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La Mesa del Congreso deniega a los diputados asistir a la Cumbre del Clima de Marrakech

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EFE.- La Mesa del Congreso ha denegado la autorización del viaje de una representación de diputados a la Cumbre del Clima que Naciones Unidas celebra en Marrakech, hasta el próximo 18 de noviembre, según confirmó el presidente de la Comisión de Cambio Climático, el diputado socialista José Juan Díaz Trillo.

Como cada año, la convención de cambio climático de Naciones Unidas ha invitado a una delegación del Parlamento español a asistir a la cumbre que se está celebrando en Marruecos y que tiene como objetivo celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de París y acordar las reglas del juego del mismo. Díaz Lillo presentó a la Mesa una petición de autorización de viaje para que una representación de los diputados que integran la Comisión de Cambio Climático pudiera desplazarse, pero fue rechazado con el voto de PP y Ciudadanos.

El diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien forma parte de la Comisión de Cambio Climático y era uno de los diputados que había solicitado asistir a la cumbre del clima ha denunciado que el Congreso se niegue a que los parlamentarios que van a decidir la futura Ley de Cambio Climático de España «estén en esta cita clave».

López de Uralde ha remarcado lo «lamentable» de esta decisión que impide que el Congreso español esté representado en la cumbre del clima como si lo estarán el resto de Parlamentos de los países desarrollados y de muchos los países en desarrollo. El diputado ha pedido a la mesa que reconsidere esta postura ya que en la cumbre, a la que asistirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se van a decidir cuestiones clave sobre la transición hacia un modelos de desarrollo bajo en carbono.

El plan contra la pobreza energética de Castilla-La Mancha concluye la primera fase con 6.054 ayudas

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EFE.- La primera fase de la aplicación del Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha concluido con un total de 6.054 ayudas de 150 euros cada una que han beneficiado a cerca de 21.000 personas, el 44% de ellas menores y 407 más en situación de emergencia personal. Así lo detalló el diputado regional socialista José Luis Escudero, quien hizo balance de una primera fase que se ha saldado con 216 actuaciones de reposición del suministro.

Unos datos con los que Escudero se ha mostrado «muy satisfecho» porque demuestran que «el ejecutivo de García-Page está cumpliendo con los compromisos que alcanzó con la ciudadanía de la región, pero sobre todo y con especial atención con aquellos que han sido más castigados por la crisis y por el anterior gobierno de Cospedal». «No son anuncios, sino realidades que se han materializado en sólo 15 meses de gestión al frente del Gobierno regional», ha apuntado el diputado regional, quien ha recordado que la primera fase se inició sólo unos meses después de que García-Page tomara posesión de su cargo y aún así, ya se aplicó el pasado invierno.

Así, según Escudero, han resaltado que «eran medidas necesarias, urgentes e imprescindibles para ayudar a las familias que peor lo estaban pasando y tanto habían sufrido en la anterior legislatura». Escudero reivindicó que este mes se reanuda la segunda fase del Plan, «pionero en nuestro país», en la que se pretende conceder alrededor de 4.000 ayudas y cuenta, como novedad, «incluir medidas de ahorro en los hogares para que también gasten menos vía ahorro energético».

Escudero recordó que, al igual que durante la primera fase, se concederán ayudas por importe de 150 euros por familia para los meses de invierno de este año. Con este Plan, insistió, se contemplan cuatro actuaciones: paralización de procesos de corte de suministro, reposición urgente cuando hay un corte en las familias, ayudas contra la pobreza energética y plan de orientación para el ahorro energético».

Asturias pide al Gobierno y a las eléctricas la defensa del carbón nacional

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, se comprometió a insistir al Gobierno del PP y a las compañías eléctricas sobre la necesidad de defender el sector del carbón, según explicaron los secretarios generales del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, y CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano. Ambos dirigentes sindicales se reunieron con el jefe del Ejecutivo autonómico, en un encuentro en el que participó el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, para trasladarles la «grave situación» del sector.

«Creemos que el compromiso político de Javier Fernández está, pero es necesaria más fuerza y contundencia», aseveró Manzano, que advierte que el consumo de carbón nacional se ha reducido a «la mínima expresión» al no existir un mecanismo para garantizar su quema en las centrales térmicas, lo que supone el «incumplimiento» del acuerdo marco 2013-2018. Por ello, considera necesario que el Gobierno del Principado traslade «toda la presión» al Ejecutivo central y a las compañías eléctricas. Alperi agradeció el «compromiso político» del Gobierno asturiano, si bien remarcó que «hay que quebrar la falta de voluntad del PP» ante la crisis del sector. «Lo viene haciendo habitualmente, pero es necesario insistir en el cumplimiento del acuerdo marco», insistió el de SOMA-FITAG-UGT.

