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Fersa pone en marcha parque eólico en Polonia en que ha invertido 50 millones

EFE.- La compañía de energías renovables Fersa ha puesto hoy en marcha un parque eólico en Polonia en el que ha invertido unos 50 millones de euros.

En una comunicación a la CNMV, el regulador bursátil, la compañía catalana ha precisado que ese parque, denominado Postolin, es propiedad al 100 % de su filial polaca y tiene una capacidad instalada de 34 megavatios, con lo que Fersa alcanza una potencia total instalada de 185 megavatios.

La inversión total en el parque eólico asciende a 50 millones de euros, financiados mediante una aportación de fondos propios de 11,7 millones de euros, una subvención de 9,3 millones de euros de la UE y el resto gracias a una financiación de proyecto facilitada por el banco polaco Bos Bank.

Después de desprenderse de sus parques eólicos en la India, Fersa apuesta por centrar su negocio en el mercado europeo; en particular en sus parques en España, Francia y Polonia.

El bombeo de Gorona del Viento cobrará en 2016 la retribución por la venta de energía

EFE.- Gorona del Viento recibirá los fondos de la retribución por venta de energía en marzo de 2016, según anunció Belén Allende, presidenta de la empresa que gestiona la central hidroeólica de la isla. Según Allende, el ministro de Industria, Energía y Turismo, Jose Manuel Soria le ha asegurado que ya está en disposición el cobro de la retribución de las anualidades 2014 y 2015.

La también presidenta del Cabildo de El Hierro dijo que este acuerdo de retribución en la venta de energía supone un plus de tranquilidad para hacer frente a la fase de amortización a la que está sometida la empresa en la actualidad. Allende destacó que en este momento, Gorona del Viento junto a Endesa y Red Eléctrica se encuentran cuantificando a euros el kilovatio hora producido durante estos años a efectos de estimar dicha retribución que podría están en torno a 2 millones de euros correspondientes a 2014 y 7 millones de euros correspondientes a 2015. No obstante aclaró que son cifras no oficiales y que corresponden a la estimaciones.

Aporta tranquilidad a la central

«Esto nos genera la tranquilidad de poder trabajar desde el punto de vista técnico con más expectación y desde el punto de vista económico el que ya se tiene cuantificado el precio de esa energía, algo que genera tranquilidad a efectos de la empresa y los socios para trabajar » expresó Allende. La presidenta insular informó de que a partir de aquí y al saber la estimación económica anual que genera la retribución por venta de energía de la Central Hidroeólica, se constata que se puede hacer frente al funcionamiento diario de la central, al pago a proveedores y a la dinámica de la empresa.

Baleares apuesta por las renovables

EFE.- El director general de Energía y Cambio Climático de las Islas Baleares, Joan Groizard, invitado por Ecologistas en Acción a explicar la situación energética del archipiélago en la Cumbre del Clima, aseguró que «con el clima que tenemos en Baleares sería vergonzoso no apostar por la energía solar». Groizard apuesta por una implantación real de las energías renovables en la Baleares  y señaló que para «ser 100% renovables no basta con una placa solar aquí y allá», sino que se necesitan «sacrificios y compromisos», informó la consejería balear de Medio Ambiente.

Groizard se centró en analizar cómo las Islas Baleares pueden acercarse a un modelo de independencia energética basado en energías renovables y explicó la experiencia de la comunidad como un territorio insular que actualmente depende del exterior para cubrir prácticamente todas sus necesidades energéticas, importando carbón, gas y gasolina. El director general ha abogado por cambiar la situación y «darle la vuelta totalmente lo antes posible». También se refirió a la futura ley de energías renovables y ley contra el cambio climático que el Gobierno de Baleares prevé impulsar esta legislatura además de la estrategia de fomento del vehículo eléctrico que ya está en marcha.

El PSOE subraya su rechazo al fracking, las prospecciones y la energía nuclear

EFE.- La candidata al Congreso por Zaragoza del PSOE, Susana Sumelzo, señaló que en materia medioambiental sus grandes apuestas serán prohibir el fracking y las prospecciones, además de implantar un calendario de cierre para las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con el cierre definitivo de Garoña, a la par que promete «una ley de transición energética» con un informe anual al Parlamento sobre sus progresos, según comunicaron desde el PSOE.

