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PSOE y Podemos buscan en el Congreso un acuerdo para el cierre definitivo del almacén Castor y recuperar la indemnización

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Europa Press / EFE.- El PSOE y la confluencia catalana de Podemos, En Comú Podem, tratarán de buscar un acuerdo en la Comisión de Industria del Congreso sobre el cierre definitivo y desmantelamiento del almacén subterráneo de gas natural Castor y sobre la reclamación a la concesionaria Escal UGS de la devolución de la indemnización por extinción que se le ha tenido que abonar.

En su iniciativa, En Comú Podem exige un calendario para el desmantelamiento del proyecto negociado entre el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y la catalana, junto con los ayuntamientos afectados, que contemple el desmantelamiento de las instalaciones, y que sea «responsable, transparente y no oneroso para las arcas públicas», según exige el portavoz de Industria de la formación, Josep Vendrell.

A través de una enmienda, el PSOE se centra en pedir el cierre definitivo de la instalación y reclama «una mayor contundencia» en la exigencia y ejercicio de transparencia para conocer las causas y consecuencias del cierre del almacén, así como en su desmantelamiento con la oportuna reparación medioambiental. «La hibernación no será el final del proceso, sino el cierre definitivo y desmantelamiento, dando así una garantía cierta a los municipios que sufrieron seísmos de que no habrá más y de que habrá una recuperación medioambiental y paisajística», explica el coordinador del grupo del PSPV-PSOE en el Congreso, Herick Campos.

Sobre las indemnizaciones, los socialistas también reclaman que sea la empresa que promovió Castor, o sus accionistas, los que asuman el coste, «sin que en ningún caso recaiga este coste en los ciudadanos, ni con fondos públicos, ni con recargos en los recibos». Así, consideran «prioritario» continuar con las acciones legales en curso para «dar luz y exigir responsabilidades sobre en qué condiciones se puso en funcionamiento Castor y las indemnizaciones otorgadas por el Gobierno».

Fue el actual presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien impulsó el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados y senadores del PSOE contra la decisión del Gobierno de «otorgar de forma directa y sin ninguna investigación, una compensación a los promotores de Castor», según recuerda Campos, que insistió en que Ximo Puig «ha actuado de forma clara y contundente, y además con suficientes argumentos, como demuestra que uno de los recursos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional haya sido el del PSOE».

En ese sentido, señala que en la enmienda presentada por el PSOE también se exige conocer por qué en la indemnización se incluyen los sobrecostes, qué hizo que el coste inicial de más de 400 millones de euros pasara a 1.000 millones y por qué no se ha esperado a saber qué falló, al igual que también exigen conocer los informes que avalaban la instalación o la ejecución del proyecto.

Campos lamenta que «el PP siga empeñado en culpar al PSOE por el proyecto o la cuantía de la indemnización, cuando la empresa no contaba con la autorización definitiva, la cuantía la fijó el PP sin investigar nada, mediante decreto». A su juicio, es el PP el que debe explicar por qué «prevarica y carga en el ciudadano sus decisiones».

Sobre la iniciativa que se debate, el portavoz de Industria de En Comú, Josep Vendrell, critica que Castor sea uno de los «fracasos más importantes de la Historia» de España en materia de infraestructuras, un proyecto que, a su juicio, «nunca debió iniciarse porque no era ni necesario, ni viable». «El tiempo ha demostrado que lo que el Gobierno consideró una decisión estratégica fue erróneo y que respondió a una errática planificación en la política energética basada en un crecimiento ilimitado de la demanda que en ningún caso se ha correspondido con las necesidades energéticas reales del país», señala Vendrell.

Vendrell también recuerda que «en su momento fueron muchas las voces que advirtieron de que este proyecto no era necesario ni reunía las condiciones necesarias de seguridad» pero «se hicieron oídos sordos» y, tras la paralización del proyecto por los seísmos en la zona, serán «una vez más» los contribuyentes quienes tengan que hacer frente a los costes. «Es necesario acabar con esta estafa permanente que los lobbies han conseguido imponer de un capitalismo de casino y un socialismo perfecto, en el que se privatizan los beneficios y, cuando llegan las pérdidas, éstas se socializan», insiste Vendrell, que recuerda que el «despropósito» del Castor costará a la ciudadanía casi 1.650 millones de euros en indemnizaciones.

Pero, además, Vendrell defiende que «no es para nada aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional». Y, por ello, quiere que el Congreso emplace al Ejecutivo a impulsar acciones legales para recuperar la cantidad retribuida a Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión al considerar que ha existido negligencia, así como para que se fijen responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por el millar de movimientos sísmicos.

Asimismo, pretende impulsar modificaciones legislativas para «impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio«. Vendrell también tiene registrada en el Congreso una proposición no de ley del mismo tenor y una solicitud de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, en sede parlamentaria para que explique la «retribución adicional» de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de factura del gas.

Nadal denuncia que todas las medidas energéticas acordadas por PSOE y Ciudadanos «incrementan la factura»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Ciudadanos por su contenido energético ya que «todas las medidas propuestas incrementan la factura» al subir los costes del sistema, lo que tendría impacto tanto en la competitividad de las empresas como en la creación de empleo. En la presentación del balance Energético de 2015, elaborado por el Club de la Energía, Nadal mostró su preocupación por el futuro de la política energética en España.

