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El 21% de los hogares españoles se sigue declarando insatisfecho con su servicio de electricidad

Europa Press / EFE.- El 20,9% de los hogares españoles se declara poco o nada satisfecho con su servicio de electricidad aunque este porcentaje mejoró en 5 puntos con respecto al grado de insatisfacción de hace seis meses, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para el gas natural, este porcentaje de insatisfacción cae hasta el 14,8% de los hogares.

Entre los hogares que se declaran insatisfechos con el servicio, el precio es el principal motivo apuntado. Un 90% de los hogares insatisfechos con su proveedor de electricidad opina que el servicio es caro y casi la mitad considera que las facturas de electricidad o las tarifas no son claras. En el caso del gas natural, sigue un patrón similar, aunque, en general, con mejores resultados que la electricidad. Las valoraciones de los hogares mejoran respecto a la calidad de los servicios de energía ofrecidos.

Respecto a la satisfacción con el precio de los servicios, un 54% del total de los hogares está poco o nada satisfecho con los precios del servicio de electricidad, 5 puntos menos que hace un año. Por su parte, el 46,1% de los hogares con servicio de gas natural están insatisfechos con el precio del servicio. Asimismo, a pesar de que los hogares españoles declaran mayor insatisfacción con los servicios de electricidad y gas natural, son los servicios de telecomunicaciones los que reciben más reclamaciones. Así, alrededor del 15% presentó reclamaciones en la materia frente al 5,7% de los hogares que presentaron quejas en gas natural y un 6,5% en el caso de la electricidad.

Los motivos para reclamar, exponen, siguen un patrón similar a los motivos de insatisfacción. En el caso de los servicios de electricidad y gas casi 6 reclamaciones de cada 10 de ellas están relacionadas con problemas en la facturación. Además, a la hora de recibir las facturas o notificaciones por parte de las empresas, destaca que el 77,1% de los hogares sigue recibiendo la factura del suministro energético en papel.

El presidente del CSN explicará este miércoles en el Congreso la situación de las centrales, de Garoña y del ATC

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, rendirá cuentas ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados este miércoles, casi dos años después de su última comparecencia, en noviembre de 2014. Martí explicará el informe del CSN, que incluye el estado de funcionamiento de las centrales nucleares o la evolución de expedientes como el del almacén temporal centralizado (ATC), o la situación de cese de explotación con solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Martí no ha presentado ni explicado los informes de actividad de 2014 y 2015 aunque estos figuran en la página de Internet del regulador. El de 2014 debió haberlo expuesto en 2015, pero distintos problemas de agenda fueron posponiendo la fecha y después fueron disueltas las Cámaras al convocarse las elecciones generales de diciembre de 2015. En la pasada legislatura, los grupos parlamentarios solicitaron su comparecencia, pero Martí también argumentó problemas de agenda y la fecha que facilitó era posterior a la convocatoria de unas nuevas elecciones y, por tanto, nuevamente la legislatura estaba finiquitada.

El pasado 5 de octubre la comisión parlamentaria de Industria, Energía y Turismo reclamó su presencia para, además de exponer estos dos informes, que explique otras cuestiones relativas a la seguridad nuclear. El PSOE quiere que se presente para cumplir con su obligación anual de rendición de cuentas, mientras que Ciudadanos y Podemos reclaman su comparecencia tras conocer una serie de acusaciones internas realizadas por un grupo de trabajadores que afirman que en el seno del organismo hay problemas con el personal e «irregularidades en la seguridad de algunas centrales».

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Guillermo Mariscal, se mostró «totalmente» de acuerdo con las solicitudes de comparecencia, aunque disculpó su ausencia en la anterior legislatura porque entonces «tuvo el tiempo que tuvo». Si bien considera que es «preferible» su comparecencia para «no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad». Desde el PSOE, Pilar Lucio valora que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura llevó a la mayor parte de la Comisión de Industria a pedir su dimisión. Ahora, pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han ido conociendo».

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones “relevantes y alarmantes” por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian “hechos graves” en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de “dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña” o problemas de seguridad en la de Almaraz. “Es necesario que estas cosas se clarifiquen“, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, expresó también su “apoyo” a las peticiones de comparecencia.