Coincidencia entre Ejecutivo y sindicatos

Por su parte, Francisco Blanco resaltó la «coincidencia» del Gobierno regional en el análisis realizado por los sindicatos y por ello reafirmó que va a «seguir reclamando» al Gobierno del PP el cumplimiento del acuerdo marco y la convocatoria de la comisión de seguimiento. Blanco insistió en que «no se está cumpliendo ninguna medida», pese a que el cumplimiento de «lo firmado» permitiría «la solución en el corto y medio plazo de los problemas existentes».

El consejero aseguró que el Gobierno regional ejerce una «reclamación permanente» ante el Ejecutivo central y que lo va a seguir haciendo. Asimismo, el Gobierno del Principado va a ejercer una «interlocución» con las empresas eléctricas para pedirles la compra de carbón nacional, aunque ha reconocido que carece de «instrumentos para persuadir«. «Sería importante para dar viabilidad a empresas que no están funcionando porque son incapaces de colocar su carbón», expuso Blanco, quien advirtió de que «algunas empresas tiene la producción paralizada y otras están al borde de del cierre».

Con motivo de la reunión con Fernández, un centenar de trabajadores se concentró ante la sede de Presidencia para protestar por la situación del sector y reclamar soluciones. Por su parte, el diputado regional de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, expresó su apoyo a un sector que considera «estratégico», a la vez que ha denunciado el «incumplimiento sistemático» del acuerdo marco por parte del Gobierno central.

La oposición critica en la Comisión de Industria la “opacidad y politización” del CSN

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Europa Press / EFE.- Durante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, recordaron que la Comisión aprobó en la pasada legislatura su cese y que el Gobierno no lo llevo a cabo. Han criticado también las actuaciones del órgano respecto a las decisiones en torno a la central de Garoña así como al ATC. Igualmente, lamentan que se esté impulsando, a juicio de los parlamentarios, una regulación para extender la vida útil de las nucleares hasta los 60 años.

«Es un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo», le indicó la diputada del PSOE, Pilar Lucio, que insistió en que es «chocante» que sea el máximo responsable del CSN después de haber sido secretario de Estado de Energía. A su juicio, su actividad al frente del mismo ha supuesto «una captura del órgano regulador«. Asimismo, Lucio lamentó que Marti vaya a la Cámara Baja a responder a los técnicos, en lugar de responder a los parlamentarios sobre cómo va a resolver la situación.

Desde Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha advertido del «deterioro» de la seguridad nuclear en los últimos años. «Hoy estamos más expuestos», ha avisado al tiempo que ha recalcado que este deterioro se refiere tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del CSN, «consecuencia de la ocupación por parte del PP de este organismo». Su compañero de filas, Josep Vendrell, ha insistido en la «escasa credibilidad» de un presidente que viene de ser secretario de Estado, además de denunciar falta de transparencia y el «clima interno» en el CSN.

Uralde también ha tachado de «tomadura de pelo» la comparecencia de Martí. «No es de recibo que las discrepancias se sustancien poniendo a caldo a quienes han apuntado las críticas», afirmó, al tiempo que advirtió de que el suceso notificado por Almaraz calificado como 0 y denunciado por la asociación ha pasado a calificarse como 1. «Les da la razón a ellos y le quita la razón a usted. Lo mejor es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad recupere su credibilidad», sentenció.

Mientras, Melisa Hernández, de Ciudadanos, ha manifestado la voluntad de su grupo de confiar en el organismo regulador, pero ha precisado que no de esa manera y ha avisado de la «politización» del sistema. En este sentido, también ha criticado la ausencia de Marti en la pasada legislatura y le ha reprochado que la razón que se dio a la Cámara Baja es que tenía «muchos viajes». Por ello, le ha recordado que su grupo también apoyó la petición de dimisión. Hernández ha anunciado que su grupo presentara una iniciativa para que los plenos del CSN se retransmitan en directo.

Por su parte, Pedro Azpiazu, por el PNV, que se centró en la central nuclear de Garoña, ha confesado estar un poco cansado de este tema. «Ya vale, tomen una decisión, hagan el informe técnico que corresponde. ¿A qué esperan para no conceder la autorización a Garoña? Pusieron un calendario hasta septiembre de 2015 y no han cumplido ¿A qué esperan? A mí me gustaría que, por fin, Garoña se cerrase, sería hacer lo que exige el sentido común», proclamó.

