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El almacenaje de energía renovable se presume clave para cumplir con los objetivos climáticos

EFE.- Lograr y extender el almacenaje de energía renovable será la clave para acelerar la transición energética y que los países puedan cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo de la Cumbre del Clima de París para que la temperatura del planeta no aumente más de dos grados a finales de siglo. Así lo explica Luke Sussams, analista de la organización internacional Carbon Tracker, experta en riesgo climático en los mercados financieros.

Sussams opina que el reto «crucial» para que de verdad se produzca una transición energética hacia un mundo bajo en carbono «está en avanzar en el almacenaje de la generación renovable, porque facilitaría su penetración masiva en el sistema eléctrico». «Si el almacenaje sale adelante, las renovables serán imparables, se impondrán sin ninguna duda», subraya. El analista británico es «optimista» en este sentido: «las mejoras que han experimentado las energías renovables en los últimos han sido realmente sorprendentes, la caída de los costes ha sido muy significativa, en muchísimos países se ha alcanzado la paridad».

Sussams incide en que la expansión de las renovables es «totalmente factible» sin necesidad de subvenciones: «Las ayudas y las tarifas fijas eran un apoyo para que la tecnología despegara hasta ser competitiva en el mercado, cuando esto ya sucede, las ayudas dejan de tener sentido». «Eso sí, siempre y cuando no sigan subvencionado por otra parte a los combustibles fósiles», matiza. El analista de Carbon Tracker está convencido de que la caída de precios del petróleo «no afectará a la expansión de las renovables» como, a su juicio, demuestran datos como los 329.000 millones de dólares de inversión en nuevos proyectos renovables en 2015.

«La inversión en renovables ha resistido a los bajos precios del petróleo, que se mantendrán así durante todo este año. Seguramente habrá un repunte del precio del crudo en 2017, pero dudo que volvamos a ver el barril en 100 dólares», añade. En esa línea, Sussams no cree que los bajos precios del petróleo vayan a ser un impedimento para cumplir los objetivos de reducción de emisionesa los que cerca de 200 países se comprometieron en París. Si bien «hay muchos interrogantes abiertos, como si los países se van a tomar en serio sus compromisos y los van a implementar cada 5 años para asegurar que la temperatura no sube más de 2 grados”.

«Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que tantos gobiernos se unen en un mismo acuerdo, lo cual es un signo político tremendo para los mercados», agrega. Recuerda también que el pacto incluye «terminología muy ambiciosa que nadie pensaba que se iba a llegar a incluir», como «el compromiso de dejar la temperatura muy por debajo de los 2º, y hacer todo lo posible para que no supere el 1,5º». «Esto no quiere decir que el 1,5º grados se vaya a conseguir, porque técnicamente es casi imposible, pero hay que hablar de 1,5º», apunta Sussams.

Sussams está convencido de que para lograr ese objetivo climático dos tercios de las reservas de combustibles fósiles conocidas «deben quedarse bajo tierra, y en esas reservas entran tanto las que manejan las empresas como los países». Por eso el analista cree que solamente el despegue masivo de las renovables reducirá la demanda de combustibles fósiles y determinará que las reservas restantes queden bajo tierra. Respecto al carbón, opina que la demanda ya «tocó pico» y que el declive de la misma «es totalmente estructural y no cíclico». Estamos en condiciones de decir que «el declive del carbón es irreversible».

Soria augura que cerrar el parque nuclear y una energía 100% renovable encarecería un 40% el precio de la luz

Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que las propuestas en materia energética de la izquierda de cerrar el parque de centrales nucleares cuando cumplan 40 años y fijar un objetivo del 100% de energías renovables en la generación supondría un incremento «superior al 40%» de la factura de la luz. A su juicio, estas propuestas del PSOE y Podemos representan una «involución» y sólo llevarán al «incremento de precios y déficits en los distintos sistemas».

