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Entrecanales (Acciona) augura una revisión “en profundidad” del marco regulatorio para las renovables

Servimedia.- El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, destacó la «posición privilegiada» de Acciona para aprovechar las oportunidades que se abren en todo el mundo tras lo acordado en la COP21, puesto que se estiman inversiones anuales en el sector renovable por valor de 500.000 millones de euros hasta 2040. Por ello, se mostró convencido de que las autoridades europeas y españolas van a tener que «revisar en profundidad» el marco regulatorio de las energías renovables para permitir la «estabilidad» y el «atractivo» para que vuelvan los inversores.

Entrecanales presentó ante sus accionistas «un balance positivo» del ejercicio 2015, año que calificó como «un punto de inflexión a partir del que la compañía vuelve a la normalidad una vez superadas algunas de las adversidades a las que hemos tenido que enfrentarnos en los últimos años». Entre ellas, se refirió a la «durísima» reforma regulatoria de las ayudas a las renovables o el entorno de crisis económica en España y el resto del mundo. Acciona, que ha decidido incrementar un 25% su dividendo, obtuvo un beneficio en 2015 de 207 millones de euros, un 12% más que en 2014.

Fitch ve limitado el riesgo de que se reviertan las reformas eléctrica y gasista en España

La agencia de medición de riesgos Fitch ve un «riesgo limitado» de que se reviertan a corto plazo las reformas eléctrica y gasista puestas en marcha en España en la última legislatura, aún teniendo en cuenta la posibilidad de que se forme un Gobierno de coalición que dependa de partidos “con propuestas más radicales para el sector energético”, aunque la agencia advierte de que el «riesgo político» es un factor clave para el sector.

Concretamente, Fitch advierte del riesgo de que «propuestas energéticas radicales» ganen peso en el Congreso de los Diputados, sobre todo «teniendo en cuenta la ausencia de un regulador independiente» en España, según apunta en un informe, ante las actualizaciones regulatorias que se llevarán a cabo principalmente en actividades eléctricas liberalizadas. Además de la estabilidad regulatoria para el sector eléctrico y gasista, la agencia ve una «potencial intervención» política en asuntos como el autoconsumo o los consumidores vulnerables, así como en cuestiones que están pendientes de regular, como el mercado mayorista, las subvenciones al carbón nacional, los pagos por capacidad, impuestos a la generación y el futuro de las centrales nucleares.

En este sentido, Fitch advierte de que Podemos apoya las propuestas “más radicales” para el sector energético, incluyendo un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, por encima de los objetivos de la Unión Europea, el cierre gradual de las plantas de carbón y las centrales nucleares, derogación del actual decreto de autoconsumo, mayor cobertura para los clientes vulnerables pero que los gastos que genere sean asumidos por las compañías eléctricas y la revisión retributiva a las plantas hidroeléctricas y nucleares. Desde Fitch apuntan que ven la mayoría de las propuestas de Podemos como “negativas” para los ingresos de las eléctricas.

A largo plazo, Fitch cree que España debe definir una política energética que incluya un plan para cumplir o superar los objetivos de la Unión Europea en generación renovable y un marco retributivo adecuado para atraer inversiones y dar garantías adecuadas para la seguridad del suministro. Eso sí, la agencia reconoce que habrá que vigilar que las medidas futuras no amenacen la solución dada al déficit de tarifa estructural en el sector. Finalmente Fitch recuerda que si todos los intentos para formar un nuevo Gobierno fallan, habría nuevas elecciones generales el próximo junio, lo que retrasaría las cuestiones regulatorias pendientes.

El Gobierno culmina la regulación de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para modificar determinados aspectos de los reales decretos que establecen las metodologías de cálculo de la retribución de las actividades de transporte y distribución.

Este régimen retributivo se culminará con la aprobación de sendas órdenes ministeriales, que establecerán las instalaciones tipo y los valores unitarios a considerar en el cálculo de la retribución.

