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El Gobierno abre la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética hasta el próximo octubre

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Europa Press.- Los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) han abierto el proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que no contiene ningún texto, sino un formulario de aportaciones y preguntas generales que permanecerá abierto hasta el próximo 10 de octubre.

Según fuentes ministeriales, este procedimiento es «novedoso» porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador. El procedimiento abierto está guiado mediante unas preguntas que se detallan en un formulario, aunque también se pueden adjuntar archivos con ideas propias, y busca dar respuesta a «los problemas que se pretenden solucionar» con la nueva norma, «la necesidad y oportunidad de su aprobación», «los objetivos» de la misma y las «posibles alternativas» tanto regulatorias como no.

El formulario, que se debe descargar para adjuntar después, propone un total de 24 preguntas a las que cualquier persona podría responder, con o sin conocimientos previos, y está dividido en 6 bloques. El primero, con 8 preguntas, tiene un carácter general e incluye cuestiones como: «¿Considera adecuado y viable que la Ley regule conjuntamente el cambio climático y la transición energética para cumplir los objetivos que asumió España?». El segundo apartado, en relación a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y que contiene 4 preguntas, plantea a los ciudadanos si consideran que la Ley debe contener «objetivos cuantitativos», o en qué horizonte temporal creen que deben establecerse los objetivos de reducción de GEI.

Analizar también las consecuencias económicas

En cuanto al tercer epígrafe, que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y cuenta con otras 3 cuestiones, el Gobierno pregunta a los ciudadanos cuáles son los «elementos esenciales en materia de adaptación que deberían ser introducidos» en la futura Ley, al tiempo que pide una «enumeración»; otra de las preguntas del apartado es: «¿Cómo podría la Ley facilitar información, herramientas y capacitación para incorporar la adaptación a la toma de decisiones?».

El cuarto bloque de preguntas, con un conjunto de otras 3 interrogaciones, tiene que ver con el impacto social, económico y medioambiental, y en él se pregunta a los ciudadanos si consideran útil que se analicen «en particular» los efectos económicos y sociales relacionados con el impacto en los precios de la energía que supondría cada una de las alternativas para cumplir los objetivos fijados.

El siguiente apartado se refiere a las cuestiones de «carácter transversal»: «¿Debería la Ley contener mecanismos de revisión?» o «¿Qué papel ejemplarizante debe tener la Administración?», son 2 de las 5 preguntas que contiene esta sección. El último epígrafe tiene que ver con las alternativas. Para ello, el Gobierno tiene una sola pregunta: «Qué otro tipo de soluciones, regulatorias o no, cree que serían necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático y transición energética?».

Según los dos ministerios competentes, el objetivo es «elaborar un instrumento que marque el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos» en materia de cambio climático y energía y «aprovechar las posibilidades de desarrollo que puedan surgir del nuevo modelo económico, con el menor coste posible y generando crecimiento económico, empleo y bienestar a los ciudadanos». El Gobierno creó en abril un grupo interministerial para la elaboración de esta Ley. Además, ha anunciado la constitución de una comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética.

El PSOE pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y volver a extender a 25 años sus ayudas

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Europa Press.- El PSOE reclama facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. Los socialistas alegan que los recortes aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras una sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que tres plantas tuvieran que detener su actividad.

Asimismo, advierten de que a 16 de las 29 plantas de tratamientos de purines les quedarían 3 años de vida útil regulatoria, período en que las plantas devengan prima, «además de no disponer de un marco adecuado a la inversión y puesta en marcha tras más de 3 años paradas». Por esta razón, el PSOE registró una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Energía en la que piden facilitar la reapertura de estas plantas, pues defienden que éstas «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica», adoleciendo únicamente una regulación adecuada.

Asimismo, también instan a restablecer «en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de vida útil regulatoria», argumentando que la propia Ley del Sector Eléctrico señala que «en ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores«. Por último, los socialistas instan al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental en coordinación con las comunidades autónomas, los municipios y con los departamentos ministeriales implicados.

