progreso en la acción climática corporativa, que revela que ha aumentado el número de empresas líderes que incorporan objetivos de reducción de emisiones de carbono a sus planes empresariales a largo plazo, y que cada vez más estas empresas adoptan las reducciones de emisiones de carbono que, según los científicos, son necesarias para luchar contra el cambio climático.

El estudio revela algunos avances como el hecho de que cada vez más empresas planifican un futuro bajo en carbono. En concreto, el 89% ha fijado objetivos de reducción de las emisiones para este año (frente al 85% en 2016); el 68% ha fijado objetivos de reducción de las emisiones hasta al menos 2020 (frente al 55%) y el 20% cuenta con objetivos a largo plazo hasta 2030 y en adelante (frente al 14%). Asimismo, se ha disminuido la brecha de emisiones para cumplir los objetivos globales y, si se cumplieran los objetivos actuales, las empresas estarían un 31% más cerca del objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius.

En cuanto a la transición hacia un modelo bajo en carbono que impulsa la innovación, el estudio revela que más de un tercio (36%) de las empresas ofrecen productos bajos en carbono, como vehículos eléctricos y edificios de energía cero (frente al 30% en 2016); asimismo, un 75% de las empresas afirman que sus productos y servicios permiten que terceros reduzcan sus emisiones, frente al 64% en 2016; el 32% de las empresas utilizan ahora un sistema interno de fijación de precios del carbono, y otro 18% planifica hacerlo en el plazo de 2 años.

En la misma línea, el número de empresas con un objetivo de consumo de energía renovable ha aumentado un 23% en el pasado año. El informe añade que empresas como BT y Unilever se comprometieron a utilizar un 100% de energía renovable en 2030 como parte de la iniciativa RE100. Mientras, el número de empresas con un objetivo de producción de energía renovable ha aumentado un 36% el pasado año, de 55 a 75 empresas. El documento constata que el clima es ahora un tema de alto nivel pues el 98% de las empresas asignan ahora la responsabilidad de cambio climático al consejo de administración o alta dirección, y el 90% tienen incentivos económicos para cumplir los objetivos climáticos corporativos.

Cañete habla abiertamente de un 30% de renovables para 2030: “Apenas supondría 1.600 millones de inversión adicional al 27% planteado”

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Redacción / Agencias.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, aseguró que el compromiso de la Unión Europea con la descarbonización del mercado energético es «firme» y ve factible ampliar al 30% el objetivo de energía generada por fuentes renovables en la Unión Europea para 2030, que actualmente es del 27%, dada la importante reducción de costes del desarrollo de las renovables en los últimos años, especialmente en tecnologías como la fotovoltaica, la eólica y eólica marina.

Arias Cañete, durante la inauguración del Congreso Nacional de Energías Renovables, ha subrayado que, respecto a las previsiones que había cuando se fijó el objetivo de que en 2030 la energía renovable supusiera el 27% del total en Europa, los descensos en los costes de las renovables arrojan nuevas cifras. En este sentido, explicó que el ahorro hasta 2030 será de 2.900 millones de euros, así como de 6.900 millones el que habrá de 2030 a 2050, respecto a los cálculos iniciales. Además, desveló que con un objetivo del 30% de energías renovables sólo se generarían unos costes adicionales de inversión de 1.600 millones de euros con respecto al del 27%, muy inferiores a los que había cuando se fijó.

En este sentido, Cañete indicó que la Comisión Europea ha facilitado documentación con esos datos para convencer al Consejo Europeo, formada por los representantes de los Gobiernos de cada país, de que es factible considerar porcentajes de renovables superiores al 27%, dada la citada reducción de costes. Por ello, añadió que desde la Comisión Europea se ve «con buenos ojos el incremento del objetivo de ambición a la vista de los nuevos datos» que «hacen más fácil, en términos de coste-eficiencia, asumir objetivos más ambiciosos».

Por otro lado, el comisario de Energía explicó que organizar la descarbonización, consistente en reducir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95% para 2050 a nivel europeo, es «un desafío gigantesco» que pretende realizarse en tres décadas. Asimismo Cañete recalcó el «compromiso» de España con esta política comunitaria y quiso desmentir una afirmación común: «No es verdad, como se dice a menudo, que nuestros sistemas energéticos estén en una encrucijada; están completamente encaminados hacia las energías renovables».

