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Municipios del entorno de la central nuclear de Almaraz respaldan la construcción de un ATI de residuos nucleares

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EFE.- Más de 20 municipios del entorno de la central nuclear del Almaraz apoyan la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en esta instalación industrial, pues evitaría un cierre anticipado de la misma. La Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Campo Arañuelo insiste en que, sólo en impuestos locales, la contribución de la central nuclear en los municipios limítrofes es de 15 millones de euros anuales.

Asimismo, han remarcado la aportación de la central nuclear al desarrollo económico y social de toda la comarca. De hecho, los empleos directos generados superan los 800 y los indirectos se aproximan a los 3.000. A estas cifras de empleo se suman el millar de trabajadores que cada 18 meses son contratados para acometer las labores de recarga de combustible. Por ello, los municipios han instado a la Junta de Extremadura a reconsiderar su rechazo al ATI, que presentó alegaciones al proyecto al entender que no hay necesidad de almacenamiento.

«La central de Almaraz es fundamental, es uno de los motores de nuestro municipios», señaló el presidente de la citada Mancomunidad y alcalde de Valdehúncar, David González.  La Mancomunidad también se opone a una propuesta no de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados que impide alargar «la vida» de la central nuclear y resaltan que Almaraz lleva acumulada una inversión de 420 millones de euros en procesos de actualización tecnológica.

El PSOE registra en el Congreso una iniciativa de apoyo al carbón nacional reivindicando la bonificación del céntimo verde

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Europa Press.- La diputada por Asturias y portavoz de Administraciones Públicas del PSOE, Adriana Lastra, y la portavoz socialista de Energía y diputada por Cáceres, Pilar Lucio, mantuvieron una reunión con representantes de los sindicatos mineros Soma-Fitag-UGT y CCOO y de la patronal Carbunión, para abordar los problemas del sector del carbón. Al terminar la reunión, Adriana Lastra anunció que el Grupo Socialista registró una iniciativa de apoyo a la minería sobre el Impuesto Especial sobre el Carbón.

Dicha proposición no de ley se debatirá en la próxima Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta PNL forma parte de una batería de iniciativas de apoyo al sector que el PSOE pondrá en marcha de manera conjunta con los sindicatos y con Carbunión, para conseguir la pervivencia y apostar por el futuro del sector». Asimismo, Lastra subrayó «la gran preocupación» ante «la dramática situación que vive la minería del carbón como consecuencia de la inacción, cuando no del ataque directo, del PP al sector». Una situación, a la que si no se pone remedio, podría traducirse «en el cierre definitivo de la minería», auguró.

«Los sindicatos mineros y Carbunión piden al grupo socialista el apoyo al sector y saben que lo tienen; saben que tradicionalmente los socialistas hemos estado al lado de los sindicatos mineros y de la patronal defendiendo a la minería», a través de diversas iniciativas, resaltó. Entre ellas, recordó que el PSOE pidió hace unos meses, en una PNL, la comparecencia del ministro para que explicara la situación de la comisión de seguimiento del marco del carbón y «nos hemos comprometido es a registrar una iniciativa sobre el denominado como céntimo verde, que es bonificar el consumo de carbón autóctono«, resaltó.

El PSOE pide que el plan industrial de Castilla y León no incluya ni a Garoña ni al fracking

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EFE.– La secretaria general del PSOE en Burgos, Esther Peña, exigió que el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León en el que trabaja la Junta no incluya «ni Garoña ni fracking», apueste por las energías renovables y cuente con un plan específico para el medio rural. Además, Peña ha presentado las propuestas que el PSOE ha presentado para este plan regional, al que considera que le falta una «evaluación previa» y concretar la financiación que tendrá para su desarrollo.

Entre las prioridades del PSOE de Burgos, Peña reivindicó la apuesta por las energías renovables y señaló que, según sus cálculos, desde que se eliminaron las ayudas a esta materia hace 4 años por el PP, se perdieron en la provincia unos 4.000 puestos de trabajo. Peña señaló que el plan industrial es «una vía más» para que la Junta de Castilla y León paralice el desarrollo de los proyectos de fracking en la región y en la provincia como hará, según indicó, el futuro gobierno de España «según la PNL presentada y aprobada por la mayoría de los grupos».