El Grupo de Crecimiento Verde pide al Congreso que consensué con urgencia “políticas estables” para luchar contra el cambio climático

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EFE / Europa Press.- El vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV), Gonzalo Sáenz de Miera, pidió en la Comisión de Cambio Climático del Congreso, en nombre de las cerca de 40 empresas españolas integradas en este foro, entre ellas algunas del Ibex-35, que consensué «con urgencia» políticas climáticas “ambiciosas, claras y estables» para que las empresas puedan empezar a cambiar sus políticas y estrategias y ponerlas «en la buena dirección» para luchar contra el cambio climático con el horizonte puesto en 2050.

Sáenz de Miera ha explicado a los diputados que la actual es una situación idónea para alcanzar «un consenso parlamentario necesario» en las políticas climáticas y de transición energética, incidiendo en que si España se retrasa en estas materias «será más costoso y habrá otros países que se aprovechen de las oportunidades que presenta». «Estamos ante una revolución a escala global que genera enormes oportunidades empresariales y España está en condiciones para aprovecharlas, pero ¿estamos posicionados para aprovechar esta revolución?», se preguntó Saénz de Miera.

Su propia respuesta ha sido que para coger el tren de la transición energética el país urge de «un marco de objetivos y políticas claras y estables ya», que debe ser consensuado en tanto que las empresas invierten a 30, 40 o 50 años, por lo que «para dar confianza a los inversores hacen falta certidumbres«. Sáenz de Miera advirtió a los diputados de que «cuanto más tarde actuemos, más complejo y costoso será cumplir con los objetivos adquiridos en el marco del Acuerdo de París», por lo que les pidió que no «pierdan 5 o 10 años sin cambiar las políticas» ya que «es necesario adelantar los cambios para generar ahorros a largo plazo».

El vicepresidente del GECV se mostró convencido de que la transición hacia una economía baja en carbono es «irreversible», y considera que el Congreso debe legislar en tres grandes ejes. Fundamentalmente una fiscalidad ambiental «basada en el principio de que quien contamina paga», en la que se aplique un precio al CO2 «que elimine las distorsiones actuales, sirva para dar señales a la inversión y al consumo, y permita obtener fondos para la transición energética». También ha destacado que deben establecerse políticas de limitación de emisiones en sectores muy contaminantes, como el transporte o la edificación, así como exigencias de información sobre los riesgos y oportunidades que supone el cambio climático, y sus implicaciones para las cuentas de las empresas.

«El principal reto es cambiar totalmente el modelo de transporte y pasarlo a un sistema limpio», señaló Sáenz de Miera que ve fundamental apostar por el coche eléctrico, algo que también redundará en la mejora de la calidad del aire que afecta a la salud. En este contexto, ha insistido en que es urgente, aunque supone «un reto importante«, y forma parte de los compromisos adquiridos al ratificar el Acuerdo de París, lograr un sistema «plenamente descarbonizado» que no genere CO2 en 2050. Así, reconoció que en 2050 los sistemas de producción deberán generar lo mismo pero sin CO2 y esto pasa, a su juicio, por un cambio en el modelo de consumo y hábitos de vida de la sociedad.

Saénz de Miera también apeló a que se fomente la comunicación y la concienciación social sobre la lucha contra el cambio climático en la sociedad, ya que «los ciudadanos no conocen ni está informados de la urgencia de estos temas; si queremos aplicar políticas que sean entendidas y aceptadas». Finalmente, aseguró que las empresas españolas son conscientes de que la solución al cambio climático pasa por un cambio de modelo energético que debe estar basado en la eficiencia, y en la sustitución de combustibles fósiles por energía libre de emisiones, fundamentalmente procedente de fuentes renovables.

Asimismo, expuso que los ciudadanos deben conocer, por ejemplo que apostar por la economía verde generará utilidades y que un cambio en el modelo energético redundará en la mejora de la calidad de vida, de la calidad del aire o en un sistema energético más barato. «Es necesario un cambio de la política climática», ha apostillado, al tiempo que recuerda que las empresas deben realizar acciones para descarbonizar sus empresas entre un 80-95% de las emisiones por tanto, por lo que sus inversiones no deben poner la vista en 2030 sino en 2050. Entre las empresas presentes en el GECV se encuentran Iberdrola (a la que pertenece Sáenz de Miera), Acciona, Endesa o Gas Natural.

