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Castilla y León no contribuirá a «la confusión» creada sobre Garoña y desconoce el cambio de opinión de Iberdrola

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Europa Press.- La Junta de Castilla y León no va a participar en la «ceremonia de la confusión» que se está produciendo en torno al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y asevera que no puede valorar las razones aducidas por Iberdrola para cambiar su criterio y posicionarse ahora por el cierre de la planta ya que esta compañía «no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente» al Gobierno regional las causas de este cambio de postura.

Así se ha manifestado el Gobierno regional tras el posicionamiento de Iberdrola en contra de la reapertura de la central antes de que haya concluido el plazo de 6 meses dado por el Gobierno para escuchar a todas las partes implicadas y pronunciarse sobre el futuro de Garoña. En este sentido, el Gobierno regional recuerda que «contando siempre con que la voluntad de los propietarios» de la central era la de mantenerla abierta, la Junta viene defendiendo esa continuidad siempre que, como condición imprescindible, se contara para ello con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y una vez cumplidas «todas las exigencias técnicas y de seguridad» establecidas.

Asimismo, ha recordado que Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%) solicitó en mayo de 2014 reabrir la central hasta 2031 con la renovación de la autorización de explotación, lo que motivó que se iniciase un «exigente procedimiento» para obtener esa solicitud de reapertura, que requería preceptivamente un informe del CSN. Finalmente, a principios de febrero, el CSN informó favorablemente sobre la reapertura de la central, aunque condicionado a obras de mejora que se deben acometer antes de volver a operar.

Vigente plazo de 6 meses

A partir del informe favorable del CSN, corresponde al Gobierno de la Nación pronunciarse definitivamente sobre la solicitud de reapertura y sobre el nuevo plazo hasta el que la central podrá estar operativa. No obstante, antes de su pronunciamiento, el Gobierno abrió un periodo de consultas durante 6 meses, para escuchar a empresas, agentes sociales, instituciones y partidos; «un trámite de consultas que la Junta de Castilla y León aprovechará para reiterar los argumentos que ha defendido durante estos años».

La «sorpresa» surge, según la Junta de Castilla y León, cuando en los últimos días Iberdrola, una de las propietarias de Nuclenor, se posiciona y no considera rentable reabrir la central «antes de conocer las condiciones de la posible autorización del Gobierno» y pide a su socio, Endesa, cerrarla definitivamente, y «presentar un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación que ellos mismos habían formulado hace 3 años». Es una decisión que, en principio, Endesa «no parece compartir» ya que prefiere esperar «en todo caso» a que el Gobierno se pronuncie, una vez transcurrido el plazo de 6 meses que ha abierto para consultas.

La Junta de Castilla y León considera necesario que ese plazo sea respetado y ha reiterado que aprovechará este tiempo para reiterar su posición en este tema y el futuro de la central, del que depende «su mayor o menor aportación a la producción energética española» así como la pérdida o mantenimiento de casi mil empleos en una zona de Burgos «con difíciles alternativas de actividad económica y de ocupación».

Los Presupuestos mantienen 46,51 millones de euros en 2017 para que el CSN garantice la seguridad nuclear y protección radiológica

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Europa Press.- El Gobierno destinará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un total de 46,51 millones de euros para 2017, la misma cuantía que en el ejercicio anterior, según consta en el proyecto de Presupuestos. Con esta cantidad, el CSN ejercerá sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, para conseguir que estas sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas cualquiera que sea su origen.

Manuel Rodríguez Martí, nombrado por el Gobierno nuevo secretario general del CSN, toma posesión con la «exigencia de no defraudar»

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Europa Press.– El técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Manuel Rodríguez Martí, ha tomado posesión de su cargo como secretario general del regulador nuclear, tras ser nombrado recientemente por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y en ese acto ha prometido «no defraudar».

El acto de toma de posesión se ha celebrado en la sede del CSN, de acuerdo con el Real Decreto 280/2017, publicado en el BOE con fecha de 17 de marzo de 2017. Al acto han asistido los miembros del pleno del CSN así como técnicos del regulador, del sector y varias autoridades del Estado. El presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, ha agradecido el trabajo desempeñado por la anterior secretaria general del regulador, María Luisa Rodríguez, y ha manifestado la «completa confianza» en su sucesor por sus conocimientos técnicos así como por su experiencia en el funcionamiento del CSN.