Sumelzo ha señalado que, en la minería del carbón nacional, su partido quiere encontrar «una solución justa» a la vez que ha recordado que el PP «ha puesto el Medio Ambiente al servicio de la rentabilidad y la privatización, en lugar de compatibilizar ambas cosas». Ha recordado que «España es el único país occidental que ha aplicado una moratoria a las energías renovables» y «Rajoy tiene el mérito de haber aplicado un impuesto al sol con el que se castiga al que más energía ahorra».

La diputada del PSOE se pronunció así a las puertas del Pabellón de España de la Expo en Zaragoza, a la vez que ha lamentado la dejadez del Gobierno respecto a este edificio. «Hay que empezar  a trabajar para recuperarlo y para rescatar el proyecto de instalar aquí la Oficina del Cambio Climático» porque «el abandono de este edificio, a día de hoy, es total y no se ha vuelto a hacer nada en él desde que se cerró», indicó.

Enel Green Power conecta a la red un parque eólico de 200 MW en Estados Unidos

Servimedia.- Enel Green Power ha conectado a la red su parque eólico de 200 megavatios (MW) denominado Goodwell, situado en Oklahoma (Estados Unidos), según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El parque eólico de Goodwell, propiedad de Goodwell Wind Project, entidad controlada por Enel Green Power North America, ha requerido de una inversión total de 310 millones de dólares norteamericanos (282 millones de euros), en línea con los objetivos de crecimiento establecidos en el actual plan de negocio de la sociedad.

En julio de 2014, la filial americana de la compañía suscribió un acuerdo de contribución de capital con un consorcio liderado por J.P. Morgan asegurando parte de la financiación para el proyecto. El parque eólico de Goodwell es uno de los mayores de la cartera de la filial y se estima que generará 860 millones de kWh anuales, suficientes para satisfacer las necesidades energéticas de más de 73.000 hogares norteamericanos y evitar así la emisión de, aproximadamente, 450.000 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Asimismo, el parque está apoyado por un contrato de compraventa de energía suscrito por un plazo de 20 años.

Industria limita el acceso de las comercializadoras de energía a los datos del consumidor para proteger su privacidad

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado un decreto con distintas disposiciones del sector eléctrico en el que, entre otras cosas, limita el acceso de las comercializadoras de luz de la competencia a los datos con la curva horaria de consumo de los usuarios. Se hace para proteger la privacidad de los consumidores y afecta al sistema de intercambio de información entre comercializadoras de electricidad creado para promover la movilidad de los consumidores entre las distintas empresas, conocida como SIPS.

Conforme a la nueva norma, el distribuidor de electricidad, que es el encargado de realizar las lecturas, solo podrá ofrecer información sobre la curva de carga horaria de los consumidores «al comercializador que suministre en cada momento a dicho suministro«. Para que la información se entregue a una comercializadora distinta a la titular o al resto de comercializadoras, será necesario que el consumidor «haya dado su acuerdo expreso», indica la norma publicada en el BOE.

Industria asegura que esta medida permitirá «asegurar la confidencialidad de los datos de los consumidores» y, con ello, cumplirá con las directivas comunitarias en las que, entre otras cosas, se obliga a los Estados a proteger la privacidad de los clientes. Como hasta ahora, las distribuidoras eléctricas sí deben permitir el acceso a la base de datos del punto de suministro a cualquier comercializador, para lo que no podrán poner condiciones. La restricción atañe únicamente a la información acerca de lo que consume el cliente hora a hora, mientras que el resto de comercializadoras sólo podrá acceder a datos agrupados. Comercializadoras más pequeñas, como Factorenergia, solicitaron que el Gobierno no restringiera este acceso ya que les dificultaría hacer mejores ofertas.

El decreto 1074/2015 publicado este viernes, también conocido como decreto escoba por recoger distintas disposiciones pendientes del sector, recoge además la petición de garantías financieras adicionales para el desarrollo de proyectos de generación renovable. Industria indica que realiza la imposición de estas garantías después de haber recibido un «número muy significativo» de peticiones de instalación de proyectos de renovables. Ante esta circunstancia, Industria considera que es necesario conocer «con una probabilidad elevada» la cantidad de proyectos que van a ejecutarse, y por este motivo obligará a los promotores a presentar unas «garantías económicas para asegurar la finalización de las instalaciones«. Gracias a estas nuevas obligaciones «podrá preverse la necesidad de nuevas redes y, en su caso, de servicios de respaldo».