La bombona de butano sube hoy un 5% y acumula un alza del 14,5% desde julio

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Europa Press.- El precio máximo de la bombona de butano una vez incluidos los impuestos subirá un 5% hoy martes, hasta 12,89 euros, debido al encarecimiento de las materias primas.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó ayer en el BOE la resolución en la que se establece la revisión bimestral de la bombona y en la que se fija un precio de venta antes de impuestos de 83,72 céntimos por kilogramo.

El precio del butano depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, los fletes y la variación del tipo de cambio.

Así, la materia prima se ha incrementado un 9,2% en los últimos dos meses, en línea con la tendencia al alza al del Brent, que ha subido más de un 18% en diciembre respecto a noviembre debido al anuncio del recorte de la producción de la OPEP de finales de noviembre. A esta circunstancia hay que añadir además que el euro se ha depreciado respecto al dólar un 4% en los dos últimos meses.

A pesar de este incremento, el precio medio de la bombona de butano en 2016 se ha reducido más de 2 euros respecto a 2015, lo que supone una caída del 15,8%, y se ha reducido más de 5 euros respecto al precio máximo alcanzado en 2013 y 2014, que fue de 17,5 euros, indicó el Ministerio de Energía y Agenda Digital.

Con el nuevo incremento, el butano acumula tres revisiones bimestrales al alza y cuesta un 14,5% más que el nivel fijado por el Gobierno en julio de 2016, de 11,25 euros. Ese mes, la bombona tocó suelo tras unas secuencia de caídas que la habían abaratado un 35% desde los niveles de 2015.

Pese a las nuevas subidas, el butano se encuentra aún muy por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015. No obstante, el incremento de hoy martes no será suficiente para cubrir los costes reconocidos del sector, de modo que se generará un déficit de tarifa adicional al que ya se había producido en noviembre.

Fuentes del sector indicaron que, si se trasladase toda la subida de las materias primas al consumidor final, el incremento debería ser mayor al 5% y habría de situarse en el 10,5%, hasta 13,57 euros.

Sin embargo, esta traslación no se realizará, en cumplimiento de lo establecido por la regulación, que fija una horquilla máxima de subidas o bajadas del 5% para el butano. La normativa también reconoce que los importes o las bajadas no repercutidos generarán un déficit o un superávit del sistema que ha de recuperarse en revisiones posteriores.

Las bajadas desde 2015 habían ocasionado un superávit adicional que ha ido absorbiéndose poco a poco y que ya ha desaparecido, de modo que el sistema ha entrado en situación de déficit. Las previsiones de evolución de precios de las materias primas hacen prever que esta tendencia se exacerbará durante el año.

Entre el precio de este martes, de 12,89 euros, y la subida que habría de haberse aplicado para evitar déficit, hasta los 13,57 euros, hay una diferencia de 68 céntimos. Si este desajuste se mantuviese durante el año, y la previsión es que irá en aumento, el déficit del sector sería de 50 millones de euros en 2017, ya que las ventas anuales rondan los 70 millones de bombonas.

Subidas y bajadas anteriores

La subida de este martes se produce tras la del 4,7% en la revisión de octubre y la del 4% en la de septiembre. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y en marzo. En enero, el precio máximo aumentó un 3%.

El incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el segundo que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio.

El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.

Un informe europeo critica excesivas subvenciones a centrales de gas y carbón en España

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EFE.- El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) ha criticado las «excesivas» y «costosas» subvenciones que existen en España para las centrales de gas y carbón a través de los denominados pagos por capacidad y que, según el centro, cuestan 1.000 millones de euros al año.

En un informe explica que estos mecanismos -con los que se retribuye a ciertas plantas térmicas por su función de respaldo del sistema cuando las renovables no están disponibles- están en vigor en España desde 1997.

Y frente a ellos, «subvenciones excesivas y demasiado costosas», sugieren una serie de alternativas.

Entre ellas, apunta que podrían fijarse, en lugar de con una decisión del Gobierno, con un mecanismo de subastas donde entren más factores como la capacidad vía interconexiones o las baterías de almacenamiento.

También señalan la necesidad de un organismo regulador con más autonomía, en referencia a las competencias de la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC), y un mercado eléctrico más transparente que dé mejores señales de precio.

Estos cambios, según el informe, contribuirían a mejorar la competitividad económica del país y avanzar hacía un modelo energético más moderno.