En cuanto a los planes nacionales integrados de Energía y Clima que los países tienen que enviar a Bruselas, Cañete ha indicado que si se producen retrasos, espera que sean los menores posibles, pues los borradores que se envíen tendrán que ser analizados por la Comisión Europea. También se ha referido a las interconexiones energéticas, que ha reconocido que condicionan el desarrollo de las renovables, y aseveró que su construcción «es una prioridad política de primera magnitud para la Comisión Europea» ya que si no es así está en riesgo la descarbonización. Así, valoró el respaldo dado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al desarrollo de las interconexiones energéticas en Europa, ya que sin ellas “no habrá Unión Energética”.

Además, Cañete también destacó el impulso «decisivo» que se dio a las interconexiones en 2015 con la celebración de la Cumbre de Madrid, en la que España, Portugal, Francia y la Unión Europea acordaron avanzar su desarrollo, pero consideró que alcanzar los objetivos del 15% de interconexión en 2030 va a «requerir de un nuevo impulso político». Por ello, señaló la necesidad de una nueva cumbre para relanzar los proyectos actualmente en marcha, como el de la interconexión por el Golfo de Vizcaya, cuya tramitación y financiación ya está en la recta final. «Creo que un impulso político adicional sería fundamental para rematar este proceso hasta que España alcance el nivel de interconexión necesario», apuntó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, ha expresado su preocupación por la evolución en el futuro de las subastas de renovables; por la fiscalidad en España, «excesiva y recaudatoria, que no es congruente con los objetivos europeos», por lo que pidió una fiscalidad «bajo el principio de que el que contamina paga» ya que cree que la actual fiscalidad no incentiva las renovables; y por la posibilidad de que se reduzca la rentabilidad razonable del parque instalado en la próxima revisión que se haga.

Villarig señaló en su intervención que España ha sido «modelo de integración de las renovables en el sistema eléctrico» a nivel europeo. No obstante, también reivindicó que «debemos conseguir que las renovables no sean consideradas un subapartado» dentro de las políticas de desarrollo sostenible. Asimismo, Villarig criticó la «falta de rigor de algunos de los últimos Gobiernos de nuestro país» en materia de gestión de la política de energías renovables. Desde APPA, afirmó su presidente, están «preocupados por la continua improvisación del Ministerio de Energía».

UNEF participa en un proyecto europeo de investigación sobre autoconsumo

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) participará, junto con distintos centros de investigación como Tecnalia y asociaciones fotovoltaicas de diversos países de la Unión Europea, en el proyecto europeo PVProsumer4Grid, que investigará las oportunidades que ofrece el autoconsumo fotovoltaico. Así, el estudio, financiado por la Comisión Europea, explorará durante 30 meses las oportunidades que el autoconsumo fotovoltaico ofrece a la red, los consumidores y el desarrollo de la fotovoltaica en general.

Las conclusiones servirán de base para la elaboración de recomendaciones y directrices a seguir en el diseño de la estrategia de política energética europea. UNEF es la asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en España. Formada por más de 250 empresas, entidades y agrupaciones de toda la cadena de valor de la tecnología, representa a más del 85% de la actividad del sector en España y aglutina diversos campos.

Unidos Podemos demanda al Gobierno que defienda unos objetivos de energía y clima más ambiciosos ante la Unión Europea

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Europa Press.- Unidos Podemos, grupo parlamentario del que forma parte Equo, exigió al Gobierno una serie de objetivos verdes que deberá defender en el marco de la Unión Europea, dentro de la negociación del paquete de medidas legislativas Energía limpia para todos los europeos. Así lo hizo con una moción consecuencia de la interpelación que la coportavoz de Equo, Rosa Martínez, dirigió al ministro de Energía, Álvaro Nadal.

En su iniciativa, Unidos Podemos plantea que el Gobierno defienda en las negociaciones comunitarias objetivos nacionales y vinculantes para situar en 2030 el uso de renovables en el 45% y el ahorro en eficiencia energética en el 40%. Este es uno de los objetivos con los que Unidos Podemos esperaba que el Congreso instara al Gobierno a redirigir su política energética en Bruselas. Otras de las medidas propuestas por Unidos Podemos pasan por defender el acceso prioritario de las energías renovables a la red eléctrica, el apoyo a las cooperativas de productores energéticos, el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono en la Unión Europea.

