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Parlamento asambleario, Gobierno ayuno

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En días pasados hacíamos una revisión de lo que ha sido esta legislatura en lo energético, que ha tenido tres características: en primer lugar, ha sido una sucesión de reclamaciones al Ejecutivo fruto del carácter permanentemente deliberativo del Parlamento elegido, muestra de la no vinculación con Gobierno alguno. Se ha pasado de la mayoría absoluta del Partido Popular, en la que la mayoría parlamentaria  garantizaba al Gobierno que el Congreso y Senado eran la voz de su amo, a una configuración por la vía de las mayorías volubles frontalmente opuesta y disidente al Ejecutivo en funciones.

En segundo lugar, el Ejecutivo ha permanecido ayuno de ideas y de modelo de política energética, salvo el ajuste contable de la denominada reforma eléctrica, con una posición entre pasiva y reactiva en este período. Una situación extremadamente maniquea, cuyas consecuencias es una agudización preocupante de un modelo de no política energética que contemple los tres vectores en su equilibrio: economía, medioambiente y garantía de suministro en un mundo globalizado.

Es por ello por lo que cuestiones como la pobreza energética, cuya definición legal ya existe en la Unión Europea, se someten a la mediática para ofrecer versiones diferentes como la de la propia Generalitat de Cataluña o en la trasposición al argumentario de cada partido político. O cuestiones como el autoconsumo eléctrico, de dudoso efecto en el conjunto de nuestro sistema de suministro eléctrico según nuestra demografía, se han convertido en banderas demagógicas al calor de sus propias presiones.

Asimismo, este Parlamento no se ha pronunciado sobre cuestiones capitales como la vaporosa definición de “transición energética” para nuestro país, de acuerdo a los compromisos adquiridos, evitando el oportunismo maximalista dirigido a promover una transformación renovable del 100% de la estructura de suministro sin reflexionar sobre su impacto económico. Otras cuestiones sobre las que no se han pronunciado son las referentes a sectores como el transporte o los hidrocarburos, dentro de una postura global de política energética y de política energética general integrada y coherente, más que declaracional. O sobre el modelo de tarifa y sus componentes, el modelo de gobernanza, los operadores de transporte y sistema, o la forma de “financiar” esa transición energética.

Finalmente, ha proseguido el deterioro político del gobierno popular con la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso de la central de Garoña, cuyo pronunciamiento se requiere de forma ideológica desde los partidos políticos; complejidad en la que no ha ayudado el presidente Marti Scharfhausen, hombre poco sofisticado en su ejecutoria. En resumen, un parlamento asambleario y populista, buscando posicionamientos para la prensa a las redes, frente a un Ejecutivo ayuno de política energética. Preludio de la campaña. Preludio de la siguiente legislatura.

Tarifas eléctricas a la carta: el PSOE la pretende para los grandes consumidores de energía y el BNG para Galicia

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EFE.- Mientras los nacionalistas del BNG reiteran que reclamarán en el Congreso, si tras las elecciones generales logran representación en la Cámara baja, una tarifa eléctrica propia para Galicia, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, solicitó el establecimiento de una tarifa eléctrica especial para las empresas grandes consumidoras de energía y se comprometió a que los Presupuestos Generales del Estado asuman una parte del coste.

«La no política energética del PP en estos cuatros años ha supuesto la incertidumbre de las empresas en Asturias», argumentó la candidata, que puso el ejemplo de Alcoa, «que en el año 2014 quedó fuera del paquete del servicio de interrumpibilidad y casi con miedo de cerrar la empresa». Además de cambiar el actual sistema de subasta eléctrica para establecer una tarifa especial, el PSOE se compromete a asumir «algunos de los costes que aparecen ahora en la factura a través de los Presupuestos». Adriana Lastra también defendió la obligatoriedad de las térmicas de quemar carbón autóctono para garantizar la continuidad del sector, dado que de las 20 millones de toneladas que se queman al año, únicamente 3 son nacionales.