El ministro de Industria subrayó que cerrar el parque de centrales nucleares representaría prescindir de aproximadamente el 21% de la generación, lo que llevaría «a incrementos importantes de precios». Asimismo, señaló que optar por 100% de renovables en la generación «es lo más contrario a un objetivo de disminución de precios», ya que para ellosería necesario contar con un backup que garantice la sostenibilidad del sistema, por el «cual hay que pagar y que va también repercutido a las facturas». Soria criticó también que se apuesta a la vez por descarbonizar la economía y usar más carbón nacional, algo «incompatible entre sí», y que se propone eliminar el impuesto al sol sin decir «cómo».

Así, el titular de Industria subrayó que la apuesta energética del Gobierno de Rajoy es la del «equilibrio, basado en la sostenibilidad económica, financiera y medioambiental» del sistema. Soria reconoció que han quedado «retos» en la legislatura por abordar en materia energética, como introducir una mayor competencia en los mercados mayoristas, tanto del mercado eléctrico como de combustibles. Sin embargo, afirmó que espera que «por el bien de España no haya un volantazo» en el signo de la política económica que revierta la situación del país. «Hacer un acuerdo de Gobierno es actuar por el bien de España, hacer un acuerdo para derogar todo lo hecho es una frivolidad«, recalcó.

Por su parte, el presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, destacó que el actual entorno de precios bajos del petróleo llevó al sector a recortar a la mitad sus inversiones, «desde los 800 billones americanos a sólo 400 billones», y ha producido más de 300.000 despidos en el sector. Además, Miró señaló que la COP21 de París marcará «un antes y un después» en la lucha contra el cambio climático y en la consideración de los combustibles fósiles, aunque subrayó que «la volatilidad y la incertidumbre» son factores que influyen en el petróleo y el gas.

Mientras, Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KMPG, valoró que el sector está viviendo un momento de «gran incertidumbre», con un derrumbe en los precios del crudo que no se veía en los últimos 30 años. Para Martín, existe una gran incertidumbre sobre cuándo se va a producir ese reequilibrio dentro del mercado, a pesar de que existen señales que indican que la oferta está reaccionando.

KPMG propone que los acreedores inyecten 1.800 millones de euros en Abengoa, cuyos títulos se disparan un 30% en Bolsa

Redacción / Agencias.- Los títulos B de Abengoa subieron un 29,64% en Bolsa ante lo que parece un acuerdo «inminente» entre empresa y acreedores (banca y bonistas) que permita evitar el concurso y garantizar su viabilidad. En este sentido, KPMG plantea que los acreedores de Abengoa inyecten entre 1.500 millones y 1.800 millones de euros en la compañía como parte del plan de refinanciación para evitar que la empresa entre en concurso de acreedores, según indicaron fuentes financieras.

La firma, que representa a los bancos acreedores en el proceso de negociación, considera que las aportaciones podrían realizarse a través de distintas fórmulas, entre las que figuran créditos o bonos. El diario Expansión, que adelanta esta información, señala que esta cantidad es superior a los cerca de 1.000 millones de euros inicialmente barajados y que a las entidades que inyecten este capital les corresponderá el 55% de la Nueva Abengoa, frente al 45% de las que realicen la quita.

Los actuales accionistas mantendrían, conforme a este planteamiento, un 5% del capital, frente al 51% de la actualidad. Abengoa y sus acreedores están acelerando esta semana el plan de viabilidad global para la compañía, que ultima la propia KPMG, así como la inyección de liquidez inmediata que necesita el grupo para cubrir sus necesidades durante el periodo del preconcurso de acreedores. El proceso se ha desbloqueado después de que el principal accionista de Abengoa, Felipe Benjumea, desistiera en sus intenciones de mantener una participación de control en la Nueva Abengoa.

El acuerdo parece más próximo después de despejarse durante la semana pasada algunos escollos que mantenían estancadas las negociaciones. Unos escollos que giraban en torno a la participación que Inversión Corporativa, la sociedad de la familia Benjumea. Junto a esto, también se despejó el camino con la salida definitiva del expresidente Felipe Benjumea del grupo y que llevó aparejada la sustitución del presidente: Antonio Fornieles asumió el cargo hasta entonces ocupado por José Domínguez Abascal.

