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El PSOE pide al Gobierno que prohíba el fracking por sus supuestos peligros contra el medio ambiente

Europa Press.- El PSOE exige al Gobierno que realice las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el empleo de técnicas de fractura hidráulica, más conocidas como fracking, en toda España, por sus peligros contra la salud del medio ambiente y, por ende, la del ser humano.

El fracking es una técnica que, a juicio de los socialistas, plantea numerosas dudas sobre el riesgo que supone para el medio ambiente. Según explican en una proposición no de ley registrada en el Congreso, esta práctica ha sido objeto de numerosos estudios elaborados por instituciones públicas y privadas. El PSOE destaca dos estudios al respecto: el del Parlamento Europeo, llamado Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medioambiente y la salud humana; y el de la Comisión Europea, Contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa.

Según el PSOE, ambos informes ponen sobre la mesa «dudas razonables» sobre la utilización del fracking y destacan «el elevado riesgo para las personas y el medioambiente que supone esta técnica». Ante estos resultados, los socialistas piden al Ejecutivo que cambie la normativa respecto a esta materia para impedir la práctica del fracking en el país, con pleno respeto a las competencias autonómicas. Además, insta a suspender cautelarmente las prospecciones en curso o aquellas que hayan obtenido el permiso pero aún no hayan iniciado los trabajos, estableciendo una moratoria mientras no se prohíba esta técnica.

Reclama impulsar una transición energética

Por su parte, el grupo socialista en el Senado, a través de su portavoz en Industria, Ángel Mato, reclama una transición energética que procure una «transformación pragmática y gradual» del modelo y ponga fin a la pobreza energética. Mato apuesta por una política energética de largo alcance que asegure el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación y generación de empleo. Esta transición, señala, ha de tener como objetivo reducir la dependencia de los combustibles fósiles, impulsar el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad del suministro y luchar eficazmente contra el cambio climático.

El senador gallego subraya que España sigue teniendo una de las tarifas eléctricas, antes de impuestos, más altas de la Unión Europea y añade además, que la factura de la luz en los hogares españoles no ha dejado de subir en los últimos años. A su juicio, el sector eléctrico sigue adoleciendo de un grave problema estructural que tiene su efecto en unos mayores costes, que acaban repercutiendo, en especial, sobre los consumidores más vulnerables.

La guerra del bono social

Una de las primeras patatas calientes del Gobierno, aunque más que primera y que caliente es recalentada, es la aplicación y asunción de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al controvertido bono social de electricidad, hasta ahora un descuento de un 25% en la factura a quienes cumpliesen unos determinados requisitos y tuviesen una potencia contratada inferior a 3 kW.

La sentencia del Supremo vino a declarar que la medida era discriminatoria puesto que no involucraba a todos los agentes del sistema de suministro eléctrico en España. Por otra parte, el mecanismo de gestión del mismo deja varios huecos de difícil gestión de forma que, tal y como se ha venido denunciando, entre sus beneficiarios figuran titulares de segundas viviendas cuya adscripción patrimonial y de rentas no estarían encuadrados en la vulnerabilidad económica propiamente dicha. Los beneficiarios del bono social son, según el Gobierno, 7 millones de ciudadanos. A la vez, según la Asociación de Ciencias Ambientales, las personas que no pueden calentar su hogar en invierno son 5,1 millones.

Por otra parte, una figura como ésta, consistente en una ayuda (reducción en la factura) a los consumidores teóricamente vulnerables, debería tener un tratamiento de política fiscal en los Presupuestos Generales del Estado, máxime cuando los precios de la factura absorben importantes partidas ajenas al suministro y errores de decisión política que inflan estos precios. Pero esta fórmula sería la adecuada si el Estado también decidiese un bono alimentario, un bono de transporte público o un bono de telefonía e internet. En todo caso, volviendo a la realidad y abandonando la ucronía, en nuestro país se sigue con la tendencia a sindicar costes añadidos al suministro eléctrico en forma de tarifas de acceso. Ante esto surgen dos alternativas, a saber:

La del nuevo ministro Álvaro Nadal, que afirmó en el Parlamento que la financiación del bono social es “responsabilidad” de «las empresas», con la pretensión del Gobierno de atribuir a todas las comercializadoras el coste del bono social, que en su versión anterior recaía fundamentalmente en las principales compañías eléctricas. El ministro, haciendo un silogismo respecto al sistema anterior, señalado como discriminatorio como el Supremo, busca un acuerdo político (que no sea discriminatorio entre formaciones parlamentarias) para que blinde «políticamente» esta nueva fórmula 2.0 del sistema anterior ampliado moderadamente, intentando evitar otro proceso en los tribunales y sus resultados adversos.