Tarifa eléctrica propia para Galicia

Por su parte, el cabeza de lista de la candidatura BNG-NÓS por la provincia de A Coruña, Carlos Callón, aseguró que si las empresas y los ciudadanos gallegos no tuviesen que pagar peaje alguno por la electricidad que se genera en la comunidad autónoma gallega, las facturas se reducirían un 30%. En la misma línea se pronunció la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que denunció el «expolio energético» que desde hace muchos años «sufre» Galicia. Pontón reclamó para los gallegos el beneficio de la energía eléctrica que se produce en su territorio, acabar con los «oligopolios» y con medidas «injustas» como el denominado impuesto al sol, y profundizar en un cambio de modelo de consumo, más eficiente y sostenible.

Por ello, la formación nacionalista gallega exigirán una tarifa propia, según Callón, que consideró a Galicia como la «primera potencia eléctrica» de España. Como ejemplo, dijo que sólo el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, con una población inferior a los 10.000 habitantes, produce más energía eléctrica que toda la Comunidad de Madrid, «y los gallegos no recibimos absolutamente nada y a mayores se nos penaliza«, indicó. «Cuando compramos unas naranjas del Levante peninsular pagamos el transporte por traerlas hasta aquí, sin embargo, cuando hablamos de la energía eléctrica no sólo no somos beneficiados sino que tenemos que pagar los costes del transporte de la energía que producimos aquí», afirmó.

Además, Callón considera que con una tarifa eléctrica propia, Galicia evitará que empresas como la multinacional norteamericana del aluminio Alcoa, con plantas en las provincias de Lugo y A Coruña, «utilicen para su deslocalización el precio de la energía eléctrica». Según el candidato nacionalista gallego, algunos países europeos tienen actualmente tarifas eléctricas territorializadas y puso como ejemplo a Reino Unido o Alemania, y apuntó que en el Estado español el País Vasco ya posee una tarifa industrial eléctrica. «Simplemente si redujésemos el coste de los peajes hablaríamos de un 30% menos en las facturas de todas las empresas y de todos los gallegos», concluyó Callón.

110 días de Congreso: 11 reclamaciones energéticas de la XI legislatura

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La XI legislatura pasará a la Historia de la democracia posterior a 1978 como la legislatura fallida. Esos 110 días en el Congreso de los Diputados se recordarán como un catálogo de reclamaciones de la oposición al Gobierno desde su respectivo espectro ideológico. La tónica general ha sido la del PSOE y Podemos reclamando, Ciudadanos pactando y el PP defendiendo los últimos 4 años. Así que repasemos las votaciones que ha propiciado esta legislatura porque pueden servir para anticipar los próximos pasos de los principales partidos en materia energética.

1- Autoconsumo:

La Comisión de Industria del Congreso exigió al Ejecutivo que elimine las “trabas” administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo, incluidos los cargos por seguir conectados al sistema, y que promueva un marco regulatorio estable para la generación a pequeña escala. Aunque el texto original fue presentado por el PSOE, se aprobó una iniciativa consensuada con Podemos, Ciudadanos y nacionalistas al que sólo se opuso el PP. Según la propuesta finalmente aprobada, el Gobierno deberá impulsar esta fórmula de generación y consumo de energía, apostando por el balance neto como sistema de compensación de créditos en un periodo de tiempo tasado. Asimismo, se aprobó una propuesta de Ciudadanos para eximir a las desaladoras de Canarias del pago de peajes hasta 2020.

2- Carbón:

La Comisión de Industria aprobó una proposición presentada por Foro Asturias (FAC) para exigir medidas al Gobierno para priorizar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas y alcanzar el 7,5% previsto en el hueco térmico contemplado en el Plan del Carbón acordado en 2013. La propuesta también pidió la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos, el llamado céntimo verde, que ya había sido aprobado en la Comisión de Hacienda por una propuesta del PSOE. En esta iniciativa Podemos sí que se involucró, mientras que los nacionalistas catalanes mostraron su oposición mientras que se abstuvieron Ciudadanos y el PP, que planteó sus dudas de que el céntimo verde pudiera evitar ser declarado como ayuda de Estado y autorizado por Bruselas.