Soria dice que Repsol renuncia a hacer más prospecciones petrolíferas en Canarias pero el PSOE quiere verlo en el BOE

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EFE.- El senador del PSOE, Julio Cruz, afirmó que «no es creíble» el anuncio del Gobierno sobre la caducidad de los permisos a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas y reclamó al Ejecutivo que revoque las autorizaciones y las publique en el BOE. Sin embargo, elministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, asegura que Repsol ya ha avanzado su renuncia a cualquier tipo de prórroga relacionada con los dos sondeos petrolíferos autorizados en Canarias, cuya duración «ha vencido por caducidad».

El ministro ha precisado que ese vencimiento tuvo lugar el pasado 21 de marzo, después de que se desarrollara, a principios de 2015, una única exploración que tuvo «un resultado negativo». Antes de presidir una reunión del PP en Canarias, el líder de los populares isleños ha explicado que «esa caducidad no es automática, sino que se tiene que producir por una orden de la Secretaría de Estado de Energía». Previamente, ha añadido, «hay que dar un plazo de 60 días, que vence el 21 de mayo de este año, para que el operador pueda acreditar que ha cumplido, en relación a esos permisos, todos los requisitos intrínsecos» a ellos.

Entre esos requisitos figuraba el compromiso de hacer una inversión mínima de 20 millones de euros. Sobre este asunto, Soria ha manifestado que «el propio operador ya ha dicho que ha hecho una inversión de unos 150 millones de euros». «Todo tiene que acreditarlo, aunque ya ha anunciado que renuncia a ningún tipo de prórroga y, por tanto, a ese tipo de investigación», avanzó el ministro de industria en funciones.

El PSOE cuestiona al Gobierno

El senador del PSOE por Canarias, Julio Cruz, señaló que “no es creíble” lo que está indicando el Gobierno sobre la caducidad de los permisos a Repsol a realizar prospecciones petrolíferas al este de Canarias porque los permisos expiran en agosto de 2017 y recordó que el PSOE ha presentado una moción en el Senado para la revocación de los permisos sin indemnizaciones ni gastos para el erario público. Julio Cruz reclamó que esa revocación sea clara y transparente y se publique en el BOE.

Bento: el PSOE autorizó prospecciones

Por su parte, el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento (PP), exigió al senador socialista Julio Cruz que no sea «incoherente» al hablar de permisos para realizar prospecciones y le ha recordado que el PSOE concedió «muchísimos, algunos todavía en vigor». El delegado del Gobierno dice que le «parece mentira» que el secretario de Organización del PSOE canario tenga dudas sobre la caducidad de esas licencias, dado que, a su juicio, «los socialistas son unos expertos en esta materia, porque autorizaron muchísimos trabajos de investigación, algunos de los cuales están aún en vigor». «La incoherencia del PSOE es de traca», opina Hernandez Bento, que recuerda que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero también concedió permisos para buscar hidrocarburos.

En este sentido, subraya que la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por Gobierno central con el apoyo del PSOE recoge, en el punto dedicado a la garantía del suministro de energía, que «se debe facilitar» la investigación acerca de la existencia de hidrocarburos en el territorio nacional. El delegado del Gobierno considera además que el PSOE «estaba frito por autorizar los sondeos», si se tiene en cuenta que su secretario general en Canarias, José Miguel Pérez, dijo en las elecciones autonómicas de 2011 que sería partidario de hacerlos en el archipiélago «con los ojos cerrados».

Greenpeace pide proteger aguas canarias

Finalmente, Greenpeace reivindicó de nuevo que el espacio marítimo que rodea a Fuerteventura y Lanzarote sea protegido como un santuario internacional de cetáceos por su enorme valor natural, para evitar que sean sometidas en el futuro a nuevas búsquedas de petróleo como la que intentó Repsol. El responsable en España de la campaña de Greenpeace contra las prospecciones petrolíferas en el mar, Julio Barea, ha recalcado que no se cree que los permisos que se otorgaron a Repsol para buscar hidrocarburos en Canarias hayan caducado.

