Pocos países occidentales mantienen una tensión informativa alrededor de los precios eléctricos como en España. De hecho, el cruce de informaciones es tal que se roza el amarillismo, de forma que información que es de alcance público se convierte de facto en una especie de posición u opinión a la hora de ser publicada.

La causa proviene de la combinación de cuatro factores: primero, la tradición intervencionista española en el precio de la electricidad, que no de la energía; segundo, la ausencia de un modelo de liberalización eléctrica que permita la realización de ofertas reales a las empresas frente a una compleja tarifa regulada de precios por horas; tercero, que sea el sector eléctrico el que asuma los costes de adecuación ambiental a las normativas internacionales, un logro del resto de sectores; finalmente, el modelo de comunicación política española, procedente del falangismo ideológico, de supuesta protección al consumidor como sujeto político que vota y del que se contagian todos los agentes, cuestión que curiosamente no se extiende a otros servicios y bienes de consumo.

Cuatro factores, más un quinto, que es que todos participan (o participamos) de esta ceremonia. Fruto de ello, el Gobierno en sus tribulaciones busca las fórmulas comparativas cada período publicado para tratar de convencer a la opinión pública de que la electricidad «siempre baja» con respecto a algo, con respecto al mes anterior, con respecto a principios de año,  en el interanual respecto al mismo período, en el interanual acumulado…

Del mismo modo, las asociaciones de consumidores, especialmente las  que están asesoradas por el colectivo retroprogresivo, intentan mostrar que siempre sube en uno de sus parámetros o con respecto a algo. Da igual que, en la cesta global del IPC, la energía venga cayendo en su participación en los presupuestos familiares de los consumidores españoles. De igual modo, se abstrae que la parte fija (los costes de acceso y sus componentes) sea tan elevada que haya pasado a ser casi una tarifa plana y desincentiven la eficiencia o los subsidios cruzados con los distintos consumidores.

A su vez, las entidades más beligerantes de las tecnologías renovables intentan mostrar que las oscilaciones del mercado eléctrico (con independencia de su variación porcentual, su estacionalidad o estacionaridad o que coincidan con la evolución de los precios internacionales de la energía) son las causantes de las subidas, sean coyunturales o momentáneas. Tampoco hay rastro de análisis sobre los costes regulados, su volumen e impacto.

Los propios medios de comunicación incurrimos en el ejercicio de ser arrastrados por esta tensión informativa, y esa pretensión protectora, frente a una información de precios como ocurre en los mercados del petróleo o del gas, dónde se analizan realmente los factores que inciden en la coyuntura. De esa forma se alinean con los modelos de comunicación política subyacente en cada momento, de cada agente y sus intereses, y en ese plan. El resultado es una comunicación política falaz y llena de trampas en la que los malabares estadísticos asientan la teoría de que las estadísticas son utilizadas como las farolas para los borrachos, para apoyarse pero no para iluminarse.

A todas las maniobras políticas se une el cruce de datos entre Ministerio, Instituto Nacional de Estadística y las organizaciones de consumidores, contribuyendo algunos medios de comunicación con cifras obtenidas de forma errónea de la calculadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues excluyen el primer día de cada mes. Una herramienta, la de la CNMC, que además utiliza el perfil de consumo medio elaborado por Red Eléctrica, que es puesto abiertamente en cuestión por algunas asociaciones de consumidores respecto a que responda al consumidor moda.

Por eso, y para no dejar en manos de la turba el aquelarre, a partir de este momento, la información mensual de la evolución de precios eléctricos se realizará en Energía Diario comparativamente con el mismo mes del año pasado y con información sobre el acumulado de todo el año, explicando la participación de la parte fija y variable en la factura final. Todo ello con evidente economía de medios, adjetivos y calificaciones, haya procesos electorales o no. Solo nos queda que cunda el ejemplo.