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La Comisión de Medio Ambiente del Congreso pide de nuevo al Gobierno que prohíba el fracking en toda España

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y PNV, en la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias con «pleno respeto» a las competencias autonómicas con el fin de «prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica, también conocida como fracking, en todo el Estado, por los riesgos que supone para el medio ambiente y para las personas”.

La iniciativa fue presentada por el PSOE y logró 22 votos a favor de los socialistas, Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, 14 en contra (PP) y una abstención (PNV). No es la primera vez que la Cámara Baja pide al Gobierno que prohíba esta técnica, puesto que la Comisión de Industria, Energía y Turismo ya lo hizo en marzo del año pasado, entonces con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV y DiL.

Además, la proposición no de ley aprobada solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy que suspenda cautelarmente las prospecciones con fracking, incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establezca una moratoria hasta que no se prohíba esta técnica y que incluya todos los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones actualmente en trámite y las que hayan recibido la concesión pero no hayan iniciado los trabajos de fracturación hidráulica. La iniciativa también pide al Gobierno que modifique las leyes nacionales sobre sistemas eléctricos e hidrocarburos y derogue los artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que utilicen fracking.

El portavoz del PSOE, Manuel González Ramos, defendió la proposición no de ley explicando primero que el fracking es una técnica que consiste en inyectar a alta presión fluidos compuestos por «agua, arena y aditivos químicos muy peligrosos» con el fin de fracturar las rocas y agrandar las fracturas para que los hidrocarburos que están atrapados acaben en el interior de un pozo, permitiendo así su extracción. González Ramos indicó que se trata de una técnica que «plantea graves riesgos» en lo referente a la salud pública y el medio ambiente, puesto que conlleva un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas por las sustancias químicas utilizadas, así como escapes de gas metano y riesgo de seísmos.

«Permitir el fracking es perpetuar un modelo productivo dependiente de los combustibles fósiles, condenando a nuestro país a seguir siendo dependiente energéticamente», apuntó, antes de pedir a Rajoy que «sea valiente y apueste por las energías renovables«. «¿Por qué su Gobierno quiere buscar megavatios bajo tierra cuando tenemos millones de megavatios sobre ella? Alemania tiene 8 veces más energía solar fotovoltaica que España, teniendo muchas menos horas de sol. Un Ministerio que tiene en su nombre el Medio Ambiente no puede ser cómplice de este terrorismo contra el entorno», apostilló. «Los socialistas queremos preservar la salud y de su entorno», manifestó el diputado, que cree que el fracking es «una amenaza de la que protegerse».

En la comisión ha subrayado la necesidad de apostar por las energías renovables, quitar el impuesto al sol, en referencia a los peajes existentes para quienes opten por el autoconsumo con energía solar,y seguir desarrollando energías limpias. Al término de la comisión, celebró que la iniciativa haya salido adelante y confía en que el resultado será celebrado en las zonas donde hay permisos de investigación, en las que asegura que «hay mucha oposición». Entre ellos, ha destacado algunos permisos que están «en la tierra de María Dolores de Cospedal», cerca de las Lagunas de Ruidera, en Guadalajara y en Hellín, pero ha indicado que también hay permisos en País Vasco o Castilla y León.

«Esto es un éxito», ha celebrado el socialista que dice que ahora el Gobierno «hará lo que considere conveniente» pero opina que esta es una forma de decirle al Ejecutivo que no se puede «seguir por esta vía» de entretenerse en plataformas de petróleo o proyectos de fracking en vez de apostar por las energías renovables. En definitiva, con estos proyectos de combustibles fósiles España está «perdiendo una oportunidad histórica» de favorecer las renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica.