Por su parte, PSOE y Podemos promueven una versión más extensiva en la que consideran que deben ser todos los agentes del suministro eléctrico (incluyendo, por tanto, a generadoras, renovables y transporte, esto es, Red Eléctrica de España), sobre los que consideran que deben contribuir a la financiación del mismo. Tratan de evitar otro recurso por motivos semejantes (es decir, por tratamiento discriminatorio entre agentes). Esta opción especialmente ha encendido las alarmas en las tecnologías renovables afectadas por el recorte retributivo vía rentabilidad razonable con las medidas para controlar el déficit tarifario implementadas en la legislatura anterior. Guerra política y lanzas en alto entre los distintos agentes del sistema nuevamente.

Sea como fuere, el Gobierno debe pactar una solución con la oposición en la medida que deberá usar la fórmula del Decreto Ley y necesita la convalidación del mismo en el Parlamento. El tiempo corre y toda la ejecutoria en materia de pobreza energética existente (ilegal, reducida al ámbito de lo eléctrico y con todas las limitaciones y cuestionamientos anteriores) está en esta situación. Además, en días anteriores, en materia de pobreza energética el Parlamento propuso que no se podrían producir cortes de luz sin consulta previa a los servicios sociales. La guerra ha comenzado.

El PSOE cree que extender la financiación del bono social a más empresas, como Red Eléctrica, dará seguridad jurídica

Redacción / Agencias.- Mientras el sindicato UGT propone sustituir el bono social eléctrico por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta, el PSOE considera que su propuesta de que todas las empresas que desarrollan actividades en el sector eléctrico se encarguen de la financiación del bono social dará seguridad jurídica al nuevo mecanismo y reducirá las opciones de que sea recurrido con éxito ante los tribunales, según la portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio.

La propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo de Podemos, implica que no solo las comercializadoras de electricidad, ya sea de mercado o reguladas, asuman los cerca de 190 millones anuales de coste del bono social, sino que lo hagan también las empresas con actividades reguladas, entre ellas las que realizan actividades de transporte o distribución. Para Lucio, esta medida sería «más razonable» y «aportaría más seguridad jurídica». «Lo que nos importa es que se resuelva la financiación del bono social y que se tramite como proyecto de ley», lo que permitirá a su grupo parlamentario ofrecer aportaciones, añadió.

Cinco Días y El Confidencial adelantaron que el PSOE y Podemos quieren ampliar la financiación del bono social a todas las empresas con actividades en el sector, lo que haría también partícipes a compañías como Red Eléctrica de España, Acciona o Abengoa, aparte de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, presentó recientemente en el Congreso la propuesta del Gobierno para financiar el bono social mediante las aportaciones de todas las comercializadoras, tanto de mercado como reguladas, pero no otras empresas. Así, el Gobierno prevé aplicar un nuevo mecanismo que sustituya al anterior, anulado por el Tribunal Supremo y por el que las empresas con actividades verticalmente integradas deben financiar la ayuda.

A finales de noviembre, el pleno del Congreso aprobó sin votos en contra una moción en la que insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales, tras recabar Podemos el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat en una enmienda transaccional, apoyada por Ciudadanos. El PP no quiso votar en contra y optó por la abstención. Según el texto, el Congreso reconoce la energía «como un bien público y común» y por este motivo se insta a establecer «garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales».

La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una «tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta», que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), estimados en más de 3.500 millones de euros, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa. Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad y gas, y exige a las compañías publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

UGT propone tarifa social reducida

Por su parte, el sindicato UGT instó al Gobierno a sustituir el bono social eléctrico, el descuento del 25% al que pueden acogerse los consumidores más vulnerables, por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta. UGT considera que el bono social, al que se acogen unos 2,4 millones de hogares en nuestro país, no protege realmente a los que más lo necesitan y ha reclamado al Ejecutivo que asegure el acceso universal a suministros como la luz y el gas “para proteger a los grupos más vulnerables y con renta más bajas”. El sindicato también solicita el establecimiento de un IVA “súper reducido” para todos los bienes y servicios vinculados a la energía.