Entre otras cosas, según advirtió, el cierre de las centrales nucleares a los 40 años provocará un encarecimiento del 25% del coste de generación eléctrica. Según Nadal, el cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de los 40 años tiene «un coste brutal» para el país porque supone renunciar a activos energéticos que podrían funcionar correctamente sin que causas de seguridad justifiquen el cierre. Además, denunció que supone suprimir el 20% de la producción eléctrica que además es libre de generación de emisiones de CO2, algo que solo se puede paliar comprando derechos para gas y carbón o incrementando la capacidad renovable, algo que considera imposible porque «no se puede soportar a largo plazo».

Por otro lado, admitió que dicha medida es «un canto al sol» ya que ninguna central cumplirá los 40 años durante la legislatura. «Es una declaración de cara a la galería, ya que en la próxima legislatura no se va a cerrar ninguna nuclear, pero sienta un peligroso precedente», dijo. También calificó de «canto al sol» otra de las medidas acordadas por PSOE y Ciudadanos, la de que toda la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050 ya que, a su juicio, es inviable tecnológicamente y tendría un coste elevado para el sistema. «Por la noche no hay energía solar y durante buena parte del año tampoco hay eólica», sentenció.

Pide un «pacto nacional» energético

Por ello, Nadal ha pedido un «pacto nacional» en materia energética basado en «consensos básicos», que trascienda a las legislaturas, y que tenga como objetivos principales la competitividad y la creación de empleo, todo ello teniendo en cuenta «los objetivos medioambientales y la seguridad de suministro«. En este sentido, el secretario de Estado de Energía manifestó que la política energética se debe basar en la «sensatez en la introducción de renovables», en las interconexiones, en el mantenimiento de las nucleares y en la eficiencia energética.

Así, en materia renovable, consideró que lo que hay que hacer es «pactar una senda razonable de objetivos», que mida bien el coste y la curva de aprendizaje. Junto a esto, un refuerzo de las interconexiones internacionales, hasta alcanzar entre un 8% y un 9% de capacidad en el horizonte de 2030. Para Nadal, las interconexiones deben ser «una materia de Estado» a defender por todos y criticó el objetivo que el pacto PSOE-Ciudadanos plantea para las interconexiones, acerca de exportar los excedentes de energía,

También llamó a agotar la vida útil de las nucleares «mientras sean rentables» y, por último, apostó por la «eficiencia, eficiencia, eficiencia», una política que «no tiene una sola contraindicación». Con estos ejes, aseveró, solo se necesita gente sensata en una mesa para que España pueda afrontar de forma adecuada sus retos energéticos. Eso sí, también criticó del pacto PSOE-Ciudadanos planteamientos «más a la izquierda» sobre el tamaño de las empresas energéticas españolas. «El problemas de las empresas españolas no es que sean muy grandes son más bien medianas-pequeña, lo que hace falta es hacer el mercado más grande», esgrimió.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió también el decreto para el autoconsumo aprobado por el Gobierno y que pone «límites» para que unos «consumidores no vivan a costa de otros». Finalmente, aseguró que España tampoco puede renunciar a las prospecciones, ya que «no sé cómo se puede avanzar en la independencia energética sin saber lo qué tienes de hidrocarburos». «Renunciar a la nuclear y a la búsqueda de hidrocarburos solamente se propone aquí. Todo el mundo en Europa está buscando, salvo Francia, que tiene nucleares, y España», afirmó.

Tras la intervención de Nadal, la subdirectora de Planificación Energética y Seguimiento de Industria, María Teresa Velasco, desgranó los datos de 2015 y avanzó las previsiones de 2016. Para este año ve «crecimientos moderados» en los consumos energéticos por las menores previsiones del PIB, la consolidación de la eficiencia energética o el clima suave en lo que va de año.

PSOE y Ciudadanos se comprometen con UNEF a acabar con los cargos al autoconsumo si llegan al Gobierno

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EFE / Europa Press.- Los equipos económicos de PSOE y de Ciudadanos se reunieron con la dirección de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) para analizar las medidas energéticas del pacto de investidura de ambos partidos y expresar el compromiso común de poner fin al llamado impuesto al sol, reformando el real decreto sobre autoconsumo energético y aprobando en su lugar un «marco regulatorio estable» que regule el balance neto. Así lo manifestaron representantes de las tres partes tras reunirse en la sede de UNEF en Madrid.

Un encuentro que se enmarca en la iniciativa de PSOE y de Ciudadanos de trasladar a los diferentes sectores económicos y sociales los puntos del acuerdo que hace unas semanas firmaron los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Uno de los epígrafes que estructura el acuerdo de socialistas y Ciudadanos hace alusión a la «transición energética y lucha contra el cambio climático».

En el pacto figuran propuestas como la promoción de un Pacto de Estado de la Energía, la aprobación de una Ley de Cambio Climático, el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil o la supresión del llamado impuesto al sol, en referencia a los cargos establecidos por el Gobierno para los autoconsumidores conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

Un impuesto que el presidente de UNEF, Jorge Barredo, calificó de «lesivo» para el sector de la energía fotovoltaica, pues, entre otras razones, hace inviable la instalación de plantas de estas características en España porque “hace imposible que sea rentable”. En representación de los negociadores del PSOE, el exministro Jordi Sevilla recalcó el compromiso por acabar con carácter inmediato con dicha tasa, en el caso de que haya un Gobierno socialista tras recabar los apoyos parlamentarios suficientes. El portavoz del equipo de Ciudadanos, Francisco de la Torre, se manifestó en los mismos términos y señaló que el fotovoltaico es precisamente «uno de los sectores más perjudicados» por la política energética del actual Gobierno en funciones.