El PP fue el único grupo parlamentario que votó en contra. Su portavoz, Ernesto Aguiar, acusó a los socialistas de ser incoherentes porque cuando gobernaron hasta 2011 «no hicieron absolutamente nada», mientras que los populares aprobaron durante la pasada legislatura una ley que garantiza que los proyectos de fracking puedan realizarse si ofrecen «mínimas garantías». El PNV se abstuvo porque, según su portavoz, Joseba Agirretxea, la proposición no de ley incluye la «contradicción» de que pide la prohibición del fracking y «respeto» a las competencias autonómicas. «Quiero que Euskadi esté libre de fracking porque lo deciden el Parlamento Vasco o los vascos, pero no porque decidan por mí y después, además, se diga que se respetan las competencias autonómicas», arguyó.

Por otro lado, Jaume Moya (Unidos Podemos-En Comú Podem) apoyó la iniciativa del PSOE indicando que el fracking «no es más que una huida hacia delante de un modelo energético y productivo vinculado a los combustibles fósiles que nos lleva al desastre». Toni Cantó (Ciudadanos) subrayó que su partido apuesta por «otro modelo energético más sostenible más respetuoso con el medio ambiente y donde las energías renovables tengan una mayor importancia«, Toni Postius (PDeCAT) comentó que el fracking está prohibido en países de la Unión Europea como Francia, Bulgaria y Suiza, y Marta Sorlí (C-P-EUPV) comentó que esta técnica «antepone la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas».

PSOE, Ciudadanos y PNV critican el aval a Garoña sin acometer las medidas exigidas y piden que no se reabra

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Redacción / Agencias.- El PSOE, Ciudadanos y el PNV critican que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avale la reapertura de Garoña sin que los titulares de esta instalación nuclear hayan acometido ninguna de las medidas que el propio organismo le impuso en 2015 como requisito previo para autorizar una prolongación de su vida útil. Sin embargo, los portavoces de estos partidos creen que el informe del CSN sólo busca sentar un precedente para que otras centrales nucleares españolas alarguen su vida útil.

La diputada socialista por Burgos, Esther Peña, definió como «una auténtica infamia» el informe del CSN y ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si sigue las directrices de este organismo estará «jugando con fuego» por lo que pidió a Energía impedir la reapertura. Peña denuncia que «no tiene sentido» hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña, una central que lleva tres años parada porque no se acometieron las inversiones en seguridad que se pidió a su propietaria, Nuclenor, y que por tanto «nunca va a funcionar». «No se puede jugar con la energía nuclear, la seguridad y el futuro de miles de familias de las comarcas afectadas», añadió Peña.

«No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar», señalo Peña, que acusó al PP de hacer «un traje a medida de las eléctricas» ya que, a su juicio, «Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales». Los socialistas sostienen que con esta decisión del CSN se sienta un precedente y servirá para que «el campo nuclear español aumente su vida útil». Por tanto, Peña ha reclamado el cierre definitivo de Garoña y un plan de reactivación económica para el norte de Burgos, y ha dejado claro que el Gobierno tendrá en frente al PSOE si la mantiene abierta.

Peña manifestó que no es comprensible que se establezca un «precedente» en el sistema energético español de este calibre porque, según explicó, «hasta ahora las licencias a las nucleares se daban cada 10 años y en base a unos requisitos de seguridad que actualmente en Garoña no se dan». En este sentido, defendió que el debate nuclear tiene que ser «amplio y público». Dicho esto, reclamó al Gobierno y, concretamente al Departamento de Energía, que digan qué quieren hacer y expliquen si «van a anteponer los intereses de las eléctricas a los de los ciudadanos».

Ciudadanos pide no avalar reapertura

La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha coincidido en que el informe del CSN pretende sentar un precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares, al que llegarán en los próximos años, por lo que pidió al Gobierno que no avale la reapertura de Garoña ni dé un «visto bueno» a ese informe. Rodríguez insiste en que Garoña no influye «nada» en el suministro energético español ya que es una central “muy pequeña”. En este sentido, según añadió, el CSN comunicó en 2015 a la empresa propietaria Nuclenor que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y el presidente del CSN reiteró en noviembre que el informe estaba “congelado” hasta cumplir esas inversiones.