Junto a estas garantías exigibles a las nuevas renovables, en la normativa se establecen las cuantías, 10 euros por kilovatio (kW), de las garantías económicas que deberán aportar los nuevos proyectos de producción eléctrica cuando solicite su acceso a la red de transporte. Por otro lado, Industria ha decidido ampliar de 10 megavatios (MW) a 50 MW la potencia máxima para que un proyecto de eólica marina pueda acogerse a un proceso simplificado de tramitación.

Sobre el vehículo eléctrico, se modifican algunos puntos de la normativa que regula la actividad de gestor de cargas del sistema para «facilitar la implantación de puntos de recarga en instalaciones de consumo en el sector terciario». Otra de las medidas puestas en marcha por Industria es la obligación a las empresas con centrales de carbón nacional de enviar mensualmente a Industria, Competencia y al operador del sistema los datos de uso de este combustible. El Gobierno justifica la necesidad de este decreto para modificar determinados aspectos de la regulación vigente por tratarse de aspectos puntuales, «o bien por requerir de una aprobación urgente para su aplicación en menos plazo».

Abengoa pide a la banca 450 millones para tener liquidez durante los próximos 4 meses y anuncia reducción de plantilla

Redacción / Agencias.- Tras anunciar que está realizando «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla» y que no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», Abengoa ha pedido a la banca una línea de liquidez de 450 millones de euros con la que afrontar los pagos corrientes de los próximos cuatro meses, los que durará el preconcurso de acreedores. Así lo hizo durante la reunión celebrada con el objetivo de marcar los próximos pasos en la negociación que pretende reestructurar la deuda contraída.

Concretamente, Abengoa considera que necesita unos 100 millones de euros de aquí a final de año y 350 millones adicionales para el primer trimestre de 2016, un periodo que coincide con el del preconcurso. Hasta ahora, la banca había vinculado el desbloqueo de esa línea de liquidez a la culminación, por parte de la consultora KPMG, de un estudio detallado de la deuda de la compañía, en el que se especificase qué parte de la deuda es sostenible y qué parte no. Sin embargo, fuentes financieras consideran que tendrán que ofrecer parte de esta liquidez en los próximos días para que la empresa efectúe pagos inminentes, fundamentalmente a trabajadores y proveedores, ya que se encuentra en una situación de urgencia.

Fuentes financieras calculan 320 millones

Varias fuentes han señalado que confían en disponer del mapa detallado de la deuda para la semana que viene y que, una vez que la tengan, KPMG analizará la necesidad real de liquidez de Abengoa. A este respecto, fuentes financieras calculan de forma preliminar que la compañía necesita en torno a 80 millones de euros mensuales de liquidez, lo que situaría la cifra en unos 320 millones en los cuatro meses del preconcurso, un dato que en cualquier caso podría modificarse en función del resultado del estudio de la consultora.

Una vez superada esta primera fase de análisis de la deuda y desbloqueo de la liquidez, comenzarán a plantearse las distintas vías para salvar la empresa, que podrían pasar por la venta de activos, quitas o capitalización de deuda. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores ante su elevando endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de euros en deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

En la batalla judicial, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado el auto por el que se abren las diligencias previas y se da traslado a la Fiscalía sobre la competencia en las primeras querellas presentadas contra Abengoa. En el auto se señala que es procedente «instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable». El auto de la juez se refiere a las dos querellas presentadas hasta ahora contra Abengoa: dos bonistas, representados por el despacho de abogados Ius+Aequitas, y la presentada por el despacho Yvancos en representación de varios accionistas.

Reduce plantilla y revisa proyectos

De momento, Abengoa indicó que, como parte de su plan de reestructuración, lleva a cabo «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos». En casos puntuales, no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», todo con el fin de lograr la sostenibilidad del negocio «adaptando la operativa a los objetivos de eficiencia y cumpliendo con la competitividad necesaria en esta coyuntura». Abengoa «se esforzará para llevar a cabo estas ambiciosas medidas, que continuarán aplicándose hasta llegar al equilibrio óptimo para la sostenibilidad del negocio».

Ya en concreto sobre su situación en Estados Unidos, Abengoa ha señalado que opera con normalidad aunque no descarta «eventuales paradas de algún proyecto con vistas a retomar su funcionamiento una vez se garantice su continuidad de forma estable». La compañía detalla que «está operando con normalidad» todos los activos de Abengoa Yield, así como las plantas termosolares Solana (Arizona) y Mojave Solar (California), sus activos de bioenergía y otros proyectos. Solo en algún caso «puntual», añaden, «se está analizando la viabilidad del mismo», tal y como se está haciendo en otras geografías, «con el objetivo de garantizar su actividad».