Así, para la actividad de transporte de electricidad se establece, entre otras mejoras técnicas, que las interconexiones internacionales no computarán para determinar el volumen máximo anual permitido.

Asimismo se permite que terceros puedan realizar inversiones en instalaciones de transporte no planificadas sin que suponga un coste adicional para el sistema y se reduce el riesgo en la ejecución de instalaciones singulares.

En lo que respecta a la actividad de distribución eléctrica se flexibilizan y uniformizan los planes de inversión de las distribuidoras, especialmente aquellas de menor tamaño. Asimismo, para aligerar las cargas y el coste para las empresas, se sustituye la auditoría técnica por una declaración responsable cuando los costes de construcción superen un umbral determinado.

Para ambas actividades se suprimen las referencias a la revisión periódica anual de los valores unitarios en función del IPC para cumplir los preceptos de la Ley de Desindexación.

Industria mantendrá en 2016 los actuales peajes eléctricos tras recortar las partidas previstas para carbón y sobrecostes extrapeninsulares

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo mantendrá en 2016 la bajada del recibo de la luz del 2,2%, aplicada desde el pasado agosto y que estaba configurada para estar vigente hasta diciembre. Ahora Industria la extenderá a 2016 gracias un recorte en los sobrecostes de la actividad extrapeninsular y a otro adicional en los pagos por capacidad, así como al aumento de la demanda. Los planes de Industria aparecen recogidos en el borrador de la orden ministerial de peajes para 2016.

Por un lado, se mantendrá la rebaja en los pagos por capacidad aplicada en agosto, lo que sólo abarataría en un 1,1% el recibo al cabo de los 12 meses del año 2016. Para igualarlo al 2,2% aplicado desde agosto, habrá un recorte adicional en estos pagos por unos 200 millones de euros, que sumarán un 0,5% de reducción. Otro 0,5% de abaratamiento procederá de un recorte en los costes generales del sistema, especialmente en los sobrecostes extrapeninsulares, que pasarán de suponer 887 millones a 740 millones. La mejora adicional de la demanda eléctrica en un 1% permitirá elevar aún más la rebaja, hasta igualar e incluso superar el nivel de peajes obtenido en agosto con la bajada del 2,2%.

El borrador de orden ministerial mantiene por un lado en enero los peajes de acceso con los que se sufragan en la tarifa los costes regulados del sistema eléctrico, como las redes de transporte y distribución; pero también aplica un ajuste a la baja de los precios unitarios de los pagos por capacidad que realizan los consumidores, un concepto que se abona en la parte de energía del recibo. Este segundo aspecto es el que facilitará fundamentalmente la bajada de la luz. Si la orden de peajes de 2015 instaba a ingresar 1.420 millones para cubrir este coste, en julio la partida se redujo a 1.247 millones, lo que contribuyó a la bajada eléctrica del 2,2% entre agosto y diciembre.

En aquella revisión normativa de julio ya se rebajaron los precios unitarios de los pagos por capacidad para 2016, lo que, aplicado al conjunto el año, permitía reducir en cerca de un 1,1% en recibo de electricidad. Ahora, Industria ha aplicado un recorte aún mayor a los pagos por capacidad, que pasan a requerir ingresos de 730 millones de euros, lo que supone un 41% menos que lo contabilizado para 2015. En total, redujo la partida en 690 millones de euros, que si se trasladan al escenario tarifario de 2016 provocan una bajada del 2,4%.

6.682 millones al régimen especial

Los costes regulados ascenderán a 17.279 millones, de los que 1.690 millones corresponden al transporte, 4.931 millones a la distribución, 2.887 millones a las anualidades del déficit de tarifa y 6.682 millones a los incentivos a las renovables y a la cogeneración. En el lado de los ingresos, las principales partidas son los 13.500 millones procedentes de los peajes de acceso que pagan los consumidores y la aportación de fondos públicos: a razón de 2.704 millones de euros procedentes de los impuestos eléctricos de 2012 y hasta 450 millones de euros que proceden de las subastas de emisiones de CO2.