Por su parte, Rodríguez ha agradecido su nombramiento ya que para él supone «todo un honor y orgullo» convertirse en secretario general del CSN, donde lleva 32 años trabajando, prácticamente la totalidad de su vida profesional. En este mismo sentido ha querido destacar que se trata de una gran ocasión pero al mismo tiempo de una gran responsabilidad, ya que es la primera vez que un técnico del organismo regulador ocupa este puesto. Finalmente, ha manifestado que es consciente de todos los retos que afronta y ha prometido todo su entusiasmo y su dedicación en la «exigencia de no defraudar».

Una vida en el CSN

Rodríguez Martí, nacido en febrero de 1959, es Ingeniero Industrial y pertenece a la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Se incorporó al CSN en 1985, donde ha ocupado varios puestos técnicos en el ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica, entre ellos el de jefe de Proyectos de la Central Nuclear de Trillo (Guadalajara), el de jefe de Gabinete de la Dirección Técnica, y el de subdirector de Protección Radiológica Operacional. Desde 2013 era subdirector de Instalaciones Nucleares del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Pleno del CSN acordó por unanimidad su nombramiento en noviembre para suceder a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital elevó la propuesta al Consejo de Ministros, que a su vez lo remitió a la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados. El nombramiento salió adelante con el voto en contra de Podemos y la abstención del PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que votó en favor de la propuesta.

La CNMC sanciona a la comercializadora gasista Incrygas por incumplir las obligaciones económicas establecidas en la Ley de Hidrocarburos

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con una multa de 35.200 euros a la empresa comercializadora de gas Investigación, Criogenia y Gas (Incrygas) por incumplir las obligaciones económicas establecidas en la Ley del Sector de Hidrocarburos.

En concreto, los incumplimientos se refieren a un desbalance con respecto a lo establecido en las normas de gestión técnica del sistema. La empresa incurrió en el impago de cargos por desbalance negativo, es decir, por defecto de existencias en plantas de regasificación al tiempo de emitir facturas. Incrygas había incurrido en diciembre de 2015 y enero de 2016 en situación de desbalance negativo en una planta de regasificación, que se produce cuando hay más salidas que entradas de gas.

La CNMC explica que esta situación no es adecuada para el equilibrio del sistema gasista y da lugar a la imposición de recargos por desbalance cuyo objeto es desincentivar que se repitan en el futuro. Incrygas no abonó estos recargos, por lo que ha sido sancionado. La reiteración en este tipo de comportamientos, explica el regulador, ha conducido a la inhabilitación de Incrygas mediante una resolución del 15 de febrero de la Dirección General de Política Energética y Minas. Como parte de este proceso administrativo, se ha ha procedido al traspaso de clientes mediante la orden ministerial ETU/175/2017, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a comienzos de marzo.

EH Bildu propone que el Parlamento vasco recurra el informe del CSN para impedir la reapertura de Garoña

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Europa Press.- EH Bildu propone que el Parlamento vasco interponga un recurso, primero en vía administrativa y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa, contra el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que posibilita la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. «Si esta iniciativa prospera y el informe del CSN decae, el Gobierno del Estado no podría ordenar la reapertura«, aseguran.

El parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, presentó esta propuesta dirigida a «desactivar» el informe elaborado por la dirección técnica del CSN, que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. Según explicó, el pasado febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley exigiendo el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender. Otero destacó la «presteza y profesionalidad» de los servicios jurídicos del Parlamento a la hora de elaborar este informe que «da pie a actuar contra el informe del CSN que posibilitaba la reapertura de la central y dejarlo sin efecto».