Por tanto, aunque ha dicho no entender el cambio de opinión del CSN, que ahora avala la reapertura de la central con condiciones, Rodríguez pidió al Gobierno que no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. Pero, además, subrayó que el debate de fondo no es tanto reabrir Garoña o no, sino «que haya un precedente para el alargamiento de la vida útil de las centrales». «Le pedimos al Gobierno y a Nadal que no utilice al CSN para sentar precedente», concluyó Rodríguez, que reclama que el CSN sea un organismo realmente independiente del Gobierno que tome sus decisiones en función de criterios técnicos y no políticos.

País Vasco ve «riesgo innegable»

Por otro lado, el Gobierno autonómico del País Vasco expresó su rechazo a la decisión del CSN y advirtió de que, pese a las mejoras que puedan realizarse en la planta, el reinicio de su actividad nuclear supone un «riesgo innegable para la integridad de las miles de personas que viven en su alrededor y para el medio ambiente«. El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco considera que la decisión es «difícil de entender», y recuerda que Garoña, inaugurada en 1970 y que permanece inactiva desde 2012, «ha superado con holgura su periodo de vida útil». «Además, se trata de una central con una tecnología obsoleta, cuya aportación a la generación de energía es mínima», añadió el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno vasco ha mostrado su «respaldo» al rechazo «mayoritario» de la ciudadanía vasca al reinicio de la actividad de la nuclear de Garoña. Además, se ha adherido a los numerosos pronunciamientos en favor del cierre de la planta realizados por las instituciones vascas. El Ejecutivo autonómico ha afirmado que la opción nuclear «no es en absoluto» su modelo de producción de energía. En su lugar, se ha mostrado partidario del uso de energías procedentes de fuentes renovables, con la utilización «eficiente» del gas natural en el periodo de transición de un modelo a otro.

Por su parte, el PNV apeló a la seguridad para pedir al Gobierno que no reabra Garoña a pesar del informe favorable del CSN. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal manifestó que están «preocupados» por la decisión del CSN y «ocupados» en activar iniciativas parlamentarias para evitar esa reapertura. A Sagastizabal le preocupa también que la decisión del CSN no se haya adoptado «por primera vez» por unanimidad, y ha coincidido en que abre la puerta al alargamiento de la vida útil de otras centrales.

Ha recordado que esa reapertura estaba además condicionada al cumplimiento de una serie de medidas de seguridad impuestas por el propio CSN; «no se han adoptado y sin embargo se autoriza la reapertura». El PNV considera que la reapertura de esa central, situada en Burgos pero muy cerca de Álava, «va en contra de la seguridad«. Sagastizabal ha advertido que contra esa reapertura está todo el arco parlamentario, excepto el PP, y ha observado que se trata de una central «muy pequeña» que no aporta «nada» al mix energético, por lo que resulta «absolutamente prescindible» desde el punto de vista de la garantía del suministro.

Facua ve “escandalosa” la decisión

Por su parte, Facua ve «escandaloso» que el CSN se vaya a «saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para Garoña y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. Según la organización de consumidores, la «supuesta» independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y, «lamentablemente», todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse «la voz del Congreso». Facua advierte de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales «mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz».

«Facua se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español», sostiene. Así, recomiendan al Gobierno apostar por formas de generación «más baratas y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

El CSN subraya que «no cierra ni abre centrales» y que reabrir Garoña es una decisión que corresponde al Gobierno

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Europa Press / EFE.- La vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, ha señalado que el organismo no entrará a debate sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque su misión en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final es política. Así, esgrimió que ningún miembro del CSN «debe expresar su opinión», sino ser «neutral, transparente y eficiente», además de «estar preparado para arrojar informes técnicos que ayuden a quienes tiene que tomar decisiones».