Ambos representantes se comprometieron a potenciar el desarrollo de la industria fotovoltaica en España con ayudas a la financiación de empresas. En definitiva, Sevilla y De la Torre han destacado su «compromiso» para permitir el autoconsumo en España y la importancia de cambiar el modelo energético actual «hacia un modelo más sostenible y más barato», según comunicó la propia UNEF. Los cargos impositivos «dificultan algo que nosotros creemos que hay que estimular y favorecer como es precisamente el autoconsumo, no solo de las viviendas unifamiliares, centros comerciales u otras entidades de consumo colectivo», añadió Sevilla.

Además, tanto Sevilla como De la Torre han subrayado la voluntad de sus partidos por intentar unir al pacto a otras fuerzas políticas, ya que, según ha afirmado el exministro de Administraciones Públicas, las propuestas del acuerdo conjunto suscitan el visto bueno de una mayoría parlamentaria y reflejan el deseo de la sociedad por instaurar «un Gobierno de cambio». El equipo negociador socialista lo han integrado, además de Sevilla, Pilar Lucio y Manuel de la Rocha, en tanto que en representación de Ciudadanos han asistido los diputados Sergio del Campo, José Luis Martínez y el propio Francisco de la Torre.

Soria augura que cerrar el parque nuclear y una energía 100% renovable encarecería un 40% el precio de la luz

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Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que las propuestas en materia energética de la izquierda de cerrar el parque de centrales nucleares cuando cumplan 40 años y fijar un objetivo del 100% de energías renovables en la generación supondría un incremento «superior al 40%» de la factura de la luz. A su juicio, estas propuestas del PSOE y Podemos representan una «involución» y sólo llevarán al «incremento de precios y déficits en los distintos sistemas».

El ministro de Industria subrayó que cerrar el parque de centrales nucleares representaría prescindir de aproximadamente el 21% de la generación, lo que llevaría «a incrementos importantes de precios». Asimismo, señaló que optar por 100% de renovables en la generación «es lo más contrario a un objetivo de disminución de precios», ya que para ellosería necesario contar con un backup que garantice la sostenibilidad del sistema, por el «cual hay que pagar y que va también repercutido a las facturas». Soria criticó también que se apuesta a la vez por descarbonizar la economía y usar más carbón nacional, algo «incompatible entre sí», y que se propone eliminar el impuesto al sol sin decir «cómo».

Así, el titular de Industria subrayó que la apuesta energética del Gobierno de Rajoy es la del «equilibrio, basado en la sostenibilidad económica, financiera y medioambiental» del sistema. Soria reconoció que han quedado «retos» en la legislatura por abordar en materia energética, como introducir una mayor competencia en los mercados mayoristas, tanto del mercado eléctrico como de combustibles. Sin embargo, afirmó que espera que «por el bien de España no haya un volantazo» en el signo de la política económica que revierta la situación del país. «Hacer un acuerdo de Gobierno es actuar por el bien de España, hacer un acuerdo para derogar todo lo hecho es una frivolidad«, recalcó.

Por su parte, el presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, destacó que el actual entorno de precios bajos del petróleo llevó al sector a recortar a la mitad sus inversiones, «desde los 800 billones americanos a sólo 400 billones», y ha producido más de 300.000 despidos en el sector. Además, Miró señaló que la COP21 de París marcará «un antes y un después» en la lucha contra el cambio climático y en la consideración de los combustibles fósiles, aunque subrayó que «la volatilidad y la incertidumbre» son factores que influyen en el petróleo y el gas.

Mientras, Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KMPG, valoró que el sector está viviendo un momento de «gran incertidumbre», con un derrumbe en los precios del crudo que no se veía en los últimos 30 años. Para Martín, existe una gran incertidumbre sobre cuándo se va a producir ese reequilibrio dentro del mercado, a pesar de que existen señales que indican que la oferta está reaccionando.

Antonio Cornadó (Foro Nuclear): «Tras Fukushima tiene más sentido alargar la vida de las plantas nucleares a 60 años”

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Europa Press / EFE.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, subrayó los efectos «positivos» post-Fukushima para la energía nuclear un lustro después del accidente de Fukushima Daiichi, a raíz del tsunami que siguió al terremoto de Japón el 11 de marzo de 2011. «Las centrales nucleares ya eran seguras antes de Fukushima y ahora lo son más», aseguró Cornadó, que considera que “tiene más sentido” alargar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años que antes de Fukushima.

Concretamente ha señalado el incremento de los márgenes de mejora de la seguridad, sobre todo ante catástrofes naturales, tras la «rápida» reacción de la industria. Respecto a las medidas post-Fukushima que afectan al parque atómico español, ya están implantadas al 80% y el programa se está cumpliendo «en plazo» y de forma «razonable», aunque se deben efectuar en paradas de recarga, los ciclos operativos de las centrales, para hacer las mejoras en los equipos y sistemas. En concreto, Cornadó detalló que estas mejoras pasan por incrementar o rediseñar los márgenes de seguridad sísmica, reforzar estructuras, equipos, mejorar los sistemas frente a inundaciones, los equipos de lucha contra incendios, rediseñar cableados.