Industria prevé terminar el ejercicio con un superávit de 364 millones de euros y que los ingresos superen a los costes en 24,2 millones en 2016, un ejercicio en el que espera un aumento de la demanda eléctrica del 1% con respecto a 2015. Industria espera ingresar un total de 13.464 millones en concepto de peajes el próximo año, de ellos 10.111 millones en baja tensión -7.048 millones de los clientes en precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) y 3.063 millones de mercado libre- y el resto, de alta tensión.

La regulación eléctrica surgida de las reformas de esta legislatura no permite rebajar los peajes eléctricos mientras exista deuda pendiente y, según los cálculos de industria, todavía quedan más de 22.000 millones derivados del déficit de tarifa por pagar. Sin embargo, dado que los pagos por capacidad se incluyen en la parte de energía del recibo, a pesar de ser un coste regulado quedan exentos de esa limitación y sí pueden rebajarse. De hecho, Industria ya utilizó esta vía para bajar el recibo en verano, con una reducción de la parte regulada del 4%, lo que repercutió en un abaratamiento de la factura del 2,2%.

Fuentes del sector indicaron que esta bajada del recibo puede generar contestación en los tribunales ya que la regulación impide tocar los cargos del sistema mientras haya deuda pendiente, circunstancia que el Gobierno además pudo obviar al utilizar un real decreto ley, con rango de ley. Al extender ahora el recorte a través de una orden ministerial, Industria no utiliza el rango legal necesario, lo que podría originar recursos de las compañías eléctricas. A la hipotética reversión de la medida se suma la posible subida de luz asociada a la revisión de los costes de comercialización tras la sentencia del Tribunal Supremo, indican las fuentes.

Soria insiste: la luz bajará

Por otro lado, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, insistió en que el Gobierno aplicará una «nueva rebaja» en la factura de la luz a partir del 1 de enero, en la parte que depende del Ejecutivo. El ministro recordó que entre 2004 y 2012 se duplicó el precio medio que pagaba una familia por la factura de electricidad, de 30 a 60 euros, y que a partir de 2013 empezó la rebaja. «Ha bajado desde un nivel muy elevado y es muy poco perceptivo«, ha admitido, a la vez que ha destacado que ha cambiado la tendencia hacia la baja.

El Gobierno regula finalmente el autoconsumo

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto sobre autoconsumo, una de las últimas piezas del puzzle de la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno del PP a lo largo de la legislatura, manteniendo la contribución a los costes generales del sistema para los autoconsumidores que estén conectados.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que este real decreto que regula las condiciones para realizar el autoconsumo tiene por objetivo «impulsar la generación distribuida» y «darle un impulso a la utilización de las energías renovables».

El titular de Industria subrayó que el autoconsumidor no pagará el importe de la energía, ni los impuestos, ni los peajes, siempre que la instalación no este «enganchada a la red», pero sí que contribuirá como cualquier otro consumidor a los costes de partidas como el sistema eléctrico, el déficit eléctrico acumulado, los gastos extrapeninsulares, los incentivos a las renovables y los pagos por capacidad.

Asimismo, señaló que el Consejo de Estado había refrendado en su informe el contenido del real decreto y subrayado que era de acuerdo «al marco legal vigente».

En un comunicado, el Ministerio de Industria indica que, en el supuesto de que los consumidores no contribuyeran a estos costes del sistema, «estos deberían repartirse entonces entre el resto de consumidores que no autoconsumen, elevando así su factura», situación que sería «injusta, puesto que los costes generales del sistema nada tienen que ver con el hecho de que se esté autoconsumiendo o no», y «regresiva», ya que serían los consumidores «más vulnerables» los que tienen más dificultades en autoconsumir.

El reglamento reconoce dos exenciones a las que se les exime de estos costes; los pequeños consumidores de potencia contratada hasta 10 kW y las extrapeninsuales (Canarias y Baleares).