3- Castor:

La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta que, partiendo de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, fue finalmente pactada con el PSOE y con Ciudadanos. La iniciativa cosechó el respaldo de los grupos nacionalistas y el rechazo de los diputados del PP. Podemos proponía que el Gobierno fijara un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación. También pedía estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, Escal UGS, así como buscar la fórmula de recuperar la millonaria indemnización que la empresa recibió. El PP volvió a recordar la clausula firmada por el Gobierno socialista de Zapatero que obligaba al Estado a indemnizar al promotor.

4- Cogeneración:

Resulta llamativo que la única iniciativa energética que no haya encontrado ningún voto en contra fuera la presentada por el independentismo catalán de Democracia y Libertad. Su iniciativa, aprobada en la Comisión de Industria, exigía al Gobierno que cumpla con el plan renove de instalaciones de cogeneración y residuos previsto en la Ley del Sector Eléctrico de 2013. La iniciativa de los independentistas catalanes cosechó el respaldo del PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención de PP y Foro Asturias (FAC). Su objetivo era impulsar de una vez el plan renove previsto en la normativa de 2013 y que más de dos años después aún no se materializó en ninguna convocatoria ni aprobación de programas para renovar instalaciones de cogeneración.

5- CSN:

La lentitud que rodea a procesos como el desarrollo del ATC o la posible reapertura de Garoña ha sido crítica para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en combinación con un Gobierno en funciones. En este sentido, todos los grupos de la Comisión de Industria, salvo el PP y Foro Asturias, firmaron una petición para pedir el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, por su negativa a comparecer ante la Cámara para informar sobre la planta nuclear burgalesa y sobre el ATC. Asimismo, fueron continuas las peticiones de los partidos de la oposición para que no se tomara ninguna decisión hasta constituirse un Gobierno.

6- Fracking:

La Comisión de Industria aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos y los nacionalistas. La iniciativa reclamaba al Ejecutivo que llevara a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking en toda España y para que suspendiera los permisos ya concedidos durante la pasada legislatura. También se pedía derogar los artículos de la ley de hidrocarburos que establecían incentivos económicos para favorecer la implantación de esta técnica en España. El PP votó en contra alegando que “cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone” mientras que Ciudadanos se abstuvo ya que se mostró en contra de apoyar una prohibición total de la técnica por “no tener la información suficiente” para ello.

7- Garoña:

La Comisión de Industria respaldó una proposición impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas, que “aboga por el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento”. Podemos-Equo señaló que Garoña es la planta más antigua del parque español y que lleva cerrada 3 años “sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético”, argumento que compartieron Ciudadanos y el PSOE. El PP reivindicó que es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%.

8- Interrumpibilidad:

La Comisión de Industria aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega de Podemos, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios “competitivos, estables y predecibles” a la industria electrointensiva. La propuesta original de En Marea reclamaba un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad, pero finalmente la redacción de la propuesta fue mucho más genérica después de la negociación con PSOE y Ciudadanos, que apoyaron la iniciativa. El PP se opuso a la iniciativa y repasó las medidas que impulsó el Gobierno para garantizar la estabilidad del sector energético así como los beneficios fiscales que estableció para las empresas electrointensivas.

9- Nuclear:

La última Comisión de Industria de esta legislatura aprobó una proposición del PSOE que planteaba el cierre progresivo de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento, lo que culminaría en 2028. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad, el voto en contra de PP, que resaltó que defenderán que estas decisiones las tome el CSN, y la abstención de Podemos, que había presentado otra iniciativa, que no salió adelante, para urgir al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplieran los 40 años de funcionamiento y que se cerraran cuando les toque renovar su permiso de explotación.

10- Pobreza energética:

Aunque no avanzó en su tramitación parlamentaria por el final de la legislatura, la llamada ley 25 de emergencia social de Podemos fue admitida a trámite tras contar con el apoyo del PSOE y la abstención de Ciudadanos y los nacionalistas. Eso sí, todos criticaron duramente la forma en la que está elaborada la iniciativa y su «pésima técnica legislativa». La iniciativa planteaba un nuevo bono social para la electricidad y el gas, financiado por las empresas del sector, que sería de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro. El PP se opuso y calificó la iniciativa de populista.

