Europa Press / EFE.- Fernando Castelló, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del Partido Popular, ha advertido de que interrumpir en estos momentos el proceso evaluador en torno a la solicitud de renovación de autorización de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) podría implicar incurrir en «prevaricación«. Castelló argumenta así su voto favorable a la decisión del pleno del CSN de la pasada semana sobre diversos aspectos relativos a la autorización de Garoña.

Además, precisa que la filtración del voto particular de Narbona, sin que se haya aprobado el acta definitiva en una reunión posterior del pleno, hace necesario difundir también la argumentación de su voto. «Aún en el caso de que en un acto de voluntarismo impropio de un regulador, el pleno del CSN se pudiera plantear que las circunstancias del entorno político, social o económico pudieran ser valoradas para interrumpir aplazar o demorar el proceso evaluador, se debería estudiar previamente si jurídicamente no estuviéramos incurriendo en un acto de prevaricación, o cuanto menos dicha actuación pudiera ser recriminada en sede judicial, por el titular, para reclamar posible perjuicios económicos o sociales, cuanto menos», alerta Castelló en la justificación de su voto.

Castelló advierte de que «en este momento» no dar respuesta por parte del CSN a un proceso administrativo sobre la nuclear de Garoña, como establece la legislación en vigor, sería por parte de este organismo dar respuesta «a criterios no establecidos en la ley y entrar en un debate político, actuando fuera del sentido de la independencia reguladora». «La dilación, el aplazamiento o la moratoria del proceso evaluador justificada por circunstancias políticas, sociales o económicas no tiene cabida en la consideración de los factores que por ley le competen al CSN, que son exclusivamente, la seguridad nuclear y la protección radiológica y nuestro debate debe estar siempre orientado sobre la justificación técnica de dicho objetivos y de ningún otro», asegura.

Además, el consejero añade que el CSN «ni se ha impuesto plazos para informar sobre este asunto, ni se los puede imponer; ni sobre este, ni sobre ningún asunto que le competa», señala. En este sentido, recalca que las evaluaciones se desarrollan sobre procedimientos reglados y en función de guías de evaluación que elabora previamente el cuerpo técnico del organismo y que «nunca una previsión de fechas se puede confundir con un plazo impuesto o decidido». «Decir lo contrario es querer engañar a la opinión pública y hacerle un flaco favor al prestigio y trabajo riguroso del regulador nuclear español», añade. El pleno del CSN apreció favorablemente varias actuaciones para la reapertura de Garoña, solicitada por el titular hasta 2031.

Castelló explica que la apreciación favorable de dichos puntos «no tiene un efecto inmediato», ya que serían de aplicación si se concediese la renovación de autorización solicitada, decisión que corresponde al Ministerio de Industria, departamento que ha solicitado al CSN información sobre la situación de la planta nuclear en materia de seguridad y protección radiológica. «El CSN no abre ni cierra centrales» asevera el consejero, quien subraya que «no es competencia del regulador». Apunta además que Garoña dispone de autorización y que su estado es de «parada de explotación» desde julio de 2013 y que son aplicables «los documentos oficiales de explotación para una central nuclear en situación de parada».

Castelló argumenta también en su voto que las especificaciones y modificaciones de diseño analizadas en el pleno del día 3 no son «la primera aprobación parcial que eleva al Pleno» y responden a requisitos que el CSN ha exigido a la central. Además el organismo requirió que «todas las modificaciones de diseño deberían ser apreciadas favorablemente». En su voto particular, subraya que desde el punto de vista de la concesión de licencia no serían necesarias, aunque «se considera conveniente», la aprobación de las evaluaciones parciales, sino el informe que el CSN evacúe sobre la solicitud de Nuclenor» (propietaria de Garoña).

PP de Álava: «no reabrirá»

Por su parte, el presidente del PP de Álava, Javier De Andrés, asegura tener la «convicción» de que Garoña «no se va a reabrir» por las condiciones de seguridad impuestas por el Gobierno del PP y el CSN. De Andrés considera que Garoña «lleva tres años cerrada porque económicamente no resulta rentable reabrir Garoña y no hay ningún indicativo real objetivo de que se vaya a reabrir». En ese sentido, indicó que, «así como la prórroga que dio el Gobierno socialista no le puso ninguna condición de seguridad adicional, el PP sí estableció hace más de tres años una serie de condiciones que hacían inviable la continuidad de Garoña, y se cerró en ese momento».

De Andrés ha señalado que la empresa «ha planteado las reformas» que se le han pedido y «va organizando una a una», pero «eso no hace viable Garoña». «Yo tengo la convicción de que no se va a reabrir porque las exigencias de seguridad que no cumple en este momento hacen que sea tan caro reabrirla como para que la decisión final sea la de cierre, que realmente es la situación que ya estamos viviendo», ha insistido. De Andrés ha reiterado que Garoña «ya está cerrada, aunque algunos parece que lamentan esta situación y quisieran que estuviera abierta para tener motivo de queja». «Yo creo que Garoña está cerrada y va a seguir cerrada», concluyó.