En este caso, Soria reconoció que la exención para los territorios extrapeninsulares es necesaria, ya que el coste de producir electricidad en ellos es «hasta cuatro veces superior» a la Península. «Son sistemas que son islas energéticas y el autoconsumo es un sistema de reducir el coste de generación en ellos», dijo.

DOS MODALIDADES

Según indicó Soria, el nuevo marco para el autoconsumo reconoce dos modalidades, una primera que supone tener una instalación sólo para autoconsumir, que no podrá ser de más de 100 kilovatios (kV) de potencia, mediante la que se podrá verter a la red el sobrante de electricidad pero no podrá ser vendido.

Mientras que la segunda modalidad, para instalaciones de más de 100 kilovatios de potencia, permitirá verter y vender el sobrante, pero para ello se deberá estar inscrito en el registro de productores de electricidad.

A este respecto, el titular de Industria subrayó que el precio al que se comprará la energía será «al precio horario del momento en que se está vertiendo esa energía».

Además, se crea un registro de las instalaciones de autoconsumo para que el operador del sistema y las compañías distribuidoras puedan conocer las instalaciones de generación que existen en sus redes y garantizar así la correcta operación del sistema eléctrico en condiciones de seguridad. El real decreto contempla un plazo de seis meses para que los consumidores, instaladores y demás agentes se adapten a la norma.

FUERTE OPOSICIÓN

La regulación del autoconsumo no ha estado exenta de polémica, con varias versiones del borrador por parte de Industria y una fuerte oposición por parte de sus defensores, que denominan el pago por los servicios de red, como ‘impuesto al sol’.

De hecho, el Ejecutivo tenía previsto que el decreto hubiera visto la luz antes del verano, aunque aparcó su decisión final a espera de mejorarlo basándose en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que defendía el cobro de peajes a los autoconsumidores, aunque pedía una «metodología clara» para los cobros que fuera coherente con la de los peajes de acceso.

A este respecto, el real decreto ha contado con la oposición de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que ha considerado que los cambios introducidos en los borradores de real decreto de autoconsumo por el Ejecutivo eran «cosméticos» y que las empresas de servicios y pymes eran «las más afectadas» con su actual redacción, ya que «carga sobre ellas el mayor peso».

Asimismo, las fuerzas políticas de la oposición mostraron también su rechazo al desarrollo del autoconsumo con barreras y se comprometieron a derogar el real decreto.

Cataluña rechaza la propuesta estatal de regulación del autoconsumo eléctrico

Europa Press.- La Generalitat remitió alegaciones al Ministerio de Industria para mostrar su «rechazo total» a la propuesta de real decreto de regulación del autoconsumo eléctrico, ya que considera que coarta el desarrollo de esta modalidad de generación y vulnera las competencias autonómicas. El gobierno autonómico considera en su informe de alegaciones que «no se entienden las enormes restricciones técnicas y económicas que se ponen al autoconsumo» como alternativa al mercado convencional.

Cataluña también critica la «visión negativa y muy intervencionista» del proyecto y lamenta que no se impulsan las aportaciones positivas que el autoconsumopuede hacer al sistema eléctrico, como la reducción de la dependencia energética, la reducción de pérdidas en la red, la reducción de saturaciones en la red de distribución o el allanamiento de la curva de carga, entre otros. La Generalitat describe la figura del peaje de apoyo como «una barrera insalvable para el desarrollo del autoconsumo en España», y lo considera discriminatorio.

Por contra, defiende que el autoconsumo, además de contribuir a la seguridad y garantía de suministro y la eficiencia económica del sistema, «puede contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en materia de energías renovables con un coste inferior al de otros mecanismos de fomento de las energías renovables«. Además, considera que «no tiene sentido» que un productor y un consumidor de energía eléctrica no se puedan conectar libremente de manera directa, lo que perjudica el desarrollo de las empresas de servicios energéticos, en contra de lo dispuesto en las directivas europeas.