La evaluación de reapertura de Garoña por el CSN está pendiente del envío de información y de modificaciones por Nuclenor

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Redacción / Agencias.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, explicó que el proceso de evaluación de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) está pendiente del envío de información por parte del titular, Nuclenor, y de la puesta en marcha en la instalación de algunas modificaciones requeridas, por lo que «estamos a la espera de que Nuclenor cumpla las condiciones» para la reapertura de la central, que cesó su actividad a finales del año 2012.

Así lo explicó Marti durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, especificando que la central, perteneciente a Iberdrola y Endesa, tiene que aplicar los requisitos derivados de Fukushima y presentar unas modificaciones de diseño que deben estar implantadas antes de la carga de combustible para poner en marcha la central (estos incluyen el sistema de venteo filtrado de la contención, los recombinadores pasivos autocatalíticos y el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE). Estas modificaciones «habrían de ser apreciadas favorablemente por el CSN antes de su entrada en servicio». El presidente del CSN ha asegurado desconocer el coste de las mejoras que ha exigido a Nuclenor para reabrir Garoña.

Por otro lado, recordó que estos requisitos tendrían que haberse cumplido en septiembre de 2015, por lo que afirmó que «el calendario ha sido rebasado». Preguntado por la posibilidad de aparcar la posible reapertura de Garoña ante el retraso de su titular Nuclenor, aseguró que «el CSN no puede parar sus actividades reguladoras sobre Garoña». «No tenemos capacidad jurídica para parar esos expedientes, de unos señores que son regulados y que están pagando sus tasas», prosiguió Martí, quien advirtió de que «si lo hiciésemos, prevaricaríamos».

Por su parte, la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, salvo PP y Foro Asturias, han vuelto a mostrarse partidarios del cierre definitivo de la central burgalesa, y en el caso del PSOE y Podemos, sus diputados han llegado a afirmar que el Gobierno, a través del CSN, «ensayan» con Garoña la extensión de la vida útil del parque nuclear hasta los 60 años. «La renovación de Garoña es un claro ejemplo de sus inconfesables intenciones, permitiendo que pueda operar hasta 2031 como solicitó Nuclenor», remarcó la diputada socialista Pilar Lucio, quien aseguró que «el Parlamento debe ser informado de estas intenciones».

«Garoña es un paripé para alargar la vida de las nucleares, su reapertura no interesa ni a los propietarios de la central», insistió el diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien exigió al presidente del CSN que no siga adelante emitiendo informes de Garoña «hasta que no haya nuevo Gobierno». La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, también acusó a Martí de «seguir dando curso» a los informes de Garoña pese a la discrepancia con la reapertura de la central nuclear de la mayoría parlamentaria.

Sobre el ATC, Marti indicó que el pleno del CSN remitió en julio de 2015 al Ministerio de Industria el informe favorable a la solicitud de autorización previa o de emplazamiento, estableciendo en dicho informe los límites y condiciones referidas a la seguridad nuclear y la protección radiológica. En este sentido, en 2016, el CSN ha trabajado en la solicitud de autorización de construcción, concretamente en la evaluación del Estudio Preliminar de Seguridad que ha generado una petición de información adicional. Igualmente, ha recalcado que hubo dos inspecciones centradas en garantía de calidad, en el diseño de la instalación y en las actividades de caracterización geológica y geotécnica en campo.

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

Industria prevé subastar 1.000 MW de renovables antes de fin de año y hasta 2.000 MW en 2017

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Europa Press / Servimedia.- Mientras desde el PSOE advierten de que «con la actual política energética España no cumplirá el objetivo del 20% del consumo final bruto de energía con fuentes renovables en 2020 y el máximo responsable será el Gobierno del PP», el Ministerio de Industria, Energía y Turismo traza sus planes y prevé subastar 1.000 megavatios (MW) de potencia renovable antes de que concluya el año, conforme a principios «lo más tecnológicamente neutrales posible«, según indicaron fuentes del sector.

Según los planes transmitidos por la Secretaría de Estado de Energía al sector, a la subasta de este año le seguirán otras nuevas en el ejercicio 2017, en el que se licitará una potencia adicional de entre 1.000 y 2.000 MW. Industria toma esta decisión con el propósito de cumplir el objetivo europeo de que en 2020 el 20% del consumo final de electricidad proceda de fuentes renovables. Las medidas actuales, sostiene, permiten alcanzar cerca del 19%, por lo que será necesario adoptar otras adicionales. De este modo, los planes para lograr el objetivo pasan por incrementar los actuales objetivos de biodiésel y por licitar una potencia renovable adicional de entre 2.000 y 4.000 MW.

