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La Fiscalía abre una investigación para averiguar el aumento del precio de la luz mientras desde Endesa lo ven conveniente

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Europa Press.– Endesa ve bien que la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo haya abierto diligencias de investigación para conocer por qué el precio de la electricidad es tan elevado si esta iniciativa contribuye a rebajar la alarma social y explicar a la sociedad cómo se articula el recibo, según fuentes de la empresa consultadas. La Fiscalía ha abierto una investigación para averiguar las razones que están originando los sucesivos aumentos de precio que se está registrando en el mercado eléctrico.

Estas diligencias se realizan, amparándose en el artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en defensa de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, con el fin de determinar la realidad y naturaleza de estos hechos, según indicó el Ministerio Público. Desde la reforma del 2014, la Ley habilita a los fiscales para iniciar las llamadas acciones de cesación con el fin de defender los llamados intereses difusos de consumidores y usuarios, que sin la actuación de la Fiscalía quedarían indefensos.

Esta misma semana el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció que el recibo de la luz se encarecerá de media unos 100 euros este año si se mantienen las condiciones actuales del mercado, lo que supone un nuevo máximo desde diciembre de 2013, en plena ola de frío. Este nuevo repunte de precios consolida las fuertes subidas en el mercado en este arranque del año, afectado por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre ellas la actual ola de frío, que han llevado a registrar las temperaturas más bajas del año.

Así, para encontrar un precio tan alto como el de este jueves habría que remontarse al 18 de diciembre de 2013, cuando se alcanzaron los 91,89 euros por MWh. Tras la escalada de precios durante aquel mes, el Gobierno decidió suspender el anterior sistema de subasta Cesur y sustituirlo por el actual, en el que la tarifa dejaba de consistir en un precio trimestral y quedaba referenciada al precio de cada hora en el mercado.

Para hacer frente a esta subida del precio de la electricidad, el Gobierno ha tomado medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que esta se traslade y abarate la electricidad. Nadal indicó que el objetivo de estas medidas, aprobadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, son aumentar la oferta para actuar en el mercado gasista, donde «está habiendo mayor subida de precios«. En concreto, el Ministerio ha dado el visto bueno a una resolución para su aprobación de «forma inmediata» para que exista «por primera vez» la figura de un «creador del mercado» en el sector gas, con el fin de que pueda comenzar a operar.

Nadal comparecerá el próximo jueves en el Congreso para informar sobre el incremento de los precios de la energía en los últimos meses y de los niveles máximos registrados en los últimos días en plena ola de frío. Nadal acudirá a petición propia y del PNV y PDECat a las 16.30 horas del jueves a la Comisión de Energía de la Cámara Baja para detallar el comportamiento de los precios de la luz y las medidas anunciadas en el mercado del gas. Por su parte, desde la oposición, todos los grupos parlamentarios han pedido una auditoría de los cotes energéticos como paso previo a una revisión o reforma del sistema tarifario de la luz actual.

Para reducir la alarma social

Las fuentes de Endesa consultadas señalan que la empresa está dispuesta a colaborar con la Fiscalía y desea que la sociedad conozca que el precio de la electricidad en el mercado mayorista tiene un peso del 35% sobre el recibo de luz, mientras que el 65% restante corresponde a costes regulados e impuestos ajenos a la gestión de las compañías, incluido el IVA del 21%. Desde Endesa indican que el eléctrico es el sector más auditado y lamentan la «alarma social» que están generando las subidas en el mercado mayorista, en las que inciden aspectos como las subidas de las cotizaciones internacionales de la energía.