No obstante, hay dos cuestiones importantes aún pendientes para las plantas nucleares, que aportan más del 20% de la electricidad en España: la instalación de los recombinadores pasivos (componentes para evitar una deflagación por acumulación de hidrógeno en el edificio del reactor, como ocurrió en Fukushima) y los sistemas de venteo, según el último informe del organismo regulador europeo (ENSREG). Fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear indicaron que los recombinadores tienen que estar instalados antes de acabar este año y, de momento, lo tienen Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Almaraz I (Cáceres) ya tiene la autorización para poder hacerlo y, en noviembre próximo, está previsto que lo obtenga Almaraz II.

El sistema de venteo, cuyo calendario de implantación acaba en 2017, es la medida más compleja desde el punto de vista técnico y se colocará aprovechando las paradas programadas de las centrales. Su misión es minimizar, en caso de necesidad, la liberación de elementos radiactivos al exterior durante un accidente severo, de modo que se garantice la integridad de los sistemas de contención y se mantenga el confinamiento de los materiales radiactivos durante el suceso.

Por otro lado se han mejorado también las posibilidades de atención física de la emergencia, para lo que cada planta ha construido o está construyendo un Centro Alternativo de Gestión de la Emergencia, que es una sala alejada del edificio del reactor que cuenta con autonomía para que un grupo de personas pueda vivir en ese lugar haciendo frente a un accidente. Al mismo tiempo, se creó el Centro de Asistencia de Emergencia en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con capacidad para gestionar un accidente de cualquier planta española.

Respecto a Japón, Cornadó ha subrayado que la industria nuclear japonesa está «recomponiéndose» cinco años después del accidente. Para ello, según indicó, la primera medida nipona fue «refundar» su organismo regulador atómico, volver a ponerlo en marcha e incrementar la seguridad de las centrales de modo que algunas ya están en marcha puesto que, a pesar de la catástrofe, Japón pretende seguir contando con una aportación de entre el 20 y el 25% de energía atómica en su mix eléctrico. En la actualidad, el reactor accidentado está en torno al 10% de su proceso de desmantelamiento y Cornadó recuerda que el programa «será muy largo y tendrá un coste importante».

Mientras tanto, las centrales nucleares españolas siguen este programa post-Fukushima y la central nuclear de Garoña (Burgos), un reactor similar al accidentado en la planta japonesa, «tiene un programa y calendario propio acorde a sus características» por su situación de cese de actividad aunque con una solicitud de renovación de licencia hasta 2031 pendiente. En todo caso, «si vuelve a estar operativa estará en las mismas condiciones que el resto de las centrales», asegura Cornadó.

En definitiva, Cornadó ha sentenciado que «el fondo del asunto es que con todas estas mejoras, especialmente de los márgenes de seguridad las centrales estarán más preparadas para una operación más dilatada en el tiempo». En este sentido, el presidente del Foro Nuclear defiende también que la consecuencia que va aparejada a todas estas medidas es que ahora el parque atómico español puede apelar a seguir operando a largo plazo, «60 años o los que sean» porque, en su opinión, «no tiene sentido poner una fecha de caducidad a una instalación que está operando bien y que está mucho mejor preparada para afrontar situaciones difíciles«.

«Podemos apostar o tenemos mejores argumentos para presentar la operación a largo plazo como una opción válida y acertada para la estrategia energética de los próximos años», subraya Cornadó. Así, insiste en que «no tiene sentido» frenar en seco estas inversiones a los 40 años de funcionamiento por una decisión en base a una fecha «obsoleta que ya nadie maneja». «Apelo al sentido común, a las cifras, los datos, las ventajas y los inconvenientes y, si vemos toda la realidad energética, debemos tomar decisiones sin límites de partida con fechas en la planificación energética. Queremos una electricidad competitiva y con los mejores costes», reivindicó Cornadó.

Por otro lado, si el escenario cambia y se cumplen algunas promesas electorales por las que el parque nuclear cerrase en 2028, tal y como proponen PSOE, Ciudadanos y Podemos, Cornadó afirma que estas formaciones también quieren un Pacto de Energía en el que le gustaría que no hubiera «apriorismos y se contara con todas las tecnologías disponibles, sin prejuicios«. Asimismo, recuerda que la industria nuclear está «muy unida» a las centrales pero, en la actualidad, cuenta con aproximadamente un 80% de su actividad fuera de España, donde está presente en 40 países, tanto en proyectos de fusión como de fisión y en toda la cadena de valor del sector.

A este respecto, celebró que en la actualidad se están construyendo reactores en distintos países de «todo el mundo», en Asia, Europa (Finlandia, Gran Bretaña, Hungría), y ha mercado potencial en Sudamérica y México, así como en los países árabes. También Irán se está abriendo a proyectos nucleares, por lo que Cornadó confía en que las empresas españolas puedan seguir desarrollándose en el exterior. En concreto, se ha referido a Irán, del que destaca que poco a poco da pasos para abrirse al mundo con un programa de inversiones «espectacular». De este modo, concluyó que pese a  Fukushima, la industria nuclear tiene ahora una «pujanza similar» a la de antes.

Santamaría justifica ante las zonas mineras que estar en funciones limita las capacidades mientras el PSOE dice tener la solución

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EFE / Europa Press.- Mientras el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, asevera que con un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez «mañana mismo» se podrían arreglar problemas como el de la minería del carbón, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, justifica que la voluntad de trabajar por encontrar una solución que dinamice las comarcas mineras «sigue intacta» pero que la capacidad de reacción de un Ejecutivo en funciones es más limitada.