Para las subastas, Industria prevé mantener el mecanismo ensayado en la primera puja, celebrada a comienzos de año. En concreto, prevé mantener la inversión en bienes de capital, o Capex, como referencia para la presentación de las distintas ofertas, en vez de un precio por megavatio hora. La subasta también seguirá utilizando criterios marginales de asignación, a pesar del riesgo de que esta práctica incentive la presentación de ofertas temerarias. No obstante, sí se producirán algunos cambios, como no reservar cupos por tecnologías y aplicar el principio de neutralidad tecnológica. Además, se estudia valorar por primera vez el grado de maduración de los proyectos renovables que se presenten a la competición, con el objetivo de primar los proyectos más avanzados.

 “España no cumplirá el objetivo”

Por su parte, el responsable de Economía, Empleo y Sostenibilidad de la Comisión Gestora del PSOE, José Muñoz Lladró, avisó de que «con la actual política energética España no cumplirá el objetivo del 20% renovable en 2020” y subrayó la apuesta del PSOE por «un nuevo modelo energético basado en las renovables«, con optimización de los recursos disponibles, en el marco de un Pacto de Estado de energía. El responsable socialista expresó su sorpresa por la «rotunda afirmación» del Gobierno en funciones de que España cumplirá con sus compromisos europeos, «cuando las energías renovables siguen sufriendo un estancamiento sin precedentes».

«En 2015 en el mundo se instalaron 150.000 megavatios de energías renovables y en nuestro país sólo 27», denunció. «El hecho de que el Gobierno quiera celebrar una subasta de 1 gigavatio antes de finales de año deja de manifiesto que su objetivo central no es hacer una clara apuesta por las renovables, sino simplemente cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea. Exigimos que el Gobierno defina una planificación a medio plazo, con un calendario de subastas, para que el sector se reactive y se capten las inversiones. Lamentamos el lenguaje triunfalista del Gobierno, que oculta el reconocimiento de que si no se toman medidas España no cumplirá con el objetivo comunitario», concluyó.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión que pesaba sobre algunos artículos de la ley del País Vasco contra el fracking

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar que se mantenía desde el pasado 3 de mayo sobre algunos artículos de la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o más conocida como ley del fracking. La suspensión se aplicaba desde el momento en el que se admitió a trámite el recurso del Gobierno sobre este asunto, que aún está pendiente de resolverse por el tribunal de garantías.

Concretamente, según fuentes jurídicas, el tribunal de garantías da vigencia a los artículos 2 (sobre los hidratos de metano enterrados en el mar), 3, 5 y 6 (el inciso sobre la reposición de la situación alterada a su estado originario) y las disposiciones transitorias primera y segunda de la citada norma. La ley vasca del fracking se aprobó en junio del 2015 a partir de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

La Ley del País Vasco faculta a las instituciones vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El Tribunal Constitucional ya había anulado anteriormente las leyes de Cantabria, La Rioja y Cataluña. Estas tres normas autonómicas prohibían el uso de esta técnica y el Gobierno central las recurrió, al igual que hizo con la del País Vasco.

La ley del fracking del País Vasco fue aprobada en junio del año pasado por el Parlamento vasco sin el apoyo del PNV, formación que sustenta al Gobierno autonómico. De hecho, el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los jeltzales reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

A pesar de ello, cuando el Gobierno central decidió en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el gabinete de Urkullu anunció que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias de Euskadi. El Gobierno argumentó que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental. Consideró además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al obstaculizar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma.

El PSOE celebra el levantamiento

Por su parte, el PSOE celebró la decisión del Constitucional de levantar la suspensión cautelar de la ley del fracking, que fue recurrida por el Gobierno central y que estará vigente en su totalidad hasta que se resuelva el fondo del asunto. La parlamentaria autonómica socialista Natalia Rojo celebró esta resolución porque «avala la seguridad jurídica» del texto.»Los vascos hemos ganado una nueva batalla utilizando el camino que la propia ley nos ofrecía, sin maximalismos, con los pies en la tierra y haciendo uso de hasta las últimas de nuestras competencias», defendió Rojo aludiendo a que prohibir el fracking de manera literal únicamente hubiera conducido a la «frustración» porque la norma habría sido anulada. 

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».