El mercado libre protege a más de la mitad de los consumidores de las actuales subidas de la luz

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Europa Press.- El 53,5% de los consumidores domésticos de electricidad, un total de 13,82 millones, contrata su suministro eléctrico en el mercado libre, lo que les garantiza en la mayor parte de los casos un precio fijo en su factura y les protege de las actuales subidas de la luz, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La actual escalada de precios en la electricidad tiene así especial incidencia sobre un total de 12 millones de consumidores, el 46,5% del total, aquellos que están suministrados en la tarifa regulada PVPC. Con carácter general, en un informe del pasado mes de noviembre, la CNMC señalaba que el PVPC era la opción más barata frente a las disponibles en el mercado libre. Sin embargo, en momentos coyunturales como el actual, con repuntes en el precio de la electricidad en una situación en la que el mercado mayorista se ha visto afectado en este invierno por el efecto acumulativo de varias circunstancias, la situación cambia.

Mercado libre: negociación con comercializadora

El mercado libre permite así no estar expuesto a estos vaivenes diarios y horarios del mercado mayorista eléctrico, el conocido como pool, teniendo garantizado el precio de la energía durante el periodo de tiempo que se haya contratado con el comercializador. En torno a la mitad del recibo de la luz obedece a la evolución del precio mayorista de la electricidad aplicada al consumo, mientras que la otra mitad corresponde a los peajes, congelados en 2017, y a los impuestos.  El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Así, actualmente un total de 115 ofertas de comercializadoras eléctricas en el mercado libre mejoran el PVPC, según cálculos efectuados con el comparador de la CNMC. De ellas, 54 son con discriminación horaria y 61 sin ella. Para un consumidor medio en el PVPC, el recibo en estos primeros 20 días del mes de enero supera los 51 euros, lo que representa un incremento de casi el 30% con respecto al 2016. Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

Endesa reivindica el mercado libre

Fuentes de Endesa abogaron por rebajar el nivel de alarma social que se ha creado sobre la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que deriva de una situación coyuntural que muy previsiblemente cambie en los próximos meses, cuando las energías eólica e hidráulica operen a mayor escala y cuando las nucleares francesas vuelvan a funcionar a pleno rendimiento. Así, lejos de restar importancia al encarecimiento del precio de la energía de las últimas semanas, la compañía que preside Borja Prado cree que hay que situar el debate en sus justos términos.

En este sentido, recuerda que la subida de los precios de la luz afecta a menos de la mitad de los clientes domésticos españoles, que son los que siguen acogidos al PVPC. Además, los consumidores domésticos sólo se verían afectados en una parte de la factura, dado que la mayor parte viene marcada por los peajes, que recogen los costes regulados. Por ello, desde Endesa consideran que el mercado libre es una garantía frente a los riesgos de circunstancias coyunturales como la actual. «A la larga, el mercado libre siempre es más barato», han incidido.

La mitad de Gas Natural

Aproximadamente el 50% de los clientes eléctricos de Gas Natural Fenosa, de un total de 4,5 millones, no verá incrementado el precio de la electricidad, más allá de lo que pueda ser derivado de un aumento del consumo debido a las bajas temperaturas invernales, a pesar de la actual coyuntura de precios altos del mercado mayorista, al contar con tarifas específicas contratadas con sus comercializadoras en el mercado liberalizado, recordó la compañía. Del resto de los clientes de la energética, que están suministrados por una comercializadora de referencia, cerca de 450.000 están acogidos al bono social y otros 2.000 tampoco sufrirán incremento de la luz porque cuentan con precio fijo.

Gas Natural Fenosa señala que los precios altos en el mercado mayorista se están produciendo por un conjunto de factores externos vinculados a las condiciones climatológicas actuales, que están provocando que en la formación del precio «esté incidiendo el que la demanda ha aumentado en un momento en el que no hay viento ni tampoco agua para generar«. Así, el sistema está recurriendo al backup que aportan los ciclos combinados (generación con gas) y las centrales de carbón, «sistemas de generación condicionados al precio de las materias primas de los mercados internacionales, pero gracias a las cuales no hay ningún tipo de problema de suministro energético en el país», añade.