El plan global es vital para abordar la reestructuración que deberá discutirse por todas las partes, en busca de un consenso antes del plazo límite del 28 de marzo que permita a la compañía esquivar el concurso de acreedores. Las necesidades de liquidez para la continuidad de las operaciones de Abengoa apremian. La más inmediata es la de 165 millones de euros que necesita para cubrir las necesidades de la compañía durante el periodo del preconcurso de acreedores y que se negocia con los bonistas.

Esta liquidez deberá llegar también con el visto bueno de la banca ya que, además de estar vinculada a unos fuertes intereses, tiene la condición para su desembolso de compartir las garantías que poseen las entidades financieras en Atlantica Yield (antigua Abengoa Yield). Además, en su plan de viabilidad, la compañía cifra unas necesidades de liquidez de 826 millones de euros para este año y de 304 millones de euros para el próximo. Asimismo, estima otras necesidades de garantías técnicas para poder iniciar pedidos por unos 525 millones de euros.

Sus acciones suben un 30%

Los títulos B de Abengoa subieron un 29,64% en Bolsa y terminaron la sesión en 0,363 euros, con lo que recuperan niveles de principios de diciembre, días después de la presentación del preconcurso. Las acciones clase A se han revalorizado un 26,42%. El plan de reestructuración de Abengoa prevé la reducción a un tercio de la deuda mediante diversas opciones, entre ellas la capitalización de préstamos, que daría a los acreedores el control. Abengoa, que comunicó unas pérdidas de 1.213 millones en 2015, se acogió al preconcurso de acreedores el pasado noviembre asfixiada por graves problemas de liquidez con una deuda bruta de 9.395 millones de euros y pagos pendientes a proveedores por 4.379 millones.

La compañía nombra nuevos vicepresidentes

Por su parte, el consejo de Administración de Abengoa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) nuevos nombramientos en la vicepresidencia de la compañía, así como en otros órganos. En concreto, se ha aprobado el nombramiento como vicepresidente primero del Consejo de Joaquín Fernández de Piérola, que unirá este cargo al que actualmente ostenta de consejero delegado. Además, ha sido nombrado miembro de la Comisión de Inversiones en sustitución de José Domínguez.

Por su parte, la compañía también ha dado el visto bueno al nombramiento de Alicia Velarde como vicepresidenta segunda y consejera coordinadora. Además, Velarde será también presidenta de la Comisión de Auditoría y presidenta de la de Inversiones. Por otra parte, se cubrirá por cooptación la vacante existente en el consejo por el fallecimiento de José Luis Aya, nombrando consejero a la sociedad Inayaba, y designando como representante persona física a Ana Abaurrea. Asimismo, se le nombra miembro de la Comisión de Estrategia y Tecnología.

Canarias y UNEF piden al Estado una retribución estable y seguridad jurídica para la fotovoltaica en territorio insular y nacional

EFE.- Mientras la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) subraya la necesidad de crear seguridad política y económica para el desarrollo de la energía fotovoltaica a nivel regional y nacional, desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias aseguraron que pedirán al Ejecutivo central que modifique el actual sistema de retribución de la instalación de energía fotovoltaica en las islas para ajustarlo a las especificidades del mercado regional.

Según destaca la Consejería, la modificación incrementaría el grado de penetración de las renovables en el archipiélago y consolidaría un sistema de retribución estable y diferenciado para la energía fotovoltaica de las islas. Así lo aseguró el viceconsejero de Energía, Adrián Mendoza, que señaló que el Gobierno autonómico quiere cambiar la legislación que regula la producción de energía renovable para modificar el sistema de subasta que rige la retribución de energía eólica y fotovoltaica en las islas por un sistema retributivo estable y diferenciado al del resto del país. En su opinión, así se garantizaría la estabilidad para los inversores.

Según Mendoza, la definición del nuevo sistema, por el que se podría garantizar una retribución específica para un cupo determinado de energía fotovoltaica, contribuiría a que Canarias pudiera alcanzar los 368 megavatios de producción de energía fotovoltaica que se marca para 2020. Esa cantidad supondría algo más del doble con respecto a los 177 megavatios que alcanza la producción fotovoltaica actual. Con esta modificación también se primaría la eficiencia energética por encima de otros criterios, de manera que las nuevas instalaciones contribuirían de manera más efectiva a la dependencia del exterior y a la reducción de las emisiones de CO2.