«El CSN no abre ni cierra centrales», ha declarado Velasco a su llegada a la ponencia encargada de las Relaciones con el CSN en el Congreso. Esta comparecencia se produjo a petición de los partidos miembros de la Comisión de Energía. La presencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja ha sido el resultado de un pleno extraordinario del CSN, después de recibir la citación en el Congreso que, en primera instancia, requería al presidente del organismo, Fernando Martí Scharfhausen.

Tanto PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos han criticado esta ausencia cuando Martí está «obligado por ley» a comparecer «tantas veces como los diputados le requieran» para informar sobre los temas que interesen. En este sentido, la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha recordado las evasivas de Martí a asistir a dar cuenta de los informes de su actividad en 2014 y 2015 a la Cámara Baja. Sin embargo, Velasco ha defendido la decisión del CSN y ha indicado que es un «honor» ser la elegida para informar a los diputados. «No hay cosa que más nos guste que venir a contar el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos para ganar la confianza en nuestra actividad regulatoria», afirmó.

Sin embargo, para Ciudadanos la actitud que están teniendo los representantes del consejo no hacen más que «incrementar la sensación de desconfianza» hacia el organismo. «Rechazamos que no haya venido el presidente y ponemos en tela de juicio el informe de Garoña alargando la vida de una central que apagó voluntariamente y que supone una parte pequeña del mix energético», afirmó la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez. Para la diputada, el debate sobre Garoña no es tanto su reapertura, como que el Gobierno utilice este caso como precedente para un futuro alargamiento de otras centrales españolas y que la central arranque «sin las inversiones que el CSN le dijo en 2015 que eran imprescindibles para funcionar».

Sobre la falta de inversión en la central también habló el portavoz de Equo en esta comisión, Juan López de Uralde, quien denunció que la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto para la reapertura. Por ello considera que así se invalida la línea argumental del CSN de que cualquier decisión del organismo es técnica y se basa en criterios técnicos ya que las condiciones impuestas no se han ejecutado.

Además, López de Uralde subrayó que con Garoña se está abriendo una puerta trasera para que los reactores nucleares en operación puedan solicitar seguir operando por encima del horizonte de su vida útil y que esta autorización ya no tenga que pedirse cada 10 años como ocurría hasta ahora. Por ello, este diputado reivindicó un debate social sobre la energía y sobre el futuro de las nucleares que funcionan en España, aunque también hizo un llamamiento a los partidos para unirse y redactar una ley de cierre de la central.

En este sentido, Lucio señaló que los grupos están «pidiendo que Garoña no se reabra, y el CSN está actuando al dictado de lo que le pide el Gobierno». «El grupo socialista lleva años solicitando al Gobierno que esta reapertura no se lleve a cabo«, recordó la portavoz, que vuelve a solicitar la comparecencia del presidente del CSN “para que venga a comparecer para explicar el procedimiento». Un procedimiento, ha añadido, «a todas luces irregular y no suficientemente claro con las exigencias de la ley».

Por su parte, el portavoz del PP en esta materia, Guillermo Mariscal ha acusado a la oposición de estar «presionando a un organismo regulador» y recordó a los diputados que su misión es «legislar y controlar al Gobierno» y no para interceder en los informes del CSN. En este sentido, indicó que el Gobierno actual es «respetuoso» con estos organismos y que los populares creen en el trabajo realizado por los técnicos sobre este caso.

La Unión Europea pide a España apostar por una fiscalidad verde y recortar las subvenciones que perjudican el medio ambiente

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Europa Press.- El portavoz socialista de Cambio Climático, Ricardo García Mira, ha planteado la necesidad de abordar urgentemente una reforma fiscal ecológica que mantenga el mismo nivel de presión, pero que esté mejor orientada después de que la Comisión Europea ha pedido a España que aumente los impuestos verdes y que reduzca las subvenciones que perjudiquen al medio ambiente como parte de los principales «retos» del país en la implementación de las normas europeas de medio ambiente.