La legislación laboral estadounidense, señala la empresa, se caracteriza por sus condiciones flexibles, lo que permite «asegurar la protección de los trabajadores en todo momento». «Abengoa cumple rigurosamente con la referida legislación«, añade. En cuanto a los empleados de la compañía que hayan sido destinados Estados Unidos u otros países, la compañía «mantiene sus compromisos contractuales, ofreciendo todas las garantías para su traslado y retorno a su país de origen».

Soria ve «implanteble» las indemnizaciones

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, insistió en que Abengoa se trata de «una buena compañía desde el punto de vista del contenido», que ha tenido «una política financiera profundamente desacertada«. «Se han endeudado mucho, están muy apalancados y al final los costes financieros de ese endeudamiento han sido muy superiores a los flujos de caja, a los ingresos que se estaban generando y eso ha llevado a esta situación», apuntó. Y todo, ha subrayado, sin perjuicio, de que al Gobierno le parece «absolutamente implanteable» que la dirección de la empresa aborde una situación de preconcurso y se repartan unos 25 millones de euros en finiquito.

Soria aseguró que las acusaciones que quieren situar al Gobierno como responsable de la situación de la empresa por los cambios normativos en el sector de las energías renovables «carecen de fundamento». Así, señaló que Abengoa es una empresa que tiene más del 85% de su actividad fuera de España y que el grupo ha sufrido «un desplome» de lo que ha sido su valor, «cosa que no ha ocurrido con otras empresas energéticas». Asimismo, descartó por completo que el Gobierno, que tiene una exposición al grupo de unos 415 millones de euros sin contar la participación en Bankia, «inyecte liquidez adicionalmente» a la compañía y recordó que, además, existe una directiva europea de ayudas de Estado que lo impide.

Preguntado por si desde las empresas públicas nadie se percató de la situación financiera de la multinacional, Soria respondió que las ayudas se concedieron «en base a la realidad de la empresa, que tiene una cartera de proyectos muy interesante en todas partes del mundo» pero que «ha venido acompañada por una desacertada actuación financiera». El titular de Industria dijo estar «sorprendido» de los últimos acontecimientos en Abengoa porque «tiene una gran reputación» y «desconocía la ingeniería financiera que estamos conociendo». «Cuando salta la situación el Gobierno se preocupa, sigue la situación y espera que en la negociación se pueda refinanciar la deuda y la empresa pueda seguir adelante», agregó.

El Gobierno eleva el objetivo de biocarburantes al 8,5% en 2020 para situar en el 19% el uso de renovables

Redacción / Agencias.- El Consejo de Ministros aprobó un decreto para fomentar la utilización de biocarburantes en el transporte mediante el establecimiento de objetivos mínimos obligatorios para el periodo 2016-2020, con el cual prevé alcanzar un 19% de penetración de las energías renovables en 2020, señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La normativa permitirá así acercar el cumplimiento del objetivo del 20% de penetración de renovables en 2020, «de manera eficiente y con el mínimo coste para el consumidor»,  apuntó.

«Faltaría introducir una pequeña medida para cumplir un 1% más, por eso es tan importante este decreto. Aplicando este decreto de biocarburantes llegamos al 19%, tenemos una senda amplia para poder cumplir los objetivos del 2020″, añadió la vicepresidenta. Santamaría señaló que España está «por encima» de la senda prevista en los objetivos en materia de renovables para 2020, con una penetración en 2014 del 17,1%, 5 puntos por encima de lo previsto según los compromisos de la Unión Europea. Según comunicó el Ministerio de Industria, el objetivo concreto del decreto es avanzar hacia el reto de lograr que el 10% de la energía utilizada en el transporte sea renovable.

Parte de ese objetivo se logrará mediante la incorporación progresiva de biocarburantes a gasolina y gasóleo. El decreto establece una senda de obligación de biocombustibles en el transporte, que va ascendiendo gradualmente hasta alcanzar el 8,5% en 2020. En concreto, los objetivos obligatorios mínimos anuales para la venta o consumo de biocarburantes son del 4,3% en 2016, del 5% en 2017, del 6% en 2018 y del 7% en 2019, hasta alcanzar el 8,5% en 2020. De esta manera se pone fin al parón en la incorporación de biocarburantes aprobada en 2013, cuando se redujeron indefinidamente los objetivos hasta el 4,1% para el gasóleo y el 3,9% para la gasolina.