En esta línea, la ONG Greenpeace exigió el cese del presidente de Fernando Martí por considerar que «ha perdido la confianza» y la imparcialidad que el cargo requiere. Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente y por la «política del miedo» que denuncian los técnicos. De este modo el 10 de octubre una veintena de representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Equo se concentraron ante la sede del CSN para exigir el cese del presidente del regulador.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

Técnicos del CSN denuncian una «caza de brujas» en el organismo regulador atómico y advierten de su “grave deterioro actual”

EFE / Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado, en una carta dirigida a los grupos parlamentarios, «una caza de brujas» por parte del presidente del CSN, Fernando Martí, hacia los profesionales del mismo, que afecta a la «seguridad nuclear«.

La misiva, dirigida a todos los grupos políticos, fue registrada en las Cortes por parte de la Asociación, con representación sindical en la Junta de Personal del CSN, en la que cuentan con 3 de los 13 delegados existentes. ASTECSN alerta en la carta de que desde la llegada del exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí, a la presidencia del CSN en 2013 «se vienen sucediendo hechos preocupantes para la seguridad nuclear», y piden a los diputados «que tomen cartas en el asunto y promuevan un cambio urgente en el regulador«. Por su parte, fuentes del CSN aseguran que el escrito de la citada asociación «tiene un trasfondo político» impropio de «un órgano técnico».

Los denunciantes afirman que la gestión de Martí está «marcada por la instauración del miedo, la ocultación interna y externa de información, y las presiones sobre los técnicos evaluadores e inspectores». Los técnicos también aseguran que hay informes «secretos» referentes a las evaluaciones de la central nuclear de Garoña (Burgos) o al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. En el caso concreto de la posible reapertura de la central burgalesa, el CSN ha contestado que ya remitieron una explicación a Greenpeace en la que subrayaban que al Consejo «no compete adoptar ninguna posible decisión de paralización del procedimiento de renovación de licencia», y que su labor se limita a un «asesoramiento de carácter técnico».

«Grave deterioro» en función reguladora

ASTECSN expresó sus «inquietudes» por el «deterioro progresivo» en el funcionamiento del CSN desde la renovación de su cúpula directiva en 2013, que «trajo cambios organizativos» en el relevo de mandos en el CSN. Por ello, cuestionan nombramientos y ceses que ASTECSN entiende que suponen un «desprecio» a la necesidad de conocimientos específicos y experiencia en los puestos técnicos y un mensaje «claro» de «lo efímero» de los cargos de libre designación y acusa a esta cúpula de forzar «más que nunca a una sintonía con los objetivos políticos establecidos».

La carta de siete páginas, expone las deficiencias que para la asociación se están produciendo en materia de supervisión de centrales nucleares, relata la sobrecarga de trabajo y los enfrentamientos internos entre los técnicos y sus superiores. Respecto a la información al público sobre los incidentes en las centrales nucleares lamentan la reducción de los sucesos que se publican y que «no resultan del agrado de los titulares de las centrales nucleares», cuestionando así la falta de independencia del regulador.

«Es fundamental que los inspectores mantengan su capacidad para identificar incidencias y poder solicitar a los titulares que emitan las correspondientes notificaciones. En la situación actual se ha ido perdiendo esa potestad y los inspectores residentes en las centrales nucleares han llegado a recibir indicaciones para que no pierdan el tiempo buscando estas incidencias», añaden. Del mismo modo, resaltan la reducción del número de expedientes sancionadores por la falta de transparencia y una desregulación implícita.

En la carta, firmada por la presidenta de la asociación, Nieves Sánchez Guitián, se añade que la lista de quejas trasladada a la ASTECSN por problemas para ejercer su independencia profesional es «larga», incluido el impedimento al realizar alguna inspección reactiva que debe hacerse en las instalaciones radiactivas tras determinados incidentes. También ha recibido quejas por «presiones» y «amenazas» hacia los técnicos para que cambiaran las conclusiones de sus informes o las actas de inspección cuando no son del agrado de los titulares y denuncia que quienes no se han prestado a ello fueron excluidos de la firma del informe.

Respecto a los ceses y nombramientos, lamenta que en el seno del organismo regulador, «discrepar es motivo suficiente para ser cesado alegando pérdida de confianza» y ven con preocupación este asunto porque el sistema de libre designación permite cubrir más del 30% de los puestos ocupados por los técnicos.  Por otro lado, se refiere también a la «actitud huidiza» y a la ausencia del control institucional que se plasman en la no comparecencia del presidente del CSN ante la Cámara Baja el pasado abril. «No es más que una constatación de la degradación institucional», lamenta.