Hasta 2017 y “debería saberlo”

«La resolución dice que el permiso de Repsol tenía un plazo de 3 años, así que sigue vigente hasta 2017 y el delegado del Gobierno en Canarias debería saberlo, porque él era subsecretario del Ministerio de Industria y Energía en aquellos momentos y por él pasaron los expedientes», apuntó. Greenpeace combatió activamente las prospecciones, tanto en campañas de opinión pública, como en el propio lugar de los sondeos, hasta el punto de que sus voluntarios fueron acusados de piratería por el Ministerio Fiscal por saltarse el perímetro de protección y acercarse al barco de Repsol, en unos cargos ya archivados.

Su portavoz en esa campaña opina que Repsol solo realizó uno de los tres sondeos para los que tenía autorización porque este asunto le ocasionó «un enorme daño en su imagen internacional». Además, desde el punto de vista de los ecologistas, la búsqueda de petróleo en Canarias respondía más al interés del Ministerio de Industria y Energía que al de la propia multinacional petrolera española.

El PSOE insta al Gobierno a declarar el Mediterráneo libre de prospecciones

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Europa Press / EFE.- El PSOE en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno central a declarar el mar Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos, según explicó la diputada socialista por Ibiza, Sofía Hernanz. También ha pedido una moratoria «de efecto inmediato» ante las solicitudes de nuevos permisos y «el archivo definitivo» de los expedientes en tramitación y de los proyectos de exploración existentes, según el PSOE de Ibiza.

Sofía Hernanz destacó la importancia de este encuentro para seguir trabajando en este sentido ya que, a pesar de que la movilización de la sociedad ibicenca frenó las primeras prospecciones en el Golfo de Valencia, actualmente existe «un importante número de permisos de investigación o autorizaciones de prospecciones petrolíferas en curso que representan una seria amenaza para los ecosistemas y la flora y fauna marina». También ha advertido de que muchas de estas actividades «se hallan muy cerca o solapadas con zonas protegidas» o a punto de protegerse por su «alto valor natural». La diputada ibicenca ha pedido el apoyo de todas las fuerzas políticas y, en especial, a Podemos y Ciudadanos para que sus diputados insulares respalden esta iniciativa.

Asimismo, con el objetivo de lograr «una estrategia común» para que se prohíban las prospecciones en Ibiza y Formentera, la diputada Hernanz y la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, mantuvieron un encuentro en el Congreso con el secretario y coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo. La propuesta socialista argumenta también la necesidad de apostar desde la Administración Central por las energías renovables y pone como ejemplo el proceso seguido en Francia, donde en su momento se tomaron las medidas necesarias para declarar el Mediterráneo francés libre de prospecciones.

El debate energético se sume en la ideología y los dogmas

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Paisaje para después de unas elecciones sin mayorías estables, esa falacia que viene a denominar la inexistencia de mayorías absolutas con capacidad de rodillo. El debate energético deviene en ideológico y dogmático, amplificado con las herramientas pop. En realidad no es ideológico, sino ideologizado de forma publicitaria, es decir, a partir de la nueva política y sobre la base de distintas posturas de carácter ideológico a falta de una política energética coherente, construida en términos de equilibrio económico, medioambiental y de seguridad de suministro. Ideologías pro o anti algo.

Esto se traduce en tomas de posiciones de los agentes, en presiones para un Parlamento recién elegido con necesidad de afirmarse y, así, empiezan a proliferar declaraciones de intenciones políticas para una etapa de la que todavía no se ve salida inmediata en el proceso de negociación para formar gobierno, que eso es otro cantar. La nueva política, a golpe de titular, abuso de la función mediática, de performance parlamentaria, de políticas declarativas y de Twitter. Estos son algunos ejemplos:

Aprobación de una iniciativa parlamentaria en contra de la fractura hidráulica en nuestro país; el fracking, técnica cuya implantación se está aplazando en la coyuntura actual de precios del petróleo. En el fondo de esta confrontación discursiva, se enfrenta a los promotores de este tipo de inversión, sin un claro retorno económico o necesidad en la actual coyuntura de oferta y demanda, con el movimiento ecologista más beligerante. Dos ideologías.