Aldro Energía mantiene la tarifa

Por su parte, José F. González Payno, director general de la comercializadora Aldro Energía, indica con ironía que llega a envidiar “la capacidad visionaria de personas que, en enero, son capaces de prever el precio de la electricidad en 2017 teniendo en cuenta las olas de frio y de calor que están por llegar, el precio de gas y del petróleo, las centrales que van a funcionar, no solo en España sino en nuestros países vecinos ¡También serán capaces de saber lo que va a llover!”. En este sentido, recuerda que en Aldro Energía asumen “las turbulencias que tiene el mercado para que no afecte a los clientes que han optado por tarifas a precio fijo” en el mercado libre.

La refacturación por el margen de comercialización costará casi 8 euros a cada consumidor acogido a la tarifa regulada PVPC

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Europa Press.- Los consumidores destinarán a la financiación del Fondo de Eficiencia Energética un 1 euro al año. En concreto, la contribución al fondo será de 0,000285 euros por kWh. Asimismo, la refacturación por el margen de comercialización reconocido a las empresas encargadas de realizar el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) de la electricidad correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 costará casi 8 euros a cada hogar.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó una nueva metodología para el cálculo de este margen de comercialización con el objeto de cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo en la que se obligaba al Ejecutivo a reconocer una retribución suficiente a las comercializadoras de PVPC. Según la orden ministerial que desarrolla esta metodología, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se reconoce una retribución por esta actividad de 3,113 euros por kilovatio (kW) anuales por el término fijo para el periodo 2014-2016, además de otra variable que asciende a 0,001647 euros por kilovatio hora (kWh) en 2014, a 0,00197 euros por kWh en 2015 y a 0,001589 euros por kWh para 2016.

Anteriormente, las eléctricas repercutían 4 euros por kW al año a los clientes con el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en concepto de margen de comercialización. Según las sentencias del Tribunal Supremo, era necesario regularizar la facturación realizada desde abril de 2014 conforme a los nuevos precios que resultan de esta metodología. Así, para un consumidor medio con una potencia de 4,4 kW y una demanda anual de 3.900 kWh, propia de una familia con dos hijos, está refacturación supone una diferencia de casi 8 euros para los periodos correspondientes a los tres ejercicios.

Cuando se procedió a su aprobación, el Gobierno indicó que la nueva metodología para el coste de comercialización para los próximos ejercicios incrementaría la factura media doméstica de forma «muy moderada». Así, señaló que, de mantenerse las condiciones vigentes durante el 2016, el impacto para una factura media sería de 25 céntimos de euro al año, es decir, unos 2 céntimos al mes. Esta refacturación afecta a los consumidores que hayan estado acogidos al PVPC en algún momento entre 2014 y la actualidad, por lo que no incidirá sobre los que hubieran tenido contratado el suministro enel mercado libre.

La factura de la luz se abarató un 10,59% en 2016, lo que supuso un ahorro de 89,34 euros

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 754,56 euros en su factura de la luz de todo el año 2016, por lo que esta factura se redujo en un 10,59% respecto a los 843,9 euros de 2015, lo que supuso un ahorro total en el recibo eléctrico de 89,34 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 754,56 euros abonados en los 366 días del 2016, 184,99 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable respecto a 2015. Del resto de la factura de 2016, 408,28 euros obedecen al consumo, 30,33 euros al impuesto eléctrico y 130,96 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras a la baja respecto a los 478,53 euros de consumo de 2015, 33,92 euros de impuesto eléctrico y 146,46 de IVA para sumar los 843,9 euros de la factura del año pasado.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia de un matrimonio con dos hijos. Del mismo modo, la factura media en el mes de diciembre de 2016 fue de 74,77 euros, un 3,98% más que los 71,91 euros registrados en diciembre del 2015. Esta subida ha provocado el anuncio de la CNMC de estudiar las razones de la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool). 

El Gobierno deberá permitir a las eléctricas que repercutan al cliente el bono social, según expertos

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Europa Press.- El Gobierno se verá obligado a permitir que las comercializadoras de las compañías eléctricas encargadas de suministrar el precio regulado de la luz puedan repercutir el bono social al consumidor final si quiere que el nuevo mecanismo de financiación sea legal, según indicaron desde fuentes jurídicas y del sector.