Además, para el cómputo del objetivo del 2020, se limita el uso de biocarburantes de primera generación (los que compiten con los usos para alimentación humana) al 7%, como máximo, debiendo establecer el Gobierno, antes de 2017, un objetivo indicativo de biocarburantes de nueva generación. El real decreto no incorpora la petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de fijar objetivos diferenciados para la gasolina y el gasóleo para evitar que los agentes centren todos sus esfuerzos en el diesel.

Asimismo, el real decreto incluye asimismo medidas para fomentar la eficiencia energética. Entre dichas medidas cabe destacar aquellas que tienen como objetivo incrementar y facilitar la información a los consumidores de sus consumos de gas y electricidad: se regula el acceso a sus datos, se establece la opción de facturación on-line, es decir, por Internet, y la obligación de aportar información a los consumidores sobre el potencial de los contadores inteligentes de telegestión. Por otra parte, la normativa incluye la necesidad de evaluar el potencial de eficiencia energética de las infraestructuras de gas y electricidad.

Acciona propone un acuerdo en la COP21 que potencie el uso de las energías renovables

Mientras las grandes ciudades están dispuestas a asumir su papel en la lucha contra el calentamiento climático, Acciona ha presentado en París, en el marco de la Cumbre del Clima COP21, una propuesta que busca alcanzar un nuevo acuerdo vinculante para frenar el calentamiento global y potenciar la transición hacia el uso de energías renovables.

«Si no se penaliza a quien contamina es muy difícil tomar medidas para cambiar el tipo de energía que se usa», ya que los subsidios que recibe el carbono suponen «cinco veces más» de las ayudas para las renovables, explicó el director del área de sostenibilidad de Acciona, Juan Ramón Silva. En la actualidad, estas ayudas para los combustibles fósiles suponen aproximadamente 548.000 billones de dólares anuales, frente a los 124.000 billones que reciben las energías verdes, detalló Silva, que indicó que resulta imprescindible la colaboración entre las instituciones públicas y el sector privado con el objetivo de «aunar fuerzas» ante un desafío tan importante.

En este sentido, el vicepresidente de la Fundación Energías Renovables, Fernando Ferrando, aseguró que en España ha disminuido el desarrollo de las renovables ya que el gobierno «las ha considerado más un problema que una solución«. Además, Ferrando instó a las empresas a mejorar su eficiencia en el consumo energético para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que reducirían los costes económicos. «Las empresas españolas deben incorporar las energías renovables a su proceso productivo», apuntó.

Acciona y otras nueve organizaciones empresariales internacionales suscribieron una carta para solicitar a los ministros de Economía y Finanzas del G20 que impulsen un marco legal, financiero y fiscal que favorezca una economía baja en carbono. «La participación en estas iniciativas no es inocua, lo que hacemos ahí es presionar a los gobiernos para que se tomen medidas más ambiciosas frente al cambio climático; las COP son eventos anuales pero nosotros trabajamos todo el año en ese asunto», aseguró Silva.

La cumbre contra el cambio climático reúne a líderes políticos, económicos y medioambientales que buscan una solución para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40% y un 70% para 2050 y alcanzar un nivel cero en 2100. Según los expertos congregados en la capital parisina, rebajar las cifras de CO2 en la atmósfera ayudaría a no sobrepasar el límite de los 2º C fijado en anteriores tratados internacionales ante el reto de frenar el calentamiento global.

España y la movilidad sostenible

Por su parte, la delegación española en la COP21, que encabeza estos días la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, participó en una jornada sobre transporte y movilidad sostenible en la que se han presentado una serie de medidas para impulsar la movilidad sostenible. España participa en una iniciativa hispano-luso-francesa para la promoción del vehículo eléctrico, que reúne a un grupo de trabajo integrado por los tres países, así como a gestores de redes de distribución eléctrica y asociaciones empresariales relacionadas, y cuyo objetivo es promover el uso de energías alternativas de transporte, especialmente eléctricas.