Sin embargo, señaló que para la situación del carbón nacional se trabaja dentro de los márgenes que puso Bruselas ya en la anterior legislatura del PSOE y que deja todo «muy condicionado» a ese calendario, que prevé la retirada de las ayudas progresivamente hasta 2018. En funciones, indicó la vicepresidenta, la «capacidad no es la que puedes tener en otros momentos» pero que «sigue intacta» la voluntad de «trabajar por encontrar soluciones y lograr dinamizar esas zonas y darles una salida dentro de los mandatos de Bruselas». Sáenz de Santamaría concluyó que en este tema, como en otros, la capacidad de reacción de un gobierno en funciones «no es tan inmediata» pero que es el escenario que se vive actualmente.

El consejero de Empleo asturiano, Francisco Blanco, afirmó que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, le había transmitido que las ayudas a la minería comprometidas estaban paralizadas. Desde Industria, no ha habido comunicación oficial sobre este tema. Se trataría de la tramitación de 250 millones de euros del vigente Plan de la Minería que no fueron incluidos en los Presupuestos Generales de 2016.

El PSOE “arreglaría la minería”

Por su parte, el secretario del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, aseveró que con un gobierno presidido por Pedro Sánchez «mañana mismo» se podrían arreglar problemas como el de la minería del carbón, un sector con el que el Mariano Rajoy «ha incumplido todos los compromisos».  En este sentido crítico «un incumplimiento más» de Rajoy con la minería y recordó que hace unos meses el presidente del gobierno, ahora en funciones, anunció en León la aprobación de 250 millones de euros del plan del carbón, en presencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.  «Hemos sabido que esas ayudas no van a llegar, lo que es una puntilla más del Gobierno del PP a la minería«, sentenció.

«Ensañamiento» del Gobierno con carbón

Por otro lado, el procurador socialista Celestino Rodríguez denunció lo que considera un «ensañamiento» del Gobierno central con la minería del carbón tras dar por perdidas las ayudas complementarias anunciadas por Rajoy en septiembre y no cumplir el Plan del Carbón vigente. El representante socialista ha afirmado que del Gobierno de España se lo cree ya «todo» con relación a las cuencas mineras, porque «las únicas noticias siempre han sido mazazos sobre el carbón» que Juan Vicente Herrera, ha tratado de «maquillar con palabras», pero que no ha dado pasos «con hechos» sino que se ha convertido en una «maza».

El procurador del PSOE por la provincia de León ha remarcado que únicamente 800 de los 6.000 empleos vinculados directa o indirectamente al sector de la minería del carbón en la Comunidad figuran aún como afiliados a la Seguridad Social y que muchos de ellos están inmersos en expedientes de regulación de empleo como es el caso de la Hullera Vascoleonesa. «Conflictos ha habido siempre en la minería, pero Herrera y Rajoy van a conseguir lo que no consiguió ni la dictadura, que es acabar con el carbón», según Rodríguez.

El Tribunal Supremo ratifica la ilegalidad de la regasificadora de El Musel en Gijón y el Principado insiste en legalizarla

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EFE / Europa Press.- El consejero de Empleo del Principado de Asturias, Francisco Blanco, emplazó al Ministerio de Industria y a Enagás a iniciar el proceso para «legalizar» la regasificadora del puerto de El Musel, que tuvo un coste de 380 millones de euros sin que nunca se haya puesto en funcionamiento, después de que el Tribunal Supremo confirmase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró en 2013 que la regasificadora de El Musel se construyó vulnerando la ley.

El fallo del Supremo desestima el recurso de casación presentado por Enagás y la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por el TSJM, que anulaba la autorización para la construcción de la regasificadora de Musel debido a que incumplía la normativa que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. El Supremo considera que resulta fundada la apreciación del TSJM de concluir que a la fecha de entrada en vigor de la Ley autonómica 11/2006, que introducía un apartado que dejaba sin aplicación la exigencia de que las instalaciones fabriles insalubres o peligrosas se alejasen 2.000 metros del núcleo más próximo de población, «el procedimiento administrativo» de la regasificadora «ya se había iniciado«.

El fallo sostiene, por tanto, que «siendo el comienzo del proyecto anterior al 1 de enero de 2007″ (concretamente de mayo de 2006), era de aplicación el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), que fijaba dicha distancia mínima. El Supremo considera que la interpretación del TSJM «se encuentra justificada en atención a la singularidad concurrente en este caso, en el que en el momento de la solicitud formal de autorización existía una regulación diferente a aquella vigente». Pero además entiende que la ley autonómica que derogó el RAMINP «no es aplicable a los proyectos cuya autorización completa la administración General del estado«. Asimismo niega que el Principado «tenga competencia para derogar normativa medioambiental aprobada por el Estado».

Equo Asturias, partido en el que están integrados los Verdes de Asturias, los que iniciaron el contencioso administrativo contra la regasificadora, «se alegra de que por fin se haga justicia y pide que todas las personas implicadas asuman sus responsabilidades». En definitiva, la decisión judicial viene a dar la razón a Los Verdes de Asturias contra las resoluciones de la Dirección General de Política Energética de 2008 y de la Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio de 2009 que desestima el recurso de alzada contra la anterior. La primera de las resoluciones concedió a Enagás la autorización administrativa previa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el Puerto de El Musel.