También hay propuestas para solicitar al Parlamento de un país sin Gobierno instar a que España se convierta en un país con una generación 100% renovable, a la voz de ya. Es decir, a qué abrace en este interregno ejecutivo un programa de “transición energética” y de descarbonización, de eliminación de los combustibles fósiles a pelo, sin más análisis económico, temporal o transicional que el procedente de los elementos discursivos.

Unidos a ellos, revitalizados posicionamientos en contra de energía nuclear sobre el discurso del miedo y del peligro, alimentados por la torpeza en la gestión del ejecutivo popular en la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, por una parte, y la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el proceso de reapertura de la central de Santa María de Garoña. En definitiva, la necesidad de un mix diversificado y sostenible económica y medioambientalmente frente a la ideología. Y también está lo que vendrá, como la revisión sumaria del fracasado decreto de autoconsumo, una promulgación realizada sin necesidad.

Como guinda folclórica, pero no exenta de relevancia, la declaración municipal de persona non grata a Rajoy por el affaire de la planta de celulosa de Ence en Pontevedra, consistente en una ampliación del plazo de operación por compensación en sus cuentas de los efectos de la revisión retributiva de la cogeneración operada en el marco de las medidas incluidas en la reforma energética para la absorción del déficit tarifario.

Política de declaraciones y de pronunciamientos ideologizados que, eso sí, conforma un frame del que es muy difícil escapar. Declamaciones pop a través de la venta de relatos propios de cada grupo de presión con sus argumentaciones que han advertido con su olfato el desgobierno, la desvertebración institucional general y la utilidad de la política de gestos, a la vez que virtualmente se constituye en un intento de trazarle el camino en lo energético al Ejecutivo que salga de los pactos o de las segundas urnas. Es en este escenario en el que se producen las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno. Y la energía tiene su papel.

El PP insta al PSOE a pedir «perdón» por «orquestar» el «fiasco» del almacén gasista Castor

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Europa Press.- El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, instó al PSOE a dejarse de «política ficción» y a «pedir perdón como ya hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero» por haber «orquestado el fiasco del proyecto Castor para la provincia«. De hecho, según recordó, «Zapatero aprovechó una visita a Vinaròs para pedir perdón a los ciudadanos de Castellón por haber desarrollado este proyecto».

Barrachina considera que «es una gran muestra de hipocresía que el mismo partido que blindó una indemnización millonaria para la empresa del Castor ahora solicite que se recupere este dinero que el Tribunal Supremo ha dicho que se tiene que pagar». «De hecho, los socialistas llevan al Congreso de los Diputados una proposición no de Ley cuyo contenido ya está incluido en el Decreto 13/2014 y que aprobó el PP en la pasada legislatura», indicó.

El PP ha recordado que este almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, «quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo de 1.300 millones, así como otras compensaciones incluidas en un Real Decreto del PSOE». «El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y defendió los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012, nada más entrar en el Gobierno y, además, con una orden ministerial inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa», ha desgranado Barrachina.

Asimismo, el diputado indicó que «gracias al PP se han conseguido reducir los intereses y gastos financieros de esta decisión del PSOE, se ha ampliado el periodo de amortización y se ha garantizado que no se van a extinguir las responsabilidades«. «Tal y como ha defendido el PP en la comisión de Industria, ahora mismo se está investigando qué pasó y, mientras, el PP ha defendido los intereses de los consumidores y ha garantizado que se cumpla la Ley, a la vez que ha trabajado por reducir el coste de esta hipoteca socialista», ha dicho.