Respecto al clima interno, explica que está «peor que nunca porque el regulador está capturado y debilitado por la connivencia y laxitud de su superioridad jerárquica, que cede a las presiones del sector en busca de una desregulación que va en detrimento de la seguridad nuclear«. Por último, insiste en que los controles externos están «anestesiados», no solo por las incomparecencias ante la Comisión de Industria y por la desactivación en la práctica del comité asesor y considera que es deber y conciencia de responsabilidad poner en conocimiento de la comisión esta preocupación porque la función pública que están desempeñando desde el CSN es «mejorable».

La Comisión Europea da un ultimátum de dos meses a España para corregir la legislación nacional sobre interconexiones energéticas

EFE / Europa Press.- El Gobierno dispondrá de dos meses para corregir la normativa actual en la que se concede el monopolio de las interconexiones internacionales de electricidad y gas a los gestores de los respectivos sistemas, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, una vez reciba el dictamen de reprobación de la misma por parte de la Comisión Europea para que adapte adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones energéticas, según indicaron en fuentes de la Administración.

De lo contrario Bruselas referirá el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La citada llamada de atención, segunda de tres etapas, responde a una directiva aprobada en 2009 relativa al llamado «tercer paquete de energía» para reformar los mercados internos de energía y garantizar la independencia de los reguladores nacionales, entre otros aspectos. El Ejecutivo comunitario urge a España a la «correcta implementación y aplicación» de las medidas que conciernen a sus mercados de electricidad y gas. «La Comisión cree que la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas«, señaló el Ejecutivo comunitario.

Segundo paso dado desde Bruselas

La Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos establecen que los respectivos operadores de los sistemas eléctrico y gasista serán también operadores de las interconexiones internacionales en calidad de transportista único, lo que cierra la posibilidad de competencia en este ámbito. El diario Cinco Días adelanta que, tras las alegaciones presentadas por el Ministerio de Industria, la Comisión Europea ya ha emitido el dictamen motivado en el que se reafirma en sus primeras conclusiones y pide a España un cambio en la norma para adecuarla a las directivas. De esta forma, la Comisión da un salto cualitativo en el expediente abierto a España en 2013 en el que cuestionaba los monopolios de los que disfrutan REE y Enagás.

Además, España ha «traspuesto incorrectamente algunas reglas relativas a la independencia de la autoridad reguladora nacional», indicó Bruselas en referencia al grado de independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin precisar más al considerar que se trata de un «proceso bilateral» entre España y el Ejecutivo comunitario, según fuentes europeas. La Comisión Europea envió a España un primer aviso en febrero de 2015 y, a partir de ahora, España tiene dos meses para informar a Bruselas de las «medidas tomadas para remediar la situación».

En concreto, Bruselas considera que debe ser el organismo regulador el encargado de establecer la metodología sobre la fijación de peajes de acceso al transporte y distribución. La norma actual concede a la CNMC la potestad para asignar los costes de estas actividades, si bien el cálculo de los ingresos, esto es, los peajes que se deben repercutir a los consumidores para sufragar el coste, lo aprueba previamente el Gobierno.

La CNMC propone penalizar con 52,5 millones de euros a las distribuidoras eléctricas por pérdidas de energía en la red

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto unas penalizaciones de 52,5 millones de euros para las distribuidoras eléctricas este año por las pérdidas de energía que tiene lugar a través de sus redes, según su informe. Entre las distribuidoras que registran mayores penalizaciones, Competencia destaca los 40,2 millones a Endesa, mientras que a Iberdrola corresponden 6,9 millones, y a Unión Fenosa, 2,5 millones. Estos cálculos, correspondientes a 2016, se han realizado con datos de 2014.

Competencia explica que la normativa fija que las empresas distribuidoras de electricidad recibirán unos incentivos o penalizaciones en función de la gestión que realicen de las pérdidas que tienen lugar a través de sus redes. El objetivo, añaden, es garantizar una adecuada prestación del servicio e incentivar la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución «con criterios homogéneos en todo el Estado y con un mínimo coste para el sistema».

La CNMC es la encargada de proponer a Industria la cuantía que corresponde a cada empresa distribuidora en concepto de incentivo o penalización por este tema. Para calcularlo, se usa una metodología en la que se tiene en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de pérdidas registradas por la distribuidora dos años antes, cuando tanto la CNMC como el Operador del Sistema Eléctrico, Red Eléctrica (REE), disponen de toda la información. Frente a las penalizaciones, otras compañías recibirán incentivos por un valor global de 900.000 euros. En el caso de las empresas que han remitido datos erróneos de medidas al operador del sistema o ni siquiera las han remitido, la CNMC propone establecer unas penalizaciones por valor de 300.000 euros.