Asimismo, Mendoza insistió en la necesidad de impulsar el autoconsumo de energía fotovoltaica como una medida para mejorar la eficiencia energética y descentralizar la producción de energía en las islas. Con ese propósito, y una vez que se configure el próximo Gobierno central, la Consejería pedirá una reunión con el Ministerio de Industria para que se exima a Canarias de forma permanente de pagar peaje por el autoconsumo energético de renovables ya que las islas sólo están exentas de manera transitoria de esa obligación. Canarias abrió este año una línea de préstamos a pymes y autónomos para el desarrollo de proyectos en autoconsumo y eficiencia energética, a las que se pueden acoger las instalaciones fotovoltaicas.

Reclamaciones hechas por la UNEF

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, afirmó que entre las prioridades de esta asociación se encuentra la defensa del autoconsumo energético como derecho cívico y el restablecimiento de la seguridad jurídica del sector fotovoltaico porque «independientemente del factor económico, se solidariza con el medio ambiente» aclaró el director. Al respecto, los cambios normativos y la inseguridad jurídica impedían a los inversores tomar decisiones en materia energética, según Alejandro González Calvo, director gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife, por lo que solicitó a las autoridades del país un «borrón y cuenta nueva» en cuanto a los «parches» que tiene el sector energético en España.

Además, según resaltó Donoso, la iniciativa de generar un marco estable en cuanto a energía fotovoltaica en España se ha convertido en un proyecto de ley ya consensuado por todos los partidos salvo el PP, lo que supondría contar con la aprobación de 227 diputados y derogar el impuesto al sol, así como favorecer una simplificación administrativa en materia energética y el autoconsumo colectivo, entre otras medidas. Así llegara la «nueva revolución en los tejados» que augura la UNEF, que se sustenta en el desarrollo de procesos tecnológicos que contribuirían en la lucha contra la contaminación medioambiental, la generación de empleo y la independencia energética.

Asimismo José Donoso destacó la rentabilidad de las energías renovables en Canarias debido a la cantidad de recursos naturales que tienen las islas gracias a su situación geográfica y además sugirió «que España utilice su petróleo, que es el sol», ya que de los 51.000 megavatios de energía fotovoltaica que se instalaron en el mundo el pasado año, solo 49 se instalaron en España, es decir el 0’09% del total, según el director de UNEF.

Iberdrola embarca los pilotes para el parque eólico marino de Wikinger en el mar Báltico

EFE.- Iberdrola ha iniciado en el puerto de Avilés el embarque con destino al mar Báltico de los primeros 32 pilotes del parque eólico marino de Wikinger, que se construye a 75 kilómetros de la costa alemana con un presupuesto de 1.400 millones de euros. Según han explicado fuentes de la compañía energética, a finales de marzo se llevará a cabo el segundo envío y los sucesivos entre mayo y junio, en unas operaciones realizadas por la empresa ferrolana Pérez Torres.

La empresa conjunta formada por Navantia y la asturiana Windar Renovables está fabricando 29 cimentaciones de tipo jacket, valoradas en 90 millones de euros para este parque eólico que generará suficiente energía como para cubrir las necesidades eléctricas de más de 350.000 hogares alemanes. Para fijar las jackets al lecho marino se utilizan pilotes, enormes cilindros de acero de 2,6 metros de diámetro y unas 150 toneladas de peso cada uno, que está construyendo Windar en sus instalaciones de Avilés. Estos cilindros penetran hasta 40 metros el fondo marino y sobre ellos se encajan cada una de las cuatro patas de las cimentaciones. Windar es una empresa líder dedicada a la fabricación de torres eólicas para aerogeneradores y cimentaciones offshore.