Esperan apoyo del Gobierno autonómico

Tras conocer el contenido del informe, EH Bildu remitió una proposición para que sea el propio parlamento vasto quien interponga un recurso al informe del CSN, «tal y como el informe de los servicios jurídicos de la Cámara apunta». «Esperamos una respuesta positiva de Podemos, PSE y PNV», indicó. En este sentido, ha explicado que el informe jurídico del Parlamento afirma que la Cámara vasca tiene «completa legitimidad» para personarse como parte interesada en el procedimiento administrativo para defender los intereses generales de la población del País Vasco. Además, señala que el Parlamento vasco, en este momento de tramitación, puede interponer un recurso de reposición frente al informe del CSN, primero en vía administrativa y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

«Si esta iniciativa prospera y el informe del CSN decae, el Gobierno no podría ordenar la reapertura de Garoña. Por este motivo, es muy importante presentar el recurso, ya que es una vía que podría impedir la reapertura», ha señalado antes de advertir de que esta decisión es «urgente» porque el plazo para presentar el recurso «acabará pronto». También ha indicado que el informe del Parlamento apunta la posibilidad de presentar un recurso de reposición, frente a la orden ministerial de la prórroga de explotación de la central, una vez esto se produzca. «En ese momento también sería viable recurrir a la vía contencioso-administrativa», señaló.

«La voluntad de EH Bildu es la de impulsar todas las vías institucionales y jurídicas para dar carpetazo definitivo a esta central innecesaria y peligrosa, pero insistimos en que el fin de la pesadilla nuclear vendrá por la manifestación de un claro e inequívoco rechazo de toda la sociedad frente a Garoña», ha señalado, antes de unirse a la movilización convocada por la Plataforma Araba Sin Garoña este próximo sábado.

La CNMC sanciona a 7 gasolineras por no remitir información sobre precios y ventas anuales

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 7 estaciones de servicio por no remitir información sobre los precios y sobre sus ventas anuales, lo que se considera una sanción grave. En concreto, el regulador considera que esta conducta supone una infracción grave, según el artículo 110 apartados f) y s) de la Ley 34/1998, según indicó la propia CNMC.

Las multas suman en conjunto un importe de 36.925 euros y responden a infracciones como las de no actualizar los datos censales o no remitir información semanal sobre los precios de la gasolina comercializada ni sobre los volúmenes de ventas anuales, tal como establece la actual regulación. La CNMC inició los correspondientes procedimientos sancionadores tras recibir varias denuncias por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Energía y de particulares. Las empresas sancionadas son Villatrans Albacete (5.992 euros), Explotaciones Industriales Europeas del Mediterráneo (1.800 euros); E.S Camps (1.800 euros), José Criado Soriano (20.000 euros), Ángel Fernández Alonso (3.733 euros), Asociación Granadina de Consumidores de Combustibles (1.800 euros) y José Manuel Asencio Osuna (1.800 euros).

El presidente del CSN destaca la «profesionalidad», «independencia» y «neutralidad» en el proceso de evaluación de la reapertura de Garoña

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Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, ha dejado «constancia» del «agradecimiento» al cuerpo técnico por el desempeño de su trabajo y la «profesionalidad con la que ha tratado todo el proceso«, desde 2006, con las solicitudes de renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Martí también quiso «dejar constancia» de la «independencia» del proceso de evaluación y de la «neutralidad» en las conclusiones alcanzadas, que han debatido «todos los aspectos evaluados» y según el presidente, «como consta en la propuesta de dictamen técnico elevada a pleno, sin discrepancias internas». Así consta en el acta del pleno en el que se emitió un dictamen favorable, por 4 votos a favor y 1 en contra, a la renovación de la explotación de la central burgalesa que su titular, Nuclenor, pidió hasta 2031, cuando la planta llegue a sus 60 años. Además, ha insistido en expresar que el pleno compartió el «sentido y el posicionamiento» de las propuestas de las Direcciones Técnicas.

Asimismo, insiste en «resaltar» que, en todo el proceso, cuando el cuerpo técnico ha modificado criterios lo hizo «para elevar las exigencias a la central«. Martí ha puesto de ejemplo cuando en 2015 el pleno consideró conveniente que Nuclenor efectuara la inspección del 100% de las penetraciones de los accionadores de las barras de control, mientras que la propuesta del titular, revisada al alza por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear proponía un porcentaje inferior.

Más allá de las consideraciones del presidente del regulador nuclear, el acta refleja las deliberaciones del pleno. Por ejemplo, señala que la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) 2008-2012 va acompañada de revisiones aplicables de documentos oficiales de explotación; la revisión del análisis probabilista de seguridad (APS); un análisis de envejecimiento de la central; un análisis de la experiencia de explotación durante la autorización de explotación que se pretende renovar; un análisis del cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en el Anexo de la Orden ITC/1785/2009 y del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas Complementarias asociadas y, finalmente, el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima Dai-Chii.