Además, el líder provincial ha recordado que ahora mismo la Justicia está investigando lo sucedido con «12 altos cargos socialistas investigados en el proceso». Además, «en 2008 Ximo Puig era diputado nacional y, como tal, fue impulsor y dio soporte a este tipo de iniciativas». No obstante, «el Tribunal Supremo no aceptó la queja del PP al haber firmado el Gobierno socialista esta compensación para la empresa», lo que ha supuesto «una herencia envenenada para los consumidores de toda España«.

La mayoría del Congreso pide al Gobierno que prohíba el fracking y suspenda los permisos ya concedidos

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica, el llamado fracking, en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.

La iniciativa de ERC, modificada con las propuestas de Podemos y el PSOE, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking, respetando plenamente las competencias autonómicas, y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación. Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos de la ley de hidrocarburos que favorecen la implantación de esta técnica en España, fundamentalmente incentivos económicos.

El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los 5 diputados de Ciudadanos se han abstenido. La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la «España centralizadora, ultraliberal y expoliadora» pretende «imponer su autoritarismo» en zonas donde existe una «gran resistencia«. «El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando aquí», indicó, reclamando rechazar el fracking y apostar «de una vez por todas» por el «necesario» cambio de modelo energético.

La diputada socialista por Cantabria, María del Puerto Gallego, coincide en que los «riesgos» del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. La socialista subrayó la resistencia ciudadana a estos proyectos, pese al intento del PP «de comprar la voluntad» de los ciudadanos con su ley de hidrocarburos, que prevé incentivos fiscales y económicos para los habitantes y territorios afectados.»Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huída hacia adelante», criticó, señalando que con la «excusa» de la dependencia energética los populares fomentaron esta técnica.

María Rosa Martínez, de Equo Podemos, que aportó cambios de tipo técnico a la proposición no de ley de ERC, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los «notorios» efectos «nocivos» sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es «incompatible» con otras actividades económicas, pese a tener un «escaso retorno energético, económico y social». Por ello, ha sugerido que «las enormes inversiones» de las multinacionales del fracking se usen en la transición energética hacia un modelo de energías limpias.

El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, considera que «cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone», sobre todo si es tan dependiente como España, y además recuerda que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que «garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente» ante este tipo de actividades, que además generan desarrollo económico y abaratan los precios de la energía. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la «mucha desinformación» que hay en torno a esta «controvertida» técnica, que utilizan muchos países del mundo. “No cerramos la puerta a la exploración y, si cabe, la explotación de estos recursos», ha señalado, recordando que la Unión Europea considera este recurso como «estratégico».

La portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba, por último, ha reconocido que los informes sobre el fracking «alertan» de «notables» riesgos medioambientales. Pero también cree que es «fundamental» la «prudencia«, por lo que propusieron una enmienda que no ha sido admitida, consecuencia de lo cual se ha abstenido en la votación final pese a estar de acuerdo con poner restricciones al fracking con una moratoria pero en contra de apoyar una prohibición total de la técnica. «No tenemos suficiente información y así es imposible adoptar decisiones», concluyó, recordando que no se han tenido suficientemente en cuenta los efectos de las posibles responsabilidades patrimoniales que podrían exigirse si se aplica la moratoria que pedía ERC sobre los permisos ya concedidos.

Greenpeace felicita a los políticos

Desde la organización ecologista Greenpeace felicitaron a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados por aprobar una proposición no de ley que exige al Gobierno prohibir el fracking o fractura hidráulica en España y considera que este es «un paso fundamental para el fin de esta peligrosa e innecesaria práctica». «Es una gran noticia que por fin el Congreso de los Diputados apruebe una prohibición del fracking, ya que el Gobierno del Partido Popular ha estado apostando por esta peligrosa técnica durante toda su legislatura», apuntó el responsable de campañas de Greenpeace España, Julio Barea.

En Marea, PSOE y Ciudadanos se ponen de acuerdo para exigir un nuevo sistema de suministro eléctrico para la industria

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos se presentó a las elecciones de diciembre, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios «competitivos, estables y predecibles» a la industria.