El nuevo mecanismo de financiación del bono social pactado entre el Gobierno y el PSOE carga el coste de esta ayuda, de unos 250 millones de euros anuales, sobre el conjunto de las comercializadoras de electricidad, y lo hace en función del número de clientes de cada empresa, según el decreto ley aprobado por el Ejecutivo. Dentro de las comercializadoras, existen dos grupos, las de mercado y las de referencia. Estas últimas suministran a los clientes domésticos el precio regulado, conocido como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), y son en su mayor parte filiales de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo.

Las fuentes explican que las comercializadoras de mercado repercutirán sin cortapisas el bono social al consumidor final, cosa que no podrán hacer las de referencia, ya que el PVPC se configura con la adición por el Gobierno de diversos costes reconocidos, ya sean los de mercado, los regulados y los de comercialización. Si durante el desarrollo normativo del decreto a las comercializadoras de referencia no se les reconoce la posibilidad de repercutir al cliente el coste adicional del bono social, podrán recurrir ante los tribunales al sentirse discriminadas con respecto a las comercializadoras de mercado. Muy probablemente ganarán. La jurisprudencia acumula numerosos ejemplos de empresas con actividades reguladas que denuncian una insuficiencia de ingresos y que ganan en los tribunales.

Las propias comercializadoras de referencia han logrado recientemente que el Tribunal Supremo les dé la razón y obligue al Gobierno a reconocerles un margen de comercialización suficiente. Precisamente, el decreto del margen de comercialización eléctrica también reconoce a estas comercializadoras reguladas su capacidad para repercutir al cliente el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyo coste, como el bono social, también había cargado el Gobierno a las empresas. Las fuentes consideran que lo ocurrido con este fondo de eficiencia es un caso análogo al bono social. Las empresas denunciaron ante los tribunales la obligación de costearlo y el Gobierno les ha reconocido la posibilidad de trasladar este coste al consumidor final, sin esperar la resolución judicial.

Las comercializadoras de mercado también dispondrán de margen para recurrir, ya que al repercutir el coste del bono social al consumidor verán cómo sus ofertas pierden atractivo con respecto a un PVPC que no incorpora este importe y que se convertirá en una «tarifa subsidiada» en la que no se reconocen todos los costes. «El PVPC es un agente recaudador del sistema que se calcula recogiendo todos los costes. Que no recoja un coste nuevo para la comercializadora, en este caso el bono social, plantea un debate jurídico serio», asegura un abogado especializado en Energía.

Podemos exige que la CNMC investigue lo que considera “irregularidades” en los recibos de la luz

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Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley para que el pleno del Congreso debata sobre la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica.

En la iniciativa, Unidos Podemos denuncia que España presenta uno de los precios más elevados de los países de su entorno, ya que la electricidad para sus hogares es la cuarta más cara de toda Europa, según Eurostat. En este sentido, señala que el incremento desde el segundo semestre de 2013 al de 2014 ha sido del 4,1%, frente a un incremento del 2,9% en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7% en la zona euro, debido a factores como el déficit de tarifa, los elevados costes de distribución o las prácticas «oligopólicas» de las eléctricas, entre otros.

Respecto a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, el real decreto de 2011 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, estipula que los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno tendrán el carácter de máximos. Por ello, según Unidos Podemos son importes «únicos y aprobados por el Gobierno, no por las comercializadoras, las cuales estarían gravando por encima de esos máximos y por tanto incurriendo en una ilegalidad«.

Además, desde Podemos añaden que «de ningún modo las empresas comercializadoras deberían añadir ningún coste adicional a lo establecido anteriormente por el Gobierno». En este mismo sentido asegura que se pronunciaron las instancias judiciales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó en sentencia de mayo de 2012 que no cabía estimar recurso contencioso-administrativo de una empresa comercializadora a una resolución de la sección de Atención a las Personas Usuarias de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat.