11- Prospecciones:

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una proposición del PSOE para instar al Gobierno a declarar al Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos y, por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y los nacionalistas frente a los votos en contra del PP, que criticó que el Gobierno de Zapatero aprobara prospecciones en el Mediterráneo y ahora el PSOE las quiera prohibir, y la abstención de Ciudadanos, que recordó que España es dependiente del petróleo, “actualmente insustituible”.

Todos los partidos apuestan por la participación de la fotovoltaica en las futuras subastas de renovables

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Europa Press.- PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos han apostado por la participación de la fotovoltaica en las futuras subastas de energía renovable, después de que esta tecnología fuera excluida de las que se realizaron a principios de año y que pusieron fin a la moratoria verde que existía desde 2012.

En un debate electoral sobre el desarrollo de la energía renovable, la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, y el portavoz de Medio Ambiente de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, mostraron su compromiso para cambiar el marco jurídico actual para que la fotovoltaica no sea excluida de estas subastas.

Por su parte, el portavoz de Energía del PP y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, subrayó que las renovables, y entre ellas la fotovoltaica, «deben ser el corazón» del sistema eléctrico si se quieren asumir los compromisos internacionales de descarbonización marcados en la COP21 de París.

Así, Mariscal, que justificó la reforma llevada a cabo por el Gobierno del PP ante la necesidad de acabar con el déficit de tarifa, afirmó que «demonizar al sector fotovoltaico no es bueno» y consideró que los errores del pasado se debieron a la legislación que se aplicó por el Gobierno del PSOE, especialmente en los años 2007 y 2008. «Ese error dejó consigo que los españoles acabamos financiando la curva de aprendizaje de esa tecnología», dijo.

A este respecto, la responsable del PSOE Pilar Lucio aseguró que quien «demonizó» al sector fotovoltaico fue el PP con un recorte basado «en dos informes que no existieron».

Mientras, el miembro del Observatorio Crítico de la Energía y colaboradores del círculo de Economía, Energía y Ecología de Podemos, Cristóbal J. Gallego, destacó el importante papel que debe jugar la fotovoltaica, aunque se mostró partidario de definir el actual método de subastas, que incentiva la inversión más que la eficiencia.

Autoconsumo

PSOE, Ciudadanos y Podemos insistieron en su deseo de derogar el Real Decreto sobre autoconsumo y promulgar una nueva regulación que contemple, entre otras disposiciones, el balance neto, mientras que Mariscal defendió que el PP hubiera aprobado la primera legislación para su desarrollo.

«La bondad del autoconsumo es clara, pero los desarrollos deben ser ordenados y entendimos cuando se aprobó este primer Real Decreto que había que intentar evitar una transferencia de rentas entre quienes podían adquirir estas tecnologías y quienes no», subrayó el responsable del PP al respecto.

Los partidos participantes en el debate también mostraron su compromiso por cumplir los objetivos europeos de renovables a 2020 y 2030 y apostaron por consensos bajo la forma de un Pacto de Estado que devuelva la estabilidad y la seguridad jurídica al sector.

 

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

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Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

El PSOE quiere acabar con el diésel y con las centrales nucleares a través de un calendario de eliminación paulatina

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Europa Press / Servimedia.- El PSOE recoge en su documento Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible un calendario de eliminación paulatina del diésel que estaría contemplado dentro de una Ley de transición energética y cambio climático. El documento, presentado por su candidato Pedro Sánchez, enumera las promesas para concurrir a las elecciones del próximo 26 de junio en materia de sostenibilidad.

Muchas medidas ya aparecían en el programa electoral para concurrir a las elecciones del 20 de diciembre, aunque más desarrolladas entonces, como la aprobación de la mencionada ley de transición energética y cambio climático que, eso sí, ahora especifica el compromiso para eliminar paulatinamente el diésel. Junto con ello, el calendario marcará también una mejora progresiva de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares, junto con la determinación del sistema de almacenamiento temporal de residuos. Asimismo, plantea nuevamente la prohibición de nuevas explotaciones de hidrocarburos.