Según UGT, desde 2011, los recibos de los suministros se incrementaron muy por encima de la inflación, la luz más del 50% y el gas cerca de un 33%, lo que supone que el 10,6% de los hogares, casi 5 millones de personas, no puedan mantener una temperatura adecuada en su vivienda y que otros muchos, se hayan visto afectados por cortes por no poder afrontar los recibos. UGT recordó que actualmente España cuenta con 666.600 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos y existen 1.438.300 familias con todos sus miembros activos en paro.

El sindicato ha denunciado que la cobertura de prestaciones para paliar la pobreza, como las rentas mínimas de inserción, que rondan los 420 euros y cubren a un 5,61% de la población, «no son suficientes» para cubrir las necesidades más básicas. Asimismo, el sindicato ha pedido que se desarrolle un plan estatal de lucha contra la pobreza, se incrementen las ayudas de emergencia social, tanto en la cobertura de las rentas mínimas como en su cuantía, y que se establezca un sistema de garantía de rentas, ya que es «básico» para acabar con la pobreza.

UGT resaltó que las situaciones de necesidad son propias tanto de personas sin ningún tipo de ingresos como también de aquellas con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades más «básicas». En este contexto, ha apuntado que es necesario dar una respuesta a las familias que tienen más dificultades para pagar la energía, tanto por la falta de energía como por las tarifas «abusivas» del sector eléctrico. «Las situaciones de pobreza actuales nos indican que las políticas formuladas en nuestro país no suponen ni la prevención ni la solución para la lucha contra la pobreza y la exclusión social», denunció UGT.

El Gobierno recurre la sentencia del Supremo que anula la financiación del bono social e indemniza a las compañías eléctricas

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconoció que el Gobierno ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de electricidad, que contempla indemnizaciones para las compañías eléctricas, si bien afirmó que el Ejecutivo acatará la sentencia. Así lo anunció Nadal en su intervención en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador socialista Nemesio de Lara.

El bono social es un descuento del 25% en el recibo eléctrico para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro. Por su parte, el senador socialista urgió al ministro a concretar las medidas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la pobreza energética porque «el frío no envía heraldos» y a solucionar el problema de la financiación del bono social, una vez que el Supremo ha establecido en una sentencia que las compañías eléctricas no deben sufragarlo.

Nadal explicó que tras la sentencia del Supremo, que deja al bono social «sin financiación», el Gobierno ha planteado un incidente de nulidad y la ha recurrido, porque no está conforme con la sentencia, si bien la acatará. En este sentido, subrayó que es «urgente» el diálogo de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo y evitar que se produzcan los efectos de la sentencia, especialmente porque «ni el resto de consumidores ni el presupuesto público deben pagar esto», tras haber sido financiado por las compañías eléctricas. Nadal defendió la importancia del bono social, ya que beneficia a 2,4 millones de hogares que representan más de 7 millones de personas.

La sentencia del Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. Además, considera que el coste de ese descuento de la luz para las familias más vulnerables se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.

Por otra parte, Nadal también ha tenido que responder en su primer pleno del Senado como ministro a otra pregunta de la senadora de Podemos, María Pilar Garrido, sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas que afectan a familias vulnerables, después de que una mujer de 81 años que vivía sola falleciese recientemente en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada. A este respecto, tanto el socialista De Lara como Garrido advirtieron al ministro de que «la pobreza energética mata» y que el Estado tiene el deber constitucional de defender la vida digna de las personas.

El titular de Energía aseguró que el suministro es «básico» y «necesario», y defendió que «todos los ciudadanos tienen que tener acceso a él», recordando que la directiva europea energética ofrece actuar en los casos en los que haya dificultades para el mismo. En este sentido, calificó de «lamentable» que se produjese ese caso con una ley autonómica que «se tenía que haber cumplido» y un fondo municipal del Ayuntamiento de Reus con dotación económica. «Había servicios sociales que habían actuado para el suministro de agua y gas de la vivienda, pero sin embargo parece que desconocían la situación sobre el suministro eléctrico«, apuntó Nadal, quien señaló que «había muchos agentes implicados y los medios para que esto no ocurriese».