Junto a estos pagos por capacidad, el Gobierno ha aprobado recientemente una serie de ayudas al sector de la minería, entre ellas una partida de 25,3 millones de euros para el carbón nacional para generación eléctrica.

España, en el marco de los objetivos europeos, se ha comprometido a elevar el peso de las renovables en el consumo final de energía hasta el 20 % en 2020 y el 27 % en 2030. Actualmente, es del 17,3 %.

El sector eólico pide al Gobierno que revise la retribución de las renovables utilizando unos parámetros realistas

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EFE.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha pedido al Gobierno que cambie algunos aspectos de la regulación de las energías renovables y que fije una senda prevista de precios de mercado -en los que se basa la retribución- «justa y coherente con la realidad» y que proporcione la rentabilidad necesaria.

El próximo 31 de diciembre concluye el primer periodo regulatorio de tres años fijado en la Reforma Energética, lo que obliga, según la propia norma, a revisar algunos de sus parámetros -entre ellos la senda prevista de precios de mercado- antes de fin de año.

Según la AEE, si las previsiones de los precios de mercado que fije el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se alejan de la realidad y se mantienen en línea con los establecidos en el periodo que ahora termina, la remuneración anual del sector podría ser un 56% inferior a la que le correspondería para llegar a la «rentabilidad razonable» que promete la ley.

La AEE señala, en un comunicado, que este desvío se sumaría a los 630 millones de euros que, según el sector, las empresas han dejado de ingresar por «la diferencia entre las previsiones de precios y la realidad».

El sector eólico calcula que en los tres últimos años las empresas han cobrado una media de 6,37 euros por megavatio hora menos por la desviación a la baja de la senda de precios prevista en la ley.

Por ello, la AEE reclama que «los pronósticos se ajusten a la realidad y no sean una decisión política».

Según los cálculos de la asociación, si se toma como referencia un precio de 52 euros por megavatio hora a partir de 2020, en vez de los 41 euros que, en su opinión, serían razonables teniendo en cuenta los contratos de futuro, el sector dejaría de ingresar otros 600 millones en los próximos tres años.

La AEE pide al Ministerio de Energía que introduzca «las modificaciones necesarias en la regulación para que las empresas lleguen a la rentabilidad razonable» y suprima «elementos que generan incertidumbre y falta de confianza de los inversores».

Iberdrola destaca la política energética de Brasil y México mientras que en diciembre se verá las caras con Bankia

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EFE.- El juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid ha citado para diciembre a Bankia e Iberdrola en el marco de la demanda interpuesta por la compañía eléctrica por las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad, según indicaron fuentes jurídicas. Mientras tanto, en el marco del XI Encuentro Empresarial Iberoamericano, la compañía eléctrica destacó que México y Brasil son los dos países latinoamericanos que mejor han aprendido de «los errores» de Europa.

Así lo destacó el director del Negocio de Redes del Grupo Iberdrola y presidente de Elektro Electricidade e Servicios, Armando Martínez, que señaló que estos países han desarrollado un sector energético con mejores precios, sostenible y conmodelos a 15 o 20 años de plazo. En este sentido, Martínez insistió en la necesidad de un marco legal regulatorio «estable» en cuanto a materia energética, pues es un sector que requiere de grandes inversiones y una planificación «muy detallada y muy a largo plazo» para que sea constante, algo que sí están haciendo países como México o Brasil. «Están probando que esos modelos a largo plazo, y no cambiar los marcos regulativos, es muy importante», insistió.

Como ejemplo de una visión estratégica, en el que deben convivir todas las energías, está la subasta de energía solar «única» realizada por México, sin subvenciones, que es resultado de una política que lleva desarrollando desde hace años el país. Con una mirada hacia el futuro y poniendo el foco en las energías renovables, Martínez destacó que la entidad española lleva más de 15 años trabajando en este ámbito, pero aseguró que esta energía «no es suficiente»: «Hay que mirar el sector como un todo». Concretamente en América Latina, una región con grandes recursos, hay una oportunidad renovable “muy importante”.