La facturación del término de potencia es un coste regulado de forma que su aplicación, o no aplicación, «no depende de lo que puedan acordar las partes contratantes, sino que es de aplicación obligatoria». Igualmente, la citada resolución añade que la aplicación y traslado a la facturación de las modificaciones de la cuantía de este coste regulado tampoco puede ser objeto de acuerdos contractuales sino que las sucesivas variaciones deben trasladarse a la facturación de la totalidad de los clientes eléctricos, incluidos en el mercado libre, puesto que se trata de unos porcentajes fijados reglamentariamente.

Respecto a las deficiencias de facturación relacionadas con el maxímetro, estas vienen de nuevo por un «exceso de facturación», apunta Unidos Podemos. Según reguló el real decreto de 2001, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación de los correspondientes aparatos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada período tarifario, punta, llano o valle del período de facturación. Existiendo ya el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, las comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100% de la potencia contratada, incurriendo en un «incumplimiento claro» de la normativa.

De igual forma, Unidos Podemos pide que la CNMC investigue también las «posibles trampas» que algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica estarían empleando para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuando «en realidad en todos los casos analizados los recibos del usuario medio lejos de abaratarse se habrían visto encarecidos».

El margen de comercialización de las eléctricas variará en función de la energía consumida

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Europa Press.- El margen de comercialización de las eléctricas variará en función de la energía consumida, según la nueva metodología para el cálculo establecida en el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, esta nueva metodología para el cálculo de este margen de comercialización para las empresas encargadas de realizar el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) reconoce para la imputación de los costes un término por potencia contratada y otro por energía consumida.

De esta manera, las eléctricas verán cómo varía lo que percibirán por este concepto en función de esta energía consumida, mientras que según el anterior sistema, que tuvo que ser modificado después de que el Tribunal Supremo obligara al Gobierno a reconocer una retribución suficiente a las comercializadoras de PVPC, la retribución sólo estaba vinculada al término de potencia y era fija de 4 euros por kilovatio (kW) al año.

Además, el Real Decreto reconoce que el término por energía consumida recogerá los costes vinculados a la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y al valor de la cuantía de la retribución por su actividad de comercialización de referencia.

La metodología prevé una revisión de los componentes fijos de los costes de comercialización y de la retribución por el ejercicio de la actividad cada tres años, y una actualización anual de la parte ligada a la financiación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

La pasada semana, el Consejo de Ministros aprobó esta revisión al alza del margen de comercialización reconocido a las empresas encargadas de realizar el suministro del PVPC de la electricidad, lo que encarecerá el recibo de la luz en un 0,04% al año, según indicó el Gobierno.

Energía señaló que este coste de comercialización resultante de la nueva metodología es similar al establecido anteriormente, por lo que el impacto sobre la factura del consumidor será «reducido».

Según las sentencias del Tribunal Supremo, es necesario regularizar la facturación realizada desde el 1 de abril de 2014 conforme a los nuevos precios que resultan de la metodología, lo que supone de media 1,76 euros por consumidor.

Impacto de 25 céntimos al año

En el futuro, indicó Energía, la nueva metodología incrementará la factura media doméstica de forma «muy moderada». De mantenerse las condiciones vigentes en 2016, el impacto para una factura media sería de 25 céntimos de euro al año, es decir, unos 2 céntimos al mes.

Esta norma sólo afecta a los consumidores que hayan estado acogidos al PVPC en algún momento entre 2014 y la actualidad, por lo que no incidirá sobre los que hubieran tenido contratado el suministro en el mercado libre.

Energía asegura que, para elaborar la metodología, ha utilizado como referencia la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha tenido en cuenta las valoraciones de todos los agentes afectados.

La OCU ve en la revisión del margen del PVPC un ejemplo de la falta de rigurosidad de Energía

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que la refacturación y revisión del margen de comercialización de los clientes que tienen contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) es una muestra de «la falta de rigurosidad con la que desde el Ministerio de Energía se elaboran la normativa eléctrica».

Así, la asociación recuerda que no es la primera vez que este tipo de normas son anuladas por el Tribunal Supremo, como recientemente ha sucedido con el sistema de financiación del bono social.