Asimismo, también llaman a acabar con los mecanismos por capacidad, pues consideran que son «subvenciones encubiertas a las energías sucias» y, si no es así, recurrir a ellas siempre que no se supere el umbral de emisión de 350 gramos por CO2, como propone la propia Comisión Europea, para centrales ya existentes y nuevas. Otras de las medidas que incluyen en su moción son el fin de las subvenciones públicas a los agrocombustibles, que compiten con la producción alimentaria y contribuyen a la deforestación en países empobrecidos, reforzar la cooperación a nivel nacional, regional y municipal, y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3%.

Durante su interpelación Nadal, la dirigente de Equo afeó al ministro que España no se situara en el «eje París-Berlín» y se decantara por hacer «causa común con Polonia en defensa de las energías sucias». En el texto de la moción, Martínez critica que, aunque los objetivos propuestos por la Comisión Europea «no son todo lo ambiciosos que deberían para dar cumplimiento a los Acuerdos del Clima de París», la posición del Ejecutivo español «ha sido la de defender unos objetivos en energía renovables y eficiencia energética muy por debajo de los propuestos por la Comisión». De esta forma, la diputada de Unidos Podemos acusa al Gobierno de «defender una transición mucho más lenta de lo que es posible tecnológicamente».

Martínez critica que la posición española condicione cualquier objetivo y acuerdo a la construcción de nuevas interconexiones, que si bien concede que este elemento «será importante en la transición energética» asegura no compartir «la supeditación de los objetivos de renovables a la construcción de nuevas interconexiones». Así, advierte del «altísimo coste económico» de estas infraestructuras y vuelve a demandar «máxima transparencia y control» habida cuenta de su impacto ambiental. «Necesitamos más información y evidencias de la necesidad estratégica de estos proyectos: estudios de mercado, los cálculos, análisis de coste-beneficio, de la viabilidad de otras opciones (ahorro, almacenamiento, gestión de la demanda)… Estos informes deben ser públicos y debatidos, dado el esfuerzo que va a suponer en la factura eléctrica», asevera.

Nadal advierte de que un cierre de las térmicas de carbón encarecería el precio de la electricidad hasta un 15%

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno defenderá la permanencia de las centrales de carbón «mientras no perjudique los objetivos medioambientales» y ha argumentado que su desaparición podría encarecer hasta un 15% el precio de la electricidad en los momentos de mayor repunte de los precios.

Así lo ha asegurado durante la interpelación dirigida al Gobierno por la coportavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, que le ha reclamado mayores esfuerzos por impulsar energías limpias y luchar contra el cambio climático. Sin embargo, Nadal ha asegurado que España es, dentro de los países grandes de la Unión Europea, el que más energía renovable ha instalado «con diferencia», que este año alcanzará el 18,9% cuando el objetivo es el 20% en 2020, por lo que cree que es el país que «más rápidamente» está dando cumplimiento a sus compromisos.

Ante las exigencias de la diputada de Equo, el ministro instó a «aprender de los errores del pasado», recordando que la apuesta hace 10 años por «renovables totalmente inmaduras» tiene un coste anual de 7.000 millones durante 25 años y que decisiones de este tipo tienen un coste en la factura. «Aquí todo el mundo promete mucho y sueña mucho», lamentó, acusando a Martínez de «pintar el mundo de color de rosa», y que estas decisiones, y su impacto en el empleo, en la producción industrial, acaba con el mundo «pintado de color de paro».

Nadal ha rechazado que la decisión de mantener este tipo de centrales o su apuesta por las interconexiones energéticas se motiven por el interés de las grandes compañías eléctricas, ya que ha argumentado que tanto el aumento de los precios que traería el cierre de térmicas como una mayor competencia que traerán las interconexiones no beneficiarán sus intereses. El ministro ha defendido la necesidad de profundizar las interconexiones con el resto de países pues ha explicado que permitirá que dotar al sistema de una mayor flexibilidad en los momentos en los que las energías renovables no aporten suficientemente al pool.

La escasa interconexión de España, reflexionó Nadal, condena al país a tener un sistema de pago por capacidad ya que en los momentos de escasez hay que pagar la estacionalidad de centrales térmicas, pero sí ha reconocido la necesidad de encontrar un procedimiento más competitivo, como subastas, «para revelar el coste de esta flexibilidad«. El ministro ha cuantificado que el coste anual de no estar suficientemente conectado con Europa, por los momentos de escasez y el exceso de energía renovable que no puede derivarse a otros sistemas, supone 1.200 millones, pero que en caso de avanzar a objetivos en renovables más ambiciosos, superiores al 20% e incluso cercanos al 30%, estos costes podrían aumentar hasta los 10.000 millones de euros.