Según Equo, esa regasificadora costó «más de 380 millones de euros» y aún en 2015 «se estuvieron dilapidando millones de euros» al conectarla con el gasoducto estatal, algo que, a su juicio, es «ilegal además de inútil». «Nunca ha estado en funcionamiento y no hay ninguna previsión de que así vaya a ser. Aún así, se mantuvo una ficción para no reconocer ante la ciudadanía el gravísimo error cometido», criticaron.

Asturias quiere impulsar la legalización

Por su parte, el consejero de Empleo del Principado, Francisco Blanco, recordó que la tramitación de todo el proceso fue «estatal» y que fue el Gobierno central quien decidió la construcción del equipamiento gasístico, con lo que el Principado está a la espera de hablar con el Ministerio y con Enagás «para ver cuál es su planteamiento». Según el consejero asturiano, buscar la fórmula para legalizar la instalación «parece lo más razonable» en lugar de plantearse una posible demolición de la planta dada la millonaria inversión que supuso y las expectativas de futuro que tiene.

Podemos pide responsabilidades al PSOE

Podemos exige que el ex presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, asuman sus responsabilidades políticas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la regasificadora. Podemos señala que la sentencia del Supremo «refleja los despropósitos y sinsentidos del gobierno socialista para con Asturias». Podemos exige que se deben asumir responsabilidades políticas por «un nuevo despropósito» y recuerda que Areces, ahora senador, era el máximo responsable político de Asturias y que Fernández ocupaba en 2004 una viceconsejería del área. La formación morada considera que la consejera Belén Fernández acumula ya “demasiados despropósitos” por lo que «la situación es lo suficientemente grave como para no seguir manteniéndola en su cargo».

Podemos critica que el PSOE sea «capaz de defender la gestión de una consejera que, con sus decisiones está perjudicando por un lado, la salud de las y los asturianos y, por otro, a las arcas públicas» «El proyecto de la regasificadora nunca había estado en los documentos de planificación de los sectores de electricidad y gas. Fue una decisión política totalmente injustificada, un pacto Areces-Zapatero, la que introdujo en la planificación la planta de Gijón, curiosamente la misma modificación que permitió la instalación de Castor, con todos los efectos, especialmente económicos, que conocemos», asevera.

Las gasolineras aseguran que Aragón recaudará 1 millón de euros menos al implantar el impuesto autonómico de hidrocarburos

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EFE.- La Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar) ha exigido al Gobierno autonómico que dé marcha atrás en la implantación del impuesto especial autonómico sobre los hidrocarburos, porque, según prevén, se dejarán de recaudar 965.000 euros por el llamado «efecto frontera».

De esta manera se han referido a la «huida» de usuarios que, tras esta subida impositiva, prefieren repostar en regiones vecinas, como Castilla y León y La Rioja, que no aplican esta tasa, con lo que desciende el consumo en las gasolineras y en los servicios y establecimientos próximos, explicó la presidenta de Aesar, Pilar Soto, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes. En lo que va de año, según remarcó, la caída en ventas es «considerable», de un 8,6%, y en casos limítrofes con comunidades con el combustible más barato llega a superar el 30%.

Del mismo modo, las gasolineras aragonesas han apuntado que ya existen textos y estudios jurídicos que indican que estas tasas podrían ser contrarias al derecho comunitario, al igual que ocurrió con el llamado céntimo sanitario. Además del perjuicio a las estaciones de servicio, también subrayó los efectos sobre la competitividad de sectores estratégicos para Aragón, como el transporte y la logística, o de modo especial a los autónomos, pequeños transportistas y a las gasolineras rurales.

En las intervenciones de los grupos parlamentarios, el diputado popular Fernando Galve aseguró que no podrían estar «más de acuerdo» con lo defendido y tachó el «impuestazo» de «gran irresponsabilidad», porque, entre otras cosas, no afecta «a los más ricos» sino a todos los aragoneses por igual. Lo peor de todo, sin embargo, es que comportará «casi con total seguridad» una pérdida de empleo, ha lamentado, por lo que se ha dirigido al Ejecutivo PSOE-CHA diciendo que «como broma ya está bien» pero «que rectifique».

Darío Villagrasa, del PSOE, justificó la subida como «un ejercicio de prioridad política» por la necesidad de acompañar los gastos de unos ingresos, por lo que decidieron equiparar Aragón a la media española en materia de precios de hidrocarburos. Apuntó  que continúa siendo la sexta región más barata para adquirir gasóleo y la séptima en el caso de la gasolina, según datos del Ministerio de Industria, aunque admitió que sí finalmente se da un «notable perjuicio» el Gobierno «sabrá rectificar».

El diputado de Podemos Román Sierra, tras recordar que esta medida no la llevaban en su programa al no ser progresiva sino que fue presentada por los socialistas, ha reconocido que desconoce el efecto generado por este impuesto. No obstante, ha señalado que aunque Aragón ha pasado de ser de las comunidades más baratas a situarse casi en la media, también hay otras limítrofes, como Cataluña, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, cuyo tramo autonómico es el doble que el aragonés.

Lucía Guillén, del PAR, reiteró que esta medida afecta a todos los aragoneses «sin hacer distinción de ningún tipo» y ha tenido un impacto «enorme» en los casos de gasolineras limítrofes, por lo que le parece un «error garrafal». Javier Martínez (Ciudadanos) ha lamentado que «parece ser que este Gobierno no entiende o no quiere entender que muchas veces por subir los impuestos no se va a recaudar más» y criticó que no tuvieran en cuenta el impacto económico, los costes de oportunidad o el impacto psicológico cuando se decidió implantar esta subida. Por su parte, el representante de CHA, Gregorio Briz, ha defendido la necesidad de subir los impuestos para atender unas necesidades sociales que son «perentorias y urgentes».