También reprocha que el nuevo texto penalice aquellas instalaciones de hasta 100 kW de potencia que se han colocado hasta el momento, de acuerdo con el vacío normativo existente. Respecto a la vulneración de competencias, la Generalitat catalana considera que las comunidades autónomas deberían participar activamente en la regulación del autoconsumo. Añade que la existencia de un Registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica creado y gestionado de forma centralizada vulnera las competencias reconocidas para Cataluña, ya que el alcance de este tipo de instalaciones no supera su ámbito territorial.

Facua dice que el borrador de Industria «paraliza» el autoconsumo y «se pliega» ante las eléctricas

Europa Press / Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción considera que el borrador de real decreto del Ministerio de Industria para el desarrollo del autoconsumo «paraliza» esta actividad y «se pliega a los intereses de las grandes eléctricas«. De este modo, la asociación de consumidores muestra «su más firme rechazo» al proyecto de real decreto presentado por Industria para regular el autoconsumo de energía eléctrica puesto que también considera que «perjudica económicamente a los consumidores».

«Si entra en vigor, la nueva ley supondrá la paralización de un sistema de producción y consumo de electricidad más barato y más respetuoso con el medioambiente», señala. La propuesta, indica, «pretende mantener el statu quo de un sistema que ha provocado subidas de la factura de la luz para las familias del 72,3% en los últimos diez años«. Facua recuerda que España es uno de los países europeos con la factura eléctrica más cara y considera que, si sale adelante la norma, será «uno de los Estados con una regulación más restrictiva para el autoconsumo, a pesar de ser líder en horas de sol«.

La asociación lamenta además que el Ejecutivo no aproveche este decreto para «apostar por un nuevo modelo energético más sostenible», que permita una mayor eficiencia y ahorro de energía y que contemple un mayor impulso a las energías renovables. «Una legislación favorable al autoconsumo permitiría, además, que la producción de electricidad se orientase hacia un modelo de generación distribuida», de modo que la generación «no se concentra en pocas compañías como ocurre en la actualidad, sino que podrían aparecer centrales eléctricas a escala familiar o de pequeña y mediana empresa, algo que repercutiría en una mayor competencia y ampliación de la oferta para los usuarios«.

A juicio de Facua, la norma que quiere aprobar el Gobierno contradice la recomendación de implantar y fomentar en España la producción generada por los pequeños sistemas de autoconsumo realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo indica en un informe que este sistema es necesario para contrarrestar el incremento de precios de la energía eléctrica que se producirá en los próximos años, conforme aumente la demanda de energía. Facua considera también que el proyecto vulnera las directivas europeas de Eficiencia Energética y de Fomento de las Energías Renovables.

Además, entiende que la norma perjudica económicamente al autoconsumo por los «absolutamente desproporcionados» cargos por peaje de acceso a redes, al cobrar por el acceso a la red eléctrica sin que necesariamente se vaya a utilizar su energía todo el tiempo. De igual forma, la norma no recoge una compensación económica al consumidor por la energía excedente que vierta al sistema eléctrico, lo que, según Facua, puede dar lugar a conductas abusivas por parte de las comercializadoras de electricidad. «La asociación pide al Gobierno que elabore una regulación de mínimos que garantice el equilibrio entre las partes implicadas. Lo contrario supone dejar el control total a las propias distribuidoras», agregó.

Endesa aboga por «rediseñar» la tarifa eléctrica porque su coste «es caro»

Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, apostó por «rediseñar» la tarifa eléctrica en España porque actualmente «el coste medio de la electricidad para el hogar español es caro». Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, expresó su «esperanza» en que «todos los partidos contribuyan a la estabilidad del sistema político», una cuestión «clave» para que la recuperación económica «tenga éxito».