El mayor contrato renovable español

El parque eólico, ubicado enfrente de la isla alemana de Rugen, va a ocupar un área de unos 34 kilómetros cuadrados, en los que la compañía tiene previsto instalar 70 aerogeneradores de 5 MW de la empresa Adwen, joint venture formada por Gamesa y la francesa Areva. Wikinger va a contar con una gran subestación marina, que cuenta con un innovador diseño realizado por la filial de ingeniería y construcción del grupo Iberdrola y cuya construcción se encuentra en estado avanzado en las instalaciones de Navantia en Puerto Real (Cádiz). Esta adjudicación es una de las mayores que Iberdrola ha realizado hasta la fecha a una empresa española en el sector de las energías renovables.

Iberdrola y Navantia firmaron a finales de 2014 un acuerdo, valorado en 160 millones de euros, mediante el cual se acordaba que la naviera fuera la encargada de desarrollar varios trabajos dentro del proyecto de Wikinger, desde sus instalaciones de Puerto Real (Cádiz) y Fene (A Coruña). Estos contratos contemplaban la construcción, en los astilleros de Navantia en Puerto Real, de la plataforma de la subestación marina de este parque y su posterior instalación por unos 70 millones de euros. La obra de Puerto Real se encuentra ya en su fase final, cumpliendo los plazos previstos y se prevé que el transporte de la subestación se realice en barco hasta Alemania en los próximos meses.

China inicia una investigación para lanzar una planta fotovoltaica al espacio

EFE.- China ha iniciado la investigación de un proyecto que tiene como objetivo lanzar al espacio una planta fotovoltaica para que devuelva a la Tierra grandes cantidades de energía, según una publicación dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China.Esta estación tendría previsto orbitar a unos 35.000 kilómetros de la Tierra, más allá de la última capa de la atmósfera, según explicó Zhang Bonan, investigador de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, al oficial Diario de Tecnología y el Espacio.

Esta estación sería capaz de generar mucha más energía que las placas fotovoltaicas terrestres, ya que operaría las 24 horas del día al estar en contacto directo con el Sol y evitaría los filtros de la atmósfera. Todavía no hay fecha para enviar al espacio esta planta de energía solar, aunque expertos citados por la prensa china consideran que no se produciría antes de 2030.

De momento, la Academia de Tecnología Espacial de China ha empezado los trabajos que pueden permitir llevar a la práctica lo que hasta ahora era una posibilidad teórica, para la que se han publicado varios diseños en revistas científicas. Entre los principales desafíos que encara el proyecto está el de encontrar una fórmula para enviar de vuelta a la Tierra toda la energía generada en el espacio. Un proyecto absolutamente innovador que se suma a la construcción de su primera central nuclear flotante en aguas marinas, siguiendo el ejemplo chino.

La patronal eólica amplía al ámbito internacional la campaña Yes to Wind Power

Servimedia.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha lanzado la segunda parte de la campaña Yes to Wind Power, en la que el personaje virtual del hipster energético estará disponible para responder las preguntas de los cibernautas interesados a través de Twitter y Facebook. Según AEE, el hipster energético estará presente en países como Italia, Polonia, Rumanía o Francia, donde la energía eólica está cobrando cada vez más protagonismo.

La iniciativa de la patronal eólica pone de relieve, y en base a varios informes publicados por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), de la Comisión Europea y de diferentes bancos de inversión, que la eólica es la tecnología más barata para cumplir con el objetivo europeo de que el 20% de la energía proceda de fuentes renovables en 2020, así como con los compromisos de COP21.

La española Gamesa construirá un parque eólico en Uruguay de 70 megavatios

EFE.- Gamesa construirá un parque eólico llave en mano en Uruguay de 70 megavatios (MW) de potencia instalada, según comunicó la compañía española que, además, se encargará del mantenimiento de las instalaciones durante 15 años. El contrato ha sido cerrado con Rafisa, fiduciario del fideicomiso Financiero Arias, promovido y gestionado por la compañía eléctrica estatal uruguaya Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

Así, Gamesa se encargará del suministro, instalación y puesta en marcha de 35 aerogeneradores G114-2.0 MW en el parque Colonia de Arias, ubicado en el departamento de Flores, así como de la construcción de la infraestructura civil y eléctrica necesaria para la instalación y operación del proyecto. Está previsto que el suministro de las turbinas se realice a finales de este año y que el parque entre en funcionamiento durante el segundo trimestre de 2017.