En cuanto a prohibir el corte del suministro, Nadal sostuvo que las comunidades autónomas tienen la capacidad de hacerlo siempre que respeten lo establecido por el Tribunal Constitucional, que exige que la factura sea asumida por los servicios sociales. Asimismo, indicó que tras el suceso se puso en contacto con el presidente de la Generalitat, el alcalde de Reus y la compañía eléctrica Gas Natural Fenosa para esclarecer el asunto y decirles «hasta qué punto son responsables». «Hay muchas administraciones implicadas, no solo el Gobierno, también las Cortes Generales y las cortes autonómicas», añadió el ministro, que recordó que existen competencias energéticas que corresponden al Gobierno y otras sociales “en exclusiva” correspondientes a las autonomías.

«Esa es la lección que debemos aprender», concluyó Nadal, quien pidió la colaboración de las administraciones y las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la actuación en este tipo de situaciones. «Este caso demuestra que es necesario mejorar el ámbito de aplicación de cuestiones energéticas tanto en la legislación y normativa estatal como en las actuaciones autonómicas», apostilló. Precisamente, la Mesa del Congreso acordó pedir a Unidos Podemos que reformule su petición de comparecencia del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, por el corte de suministro eléctrico a la anciana de Reus. Asimismo, el Ayuntamiento de Reus abrirá expediente sancionador a las compañías que corten la luz a los colectivos necesitados, en cumplimiento de la ley catalana.

Badajoz insta a la Junta de Extremadura y a Endesa a que acaben con los cortes eléctricos

EFE.- El Ayuntamiento de Badajoz ha instado a Endesa y a la Junta de Extremadura a que solucionen el problema de los cortes del suministro eléctrico que se producen en los poblados de la localidad. Los grupos políticos debatieron en el pleno municipal una moción del PSOE en la que se pide a Endesa a que acaben los «continuos» cortes y a la Junta a que interceda con la empresa para solucionar la situación.

El portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, resaltó que en la última reunión de la Comisión Municipal en la que se abordó este aspecto se acordó solicitar al Ejecutivo autonómico a resolver la cuestión, y felicitó al PSOE local por su esfuerzo en este asunto. PP y C’s también han apoyado esta moción, y el concejal de Poblados, Jesús Coslado, manifestó que el Ayuntamiento (PP) ya realizó algunas notificaciones de quejas a la compañía por estos cortes y transmitió a la Dirección General autonómica de Industria (PSOE) esta situación.

Otra moción del PSOE, aprobada gracias a los votos de C’s y Podemos, insta a ayudar a las personas que no pueden pagar la factura de la luz, y a un convenio con las compañías eléctricas para que no se corte el suministro a ningún ciudadano, iniciativa a la que el PP se abstuvo al alegar que se abordará en el próximo consejo del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

El PSOE exige al Gobierno «menos palabrería» y «más hechos» en la lucha contra el cambio climático

Europa Press / Servimedia.– El responsable de Sostenibilidad de la Comisión Gestora del PSOE, José Muñoz Lladró, ha calificado de «ridícula» la intervención de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la Cumbre de Cambio Climático de Marrakech (COP22) y reclama al Gobierno «menos palabrería» y «más hechos» en la lucha contra el cambio climático.

Así, Lladró ha lamentado que García Tejerina defendiera en la COP22 las políticas del PP en los últimos años, de las que dice que se han caracterizado por «el frenazo a la transición energética» y un «apagón renovable» que ha consolidado la dependencia exterior de España. Por ello, le exige a la ministra que «se deje de palabras huecas» y «mensajes vacíos» y se ponga a trabajar sobre la base de un documento que existe como es el Informe General de la Comisión Mixta de Cambio Climático: 345 páginas de consenso y participación «que el PP ignoró dejando claro que el cambio climático no es una de sus grandes preocupaciones».

Además, considera que las políticas climáticas del PP han puesto en riesgo los compromisos internacionales de España. «Una descabellada política que nos ha traído los precios de la electricidad más altos de la Unión Europea y ha disparado el crecimiento de la pobreza energética», ha denunciado. En este sentido, acusa al PP de que se ha «empleado a fondo» en desmantelar la legislación ambiental aprobada por los gobiernos socialistas. Asimismo, Muñoz ha recordado que en 2015 se instalaron en el mundo 51.000 MW de energía renovable y en España 49 MW, el 0,09% del total, por lo que el país se sitúa «muy lejos» de los 4.000 de Gran Bretaña, los 1.400 de Alemania o los 1.100 MW de Francia».