Por su parte, Rosa María Martínez ha lamentado que España no contribuya a que Europa lidere las energías renovables y cree que la posición del Gobierno hace que vaya «justo en la dirección contraria a una transición limpia, justa y democrática«. «Ha perdido la oportunidad de ponerse al lado de los Estados que con más fuerza están apostando por la acción climática y las renovables. En vez de ponerse en el eje París-Berlín, hace causa común con Polonia en defensa de las energías sucias», criticó.

Para Martínez, la argumentación del ministro por las limitaciones tecnológicas para apostar por sistemas alternativos no es válida. «Han destrozado la ciencia y la investigación; quizás tengan parte de responsabilidad», denunció. Tampoco dio por buenas ni la defensa de la interconexión ni del carbón. «Me crié en una zona minera. Llevo 20 años viendo cómo se dilapidan los fondos que iban destinados a dar futuro y alternativa a las cuencas», aseveró, responsabilizando al PP y al PSOE. «Su cierre va a llegar antes o después. No lo digo yo, lo dice la transición energética«, auguró.

Respecto a las interconexiones, Martínez expresó su rechazo a que España condicione su compromiso en renovables y contra el cambio climático a estas infraestructuras, y ha reiterado su demanda por poder tener acceso a los análisis, estudios de mercado y coste-beneficio, entre otros, de estos proyectos, recordando los resultados de otros proyectos como el Castor o muchas autopistas, rescatados con dinero público. «Mientras no los tengamos, vamos a seguir pensando que, o bien son excusa para retardar el objetivo de las renovables, o un medio para conseguir contratos millonarios para eléctricos y grandes constructoras«, sentenció.

Asimismo, también puso en duda que las interconexiones vayan a perjudicar a las grandes compañías, como decía el ministro, pues pueden dar salida al gas o a los ciclos combinados, y que si sirven para exportar en momentos como el parón nuclear en Francia, ha advertido que «con el mix actual va a disparar el precio de la electricidad». También criticó la ausencia de alternativas por parte de Nadal, como la búsqueda de formas de almacenamiento, el ahorro energético o la gestión de la demanda. «Eso nos va a dar flexibilidad y no se contempla en sus discursos», ha dicho, defendiendo que esto sí provocaría un descenso de los precios.

La diputada de Equo ha criticado la «visión cortoplacista» de Nadal, «basada en el precio», y que «las acciones del Gobierno indican que no tiene ningún compromiso». «Dice que a España le cuesta mucho más luchar contra el cambio climático, pero es que lo sufre mucho más«, ha dicho. «Dígale a la gente que sufre y está pagando la factura de las consecuencias del cambio climático en su vida que es más caro actuar contra el cambio climático que no hacer nada. Dígaselo», ha concluido.

El Supremo avala los cargos al autoconsumo que aprobó el Gobierno en 2015 y niega que haya impuesto al sol

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) contra el Real Decreto 900/2015, conocido como impuesto al sol y que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

La sentencia no sólo desestima los argumentos de los recurrentes, sino que entra a enjuiciar el término de impuesto al sol que se le había dado a la normativa. Así, el Alto Tribunal considera que «no hay por tanto impuesto al sol propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite».

De esta manera, el fallo pone de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada, por lo que no existe impuesto al sol propiamente como tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso, como es lo habitual, la consume efectivamente.

En lo que se refiere a las cuantías de las sanciones, otros de los temas que los recurrentes criticaban, el Supremo destaca dos extremos. Primero, que una instalación de autoconsumo no tiene por qué ser una instalación pequeña o de un sujeto particular, sino que puede ser una empresa con una considerable entidad económica e industrial. Y, en segundo lugar, que existe una horquilla para imponer las sanciones, sin que ello exija que se aplique siempre las de cuantía superior. De esta manera, indica que existiría vulneración del principio de proporcionalidad si los mínimos fuesen claramente exorbitantes, siendo 600.001 euros para las infracciones graves y 6.000.001 para las muy graves.

Respecto a la retroactividad, el tribunal considera que la aprobación de un nuevo régimen pro futuro para un determinado tipo de instalaciones no puede en puridad ser calificado de norma retroactiva. Asimismo, sobre la vulneración de la normativa comunitaria por no existir un procedimiento autorizatorio, rechaza la alegación señalando que existe un procedimiento simplificado de autorización para instalaciones de pequeña potencia de vertido a red en el Decreto 1699/2011. El Gobierno aprobó el decreto sobre autoconsumo eléctrico en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad.