El texto socialista recoge también medidas en materia de biodiversidad que ya contemplaba anteriormente, como la prohibición absoluta del cambio del uso del suelo en zonas forestales incendiadas, así como la creación de un estatuto básico para agentes y bomberos forestales, o la consolidación de ciudades sostenibles. Los socialistas plantean asimismo una fiscalidad ambiental que atienda a las emisiones de CO2, óxidos nitrosos, emisiones de vehículos a motor, residuos industriales y peligrosos o tóxicos y los derivados de envases, embalajes y bolsas. Además, quieren introducir progresivamente los sistemas de gestión de Depósito, devolución y retorno, allí donde sea más eficaz.

Abastecer de electricidad con renovables

Asimismo, el PSOE aboga por que todos los edificios públicos se abastezcan con energías renovables en 2025 y por un peso creciente de las mismas para que alcancen el 70% del suministro eléctrico en 2030 y el 100% en 2050. De hecho, una de sus propuestas es incluir altos estándares medioambientales en los criterios de contratación pública o prohibir nuevas explotaciones de hidrocarburos en España.

Lambán (Aragón) no da por perdida la térmica de Andorra aunque critica que el Gobierno no defienda al carbón nacional

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EFE.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, no da por perdida la central térmica de Andorra (Teruel) pese a haber comprobado con «estupefacción» en Bruselas que el Gobierno central «no ha hecho absolutamente nada» ante la Unión Europea por buscar soluciones para la minería del carbón.

Lambán asegura que en su viaje a Bruselas comprobó «con bastante asombro» que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho nada por el carbón cuando decía que estaba presentando propuestas para emitir las órdenes oportunas para facilitar las inversiones necesarias en las centrales térmicas, entre ellas la de Andorra, sin las cuales el sector es inviable. El presidente señaló, al respecto, que su Ejecutivo va a seguir luchando para que el carbón de Teruel tenga vida más allá de 2018 y para que el Gobierno central financie un plan de reindustrialización de la zona.

Ha hecho hincapié en que no da por perdida la térmica de Andorra a pesar de que se perdieron unos años «preciosos» y, en su opinión, es «lamentable» que el Gobierno del PP haya dicho que se estaba avanzando con Bruselas en órdenes admisibles por Competencia para las inversiones en las térmicas cuando ha comprobado que esas gestiones eran «falsas». «A mí me lo llegó a decir taxativamente una semana antes de dimitir el propio ministro Soria», aseveró Lambán, quien lamentó que no se hayan encontrado alternativas a la devolución de las subvenciones que tendrán que hacer las empresas mineras que quieran seguir con su actividad a partir de 2018.

El político socialista admitió que es un asunto complicado, pero «lo lamentable es que en 4 años no se ha hecho absolutamente nada» y sería bueno que quienes en Europa toman decisiones respecto al carbón, especialmente desde el ámbito de la Competencia, visitaran las zonas mineras para que tengan un visión «real» de la dimensión «brutalmente negativa» que el cierre de las minas tendría para una parte importante de Aragón.

Por su parte, la consejera de Economía, Marta Gastón, señaló que si los populares no son conscientes de la situación del carbón al menos podrán trasladar una opinión «crítica» después de que Bruselas autorizara la concesión de una ayuda pública de 2.130 millones de euros para contrarrestar el impacto del cierre de 26 minas de carbón en España. En ese sentido, ha reiterado que el Gobierno de Aragón sigue reivindicando el futuro de la minería, y por tanto de la central térmica de Andorra, que es la destinataria del total de la producción del carbón autóctono que se extrae en las minas aragonesas, mientras trabaja por un plan de reindustrialización.

El PSOE se compromete a impulsar una economía verde y un uso «inteligente» de la energía y los recursos naturales

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Europa Press.- El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete a impulsar la economía verde y circular, el uso «más inteligente posible» de la energía y de los recursos naturales, en caso de ganar las elecciones y gobernar.

Según el documento Compromisos del PSOE para lograr un sí al gobierno del cambio el 26J, Sánchez pretende impulsar la economía verde que, en su opinión, requiere una apuesta «decidida» por el uso «más inteligente posible de la energía«. También indicó que esto supone lograr la «máxima eficiencia, ahorro y un sistema energético de precios estables, predecibles y aceptables. Asimismo, esto requiere sentar las bases de una transición energética que se base en fuentes renovables.