Alcoa logra cinco bloques de 90 MW, AZSA dos y ArcelorMittal uno mientras el PSOE quiere subastas bienales o trienales

EFE.- El PSOE de Asturias expresó su «satisfacción» por el resultado para Alcoa en la subasta del servicio de interrumpibilidad eléctrica si bien insiste en la necesidad de hacer una subasta cada dos o tres años para favorecer la planificación empresarial. Alcoa consiguió cinco bloques de 90 megavatios, uno de ellos para la factoría de Avilés, mientras que ArcelorMittal logró el que solicitaba, y AZSA los dos a los que aspiraba, según el consejero asturiano de Empleo e Industria, Francisco Blanco.

Blanco destacó que los resultados obtenidos por las empresas electrointensivas asturianas en la subasta eléctrica son «moderadamente satisfactorios». No obstante, el consejero insta al nuevo equipo del Ministerio de Energía a diseñar un sistema más estable y con mayor vigencia temporal, tal como la industria y el Principado han reclamado en los últimos años. «Nuestra valoración es moderadamente positiva porque, según las propias empresas, parece que han alcanzado los resultados que perseguían, aunque ha sido a precios ligeramente inferiores a los del año pasado, algo que ya se intuía por los precios de partida», subrayó.

En cualquier caso, Blanco ha insistido en la necesidad de diseñar un sistema de subasta para la retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad «más estable y con mayor vigencia temporal, al menos en lo concerniente a los bloques de 90 megavatios, para no someter a las empresas a esta situación cada año». «Para evitar la deslocalización de la industria asturiana, el Gobierno central debe establecer un marco regulatorio estable que habilite un precio de la energía competitivo y predecible, ya que constituye un coste fundamental para estas compañías», explicó. El consejero ya ha solicitado una reunión con el nuevo ministro, Álvaro Nadal, para trasladarle la problemática de la industria asturiana en relación con la tarifa eléctrica.

Subasta eléctrica bienal o trienal

A juicio del PSOE de Asturias, hacer una subasta con periodicidad bienal o trienal garantizaría además por parte de las empresas «una mayor inversión a medio plazo». Del mismo modo, los socialistas advirtieron de «las contradicciones de Izquierda Unida en sus propuestas sobre política energética» a tenor de que la coalición defendió una proposición no de ley en la que defiende «favorecer ante la administración el cambio en el actual modelo de subasta que garantice la mejora y seguridad del precio de la electricidad a las industrias electrointensivas como Alcoa», una iniciativa con la que el PSOE está de acuerdo.

Sin embargo, subraya el PSOE, no se entiende la postura contraria de Izquierda Unida a la «implementación de un proceso de revisión y reforma consensuada del sistema de configuración del precio de la energía eléctrica para el conjunto de los consumidores domésticos y empresariales, con especial énfasis en los consumidores industriales, en el objetivo de la consecución de un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible».

«Se propone que dicho proceso aborde la revisión del conjunto de los factores que integran el precio final de la energía eléctrica, y no solo la retribución del servicio de interrumpibilidad para los grandes consumidores industriales; así deberían analizarse los costes del sistema, los peajes, los procedimientos del mercado eléctrico, las figuras impositivas y el conjunto de los servicios de ajuste», añaden los socialistas asturianos.

El PSOE propone un suministro mínimo eléctrico ininterrumpible para paliar la pobreza energética y un bono social otorgado por renta

Europa Press.– El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, presentó una Proposición No de Ley (PnL) en la que exige al Gobierno que reforme la Ley del Sector Eléctrico para asegurar el suministro a consumidores vulnerables. Además, ha instado al Ejecutivo a que garantice el bono social y que pretende garantizar un suministro eléctrico que no pueda ser interrumpido en ningún caso por ninguna empresa comercializadora y así paliar los efectos de la pobreza energética en España.

En este sentido, el PSOE quiere regular «con carácter de urgencia» la pobreza energética, definiéndola como aquella situación en la que consumidores vulnerables no disponen de rentas suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas de energía y garantizar a estos el derecho al suministro. Por ello, el PSOE ha propuesto reformar la Ley del Sector Eléctrico, para que garantice el derecho al suministro de consumidores vulnerables recogido en la directiva europea 2009/72, del mercado interior de electricidad. Concretamente, han exigido que se establezca un servicio mínimo de subsistencia, en coordinación con los servicios sociales de las administraciones competentes. Este servicio, subrayan, «no podrá ser interrumpido en ningún caso por las comercializadoras«.