Bogas subrayó la necesidad de «redefinir y reducir la tarifa«, que se sitúa por encima de la media de la Unión Europea debido, según aseguró, a los cargos ajenos a la energía que incorpora. De hecho, Bogas indicó que la solución del déficit de tarifa, puesto que prevé que el sistema eléctrico cierre el ejercicio 2014 con un pequeño superávit, «reforzará la estabilidad regulatoria», lo que permitirá que la parte regulada del recibo «se mantenga plana o incluso se reduzca» en los próximos años. Asimismo, también pidió modificar el bono social «a unos criterios más sociales», así como avanzar en la liberalización del suministro eléctrico.

El plan estratégico 2015-2019 del grupo plantea el mantenimiento de la posición «de liderazgo» en electricidad y el crecimiento en gas, así como la expansión «a otros países vecinos, sobre todo a gas en Francia», según avanzó Bogas. Por otra parte, apuntó que el aumento de la demanda eléctrica que se está registrando, unido al esperado cierre de plantas, principalmente de carbón nacional (3,9 gigavatios) «reducirá la capacidad instalada hasta un punto en que se puede necesitar capacidad a finales de la década«. Además Bogas abogó por aumentar los pagos por capacidad para determinadas centrales y aumentar la vida útil de las centrales nucleares por encima de los 50 años.

Piden estabilidad en la política

Mientras, el presidente de Endesa, Borja Prado, mostró su «esperanza» en que «todos los partidos contribuyan a la estabilidad del sistema político», una cuestión «clave» para que la recuperación económica «tenga éxito«. En este sentido, Prado se mostró tranquilo a la espera de que se configure el nuevo «mapa» político municipal y regional tras las pasadas elecciones de mayo. El directivo descartó «cambios importantes en el marco regulatorio» a medio plazo, lo que proporcionará «visibilidad» de negocio. Con respecto a la situación económica en España, consideró que la mayoría de los indicadores «han mejorado drásticamente» y se mostró «optimista» respecto a las perspectivas de futuro.

El Gobierno aprobará esta semana la facturación de la luz por horas y deja el autoconsumo para el verano

Servimedia.- El Gobierno prevé aprobar en los próximos días el mecanismo para la puesta en marcha del nuevo mecanismo de facturación eléctrica horaria por el que los usuarios tendrán que disponer de un contador inteligente telegestionado. Respecto al autoconsumo energético, la normativa podría aprobarse antes de que finalice el mes de julio.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya tiene listos los procedimientos técnicos del nuevo sistema, por lo que es «muy probable» que a lo largo de esta semana se publique el mecanismo en el Boletín Oficial del Estado, según informaron fuentes ministeriales. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó recientemente que el retraso de la aprobación del mecanismo, previsto para el pasado mes de abril, obedece a «cuestiones técnicas de última hora».

El nuevo mecanismo de tarifa, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se encuentra en vigor desde abril del 2014 y establece que los consumidores paguen la electricidad en función del precio al que cotice en el mercado mayorista en los momentos de consumo eléctrico. Este importe varía cada hora. Por ello, los usuarios tendrán que disponer de contadores inteligentes telegestionados con los que conocerán el coste de la electricidad en cada instante y podrán gestionar su consumo eléctrico.

Esta semana verán la luz previsiblemente los procedimientos que requieren las compañías eléctricas para poder facturar a cada cliente su consumo al precio que cotiza la electricidad en cada momento en el mercado. El PVPC se determina en gran medida por la evolución de la electricidad en el llamado pool eléctrico junto con los impuestos y los peajes de acceso que establece el Gobierno para hacer frente a las actividades reguladas, como las tarifas de acceso a las redes de distribución y transporte de energía eléctrica o a las renovables.

Por otra parte, el Ministerio de Industria continúa al «ritmo normal» la elaboración del real decreto de autoconsumo, inicialmente previsto para el primer trimestre del año. Fuentes del departamento ministerial indicaron que «no se retrasa nada», por lo que la normativa podría aprobarse antes de que finalice el mes de julio, tal y como adelantó a principios de abril el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en una comparecencia en el Senado.

