Europa Press / EFE.- España necesitará invertir entre 330.000 y 385.000 millones de euros, unos 10.000 millones de euros anuales, para cumplir con los objetivos de reducción de CO2 establecidos por la Unión Europea para el año 2050, entre un 80% y un 95%, según el informe Un modelo energético sostenible para España en 2050 de la consultora Deloitte.

De este importe total, entre 185.000 y 251.000 millones de euros, deberán destinarse a la generación eléctrica libre de emisiones, fundamentalmente a las renovables, entre 50.000 y 59.000 millones de euros a redes de transporte y distribución energética, entre 38.000 y 73.000 millones de euros a eficiencia energética y conservación y entre 29.000 y 39.000 millones de euros al cambio de vector energético. En la presentación del informe, el socio de Deloitte, Alberto Amores, destacó que estas cifras «son asumibles» ya que están en línea con la cantidad anual media invertida por el sector eléctrico durante la época de crecimiento.

Según Deloitte, para alcanzar ese compromiso de reducir las emisiones de carbono entre el 80% y el 95%, será necesario que el peso de la producción renovable alcance en el horizonte de 2050 más del 90% del total, frente al 38% actual. Esto quiere decir que de los actuales 52 gigavatios (GW) de renovables instalados en la actualidad se deberá pasar a entre 161 y 216 GW en 2050. Esta implantación de renovables requeriría además una capacidad de respaldo de unos 40 o 63 GW.

Además, la consultora considera necesario que se mantengan en funcionamiento tanto las plantas térmicas como las nucleares durante el periodo transitorio, ya que «para un mundo descarbonizado la nuclear tiene todo el sentido porque no emite y permite hacer un balance adecuado de aquí al 2030», señaló Amores. Así, el estudio advierte de que el cierre prematuro de las centrales térmicas convencionales instaladas, de carbón y ciclos combinados, requerirá nuevas centrales de gas natural a partir de 2020, ya que en ese momento es previsible que todavía no estén disponibles las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía necesarias para el respaldo del sistema, lo que significaría nuevas inversiones por valor de 3.500 millones de euros.

«Prescindir prematuramente de determinadas tecnologías o combustibles, como la nuclear, el carbón, el petróleo o el gas, pondría en riesgo el cumplimiento de estos objetivos y en definitiva la seguridad de suministro del modelo energético», señala Deloitte. Asimismo, apunta que el cierre de las plantas nucleares cuando cumplan 40 años supondría un incremento de las emisiones de CO2 y una subida del precio del mercado diario de electricidad de hasta 8-10 euros por megavatio-hora (MWh).

Electrificación progresiva de la demanda

Deloitte también señala que para alcanzar estos objetivos medioambientales será necesario limitar los productos petrolíferos a usos en los que no hay alternativa, como el transporte aéreo, y sustituirlos en otros usos por electricidad o por gas natural. En este sentido, supone que en España prácticamente todos los vehículos deberían ser eléctricos en 2050, para lo que se deberían vender en 2030 ya unos 750.000 vehículos, mientras que en 2015 apenas se vendieron 2.300 unidades en España; que entre el 40% y el 60% del transporte pesado se tendría que realizar por ferrocarril, cuando actualmente el 95% es por carretera, y que el 90% de los consumos de cocina, calefacción y agua caliente en viviendas y empresas debería ser eléctrico.

El informe también apunta a una serie de objetivos de «transición» para 2030: los coches eléctricos deberían suponer para ese año entre el 7% y el 10% del total, entre el 20% y el 25% del transporte de mercancías se tendría que hacer por ferrocarril eléctrico o entre el 34% y el 46% de los camiones deberían usar gas natural. Otras medidas tendrían que ver con la eficiencia energética a partir de la rehabilitación de edificios existentes, actuaciones en nueva edificación y nuevos procesos industriales.

Junto a estas recomendaciones, el informe apunta una serie de medidas que ayudarán a cumplir con esos objetivos como cambios en la fiscalidad de CO2, inversiones públicas en el transporte ferroviario, apoyo al vehículo eléctrico, promover el aislamiento en los hogares, extender la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años o eliminar de la factura eléctrica los sobrecostes derivados de políticas energéticas que distorsionan el precio final.

Según Deloitte, la descarbonización permitiría rebajar en un 42% el precio medio de la electricidad que pagan los consumidores, al pasar de los actuales 120 euros por megavatio hora (MW) a entre 65 y 75 euros por MWh. Este descenso se debe principalmente al aumento de la demanda, que se duplicaría por su electrificación, y a la desaparición ya en ese horizonte del déficit del sistema y de la retribución actual a las renovables, que estará ya amortizada. Además, habrá una menor dependencia energética, ya que estima que en 2050 serán necesarios entre 7 y 15 millones de barriles de petróleo, frente a los 416 millones de barriles de 2013, con lo que bajaría la millonaria factura petrolera de España.