Una filial de la japonesa Toyota presenta la 24ª denuncia contra España ante el Ciadi por el cambio retributivo renovable

Europa Press / EFE.- Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota y en un 40% por la propietaria de la accidentada central nuclear de Fukushima,  Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ha sido la encargada de presentar la vigesimocuarta denuncia contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano de arbitraje del Banco Mundial, por los recortes a las renovables.

Esta empresa cuenta con una potencia instalada de 552 megavatios (MW) de renovables en España, de los que 83 se encuentran en Asturias y 469 en Galicia, repartidos en una quincena de parques eólicos construidos a finales de los 90’s del siglo pasado. Esta denuncia es la primera que se inscribe en el Ciadi desde noviembre del año pasado, cuando se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSH Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale y Norddeutsche Landesbank-Girozentrale.

Esta demanda de inversores alemanes fue la decimoquinta presentada a lo largo de 2015 contra España por los recortes en la retribución de las renovables. Los inversores alemanes concentran 9 de las 24 denuncias en contra de España presentadas hasta la fecha ante el Ciadi. Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por el luxemburgués Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden y la luxemburguesa Hydro Energy 1; la alemana SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, de Suiza.

También el pasado verano la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia. Además, también han acudido al Ciadi dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest, y, anteriormente, un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss. Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos también figuran Steag, BayWa, y un consorcio de 8 empresas en el que participa la eléctrica RWE, y otro de la propia RWE a título individual.

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN. Además, inició la tramitación de las demandas de las británicas InfraRed y Eiser, la árabe Masdar y las luxemburguesas Antin y RREEF, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de la luxemburguesa Renergy y la estadounidense NextEra, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones.  Además, aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar internacionalmente también a España.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Tras conocerse el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que “no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría”.  Finalmente, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con dos en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity, por la Carta de la Energía.

A finales de enero se conoció el primer fallo de un tribunal arbitral acerca de los recortes a las renovables en España. En concreto, el Tribunal Arbitral de Estocolmo resolvió a favor del Reino de España y desestimó la demanda presentada por Charanne y Construction Investments por las medidas aplicadas en 2010, por Miguel Sebastián. A juicio del Tribunal Arbitral, los demandantes no podían tener la expectativa legítima de que el marco regulatorio que establecía las primas a las renovables pudiera permanecer inmutable durante toda la vida de sus plantas. Además, el Tribunal reconoce que la normativa española dejaba «abierta claramente» la posibilidad de que se modificara el sistema de retribución de la energía fotovoltaica.

La Fiscalía archiva la denuncia por prevaricación en el recorte a las renovables

Redacción / Europa Press.- La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada contra la orden ministerial IET/105/2014, por posible prevaricación en el llamado hachazo a las renovables, según lo denomina la Fundación Renovables. En la denuncia, presentada por la fundación y la Plataforma por Nuevo Modelo Energético, se pedía a la fiscalía realizar una investigación para esclarecer si había habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ante la “arbitrariedad y falta de respaldo técnico” a la hora de fijar los criterios de la orden.

El presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, mostró su «decepción» por el archivo de la denuncia, ya que, en su opinión, las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía «demuestran la solidez de los argumentos expuestos en la denuncia y han permitido arrojar algo de luz sobre la tramitación oscurantista realizada por el Ministerio de Industria sobre esta importante normativa«. No obstante, la Fundación Renovables señala que todavía hay que esperar a los dictámenes de la Comisión Europea y, en su caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto.

El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, consideraba que el Gobierno del PP legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop, que indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, sucedía en este caso. Concretamente, la denuncia de estas organizaciones se dirigía contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías.

Los contratos con las consultoras

De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno. Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demostraban que los «errores» en la normativa, que justificaban en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de su aprobación.

Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, denunció “otras contradicciones”, como que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que consideraba «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».