Soria explicó que desde el Gobierno son «partidarios» de que aquellos consumidores que deseen instalar en sus casas equipos de generación puedan hacerlo, si bien matizó que los usuarios que realicen este tipo de instalaciones y se enganchen a la red deberán abonar un peaje. En este sentido, consideró este peaje «de sentido común», ya que «no se trata de un impuesto al sol», sino de contribuir al coste de la red para evitar que el autoconsumo sea financiado por el resto de consumidores y no vean incrementadas sus tarifas.

El mecanismo de facturación horaria de la luz y el real decreto de autoconsumo serán de las últimas normas que aprobará el departamento del ministro José Manuel Soria antes de que finalice, previsiblemente el próximo mes de noviembre, la legislatura, en la que ha dado luz verde a reformas de gran calado en el sector como la de la Ley Eléctrica o el real decreto de energías renovables, entre otras.

El Gobierno prevé aprobar esta semana el mecanismo de facturación horaria de la luz

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo prevé que el mecanismo para la puesta en marcha de la facturación eléctrica esté aprobado para la «semana que viene como muy tarde», según indicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que se mostró muy tranquilo ante la denuncia anunciada que se presentará en su contra por el recorte renovable ya que considera que no tiene «ninguna base» y que sólo tiene por objetivo «hacer ruido».

Nadal señaló que la aprobación «está ya a punto», ya que se trata de «procedimientos técnicos y están ya». En este sentido, indicó que el retraso con respecto a la fecha inicialmente prevista del pasado abril se ha debido a «cuestiones técnicas de última hora». En concreto, este nuevo mecanismo requiere una coordinación especial entre la distribuidora, que es la que debe calcular el consumo realizado, y la comercializadora encargada de emitir la factura. Los usuarios con esta nueva factura han de disponer de un contador digital y telegestionado. Esta normativa desarrollará el decreto que creó el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), en el que la facturación horaria quedaba condicionada al pertinente desarrollo regulatorio.

El nuevo mecanismo establece que los consumidores paguen la electricidad en función del precio al que esta cotice en el mercado mayorista en ese momento, un importe que varía cada hora. Inicialmente y de forma transitoria mientras se aprobaban los procedimientos, se determinó que se aplicarían unos perfiles de consumo, es decir, una distribución media de las horas de demanda para asignar las tarifas, que todavía continúan vigentes. Sin embargo, la próxima semana se aprobarán los procedimientos necesarios para que las eléctricas facturen a cada cliente lo que realmente está consumiendo al precio que cotiza en ese momento. Así se abrirá un periodo transitorio de unos tres meses para que las eléctricas adapten sus sistemas.

Por otra parte, respecto al anuncio por parte de la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de presentar una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria por el recorte a las renovables, aseguró que estas acusaciones «no tienen ninguna base» y que sólo tienen por objetivo «hacer ruido». «La legislación sobre renovables la hace el Gobierno», señaló, con el asesoramiento del IDAE, mientras que los informes encargados a las consultoras tenían por fin «chequear algún punto«.

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideran que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el propio Nadal, considera que el Gobierno «legisló mal al atacar a ciertas tecnologías a sabiendas» y al encargar unos informes a dos consultoras independientes, de los que finalmente el de Roland Berger uno se entregó tras la aprobación de la normativa mientras que con Boston Consulting se rescindió el contrato.

Respecto a la eficiencia energética, el secretario de Estado de Energía destacó que «es una de las políticas más importantes» que puede hacer un país «enormemente dependiente» como España. A este respecto, Nadal señaló que España está aprendiendo «a mejorar en un uso más eficiente de la energía» y subrayó que el Gobierno «tiene que apoyar este proceso» con medidas tanto de carácter fiscal, como los impuestos medioambientales; así como programas como el PIVE, que está renovando a vehículos más eficientes el parque automovilístico español, y la puesta en marcha del plan de eficiencia energética.