Bruselas ha publicado un informe sobre la implementación en cada Estado miembro de las políticas medioambientales europeas en el que apunta los «puntos fuertes y débiles» de cada país. Sobre España, el Ejecutivo comunitario destaca que los «principales retos» son aumentar la fiscalidad medioambiental y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Con respecto a la fiscalidad, Bruselas cree que existe un «margen claro» para revisar los impuestos verdes, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos. A modo de ejemplo, el informe señala que los impuestos municipales de circulación «no siempre reflejan el rendimiento medioambiental de los vehículos».

Del mismo modo, el Ejecutivo comunitario asegura que los impuestos sobre los vertidos puede ser una herramienta de apoyo al tratamiento de residuos municipales y propone revisar la política sobre tarificación del agua y su planteamiento. En este sentido, el informe subraya que los ingresos de la fiscalidad medioambiental en España están «entre los más bajos de la Unión Europea» y afirma que una reforma de la misma «puede desempeñar un papel importante para mantener el crecimiento económico» al aportar ingresos adicionales» que sustituyan a los recortes en el gasto. En concreto, en el ejercicio 2014 los impuestos medioambientales supusieron el 1,85% del PIB de España, frente al 2,46% de media en la Unión Europea.

Con respecto a las subvenciones a actividades perjudiciales para el medio ambiente, la Comisión Europea apunta que es otro reto «fundamental», puesto que España «todavía subvenciona los combustibles fósiles, el carbón local, los automóviles de empresa y el gasóleo con respecto a la gasolina». «España no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente, aunque su abandono puede ofrecer ventajas económicas, sociales y medioambientales, permitir una mayor competitividad y contribuir a la consolidación presupuestaria», subraya el estudio. Así, defiende que desarrollar una estrategia nacional para la eliminación gradual de estas subvenciones y ayudas «sería un criterio positivo para España».

También destaca Bruselas las oportunidades de España para mejorar sus políticas medioambientales. En particular, propone utilizar el potencial de su «capital natural de gran valor», reforzar la «ecoinnovación» y la eficiencia en el uso de recursos. Por último, con respecto a la calidad del aire, Bruselas anima a mantener la tendencia a la baja de los contaminantes atmosféricos y reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y de dióxido de nitrógeno (NO2), así como recortar la emisión de PM10.

PSOE exige reforma fiscal ecológica

En este sentido, García Mira insiste en gravar lo que se quiere desincentivar y primar aquello que «beneficia a la sociedad». A su juicio, «la actual fiscalidad del sector energético se caracteriza por la arbitrariedad y el desorden» y «España tiene ahora un margen para revisar su política fiscal». Según el informe europeo, Bruselas suspende la política fiscal española y critica que España sea el tercer país de la Unión Europea con los ingresos más bajos por fiscalidad verde, solo detrás de Lituania y Eslovaquia.

Para el PSOE, «el informe de la Comisión Europea supone una enmienda a la totalidad de la política fiscal de España». Además, indica que el Gobierno no puede sorprenderse ante este suspenso, ya que son muchos los organismos internacionales que «llevan años pidiendo a España que reforme su sistema impositivo para gravar las actividades más contaminantes y desincentivarlas». «Los socialistas apostamos por una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos y, paralelamente, por el impulso real y efectivo de una transición energética hacia una economía verde, sostenible y generadora de empleo», afirmó.

García Mira destaca que hay un margen claro para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos. «Hoy por hoy, las tecnologías y las energías primarias para la generación de electricidad han sido sometidas a impuestos que no se corresponden con criterios de eficiencia o equidad, sino que han sido resultado de decisiones arbitrarias para repartir, de acuerdo con las preferencias del Gobierno, los ajustes para reducir el déficit de tarifa«, ha asegurado el diputado socialista.

Sin embargo, denuncia que los consumos difusos de energías fósiles, como las gasolinas y los gasóleos para el transporte, «han quedado al margen de los aumentos impositivos introducidos por el PP en el sector energético«. Además, resalta que los sectores difusos no están sometidos al sistema europeo de derechos de emisión negociables, por lo que en su caso sólo puede pagarse el precio del carbono a través de la fiscalidad.