La iniciativa, que esta formación quiere debatir en el pleno del Congreso, también va dirigida ante los posibles efectos que pueda tener que el Tribunal Supremo haya anulado el régimen de financiación del bono social. Ante esto, el PSOE pide al Gobierno que tome las decisiones que sean pertinentes para no repercutir las consecuencias en el recibo de los consumidores. El Alto Tribunal declaró recientemente inaplicable el régimen de financiación, sustentado por las empresas eléctricas, a las que reconoce el derecho a cobrar una indemnización. En caso de que deban reintegrarse a todas las compañías que sufragan el bono social las cantidades pagadas desde 2014, advierten desde el PSOE, la cuantía de esta indemnización superará los 500 millones de euros.

Asimismo, el PSOE muestra su disconformidad con los criterios de la Administración para otorgar el bono social y, por tanto, piden en la PnL modificar la definición de las categorías de beneficiarios con el objeto de que «tenga efectos realmente redistributivos». En su exposición de motivos, el PSOE cree que al no estar ligado estrictamente a la renta per cápita del hogar, no cubre las necesidades básicas de un nivel mínimo de suministro eléctrico a aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza energética. Heredia ha explicado que el bono social eléctrico «fue creado en 2009 por el Gobierno socialista para proteger a los consumidores vulnerables», añadiendo que esta ayuda beneficia a algo más de 2,4 millones de españoles.

«Muchas personas lo están pasando mal y hay que buscar una solución a estos problemas», subrayó Heredia, que anunció que su grupo hará «una oposición dura, exigente, consistente, pero al mismo tiempo, constructiva». «Hay muchas familias que no tienen recursos económicos y el Gobierno tiene que garantizar que no puede haber pobreza energética en un país como España», concluyó el socialista. Por último, la iniciativa propone abordar una política de transición energética que se oriente hacia un nuevo modelo que tenga como prioridad la rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, fomentar el autoconsumo de electricidad e impulsar las renovables.

El PSOE critica una política minera de «mucho ruido y pocas nueces» y el PP le acusa de “demagogia”

EFE.- El alcalde de Bembibre (León), José Manuel Otero (PP), ha pedido al procurador y secretario general del PSOE en León, Celestino Rodríguez, que se deje de «demagogias» en la defensa del carbón, «ya que los socialistas no pueden dar lecciones a ningún cargo público» de la comunidad autónoma. Así se pronunció después de que Rodríguez anunciara la presentación de diversas medidas en las Cortes autonómicas para hacer frente a la política minera de la Junta de «mucho ruido y pocas nueces».

Se trata de unas medidas que apuestan por políticas que garanticen el consumo de carbón autóctono y la necesidad de recuperar los planes complementarios del Plan de Dinamización de Comarcas Mineras. El grupo del PSOE en las Cortes apoyará sus propuestas en el dato de que España es el país del mundo que más incrementó el consumo de carbón para la generación de energía eléctrica en 2015 con una subida que rozó el 25%. A esto se suma que el 40% de la Reserva Estratégica de Carbón de España se encuentra en la provincia leonesa.

A tenor de estos datos, Rodríguez apuntó que «aunque las térmicas están consumiendo más carbón que otros años y hay reserva de mineral las cuencas mineras pierden empleo y se hunden mientras los barcos hacen cola con carbón de importación». A este respecto, ha criticado duramente la política del Gobierno debido a la cual, ha denunciado, sólo tres centrales térmicas en España situadas en la costa son las que están recibiendo ayudas gubernamentales para la adaptación medioambiental de sus instalaciones para la quema de carbón.

El PSOE va a proponer varias medidas en las Cortes, una de ellas ya prevista y enmarcada en el Plan de Dinamización de Comarcas Mineras de la Junta para solicitar al Gobierno que incentive el consumo del carbón autóctono a través del céntimo verde. Rodríguez destacó que después de aprobarse este plan «no se ha tomado ninguna iniciativa a este respecto», por lo que la «política en materia de carbón de la Junta es de mucha foto y pocos hechos».