El acta recuerda también que el pleno acordó emitir una instrucción técnica complementaria sobre documentación y requisitos adicionales en relación a la solicitud de renovación. Así, señala que en cumplimiento de los planes derivados de la revisión periódica de seguridad, de la normativa de aplicación condicionada y de la citada ITC-14.01, y afirma que Nuclenor ya realizó las mejoras en la central que «deberán completarse de acuerdo con los establecido en los límites y condiciones anexos”. El acta expone que el CSN votó a favor de informar favorablemente al Gobierno sobre la renovación de la autorización de explotación y establece 10 límites y condiciones, 8 generales y 2 especiales, así como 15 Instrucciones Técnicas Complementarias.

Cañete recalca que los países son soberanos para alargar la vida de sus centrales nucleares aunque Bruselas supervisará las inversiones

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Redacción / Agencias.- El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló que si hay un nuevo proyecto de inversiones para la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), deberá ser supervisado por Bruselas al tiempo que rechazó pronunciarse sobre si la planta debería reabrir o no ya que recalca quetodos los Estados comunitarios «son soberanos para elegir su mix energético» y alargar la vida útil de sus centrales nucleares «siempre que tengan condiciones de seguridad».

Así ha respondido el exministro sobre el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se muestra favorable a la reapertura de Garoña después de tres años de parón. A su llegada al Congreso de los Diputados, para dar cuentas del nuevo paquete de medidas energéticas proyectadas por la Comisión Juncker, Cañete ha señalado que Garoña es «como cualquier otra central» de las 129 que existen en toda Europa y ha explicado el caso de Bélgica, que paralizó la actividad de sus centrales nucleares y luego decidió volver a tenerlas operativas. «Se notificaron los proyectos a la Comisión Europea y las analizamos en los términos justos», ha señalado.

Y es que, según indicó Cañete, «si hay un proyecto de inversiones» tiene que ser notificado a la Comisión Europea» para comprobar que cumple los nuevos parámetros de seguridad que este organismo europeo endureció desde el accidente de la central japonesa de Fukushima. En este sentido, Cañete ha indicado que la normativa europea en materia de seguridad nuclear es «la más exigente del mundo». «Lo digo porque lo sé. En los intercambios con reguladores japoneses o americanos vemos estándares que ellos manejan y somos los más exigentes», explicó el exministro.

Aún así, Cañete ha recordado que deben ser los reguladores nacionales los que amparándose en estos estándares «analicen y obliguen» a realizar las inversiones a los operadores para «garantizar la seguridad». «Tienen que darse unos mínimos de seguridad y estoy seguro que el CSN lo ha hecho correctamente», ha apuntado el exministro, que reconoce que «es un debate que está habiendo en toda la Unión Europea» en la actualidad, pero insiste en que, cuando finaliza su vida útil prevista, son los países quienes pueden «elegir desmantelar las centrales nucleares, pararlas o alargar su funcionamiento, siempre en condiciones de máxima seguridad».

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Cantó, cuestionó a Cañete sobre la posible falta de independencia del CSN. El diputado se mostró preocupado por la composición del consejo y pidió que sus miembros sean «elegidos de otra forma». «Cuando entran los partidos políticos para favorecer la competencia, es el bolsillo de los españoles el que sufre», denunció. En este sentido, el exministro reconoció «problemas con varios países» porque sus Gobiernos quieren intervenir. A su juicio, la única forma de que esta situación sea igual para todos es que se «aplique la normativa europea» porque, ha recordado, «todos los proyectos tienen que informarse y ser analizados en la Comisión».

Precio elevado y 28 mercados

Precisamente Cañete achacó el elevado precio de la energía en los países europeos a la ausencia de un mercado integrado ya que cada país miembro cuenta con un mercado propio. «No tenemos un mercado integrado de 28 países. Somos 28 mercados no conectados», señaló Cañete, que recordó que el precio de la electricidad es 1,5 veces más cara que la de Estados Unidos y que en el caso del gas es aún más del doble, un 2,5 veces más cara.