El ‘fake’ del impuesto al sol y la polémica sobre la metodología de los costes de acceso

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Recientemente se ha conocido como el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Anpier contra el Real Decreto 900/2015 conocido como impuesto al sol y que regula el autoconsumo. La sentencia ha sido criticada en el sentido de su alineación con las tesis políticas del Gobierno y su impacto más llamativo se deriva del esclarecimiento jurídico de que el impuesto al sol como figura tributaria no existe, dado que es una contribución de este tipo de consumidores al sistema por su respaldo.

Es cierto, el impuesto al sol como tal no existe, en la misma medida que todos los costes de acceso y peajes que soporta un consumidor doméstico o industrial no son “impuestos”. Ahora, lo que sí es cierto es que es una formidable campaña de comunicación política, de creación de marcos en términos del lingüista americano Georg Lakoff, que además se vio reforzada por una importante campaña de publicidad con coches funerarios y placas solares.

Podemos decir así que ha sido la última gran campaña de comunicación y de creación de concepto mediático en el ámbito energético en la que se combinaban elementos que no podían fallar: la aversión a los impuestos (próxima al libertarismo del Tea Party incluso en el autosuministro energético), la consideración de su aplicación a un recurso natural inagotable pero no gestionable (la luz solar), tercero, el derecho a decidir la fórmula de suministro eléctrico individualmente. Si hiciéramos un paralelismo, esta idea bien podría aplicarse con relación a los impuestos que gravan la generación hidráulica y, en ese caso, no se habla de impuesto al agua o, en el caso de la producción eólica, no se habla de impuesto al viento.

El fondo de toda la controversia, eso sí, es la contribución de los autoconsumidores al sistema, que el Gobierno determinó en el decreto 900/2015 de forma que debían contribuir igualmente que un consumidor convencional. Esta solución tiene además una lógica primaria de no discriminación entre consumidores, la propia existencia de un impuesto a la generación de electricidad (del que estarían exentos los autoconsumidores) y la necesidad de que todos participen en los costes del sistema. Y, esta es la clave, el modelo español se basa en un sistema de suministro articulado que precisa unos costes para su funcionamiento (además de absorber otros que no están relacionados directamente con el suministro).

Consecuentemente, se establece que el autoconsumidor pague por los peajes de acceso a redes y demás cargos del sistema, es decir todo el término fijo de la factura con el agravante de que el Gobierno no hace pública la metodología de cálculo de los peajes. Y la clave está en esa cuantificación que sigue coagulando una liberalización completa del recibo. En realidad, esta contribución en los mismos términos que los consumidores generales (domésticos o industriales) no es una barrera o una discriminación en el sentido de ser una mayor contribución sino que, al tratarse en términos de igualdad, las cuentas del retorno de la inversión no salen para estas instalaciones.

Y la condonación de estas contribuciones lo que implicaba “de facto” es una subvención encubierta. En todo caso, lo que queda claro es que el impuesto al sol es un fake en términos informativos. La inconsistencia de la definición de esa contribución unida a la laguna existente en torno a los costes de acceso es lo que ha proporcionado munición para configurar una de las campañas de comunicación política más potente de los últimos años, nunca bien contrarrestada por una comunicación abierta, clara y pedagógica de nuestro sistema eléctrico y de los costes de acceso.

Ahora bien, en este sentido, la sentencia desmonta esta idea desde la ortodoxia jurídica y tributaria. Lo que pasa es que la aceptación e instalación social del término ya es imparable y es poco propensa a los matices, si además, en medio se trata de instrumentalizar en términos de las políticas energéticas con sus beneficiarios y perjudicados. A la vez, esa polémica y ese éxito comunicacional, de marketing energético, ha desvirtuado la cuestión mollar de la metodología de costes de acceso, verdadero punto débil de la cuantificación de esas contribuciones.

Energía insiste en que «no ha cambiado de criterio» y aplicará la rentabilidad razonable tal y como fija la Ley

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha insistido en que el Gobierno «no ha cambiado de criterio» respecto a la revisión en la rentabilidad razonable de las actividades del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 y subraya que se hará lo que dice la normativa aprobada en 2013.