Litigio entre Iberdrola y Bankia

La citación para diciembre en el juzgado de primera instancia se produce tras la admisión a trámite de la demanda presentada por Iberdrola ante la justicia madrileña el pasado mayo, en la que la energética reclamaba 12,4 millones de euros como resarcimiento por las pérdidas sufridas durante la operación de 2011 en la que la compañía decidió acudir a la oferta pública de suscripción de Bankia mediante la suscripción de títulos por valor de casi 70 millones de euros, de los que se desprendió posteriormente.

En aquel momento, la eléctrica señaló que, al igual que el resto de inversores, decidió acudir al debut bursátil tras analizar la única documentación dispuesta por Bankia a tal efecto: el folleto informativo registrado en la CNMV. Sin embargo, la posterior reformulación de las cuentas de Bankia en mayo de 2012 reflejó una situación de la entidad bien distinta a la que contenía dicho folleto y que sacó a la luz un agujero patrimonial de casi 3.000 millones de euros. Por todo ello, la multinacional española alegó que la información de la OPS ofrecía una «representación errónea de la situación económica y financiera» de Bankia.

Con su demanda, interpuesta después de que el Tribunal Supremo ratificase la existencia de inexactitudes en el folleto, Iberdrola abrió la senda a los grandes inversores, como Melià y el Grupo Villar Mir, que ya ha reclamado el abono de las pérdidas por los casi 20 millones invertidos a través de las compañías OHL, Ferroatlántica y Fertiberia. El grupo asturiano Duro Felguera, que invirtió cerca de un millón de euros, ha sido la última de las empresas cotizadas en llevar ante los tribunales a Bankia, entidad a la que exige compensación por daños y perjuicios.

Estado puede intervenir en el precio de gas por el interés general según el Tribunal de Justicia europeo

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EFE.- Los países de la Unión Europea (UE) pueden intervenir en la fijación del precio de suministro del gas natural por motivos de interés económico general, para garantizar la seguridad del suministro y la cohesión territorial, según dictaminó hoy el Tribunal de Justicia de la UE.

Los jueces europeos precisaron, no obstante, que una regulación permanente de las tarifas a escala nacional impuesta únicamente a determinadas empresas del sector del gas natural podría resultar discriminatoria «e ir más allá de lo necesario», según un comunicado de la corte.

La sentencia responde a una cuestión planteada por el Consejo de Estado francés, que preguntó al tribunal europeo si la regulación de las tarifas del gas natural en Francia obstaculiza la competencia en el mercado nacional, y de ser así, si está justificada.

El tribunal reconoce que, en aras del interés económico general, los Estados miembros pueden imponer a las empresas que operan en el sector del gas obligaciones de servicio público sobre el precio de suministro del gas natural, con el fin de asegurar el abastecimiento y la cohesión territorial.

Por otra parte, precisa que corresponderá al Consejo de Estado francés determinar si esa medida «es necesaria para conseguir los objetivos de interés general invocados por las autoridades francesas».

El tribunal dice que «duda» de que el objetivo de cohesión territorial se pueda perseguir imponiendo tarifas reguladas en todo el territorio nacional, sobre todo, si es posible aplicar tarifas a determinadas categorías de clientes que se encuentren en zonas apartadas, fijadas por criterios geográficos objetivos.

También cree que el hecho de que la regulación de tarifas tenga carácter permanente podría no ser «proporcionado».

Los jueces dicen que el Consejo de Estado francés deberá también comprobar si el método de intervención en los precios «no va más allá de lo necesario» para alcanzar los objetivos económicos de interés general y si no se pueden aplicar medidas menos restrictivas.

Por último, el TJUE recuerda que una sentencia de 2010 determinó que las obligaciones de servicio público deben imponerse con carácter general a las compañías de gas natural y no solo a algunas empresas concretas y que la designación de las firmas encargadas de esas obligaciones «no puede excluir a priori» a ninguna de las sociedades que operan en el sector de la distribución del gas.

En ese contexto, indica que el Consejo de Estado francés deberá también verificar si la regulación de las tarifas no es discriminatoria.

Competencia defiende las gasolineras desatendidas, ya que aumentan la competetividad en el mercado

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha defendido las estaciones de servicio desatendidas, conocidas también como ‘fantasmas’ por la ausencia de personal en la instalación o ‘low cost’ por sus bajos precios, al considerar que su implantación «aumenta la competencia efectiva en el mercado y presiona a la baja los precios de los carburantes, aumentando con ello el bienestar de los consumidores finales».