«El problema de los precios tiene muchas causas. En primer lugar, una fortísima dependencia del gas», indicó Cañete, que justificó por esta razón el impulso al gas natural licuado por parte de Bruselas. «Cuando el 30% de tu importación depende de un solo proveedor, que puede ser Rusia, y cuando tienes dificultades de abastecimiento con la red europea, pues tienes muchos más problemas de gas», explicó, añadiendo que un competidor como Estados Unidos no tiene problemas para realizar prácticas de extracción como el fracking, más limitadas por la legislación europea.

Para Cañete, la situación «ideal» pasaría por tener «un mercado eléctrico y energético integrado, único, con precios competitivos» y a la vez evitando que se produzcan deslocalizaciones de empresas por costes excesivos frente a otros competidores. Así, Cañete ha reclamado que las empresas que lleven a cabo innovaciones tengan asignados «el número de derechos de emisión suficientes para no verse obligados a deslocalizar sus empresas«.

Arias Cañete ha tenido que encajar críticas y acusaciones de la oposición por haber actuado en favor del «oligopolio» energético, particularmente por parte de la diputada Rosa Martínez Rodríguez, de Unidos Podemos. «La Comisión es absolutamente independiente», ha replicado Cañete, que cree que la reestructuración del mercado energético que supondrán las nuevas medidas impulsadas es «la mejor propuesta para los consumidores europeos». «Queremos energía barata, segura y limpia», indicó el comisario, algo que, ha dicho convencido, «es conciliable«, tras haber aumentado en estos años el PIB de la Unión Europea, al tiempo que las emisiones más contaminantes se han reducido.

El Gobierno propone al Congreso nombrar a Manuel Rodríguez Martí como secretario general del CSN

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Europa Press.- El Consejo de Ministros acordó proponer al Congreso de los Diputados el nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), una propuesta que fue aprobada en el pleno del regulador. Manuel Rodríguez Martí es ingeniero industrial nacido en febrero de 1959 y es funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Rodríguez se incorporó al CSN en 1985, donde ha ocupado diversos puestos técnicos y desde 2013 es subdirector de Instalaciones Nucleares del organismo.

El CSN volverá a abordar este miércoles la decisión sobre la reapertura de Garoña tras el aplazamiento pedido por Narbona

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Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó aplazar a este miércoles la «toma de decisión» respecto a la viabilidad de que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pudiera volver a conectarse a la red eléctrica y su licencia se renueve hasta el año 2031, cuando cumpla 60 años de funcionamiento, según solicitó su titular, Nuclenor (empresa participada por Endesa e Iberdrola). El aplazamiento fue pedido por la consejera Cristina Narbona, según fuentes del regulador atómico.

El asunto estaba en el orden del día para «toma de decisión» pero, según el artículo 34 del Estatuto del CSN, cualquier consejero podrá solicitar aplazar la deliberación sobre algún asunto concreto hasta la próxima sesión. El presidente puede denegar la petición cuando el asunto haya sido tratado ya en dos sesiones anteriores por lo que, como mucho, la decisión definitiva puede darse esta semana o la próxima, pues el pleno puede pedir un máximo de dos aplazamientos. Así, el CSN indicó que aún «no ha adoptado decisión alguna» respecto a estos expedientes pues se aplazó «el debate y toma de decisión», de modo que el pleno proseguirá este miércoles con el estudio y toma en consideración de estos expedientes.

La petición de Nuclenor es de operar la central hasta 2031 y, por tanto, no lo condiciona a que la planta supere la revisión correspondiente cada 10 años, hecho hasta ahora sin precedentes. No obstante, el visto bueno del CSN no implicará la autorización para operar, que tendrá que determinar el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una vez reciba la resolución del CSN. De conseguir esa autorización, Endesa e Iberdrola deberán decidir si les compensa ejecutar las inversiones requeridas para reabrir la planta.

Los consejeros han «analizado en detalle» los «diferentes» expedientes administrativos asociados al proceso de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña. La renovación de la central nuclear de Garoña comenzó a ser debatida el 25 de enero en el pleno del CSN. Si bien, los consejeros tenían ya a su disposición para estudiar la documentación relativa al expediente de la central desde el pasado diciembre.