La iniciativa, que fue transaccionada con propuestas del PSOE y de Ciudadanos, reclamaba originalmente un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad que mejorase tanto los plazos de las ofertas como las cuantías de los bloques. Sin embargo, finalmente la redacción es mucho más genérica y se limita a pedir que se impulsen las reformas necesarias para conseguir un nuevo sistema de suministro a precios «competitivos, estables y predecibles» que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales “ya que supondría un gran beneficio para reducir los costes productivos en casos como Alcoa”.

Este punto del texto salió adelante con los votos de PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y el PNV, frente a la abstención de Foro Asturias y el voto en contra del PP, que defiende el actual modelo de suministro energético para la industria. Sin embargo, el resto de la iniciativa cosechó el apoyo unánime de los grupos. Así, la Cámara Baja pide al Ejecutivo que fomente la implantación en las industrias electrointensiva de planes de inversiones para favorecer la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y la innovación. Podemos y el grupo mixto criticaron que las tarifas españolas sean las más caras de la Unión Europea y supongan hasta un 40% del coste de la producción industrial.

Igualmente, se pide continuar impulsando medidas que favorezcan el empleo, particularmente en las plantas de Alcoa en Galicia y Asturias; así como promover un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible. La propuesta aboga por solicitar a la Unión Europea que «exija que los productos procedentes de China cumplan los compromisos» adquiridos en el Protocolo de Adhesión de este país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), para evitar el dumping que está sufriendo la siderurgia y el sector del aluminio.

Junto con esta propuesta, la Comisión parlamentaria de Industria también debatía otra similar, a propuesta de Foro Asturias, para establecer un nuevo sistema de suministro eléctrico para industrias electrointensivas concretas, así como para aplicar una tarifa de emergencia que frene las deslocalizaciones. Sin embargo, el texto defendido por Isidro Martínez Oblanca sólo cosechó 10 votos, de Ciudadanos, ERC, DL, PNV y el propio de FAC, frente a las abstenciones de PSOE y Podemos y el voto en contra de los 15 diputados del PP, por lo que no salió adelante.

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha explicado que «no podemos asistir impasibles a las amenazas de la deslocalización de las industrias intensivas españolas» y ha afirmado que hay que evitar el desmantelamiento del empleo que afecta a comarcas enteras. Martínez Oblanca pidió tomar como referencia las medidas que se están adoptando en la Unión Europea, como ayudas estatales para la protección de medio ambiente y para tener costes energéticos semejantes a los que se registran en otros mercados.

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, ha defendido la proposición no de Ley presentada por su confluencia relativa a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico ya que el sistema actual es «opaco, poco transparente e injustos». En este sentido, pide al Gobierno medidas que logren mejoras en el sistema de subasta y que está poniendo en «jaque» a Alcoa, ubicada en A Coruña. Margarita Pérez, diputada del PSOE ha calificado de «dramática» la hipótesis de que pudiera desaparecer la planta de Alcoa también en Lugo. «El sector industrial necesita un marco estable de costes eléctricos y necesita una solución rápida y estable por su gran dependencia de la electricidad», ha aseverado.

Desde Ciudadanos, Enrique Bueno, ha pedido un pacto de Estado de la Energía para que la política energética sea estable y sostenible, mientras que el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha dicho que «el Ejecutivo no puede estar en defunciones» y es importante que «dé la cara» y defienda a estas empresas y sus producciones. También el diputado de Democracia i Libertad (DiL), el catalán Jordi Xuclá, ha defendido que la política industrial debe ir ligada a un nuevo sistema de precios eléctricos más competitivos.

Por su parte, la diputada del PP, Susana López, ha enumerado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP para garantizar la estabilidad del sector energético y ha recordado los beneficios fiscales para las empresas electrointensivas, así como la reducción de los precios para los hogares cerca del 15% y de hasta un 35% para las grandes empresas en los últimos meses.

Podemos, PSOE y Ciudadanos acuerdan reclamar el desmantelamiento del almacén gasista Castor y estudiar posibles responsabilidades penales de Escal UGS

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso aprobó una iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación tras completar Enagás su sellado, y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS participada por ACS, así como realizar un peritaje para valorar los daños causados.