El PP se opone a la petición mayoritaria de la oposición de citar en el Congreso al presidente del CSN

EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso decidirá este miércoles si cita a comparecer al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y sobre el futuro de las centrales de Almaraz (Cáceres) y Garoña (Burgos), una petición de la oposición que el PP rechaza. Previsiblemente se aprobará al ser una petición de la mayoría de los grupos.

Fuentes parlamentarias explicaron que los populares alegan para su negativa que la comparecencia del responsable del CSN en la Cámara Baja siempre se ha producido en una ponencia específica cuyas reuniones no son públicas, dado el tema de especial sensibilidad del que trata. Sin embargo, en este caso, el hecho de que la ponencia aún no esté constituida y la posible disolución de las Cortes el 1 de noviembre, lleva a los grupos parlamentarios a adelantar la presencia de Martí en comisión, ya que esperar a esos trámites para una comparecencia en ponencia impedirían que ésta se produjera y se tendría acumularía un nuevo informe a presentar, el de 2016.

El PSOE ya había presentado a mediados de septiembre una petición de comparecencia de Martí denunciando, además, que éste había usado «todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«. En el texto registrado, los socialistas también solicitaban su presencia en el Congreso para informar sobre la reapertura de la central de Garoña, la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y la posible relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares.

La CNMC califica de «mito» que las gasolineras desatendidas dañen el empleo y sean menos seguras

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunció en su blog varios «mitos» en torno a las gasolineras desatendidas, entre ellos los referidos al perjuicio sobre el empleo, la falta de seguridad, la ausencia de acceso para discapacitados o la desprotección a los consumidores. Todos estos argumentos, indica el regulador, «son dignos de análisis» y «preocupan en gran medida» a la propia CNMC, si bien «no es suficiente con invocarlos» ya que «no están suficientemente justificados«.

Una semana después de la publicación de su controvertido informe sobre el tema, Competencia insiste en la defensa de este tipo de gasolineras en aras de una mayor competencia en el sector, dado que “beneficiará a los consumidores y a la actividad empresarial”. Asimismo, califica de «mitos» algunos de los argumentos usados por las normativas que tratan de limitar o prohibir su instalación y que, tras un cuidadoso análisis, «son contrarios a la evidencia empírica».

Sobre el «mito» de la inseguridad de las gasolineras desatendidas, el regulador argumenta que «no tienen por qué ser más inseguras que las gasolineras que cuentan con personal», e incluso indica que en ocasiones la automatización del cierre del suministro puede funcionar con mayor velocidad que al realizarse por un trabajador. La CNMC alude a un estudio del Gobierno francés en el que se aprecia que el 92% de los accidentes en gasolineras se produce en momentos distintos al de echar carburante. También recuerda que en España hay una normativa de seguridad aplicable a todas las gasolineras y argumenta que la mayor parte de las cooperativas llevan actuando así desde hace años sin accidentes graves.

Sobre la desprotección del consumidor, señala que, en el caso de las gasolineras, «la obligación de servicio atendido no beneficia a los consumidores ni en términos de precios, ni de seguridad, ni de calidad del servicio». El regulador también cita un informe para la Comisión Europea sobre las quejas de los usuarios de las gasolineras en el que se aprecia que solo el 10% de los clientes tuvo problemas en una gasolinera desatendida y no pudo dar con una persona responsable. El 90% restante de las quejas de los consumidores están relacionadas con otros problemas, particularmente el precio del carburante y el tiempo de espera para repostar, “puntos que se mitigarían con nuevas estaciones”, remata.

En cuanto al «mito» del daño sobre el empleo, indica que la mayor parte de las empresas que están instalando gasolineras automáticas son de nueva creación, muchas innovadoras y consideradas startups o mavericks (pioneros). Estas empresas están contribuyendo «creando empleo de calidad«. «La creación de nuevas estaciones de servicio, la tecnología para que operen y mantengan la seguridad, la televigilancia de las instalaciones en el caso de las automáticas, favorecen la creación de empleos de valor añadido», afirma la CNMC.