Igualmente considera que este cambio implica impulsar un cambio en los modelos de movilidad y aprovechar estas demandas para generar industria e innovación y combinar las soluciones auxiliares que proporcionan las nuevas tecnologías y los nuevos materiales. En cuanto a los recursos naturales, el programa de Sánchez buscará la buena gestión y equidad en el acceso a los recursos naturales y los beneficios que generan.

Álava insta al Gobierno central a retirar su recurso contra la ley antifracking del País Vasco

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EFE.- Las Juntas Generales de Álava instaron al Gobierno central en funciones a retirar su recurso contra la ley vasca antifracking, después de que varios artículos hayan sido suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional con motivo de este recurso. El pleno de las Juntas Generales de Álava aprobó una moción transaccional presentada por EH Bildu, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se opuso al entender que corresponde al Tribunal Constitucional retirar la suspensión sobre esta ley.

La Cámara foral ha urgido también a la Diputación de Álava a adoptar una «actitud proactiva» en la defensa de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica. Asimismo, los grupos han emplazado al Gobierno del País Vasco a utilizar «todas las herramientas jurídicas» reconocidas dentro del Estatuto de Autonomía para defender la ley antifracking. En este sentido, instó al Ejecutivo autonómico a comprometerse con «no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi ni a participar en ningún proyecto» de este tipo fuera del territorio.

Sobre esto último, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, criticó al PNV por mantener una postura «esquizofrénica» en este tema, ya que apoya estas mociones en las instituciones pero sigue «adelante» con sus planes a favor del fracking, en concreto, en los pozos de Enara (ubicados próximos a Vitoria) y en Angosto (Burgos). El nacionalista Roberto González señaló que la postura del PNV en torno al fracking es «clara» y aseguró que su partido no defiende «ni exploración ni explotación». Además, recordó que ha sido el PP quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca.

Por su parte, el portavoz popular, Borja Monje, criticó que «se ve lo que dice y hace el PNV» con el fracking y denunció su «ambigüedad» en la cuestión. El socialista Jon Pablo Nogales trasladó la preocupación de su grupo no sólo por el recurso del Gobierno central, sino también por la «falta de definición del Ejecutivo de Urkullu». Por su parte, Asela Ortiz de Murua, procuradora de Podemos, advirtió del impacto negativo y la incompatibilidad de la fractura hidráulica con otras actividades económicas, así como del escaso retorno económico y eléctrico que supone la inversión en esta técnica extractiva.

El PSOE pide que la Junta de Castilla y León desarrolle ya el plan de dinamización para las cuencas mineras

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EFE.- El grupo socialista en las Cortes de Castilla y León exigirá a la Junta que cumpla con su compromiso de poner en marcha el plan de dinamización de las cuencas mineras anunciado por el Ejecutivo autonómico y en las que se prevé invertir 20 millones de euros en 4 años.

El viceportavoz socialista en las Cortes, Tino Rodríguez, señaló que el plan «debería haber estado aprobado antes del 30 de abril y que, de seguir así, se demorará, al menos, un mes». El plan de dinamización prevé recursos para la realización de proyectos complementarios en las cuencas que tienen como objetivo la creación de empleo y generación de actividad económica que, a juicio del socialista, es «indispensable ya que permitiría invertir en León cerca de 5 millones de euros anuales».

El también secretario general del PSOE leonés subrayó la difícil situación que desde hace dos legislaturas viven las cuencas mineras con una constante pérdida de empleo en el sector minero y la práctica desaparición de las empresas del sector. El procurador destacó que a esta situación se llegó ante los incumplimientos del Plan del Carbón por parte del Gobierno central.

Tino Rodríguez también aludió al «boicot por parte del PP a la implantación del céntimo verde promovido por el PSOE con el objetivo de hacer más competitivo el carbón nacional frente al de importación». Un boicot, recordó, que llegó al Congreso de los Diputados con la abstención del PP en la votación de una propuesta que salió adelante con el apoyo de otras formaciones políticas y que el «Gobierno en funciones no ha puesto en marcha y del que tampoco ha querido saber nada la Junta incorporándolo a sus tasas».