Grandes ciudades y cambio climático

«Los alcaldes estamos dispuestos a arrimar el hombro en este combate contra el calentamiento climático», aseguró la alcaldesa de París, la franco-española Anne Hidalgo, anfitriona de un encuentro en el que se dan cita representantes de 80 ciudades de todo el mundo. Hidalgo señaló que «gran parte de las soluciones reposan sobre los hombros» de las metrópolis, por lo que los poderes municipales «tienen que tener su papel durante la cumbre del clima». Agrupados en el llamado «C40», los regidores establecerán también sus compromisos en la reducción de emisiones contaminantes.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Pes, que preside la asociación, aseguró que los ayuntamientos «pueden ir más deprisa que los Estados» en la adopción de medidas contra la contaminación, 10.000 desde la cumbre de Copenhague. Las ciudades agrupadas en el «C40» suman unos 600 millones de habitantes y representan un cuarto de la economía mundial y un tercio de las emisiones contaminantes. En la presentación del encuentro participaron, además de los alcaldes de París y Río de Janeiro, los de Madrid, Atenas, Milán, Vancouver, Accra, Estocolmo y Copenhague.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró que las medidas que se adopten deben contar con el respaldo ciudadano. «Tenemos claro que si no integramos a los ciudadanos en la lucha contra la contaminación, las leyes que podemos adoptar no serán suficientes», afirmó Carmena. La alcaldesa puso como ejemplo la respuesta de los ciudadanos de su ciudad a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento frente a los picos de contaminación. Además, Carmena presentó el compromiso de reducir las emisiones de gases contaminantes en Madrid entre un 35 y un 40% en el horizonte de 2020.

WWF exige cerrar las térmicas de carbón y las nucleares en 10 años apostando por las renovables

Europa Press / Servimedia.- La organización WWF ha reclamado a los partidos políticos con motivo del inicio de la campaña electoral que hagan «compromisos concretos» contra el cambio climático. Para ello lanza la campaña #NoMásHumo, que se dirige a los candidatos a la Presidencia del Gobierno y, especialmente a los ciudadanos, para que exijan directamente a través de las redes sociales que las promesas de los líderes políticos «no se conviertan en humo», como aseguran que ya ha ocurrido «en tantas ocasiones».

WWF pide a los líderes políticos españoles que coloquen la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía «en el centro de la agenda política». El objetivo de la campaña #NoMásHumo es que el cambio climático se convierta en «cuestión de Estado» y que el próximo Gobierno comience la senda para lograr un país 100% alimentado con energías renovables en 2050 y con una reducción de la demanda energética del 50%. Por ello, reclama medidas «inequívocas, concretas y positivas» contra el cambio climático, las cuales evaluarán «el nivel de compromiso de cada partido con cambiar de modelo energético y frenar las emisiones de gases de efecto invernadero».

Entre las propuestas de su programa electoral ideal, WWF pide que se apruebe una ley de transición energética que garantice un nuevo modelo energético 100% renovable y eficiente para 2050 y fije un objetivo nacional de emisiones para 2020 y 2030 que asegure una reducción respecto a las actuales. Además, WWF aspira a que se apueste «definitivamente» por las energías limpias y comprometiéndose a un objetivo vinculante de al menos un 45% del consumo total de energía con renovables y un 40% de ahorro energético para 2030 respecto a 2005.

Asimismo reclama que se eliminen «todas las subvenciones públicas al carbón» y que se apruebe en 2016 un plan de cierre de la minería y de las centrales térmicas de carbón en 10 años, «garantizando una transición justa» para los trabajadores del sector. Al mismo tiempo piden la prohibición de la fractura hidráulica, fracking, y de las prospecciones de hidrocarburos. En esta línea, instan también a los partidos a comprometerse a cerrar las centrales nucleares al término de su licencia actual de operación y eliminar el Impuesto al Sol, mediante la derogación del Decreto de autoconsumo y eliminar las barreras económicas que impiden su expansión.

La iniciativa #NoMásHumo es parte de la campaña Ni un grado más que WWF desarrolla para que los gobiernos lleguen a un acuerdo climático ambicioso durante la Cumbre de París. Para ello, la ONG pide a los ciudadanos que envíen mensajes personalizados a las cuentas de Twitter de los principales líderes políticos en los que elijan una o varias de las medidas que propone WWF. El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, señaló que es «hora de abandonar la retórica vacía» y de comprometerse con cifras y fechas y abordar «las cuestiones más espinosas del modelo energético».