La iniciativa socialista, que insta al Gobierno a poner en marcha el céntimo de España, también se llevará al Congreso de los Diputados. Una medida que, como ha recordado Rodríguez, ya fue rechazada hace un año en el Congreso pero que «si la oposición se une podría salir adelante ante un Gobierno en minoría, a pesar de que en su momento no contó con el apoyo de Ciudadanos y Podemos».

También en el Plan de Dinamización había un compromiso explícito de la Junta para recurrir, por vía judicial si fuera necesario, la demanda de los Fondos Miner que adeuda el Gobierno a la Junta de Castilla y León entre los años 2006-2012. En este sentido, Rodríguez ha anunciado que preguntara para conocer qué medidas ha tomado la Junta a este respecto.  Por último, el PSOE preguntará sobre los proyectos complementarios que recoge el Plan de Dinamización. Según Rodríguez, «hasta la fecha hay muchos anuncios y pocas realidades ya que no se sabe cuándo se va a acometer la planta de biomasa anunciada para el Bierzo».

El PP critica la demagogia

Precisamente Otero ironizó sobre la fijación de Rodríguez en la defensa del sector. «Tiene una mina; que no produce riqueza sino postureo y que no piensa en la gente de la mina ni en las cuencas», aseveró Otero. En esta línea, ha asegurado que tanto el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como el PP «han defendido ante el Gobierno central las reivindicaciones de los alcaldes mineros». También recordó la reunión entre Herrera y Luis de Guindos, «en la que se trasladó las inquietudes y acuerdos alcanzados en Castilla y León, así como la petición del 7,5% de consumo de carbón nacional en el mix energético y reivindicó la puesta en marcha del céntimo verde«.

En el marco de las actuaciones realizadas por el Gobierno autonómico, Otero ha resaltado la firma del acuerdo entre la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, por el que se concedió una ayuda de 150 millones de euros para la creación de empleo en las cuencas mineras. Estas inversiones, según ha resaltado el alcalde, continúan con la aprobación y puesta en marcha del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras, aprobado en las Cortes con el voto favorable del PSOE, y por el que se pusieron a disposición de los ayuntamientos otros 2 millones de euros para generar empleo.

Por todo ello, Otero ha defendido la gestión y defensa del sector minero del Gobierno regional y, aún reconociendo las críticas que arrastró el dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, ha abogado por «dar tiempo nuevo Gobierno para que se pongan en marcha todas las medidas y ayudas aprobadas». «De lo contrario seremos los primeros en ser críticos», aseguró.

Asimismo, criticó las afirmaciones de Rodríguez sobre la inacción de la Junta para demandar al Gobierno central los Fondos Miner que se le adeudan del periodo 2006-2012. En este sentido, Otero ha apuntado que todas las obras de infraestructuras financiadas con Fondos Miner de ese periodo que se llegaron a firmar y a ejecutar «fueron pagadas por la Junta a pesar de no haberse transferido los fondos mineros desde el Gobierno». Otero también negó que todo el carbón que se quema en las térmicas leonesas sea de importación, tal y como afirma Rodríguez. «En la central de Anllares, el 70% del mineral es nacional y hay acuerdos recientemente firmados para que el consumo de carbón autóctono se incremente», ha concluido.

La subasta del servicio de interrumpibilidad amplía de 8 a 10 los bloques de 90 MW para satisfacción de Asturias

EFE.- El director general de Minería y Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola, considera que es «prematuro todavía» pero que el aumento a 10 bloques de 90 megavatios de la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad del sistema eléctrico «apunta bien» y le parece «un dato positivo» después de conocer la decisión de Red Eléctrica ante la subasta de la próxima semana, Estos bloques son los que más interesan a Alcoa, según indicó el comité de empresa de la aluminera.

La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda eléctrica que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria como Alcoa, ArcelorMittal o Azsa. A falta de saber cuántas empresas están certificadas para la próxima subasta, la ampliación del número de bloques de 90 MW, demandada recientemente por organizaciones sindicales y políticas, abre un escenario en principio mejor que el del pasado año, aunque con dudas por despejar.

La primera es si en la puja están certificadas el mismo número de empresas, en cuyo caso Alcoa tendría más opciones en la subasta, pero la plantilla de trabajadores de Avilés pide en ese supuesto a la compañía que tenga en cuenta la fábrica asturiana en el reparto de esos paquetes. El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CCOO), indicó que, en caso de que sean las mismas empresas, habría más opciones de lograr un bloque de 90 MW, «que no es del todo suficiente, pero sí sería lo mínimo para ser rentables». El año pasado Alcoa obtuvo 3 bloques de 90 MW y fueron a su factoría de San Ciprián (Lugo).