Daniel Lacalle considera que cerrar las centrales nucleares por motivos medioambientales es un «engaño» si se mantiene el carbón

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Europa Press.- El economista Daniel Lacalle ha advertido de que la propuesta de acuerdo para formar Gobierno de PSOE y C’s que contempla el cierre de las centrales nucleares cuando cumplan 40 años de edad es «un engaño a los ciudadanos si se hace por motivos medioambientales» mientras se mantiene el carbón. Una medida que, según sus cálculos, conllevará «tranquilamente» un aumento del 30% de la tarifa de la luz. Así se expresó en el marco de la Jornada de experiencias operativas de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Respecto al compromiso de cerrar las plantas al cumplir 40 años, opina que puede hacerse, siempre y cuando el consumidor conozca, entienda y acepte lo que esa decisión conlleva. En concreto, ha advertido de que «tal y como está el mix y la estructura de costes, la propuesta supondría, tranquilamente un aumento del 30% de la tarifa para los consumidores».

Por ello, criticó que el proceso de transición tecnológica acordado no identifica cómo se realizará «sin que le suponga al consumidor un aumento total de las tarifas del 50 o 60%». Así, denuncia que «se está engañando con el coste de esas medidas» y defiende que la decisión sobre si una planta nuclear puede extender su funcionamiento no es competencia política sino de los organismos técnicos. Lacalle reclama que el objetivo sea buscar la fórmula para que el Gobierno consiga que las tarifas en España bajen. «El problema de competitividad en el que estamos a través de grandes subvenciones y enormes costes fijos debe ser la prioridad del Gobierno», aconseja.

Lacalle cuestiona también la falta de análisis económico de las medidas del acuerdo por lo que califica la propuesta de «limitada», ya que se debe entrar en detalle en el «problema triple» del sector energético, consistente en el «enorme coste de tarifa» por los costes fijos y las subvenciones; la sobrecapacidad instalada y la «decisión unilateral» de los Gobiernos de incentivar una u otra tecnología.

De este modo, está «sorprendido» porque si la propuesta es de carácter ambiental y no política, no se hable del carbón, «mucho más contaminante e ineficiente» que la energía nuclear. «Me parece curioso», comenta.  A su juicio, la transición energética y tecnológica debería acometerse desde la competencia frente a la penalización del eficiente para subvencionar al ineficiente, de modo que las más competitivas lideren la bajada de precios. Además, tachó de «error histórico y monstruoso» subvencionar tecnologías ineficientes en un momento naciente como la energía solar, sin que España pueda ahora beneficiarse de su caída de costes, y que ha provocado una sobrecapacidad del 40%, además de sobrecostes al consumidor.

Por todo ello, opina que el mix energético «no puede ser una decisión política» pues el Gobierno no tiene mejor información que las empresas sobre el desarrollo tecnológico de las tecnologías y eso provoca que se perpetúen sectores obsoletos y contaminantes como el carbón. «Me parece ideológicamente demagógico que se olvide la parte más subvencionada, más contaminante y más ineficiente en el acuerdo de PSOE y C’s. Es alucinante y tiene que ver con la decisión política de sostener a sectores rentistas», sentenció Lacalle que lamenta que, al final, es el consumidor el que paga estas decisiones en su factura.

A su juicio, la descarbonización de la economía será posible gracias a la tecnología que aumentará la eficiencia energética, que «es esencial». Sin embargo, ha asegurado que esto será «imposible» sin la nuclear. «Podremos hacer todo tipo de cábalas sobre la solar, cuyo desarrollo es espectacular, el viento, que también, la biomasa, que en realidad no es una renovable, todo eso se puede tener en cuenta y es muy importante en la transición; pero la descarbonización como objetivo fundamental no puede existir sin la nuclear, ni en España, ni en ningún otro país», ha sentenciado.

El economista defendió la nuclear porque la mayor parte del consumo energético es de base, lo que cada ciudadano consume cada día, de modo que si se prescinde de una energía ininterrumpida para sustituirla por otras con variabilidad enorme, el sistema se encarece y se incurre en riesgo de apagones. Lacalle opina que mientras la tecnología va poco a poco buscando alternativas ininterrumpibles de almacenamiento, no se puede destruir la competitividad y la capacidad de consumo solo por negar el efecto inapelable de la eficiencia.

Por otro lado, el economista cree que los objetivos de cambio climático alcanzados en la Cumbre del Clima (COP21) se pueden conseguir «en cuanto se quiera» pero el problema es una falta de voluntad por lo que, en realidad, «es un cuento chino«. Desde su análisis, los objetivos de cambio climático no se conseguirán subiendo los costes a los ciudadanos del tercer mundo, ni los precios de la energía ni poniendo trabas al crecimiento económico y está «100% seguro» de que como no va a ocurrir es «con planes quinquenales».

Lacalle criticó estas cumbres, que «cuestan una pasta» y que son parte del juego en el que se comprometen a invertir 100.000 millones de dólares que “no conseguirán nada” mientras se trasladen los errores de planificación y los costes a los ciudadanos. En este sentido, plantea que si China, Rusia o Venezuela, por ejemplo, cierran sus empresas «estatales» bajaría la temperatura «ya», pero estamos ante un «cuento chino» que van a pagar, por ejemplo, ciudadanos europeos, que emiten el 12% del total de gases invernadero, o los españoles, que representan un 1% del PIB mundial.