En un informe sobre la regulación del mercado de distribución de carburantes de automoción a través de este tipo de estaciones de servicio, el ‘superregulador’ rompe así una lanza a favor de estas gasolineras, que han sido prohibidas o prevén que sean reguladas en comunidades autónomas como Madrid, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana.

En su informe, el organismo presidido por José María Marín Quemada considera que existen barreras de entrada y ejercicio a la apertura de este formato de gasolineras; entre las que figura, «en particular, la obligación de contar con la presencia física de una persona».

Así, señala que, en ocasiones, se pretende vincular esta discriminación entre formatos con el mantenimiento del empleo, la seguridad de la instalación o la protección de los consumidores, cuando, por el contrario, la imposición de contar físicamente con una persona destaca «como especialmente injustificada y no se corresponden con la evidencia disponible en la Unión Europea y en España».

De esta manera, la CNMC recuerda que en Europa las estaciones de servicio desatendidas han representado durante años «un formato habitual» en numerosos mercados de la Unión Europea y que la competencia no ha originado «mayores riesgos para la seguridad del usuario y sí ha reportado beneficios para los consumidores en términos de mayor variedad, innovación y, especialmente, menores precios».

Además, destaca que en España las cooperativas agrarias han operado durante décadas numerosos puntos de suministro de carburantes sin incidentes destacables y sin la carga que representaría contar obligatoriamente con una persona física en el terreno.

Por ello, la CNMC propone adoptar una serie de medidas regulatorias que mejoren la competencia en el sector en beneficio de los consumidores y recomienda eliminar toda disposición normativa, en proceso o en vigor, que prohíba o discrimine, de forma directa o indirecta, las gasolineras desatendidas, que son «competidores efectivos, aunque incipientes, que reúnen características propias de un ‘maverick'».

Cooperativas agrarias

El organismo también ve necesario evitar la restricción cuantitativa que limita la capacidad de las cooperativas agrarias para servir carburantes a consumidores no socios, ya que limita innecesariamente su capacidad de competir voluntariamente en el servicio de distribución minorista de carburantes de automoción.

A este respecto, pide asegurar que la normativa de prestación del servicio aplicable a las cooperativas, sin restricciones, se aplique de forma no discriminatoria y a todo tipo de gasolineras desatendidas o automáticas.

No impedir la aparición de nuevos formatos de gasolineras

Además, la CNMC considera necesario evitar cualquier disposición, presente o futura, que restrinja el desarrollo del mercado minorista de suministro de carburantes de automoción a través de estaciones de servicio o limite la competencia efectiva en este mercado. En particular, cree necesario evitar toda disposición que dificulte la aparición de nuevos formatos de estaciones de servicio.

Para el regulador, hay que potenciar un marco normativo que fomente la aparición de nuevos competidores efectivos en el mercado e incremente el bienestar de los consumidores finales, lo que contribuirá «al objetivo de la Ley 11/2013, de 26 de julio de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación del empleo, cuyas disposiciones incluían cambios en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, orientados al impulso de la competencia en el mercado de carburantes de automoción».

Enérgya-VM (Grupo Villar Mir) podrá prestar servicios de ajuste al sector eléctrico

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EFE.- Enérgya-VM, filial de energía del Grupo Villar Mir y comercializador independiente de electricidad, ha conseguido la autorización de Red Eléctrica de España (REE) para prestar servicios de ajuste al sector eléctrico, lo que abre la puerta a los pequeños generadores independientes.

Hasta ahora, dicho servicio sólo lo podían prestar directamente los grandes generadores eléctricos con sus propias centrales de generación, según señala la compañía en un comunicado.

A partir de este momento, cualquier pequeño generador que cumpla los requerimientos técnicos de REE podrá integrarse en la zona de regulación de Enérgya-VM.

La zona de regulación es el mecanismo que permite a REE equilibrar en todo momento la generación y la demanda de electricidad a través de lo que se conoce como regulación secundaria, que es un servicio de ajuste.

Enérgya-VM quiere participar en el servicio de regulación secundaria tanto de las centrales renovables como de cogeneración, en un mercado que supuso en 2015 un volumen de 215 millones.

La filial de Grupo Villar Mir tiene presencia en el mercado español desde 2002.