Asturias: “La subasta apunta bien»

Por su parte, Isaac Pola afirmó que «las valoraciones en este caso hay que hacerlas a posteriori, pero apunta bien que haya dos bloques más de 90 megavatios, aunque es preciso tener en cuenta que hay muchos parámetros que no se conocen hasta el momento de su celebración precisamente para mantener la tensión competitiva». El director general recalcó que la interrumpibilidad es una variable que permite a las industrias electrointensivas rebajar el precio final de la energía, pero entiende que debería de articularse alguna medida regulatoria en los otros componentes. «Es preciso hacer una revisión de los peajes eléctricos, hacer también una revisión de la fiscalidad que se aplica a la energía, e incluso de la configuración del precio», subrayó.

Además, ha explicado que la energía tiene tres vertientes fundamentales, la primera de las cuales es el precio que marca la competitividad del sector industrial y de la economía. Una segunda vertiente de la energía es que se trata de un sector productivo en sí mismo, de modo que las oscilaciones en la generación de energía en Asturias influyen decisivamente sobre los parámetros estadísticos como, por ejemplo, la participación en el PIB del sector industrial.

Para el director general de Minería y Energía, la tercera vertiente, especialmente importante para Avilés, es la energía como «sector inductor» para otras actividades industriales. «Avilés es un ejemplo paradigmático en el que tenemos una multitud de empresas industriales que trabajan para el sector energético, para el gas y el petróleo, y para las renovables como las eólicas marinas», expuso el director general. Para Isaac Pola, es necesario ir a un pacto de estado en materia energética, porque la actual regulación del sector, con la última reforma, planteó «muchas incertidumbres, cuando la energía es un elemento clave para la competitividad».

Un “parche” para Unidos Podemos

Sin embargo, el diputado nacional de Podemos, Segundo González, calificó de «buena noticia» la decisión de Red Eléctrica pero ha remarcado que tan sólo se trata de un «parche que no resuelve estructuralmente el problema de la tarifa eléctrica para las empresas electrointensivas». Por ello, insistió en la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de servicio de interrumpibilidad «sostenible y predecible, y que esté condicionado también a la inversión y al mantenimiento de los puestos de trabajo», dentro de un pacto de la energía que implique a las empresas, los sindicatos, las empresas y los sectores energético e industrial.

Avilés demanda una estrategia industrial

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, exigió una estrategia industrial «real y ambiciosa» que comprometa al territorio y que esté conectada con los planteamientos de la Unión Europea en este sector. En este sentido, Monteserín también pide contar con un sistema de tarifa eléctrica sostenible y duradero en el tiempo que permita a las empresas consolidar estrategias productivas a largo plazo y con inversiones e infraestructuras que faciliten la consolidación de sistemas que basen la competitividad en la mejora constante de la productividad y en políticas anticíclicas».

Por ello, la alcaldesa plantea una nueva tarifa eléctrica para la industria, que supere la temporalidad de las subastas anuales de interrumpibilidad, y otorgue seguridad y garantía a las grandes industrias avilesinas. «Incertidumbre, inestabilidad, inseguridad, son los adjetivos que acompañan al actual sistema de subasta a la baja para la renovación de las retribuciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad», indicó. La alcaldesa recordó que se elevaron mociones al pleno municipal en apoyo a la industria, se convocaron movilizaciones lideradas por los agentes sociales, se trasladaron peticiones de reunión al Ministerio de Industria, y se organizaron jornadas de apoyo al sector industrial.

El PP muestra su satisfacción

Por otro lado, el portavoz municipal del PP de Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, considera que el aumento de bloques de 90 megavatios en la subasta para el servicio de interrumpibilidad debería hacer callar «a los agoreros que utilizan políticamente esta situación». En su opinión, el Ministerio de Energía ha atendido las peticiones de las empresas y es un síntoma de que el nuevo responsable de Energía, el ministro Álvaro Nadal, «es buen conocedor de la problemática asturiana y de la ciudad». «Parece que algunos partidos salen enseguida a maltratar políticamente al nuevo gobierno pero callan cuando hay este tipo de noticias tan positivas», declaró el portavoz de PP.