Se trata de 167 informes realizados por técnicos de 16 áreas del regulador en los que se han empleado 30.000 horas. Todo indica que la conclusión será favorable a la reapertura siempre y cuando Nuclenor ejecute un buen número de costosas inversiones para que la planta burgalesa funcione de manera segura. La documentación incluye también 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de siete meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013.

En concreto, el trabajo de los técnicos a lo largo de 30.000 horas ha incluido el análisis de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS), relativa al intervalo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. En ella se revisó la experiencia operativa propia y ajena, la experiencia relativa al impacto radiológico, los cambios en reglamentación y normativa, el análisis del comportamiento de equipos, las modificaciones de la instalación, el análisis Probabilista de la Seguridad (APS), los programas de evaluación y mejora de la seguridad, el control de la configuración de la central y el programa de vigilancia y control hidrogeológico.

De acuerdo con la nueva normativa, el CSN tiene que analizar el cumplimiento del titular en la RPS y la que esté condicionada a una selección previa por parte del regulador. También apunta que Nuclenor debe realizar un estudio de las mejoras que podría tener que realizar, lo que se conoce como Normativa de Aplicación Condicionada (NAC), para actualizar el conjunto de normas que constituyen la base de licencia de Garoña. En ese contexto, el CSN identificó en el proceso de evaluación varios ejemplos en la normativa internacional en materia de guías de seguimiento para evaluar interferencias en evaluaciones electromagnéticas y de radiofrecuencia relacionadas con la seguridad; la cualificación de la seguridad del cableado o los residuos radiactivos, entre otras.

El 2 de junio de 2014, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitó un informe preceptivo al CSN según lo previsto en el artículo 28.1 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que había sido modificado el año anterior. El 30 de julio de 2014, el CSN acordó remitir al titular de la central la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de referencia CSN/ITC/SG/SMG/14/01, sobre la documentación y requisitos adicionales para la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña.

Asimismo, el regulador destaca que en la evaluación se han analizado las propuestas de los Documentos Oficiales de Explotación, que acompañan a la solicitud de la renovación de la Autorización de explotación y las posteriores revisiones remitidas por el titular, como resultado del proceso evaluador realizado. En concreto se trata del Estudio de Seguridad, las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas, el Plan de Emergencia Interior, el Manual de Garantía de Calidad, el Manual de Protección Radiológica, el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado, y el Plan de Protección Física de la central.

Respecto a la autorización de protección física, el CSN señala que la autorización se otorgará «en su caso, por el mismo plazo de validez» por el que se conceda la autorización de explotación. En cuanto a la evaluación de la revisión del Plan de Protección Física, se presentó como soporte a la solicitud de renovación de la autorización de protección física e incluye la incorporación del Almacén Temporal Individualizado (ATI).

El pleno ha examinado también las evaluaciones realizadas sobre modificaciones de diseño de la central para las que se ha establecido un proceso de licencia específico, como un nuevo Sistema de Tratamiento de Gases de Reserva (SBGTS), que fue requerida como una condición derivada del proceso de la revisión de la normativa de aplicación condicionada (NAC) en el informe que emitió el CSN en 2009 y que figura en el punto 20 de la ITC/14.01.

En este expediente, el CSN evaluó también las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) y del Estudio de Seguridad (ES) asociadas a esta modificación de diseño. En concreto, Garoña deberá construir un nuevo edificio con muros de hormigón armado de clase sísmica 1 que alberga este sistema de tratamiento de gases y un montaje del sistema de reserva de tratamiento de gases. Del mismo modo, Nuclenor tendrá que instalar un sistema de ventilación clasificado como «no relacionado con la seguridad» e instalar los servicios auxiliares.

También se abordó «como expediente específico», la sustitución del cableado eléctrico y la reubicación en un nuevo edifico de un centro de control de motores y panel de control del sistema de inyección al reactor de agua a alta presión (HPCI). Entre otros asuntos relativos a Garoña figuraba también la apreciación favorable a la puesta en servicio parcial de las modificaciones de diseño sobre la división eléctrica y del programa favorable de las modificaciones post-Fukushima, que incluye implantar el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), de un Sistema de Venteo Filtrado de Contención (SVFC) y la implantación de los Recombinadores pasivos autocatalíticos de Hidrógeno (PAR). El CSN requirió que este programa deberá completarse “antes de la carga de combustible».