La iniciativa recibió 28 votos favorables y 15 en contra. La propuesta, que partía de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, ha sido finalmente transaccionada con socialistas y Ciudadanos, y ha cosechado el respaldo de ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP. El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, criticó el «escándalo mayúsculo» de este proyecto «fracasado», que se fomentó «más por el interés del promotor que por el interés general» y que ha acabado por convertirse en un «pelotazo financiero» que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos. «Una prueba más del capitalismo de amiguetes», añadió el portavoz.

Por eso, exige una «solución justa» que pase por explorar las «posibilidades legales existentes» para recuperar las indemnizaciones pagadas a Escal UGS porque «incurrió en dolo», así como por establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos. Igualmente, se reclama un calendario de desmantelamiento de las instalaciones de Castor una vez se conozca el informe técnico encargado al MIT sobre el estado de las instalaciones y nuevas medidas legislativas para que casos de este tipo no puedan repetirse en el futuro, dando «mayor protagonismo» a la Oficina Nacional de Evaluación de modo que pueda controlar ex ante las licitaciones y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

En el texto que finalmente ha sido aprobado también se ha incluido la petición de promover un Pacto de Estado de la Energía para que esta política tenga estabilidad en el tiempo y que permita facilitar el tránsito hacia un modelo basado en las renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda. Unos objetivos que comparte el PSOE, cuyo diputado Herick Campos recordó que la posición socialista es de «cierre y desmantelamiento de la infraestructura», mientras criticó que el PP coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, cree que antes de tomar cualquier medida sobre el desmantelamiento de Castor o sobre el recurso a los tribunales hace falta contar con informes técnicos y jurídicos, lo mismo que debe conocerse la documentación que ha llevado al Gobierno a pagar la indemnización a Escal UGS «sin transparencia«. El portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, fue más allá al avanzar que solicitarán la creación de una comisión de investigación para aclarar las responsabilidades políticas, económicas, medioambientales e incluso penales «si las hubiera» respecto de este «escándalo», ocurrido «tanto en periodo socialista como popular», según recordó.

El diputado Jordi Xuclá, de Democracia y Libertad, ha hecho hincapié en que este «escándalo» ha sido posible por una «decisión política» que permitió que el contrato incluyera unas «cláusulas abusivas» en beneficio de la empresa. Por Compromís, la diputada Marta Sorlí denunció que «Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino (Pérez) y para los bancos que sólo ha servido para hacer temblar nuestra tierra y ensuciar nuestro mar» y se felicitó de que «ahora sí» exista la posibilidad de «hacer bien las cosas: desmantelar la planta, exigir responsabilidades a la empresa y recuperar parte de ese dinero».

Finalmente, el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, criticó que esta propuesta es «insuficiente» porque lo que solicita para que se recupere la indemnización ya está incluido en un decreto aprobado en 2014 si se demuestran irregularidades por parte de la empresa, tanto en lo que respecta a la no extinción de las responsabilidades de la promotora Escal UGS en la próxima década como en relación con la hibernación y seguridad de las instalaciones.

Además, ha recordado que ya se han pedido informes al MIT y a Enagás sobre lo sucedido y, durante la pasada legislatura, se han aprobado otros cambios legislativos para exigir declaración de impacto ambiental sísmico para este tipo de proyectos en el futuro. Con respecto al pago de la indemnización, el diputado ha recordado que el Gobierno estaba obligado a pagar y que ha minimizado el coste financiero y ha ampliado el plazo de amortización para reducir la cifra final.

Por último, Mariscal señaló que el «dañino» decreto que incluía el «alucinante» artículo que permitía a la empresa recuperar el valor residual de la inversión incluso si abandonaba el proyecto en cualquier momento lleva la firma de un «socialista» y que el Ejecutivo del PP trató de revertirlo para no tener que abonar la indemnización a Escal pero el Tribunal Supremo no se lo permitió.