Para el PSOE la nueva fiscalidad ha de contemplar como nuevos tributos un impuesto sobre las emisiones de CO2 aplicable sobre las toneladas que se emiten; un impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor, basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo; un impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos y un impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas. También ve preciso reformar tributos ya existentes para hacer de ellos «verdaderos impuestos medioambientales» como es el caso del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Canon de vertidos.

En paralelo, los socialistas apuestan «por la creación de un fondo verde para la transición energética» que sea alimentado con parte del impuesto al CO2 con tres líneas básicas: una social, para acompañar a las familias y colectivos vulnerables; una destinada a facilitar el crédito para la inversión en ahorro y eficiencia, con particular atención a las PYMES y al sector residencial; y una tercera línea que ofrezca préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad limpia en los sectores de la logística y las empresas del sector del transporte.

El Congreso convalida el decreto para que las comercializadoras financien el bono social y para restringir los cortes de luz

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Redacción / Agencias.- El pleno del Congreso de los Diputados convalidó, con 248 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 77 en contra (Unidos Podemos, ERC y Bildu) y 15 abstenciones (Compromís, PNV y PDeCat), el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de electricidad, como la prohibición de los cortes de suministro a los consumidores de especial vulnerabilidad.

A partir de ahora, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución. Además, el PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En su intervención, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió el respaldo a este decreto para que cuente con el mayor «consenso parlamentario, que le dé valor jurídico y político». «Es un tema que nos preocupa a todos, estamos hablando de cómo combatir la pobreza energética y es importante establecer algún tipo de apoyo social, y cuanto más grupos parlamentarios se unan mejor, ya que hace el sistema más robusto», aseveró.

Asimismo, Nadal consideró que este decreto permite también realizar «una reforma» del bono social vigente desde 2009, para lo que hay «un consenso» de la Cámara Baja, y para cuyo desarrollo del reglamento ya se han iniciado las conversaciones con todas las fuerzas políticas para que exista «el máximo consenso político posible». Nadal destacó que la normativa permite garantizar el sistema de financiación del bono social, que era el «escollo fundamental». «Sin financiación no tendremos bono social. Si no existiese una financiación adecuada el sistema en su conjunto estaba en peligro», añadió al respecto. No obstante, el Gobierno ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que anuló la financiación del bono social.

Otra de las grandes novedades que incluirá el reglamento es que los perceptores del bono social se distribuirán en tres categorías en función de su vulnerabilidad y que la renta será un factor determinante para percibirlo. En la categoría de menor vulnerabilidad, que recibirá un descuento del 25% en la tarifa como hasta ahora, estarán los colectivos que perciben el bono actualmente. En la segunda categoría, que recibirá un descuento mayor que todavía está por definir, estarán aquellos hogares con situaciones de mayor vulnerabilidad por factores de renta. Por último, la tercera categoría estará formada por los hogares con una vulnerabilidad severa, que son aquellos a los que no se les podrá cortar el suministro.

Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, resaltó la prohibición de cortar el suministro a los consumidores vulnerables y la vinculación de la ayuda a los ingresos. Así destacó la importancia del decreto para conseguir «atacar la pobreza desde todos los ángulos» y lo valoró como un «importante paso a una política integral de lucha contra la desigualdad». Lucio destacó que, a pesar de que el PSOE hubiera preferido extender la financiación del bono social a todas las actividades del sector, el diálogo para el consenso en esta materia «ha abierto la puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda que las decisiones políticas mejoren su vida».

Mientras, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, aseguró que este decreto ley es «fruto del acuerdo» y demuestra que hay temas importantes en los que los partidos si son «capaces de sentarse a hablar, más allá de las ideologías políticas». Asimismo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, consideró que la medida que manifiesta la decisión de «la amplia mayoría» de la Cámara en defensa de los consumidores vulnerables y valoró la invitación del ministro a todos los partidos políticos a participar en el proceso reglamentario. Ana Oramas (Coalición Canaria), Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Carlos Salvador (UPN) coincidieron en los aspectos positivos de la norma.