En este sentido, Navia se mostró «muy sorprendido» del resultado de sus reuniones con los inversores, «ya que cada uno cuenta una cosa distinta, cuando yo siempre digo lo mismo». Así, subrayó que a lo que se ha limitado en esas reuniones con inversores es a «explicar estrictamente el marco legal vigente, que contempla una revisión de la tasa de forma automática en el año 2020» y que es un mensaje que ya fue hecho público en junio por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

De todas maneras, Navia consideró que se trata de un debate que no tiene la importancia que se le está dando, ya que se refiere a un periodo de 6 años para inversiones que tienen una vida útil de 25 años. «Entiendo que cuando uno invierte a 25 años no mira solo la rentabilidad de los primeros 6 años, mira el total», añadió. Navia ha mantenido nuevas reuniones con los bancos de inversión, tras la que tuvo con Goldman Sachs, en las que les comunicó la intención de prorrogar la vida actual del parque nuclear en 10 años y suavizó el recorte a las eléctricas en la revisión de 2020.

Respecto al real decreto para regular el cierre de centrales eléctricas en el que está trabajando el Gobierno, Navia afirmó que no hay «ningún plazo cerrado» para su aprobación y señaló que se sigue hablando con el PSOE con el fin de llegar «a un consenso». «Nuestra idea sería sacarlo cuanto antes mejor, pero es más importante estar de acuerdo que llegar temprano», añadió Navia al respecto. En su discurso, el secretario de Estado de Energía consideró que se debe trabajar en el desarrollo del mercado del gas y seguir «buscando alternativas» para que las infraestructuras tengan un mayor uso.

Por otra parte, Navia advirtió que en la transición energética se producirá un cambio en el mix que alterará los modos de generación, y subrayó que el actual modelo de operadores dominantes e integrados, «que tiene sentido económico en un modelo con grandes economías de escala», dejará de tenerlo en un modelo con más operadores y donde los costes fijos no serán tan elevados. «Afectará a todas las actividades del sector energético, va a haber un cambio de operadores relevantes en nuestro sistema energético», auguró.

El Gobierno prevé lanzar antes de fin de año una nueva subasta de renovables para Canarias

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé lanzar antes de final de año el proceso para una nueva subasta de potencia renovable en las islas Canarias, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que señaló que el Gobierno quiere «acelerar» en este último trimestre el procedimiento para adjudicar nueva potencia renovable en territorio insular.

Para ello, el secretario de Estado de Energía indicó que se cuenta con los Fondos de Desarrollo Regional (Feder), un mecanismo que es «interesante» para potenciar la instalación de renovables en Canarias. «La idea es hacer cuanta más potencia renovable en las islas, mejor, ya que tiene mucho sentido», subrayó, añadiendo que en un par de meses se «debería tener el esquema publicado y tramitando«.

El Gobierno ya adjudicó un cupo retributivo específico por una potencia de más de 400 megavatios (MW) renovables en Canarias y el objetivo es seguir profundizando en la introducción de energía verde en las islas. «Un área de desarrollo relevante en materia de renovables es la incorporación de más renovables en las islas», apuntó Navia en su discurso en el acto. A este respecto, valoró las dos «muy exitosas» subastas de potencia renovable para la Península, con la adjudicación de 8.000 MW verdes a «un coste muy beneficioso para el consumidor español». Por ello, consideró necesario «reevaluar» la capacidad de incorporar renovables y aseguró que «lo lógico es hacer más».

La Junta de Andalucía analiza con empresas de las energías renovables el desarrollo y la situación del sector

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EFE.- El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, se reunió con el Clúster Andaluz de Energías Renovables y Eficiencia Energética (CLANER) con el que analizó la situación del sector. Carnero ha valorado la Estrategia Energética de Andalucía 2020 y su Plan de Acción para 2017-2018, en la que se definen los objetivos y líneas en materia de eficiencia y ahorro energético y el desarrollo de energías renovables, así como los incentivos al desarrollo energético de Andalucía.

Por su parte, CLANER ha reiterado a la Junta la necesidad de seguir trabajando conjuntamente para que el Ministerio de Energía incluya el eje eléctrico Caparacena-Baza-La Ribina en la Planificación de la Red de Transporte del Sistema Eléctrico 2015-2020. De no realizarse antes de final de año se perderán, sólo en el sector renovable, más de 1.100 millones de euros de inversión y 15.000 empleos en la región, según el colectivo. El clúster CLANER se constituyó en febrero de 2012. Actualmente cuenta con cerca de un centenar de entidades adheridas y representa a más del 90% del sector renovable andaluz.