Para OCU, estas refacturaciones incrementan una vez más «la complejidad» de la factura eléctrica y avisa a los consumidores que aquellos hogares que no tuvieran contratada la tarifa PVPC «no deberían verse afectados por estas refacturaciones».

El Gobierno revisa el margen de comercialización y eleva 2 céntimos mensuales, un 0,04%, la tarifa regulada de la luz

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Redacción / Agencias.- El Gobierno revisó al alza el margen de comercialización reconocido a las empresas encargadas de realizar el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) de la electricidad, lo que encarecerá el recibo eléctrico en un 0,04% al año. La nueva metodología para el cálculo de este margen de comercialización se aprueba con el objeto de cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo en la que se obliga al Gobierno a reconocer una retribución suficiente a las comercializadoras de PVPC.

«Va a representar una subida del 0,04% al año, una subida mínima», y con ello «estimamos cumplir el requerimiento de la sentencia del Supremo», afirmó el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que explicó que el Gobierno había fijado un coste de comercialización del PVPC «netamente favorable al consumidor», pero que el Supremo lo anuló, de modo que ahora se presenta, «en cumplimiento» de la resolución judicial, una nueva metodología.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expuso que la nueva metodología permite cumplir tres sentencias del Supremo que le obligaban a modificarla tras anular la metodología anterior. Al mismo tiempo, señala, el coste de comercialización resultante de la nueva metodología es similar al establecido anteriormente, por lo que el impacto sobre la factura será «reducido». Según las sentencias del Tribunal Supremo, es necesario regularizar la facturación realizada desde el 1 de abril de 2014 conforme a los nuevos precios que resultan de la metodología, lo que supone de media 1,76 euros por consumidor. 12 millones de usuarios están acogidos a la tarifa regulada, mientras que otros 13 millones están en el mercado libre.

En el futuro, indica el Ministerio, la nueva metodología incrementará la factura media doméstica de forma «muy moderada». De mantenerse las condiciones vigentes en 2016, el impacto para una factura media sería de 25 céntimos de euro al año, es decir, unos 2 céntimos al mes. Esta norma sólo afecta a los consumidores que hayan estado acogidos al PVPC en algún momento entre 2014 y la actualidad, por lo que no incidirá sobre los que hubieran tenido contratado el suministro en el mercado libre. Energía asegura que, para elaborar la metodología, ha utilizado como referencia la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha tenido en cuenta las valoraciones de todos los agentes afectados.

Según el Ministerio, la modificación cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. Una vez que entre en vigor, las compañías eléctricas tendrán 9 meses para realizar las regularizaciones. El consumidor recibirá una carta en la que se le informará de los efectos de la aplicación de la nueva metodología y en su factura se establecerá de forma separada este concepto. En su propuesta de real decreto, el Ministerio ya reconocía un impacto de más de 26,11 millones de euros en los ingresos de las comercializadoras de referencia de electricidad por la regularización del margen de comercialización del PVPC en los últimos tres años.

En concreto, cifraba en 4,48 millones de euros el impacto por la regularización de los ingresos en 2014, de 12,71 millones de euros en 2015 y de 8,91 millones de euros en 2016, estimando en este ejercicio una potencia facturada igual que en 2015. Según la propuesta, el impacto en facturación PVPC vigente sería para 2014 del 0,08% más, del 0,23% para 2015 y del 0,17% para el presente año. Así, el margen de comercialización para 2014 sería de unos 4,08 euros por kilovatio, 4,24 euros por kW para 2015 y unos 4,17 euros por kW para el presente año.

En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el PVPC, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, esto es, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Este margen de comercialización, que estaba fijado por el Gobierno en 4 euros anuales por kW, ronda el 3% del recibo final y había sido denunciado por las compañías eléctricas por ser insuficiente y abocar a sus comercializadoras a operar en pérdidas. Así, el fallo del Supremo obligaba a revisar desde el momento de implantación del PVPC, esto es, desde abril de 2014, el margen de comercialización a los cerca de 13 millones de consumidores acogidos a esta opción.