Sobre las dificultades a los discapacitados, la CNMC reconoce que «una parte de la población discapacitada puede tener dificultades para aprovisionarse en las estaciones automáticas en caso de que viajen en su vehículo solas», y afirma que esta dificultad preocupa especialmente al regulador. Sin embargo, indica que, en el caso de aquellos usuarios necesitados de apoyo para repostar, que no cuentan con acompañantes que puedan apoyarles, las normas prevén que las estaciones automáticas realicen los mayores esfuerzos para que el aprovisionamiento pueda realizarse. Entre estos esfuerzos figuran los accesos sencillos, la innovación en los sistemas de aprovisionamiento o pago, y el resto de medidas arquitectónicas y técnicas que facilitan el empleo de las nuevas tecnologías que capaciten a dichos usuarios.

La CNMC sanciona con 178.000 euros a Nortedison Electric, otra comercializadora que no presta las garantías exigidas por Red Eléctrica

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 178.000 euros a la empresa Nortedison Electric por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), entre septiembre de 2015 y enero de 2016, según indicó el regulador. La Ley del Sector Eléctrico, impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles.

Según el informe del expediente sancionador de la CNMC, la eléctrica tenía en septiembre de 2015 un déficit de 357.000 euros en las garantías que le son exigidas por el operador eléctrico, Red Eléctrica, y que se incrementó hasta los 4 millones de euros a 31 de enero de 2016. Por este motivo, REE denunció ante la CNMC el incumplimiento por parte de Nortedison Electric de la obligación de prestar las garantías exigidas en septiembre de 2015, lo que originó un déficit de garantías que duró hasta enero de 2016.

Una vez instruido el citado expediente, la CNMC ha declarado a la empresa Nortedison Electric como responsable de una infracción leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y le ha impuesto una multa de 178.000 euros. Esta resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998.

Esta sanción se suma al goteo en los últimos meses de multas impuestas por el organismo presidido por José María Marín Quemada a comercializadoras por infracciones de la Ley del Sector Eléctrico. A principios de este mes, la CNMC impuso una sanción de 12.000 euros a Iberoelectra 3000 y de 1.500 euros a Evergreen Eléctrica por infracción leve. Anteriormente, también había multado a la comercializadora Olten Llum con 150.000 euros y a la empresa Comercializadora Zero Electrum con 6.207 euros.

Además, en abril la CNMC sancionó a Distribuidora Elèctrica D’Albatàrrec con 8.000 euros, así como a Herederos De García Baz y Electra la Honorina con 3.000 euros, respectivamente, por no suministrar la información solicitada sobre la energía adquirida, suministrada y declarada entre julio de 2011 y julio de 2013. También multó a Aayum Companyia Catalana Subministradora D’Energia con 7.000 euros por no aportar al operador del sistema eléctrico las garantías exigidas. A principios de año, la CNMC también había sancionado a otras empresas como Zencer, con 25.000 euros, y Vertsel Energía, con 140.000 euros, por incumplir esta obligación de prestar una serie de garantías exigidas.

El consejo de reguladores del MIBEL analiza el impacto de su actividad en consumidores y pymes

Europa Press.- El consejo de reguladores del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) se ha reunido para analizar el desarrollo de su actividad y su impacto en consumidores y pymes, así como su contribución a la implementación del Mercado Único Europeo de la Energía. En el encuentro se ha revisado la situación de los consumidores minoristas de electricidad y de las pymes, los cambios estructurales en el mercado de la electricidad, así como sobre la competitividad y desafíos para el MIBEL y el Mercado Único Europeo.

«Uno de los principales retos es reforzar los mecanismos de participación de los consumidores en el mercado eléctrico, lo que debe ir acompañado de un esfuerzo para aumentar el conocimiento y entendimiento de este mercado por parte de los mismos», afirma el consejo. En esta línea, incide en la necesidad de avanzar en la armonización del marco regulatorio entre España y Portugal y con el resto de mercados europeos, para así seguir progresando en la construcción del mercado único. «Esta convergencia debe hacerse sobre la base de mecanismos de mercado que trasladen señales eficientes de precios tanto a consumidores como a participantes de mercado», agrega.

El consejo de reguladores del MIBEL tiene previsto publicar antes de final de año dos estudios, uno relativo a la integración en el mercado de la producción con energías renovables y otro centrado en el análisis comparativo de los precios mayoristas del MIBEL (contado y plazo) con otros mercados europeos. El MIBEL es el resultado de la cooperación entre España y Portugal y su puesta en funcionamiento tuvo lugar en julio de 2007, tras el consiguiente proceso de armonización de la legislación, así como de las reglas y condiciones de acceso de ambos sistemas eléctricos.