A su juicio, por ejemplo, la realidad es que Venezuela no quiere cerrar sus empresas estatales y, de hacerlo, exigiría que el resto de los países pagaran su esfuerzo. «Esto es un impuesto adicional que están introduciendo por la nada. Es una vuelta al rentismo», ha denunciado. Finalmente, desconfía de que esto se vaya a lograr fomentando sectores no rentables, provocando un endeudamiento del PIB. También lamenta que la propuesta sea hacer desaparecer un 20% del PIB mundial para frenar las emisiones cuando la limitación del calentamiento global llegará, «y esta es la parte positiva», con tecnología «que es imparable».

Soria asegura que suprimir la energía nuclear subiría la luz un 14% mientras el sector se augura un futuro “complicado”

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Europa Press / Servimedia.- El acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Ciudadanos que incluye establecer el cierre de las centrales nucleares al cumplir 40 años “de vida útil” supondría el fin de la energía atómica en España en 2028 y un futuro «complicado» para el sector, según la Sociedad Nuclear Española (SNE), mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, señalaba que esta decisión  «encarecería la facturación de la electricidad en un porcentaje por encima del 14%».

El ministro ha manifestado que no le gusta el acuerdo adoptado porque cuando ha visto «en detalle» lo que atañe a energía ha observado que «quieren suprimir todas las centrales nucleares» cuando lleguen a 40 años sin «ninguna posibilidad de prórroga». Soria defendió la energía atómica en España porque representa el 21% de la generación eléctrica y porque es «limpia». También indicó que prefiere el sistema actual en el que, cuando una planta llega a los 40 años, el organismo regulador (el Consejo de Seguridad Nuclear) determina si con determinadas inversiones podría seguir adelante «5, 10 o 15 años más».

Futuro «complicado» para el sector

Por su parte, Sociedad Nuclear Española reivindicó que si el pacto entre PSOE y Ciudadanos llegara a ejecutarse, se podría perder una industria que aporta el 0,27% del PIB español (2.781 millones de euros) y que genera más de 27.500 empleos, según sus estimaciones. En este sentido, el presidente de la SNE, José Ramón Torralbo, apostó por la operación a largo plazo de las centrales nucleares y señaló que a nivel mundial la «tendencia» es continuar con la energía nuclear. De este modo, reclamó un marco «estable» para el sector.

La Sociedad Nuclear Española también advirtió de que el cierre paulatino de las centrales nucleares en España obligaría al sector a paralizar o desviar sus inversiones a otros países. Eso sí, Torralbo subrayó que de momento no se han planteado ese escenario sobre la mesa, ya que «aún hay un margen de tiempo, las legislaturas duran lo que duran y las políticas energéticas han sido cambiantes a lo largo de los años«. La SNE, que reúne a mil profesionales cuya misión es la difusión de la tecnología nuclear, propugna un modelo energético consensuado, con un mix equilibrado en el que esté presente la producción nuclear.

«Fundamentalmente hay que tener el cuenta que el sector está exportando el 70% de los servicios y actividades y que, sobre todo, ha crecido al amparo de su desarrollo en la plantas nucleares», cuya tecnología está exportando. «A nadie se le escapa que, si las nucleares no existen, la tarjeta de presentación en otros países será complicada y, por tanto, esa tecnología y las centrales tendrán un futuro muy complicado».

«Los próximos años serán momentos de tomar decisiones de inversiones importantes para las centrales del país» y de acordar si acaban su vida útil a los 40 o 60 años, tesis defendida por la Sociedad Nuclear Española. Al respecto recordó que casi todo el parque nuclear de Estados Unidos ha apostado por la operación a largo plazo ya que a 81 de sus 99 plantas atómicas se les ha concedido un permiso de 60 años.

A juicio de Torralbo, cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento es un error puesto que la «esperanza de vida» de las plantas es muy larga y supera con creces ese plazo. «La edad no es importante sino la actualización tecnológica para que sean plantas seguras, fiables y competitivas», argumentó. Con esa decisión, la vida media restante del parque nuclear español sería de 8 años: la primera de las centrales tendría que cerrar en 2021 y la última en 2028. Por el contrario, operar las centrales españolas hasta los 60 años de edad generaría 1,2 millones de kilowatios hora, reduciría la dependencia energética y evitaría la emisión a la atmósfera de 800 millones de toneladas de CO2.

Torralbo ha destacado que la energía nuclear supuso la primera fuente de electricidad en España en 2015, con un 20,3% de la producción y un 7,3% de la potencia instalada. En este contexto, ha asegurado que en 2015 el parque nuclear español tuvo «un funcionamiento bueno» y que así sigue siendo en 2016. El año pasado, según ha añadido, las plantas funcionaron 8.760 horas, lo que significa un 88,26% de factor de carga y un 90,26% de todo el año.

También ha apuntado que la demanda de la electricidad, según UNESA, creció en España un 1,8%, «por primera vez en cinco años» y que las centrales nucleares supusieron el 36,3% de la energía libre de CO2, que supone el 60% del total. «Todas las energías deben ser consideradas. La energía nuclear debe formar parte de un modelo energético equilibrado», concluyó.