La CNMC presentó un informe en el que advertía de que el margen actual de la tarifa regulada PVPC no cubría los costes de comercialización en que incurren las empresas, y que para hacerlo debería subir al menos un 31%. De este modo, estimaba que el margen de comercialización debería subir al menos a 5,24 euros por kW contratado y año. Esto supondría para una familia media una subida de 5 euros anuales. No obstante, la CNMC también consideraba que debía incluirse un margen de retribución de la actividad, para lo cual se habían analizado distintos escenarios y se determinaron los costes de captación y retención de los clientes por si fuera procedente su inclusión.

Competencia considera que el PVPC es más barato que las ofertas de electricidad en el mercado libre

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Europa Press.- La tarifa regulada de electricidad, el conocido como PVPC, es la opción más barata frente a las disponibles en el mercado libre, con un ahorro en la factura de 32 euros al año, un 6% de la facturación anual, según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la comparativa de ofertas de gas y electricidad para consumidores domésticos y pymes en el primer semestre del año.

En concreto, el ‘superregulador’ subraya que esta opción fue la más económica en el periodo entre julio de 2015 y junio de 2016, no siendo así en el periodo de julio de 2014 a junio de 2015, lo que «pone de manifiesto que las comercializadoras no han trasladado a sus ofertas toda la bajada del precio que ha registrado la electricidad en los mercados mayoristas durante el periodo».

En el caso del gas, el pasar de ser suministrado a través de la tarifa regulada (TUR) a elegir la oferta más barata disponible en el mercado supone un ahorro para el consumidor doméstico de entre 30 y 44 euros anuales, según el consumo anual, lo que representa entre un 4% y un 13% de su factura anual en el periodo.

En el informe, la CNMC señala que ha detectado que, en el sector eléctrico, las ofertas de los comercializadores ligados a los grupos energéticos tradicionales se han centrado en atraer a los clientes con derecho a PVPC.

Además, afirma que el precio de sus ofertas se ha igualado con respecto al del resto de las comercializadoras del mercado libre, frente a lo que ocurría en años anteriores, cuando sus ofertas eran significativamente más altas.

En el caso de la electricidad, las diferencias de precios más acusadas en el comparador, según el organismo presidido por José María Marín Quemada, afectan a los consumidores eléctricos sin derecho a PVPC (gran consumidor doméstico, pequeño negocio o pyme con potencias contratadas superiores a 10 kW y en alta tensión), de forma que pueden encontrar una diferencia de precios entre la oferta más barata y la más cara que puede variar entre 1.000 y 3.000 euros al año, en función de la modalidad de suministro.

Por su parte, los consumidores con derecho a PVPC (aquellos con suministro de potencia contratada menor o igual a 10 kW), pueden encontrar una diferencia que alcanza los 200 euros en la facturación anual entre la oferta más cara y la más barata incluida en el comparador.

En el caso del gas, la contratación de la oferta más cara frente a la más barata disponible en el comparador supone una diferencia para un consumidor con derecho a tarifa regulada de unos 60-135 euros en la facturación anual. En los consumidores sin derecho a TUR el diferencial entre ofertas puede variar entre 1.000 y 4.600 euros al año.

Incremento en el número de ofertas

En el periodo, la CNMC constata un incremento de las ofertas activas en el mercado libre recogidas en su comparador de precios. Así, desde junio de 2014 hasta el pasado mes de junio, se ha pasado de contar con 390 a unas 550 ofertas activas aproximadamente.

El mayor incremento de ofertas se ha registrado en el mercado eléctrico, con 275 ofertas en junio de 2014 frente a las 425 en junio de este año, debido, principalmente, al incremento de comercializadores eléctricos en el comparador.

Por el contrario, en el caso del número de ofertas de gas, estas se han mantenido constantes, con unas 75 ofertas, mientras que el número de ofertas que incluyen conjuntamente gas y electricidad se redujo durante el periodo de estudio (desde 63 ofertas duales en junio de 2014 a 36 ofertas en junio de 2016).