Unidos Podemos vota en contra

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Josep Vendrell, justificó la falta de respaldo por la formación al real decreto al hecho de que «no es una verdadera ley de mitigación de la pobreza energética». «Con este real decreto no se va a resolver la financiación del bono social ni la pobreza energética. Parte solo de vincularlo a la electricidad, y no a otros productos energéticos», criticó Vendrell, quien acusó a los gobiernos del PP y PSOE de haber llevado a cabo una política energética en España cuyo objetivo real es «mantener la tasa de beneficio de las grandes eléctricas». Según indicó, Podemos no apoyará un decreto-ley que «sirva para anestesiar» las demandas de la sociedad.

En la misma línea, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Capdevilla, defendió su voto en contra del decreto al considerar la iniciativa como “un parche” y que la política energética del Gobierno sigue «beneficiando a las empresas del oligopolio eléctrico, mientras no protege al consumidor vulnerable de la luz«. Mientras, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que adelantó la decisión de su formación de abstenerse, apuntó «el fracaso» del modelo energético del Gobierno. El diputado de Compromís Joan Baldoví explicó que aprecia «algún aspecto positivo» en el decreto pero lo considera «insuficiente«. El diputado de Bildu, Oskar Matute, criticó que se trata de una «tirita» que deja «el bisturí» en manos de las eléctricas.

El bono social supone un descuento del 25% en la factura de electricidad y a él pueden acogerse los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social, lo que supone aproximadamente un total de 7 millones de personas. Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo. Así se restablece la financiación del bono social, que será asumida por las comercializadoras eléctricas.

La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes. Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico, como en cárceles u hospitales. Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en vulnerabilidad severa.

Además, Nadal destacó que el suministro de estos hogares será asumido por los servicios sociales autonómicos y municipales con cofinanciación procedente del bono social, que será aportada por las comercializadoras. A este respecto, cuando se ponga en marcha un impago, la compañía tendrá que comunicar al consumidor el inicio del proceso. Además, antes de proceder al corte de luz, tendrá que contactar con los servicios sociales para comprobar si es un consumidor “extremadamente vulnerable”, ya que en caso de ser así no se podrá proceder a la suspensión del suministro.

Por otro lado, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para cortar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables del bono social en caso de impago. Nadal indicó que ese será el periodo del que dispondrán las comunidades autónomas para determinar si se trata de consumidores con vulnerabilidad severa. Además, se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer el reglamento de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.

Facua advierte que la norma sobre el bono social no aporta ninguna medida que «frene» la pobreza energética

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Europa Press / Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción ha advertido de que el real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Ciudadanos, por el que se regula el mecanismo de financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, «no aporta ninguna medida que frene la pobreza energética». La asociación señala que se trata de una norma «carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir sus usuarios beneficiarios».

Así, Facua critica que ni siquiera la «brutal» subida de la luz de enero ha provocado cambios en el plan del Gobierno y considera de «una grave irresponsabilidad» que se posponga a la primavera la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos. Por último, la asociación, que denuncia que «en materia energética, el Gobierno sólo negocia con las eléctricas y el PSOE, mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue negándose a recibir a los movimientos ciudadanos», afirma que el real-decreto «simplemente» plantea que desde ahora sean todas las comercializadoras eléctricas las que financien el bono social.

Susana Díaz tilda de “cruel” al Gobierno por «permitir que se especule con un suministro vital» como la electricidad

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EFE.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, calificó de «cruel» al Gobierno central del PP por «permitir que se especule con un suministro vital», como es el de la electricidad, además, en plena ola de frío. Díaz criticó que «en estos días, se está jugando con algo básico como es la luz, uno de los elementos que provocan desigualdad».

Se ha preguntado cómo es posible que «cuando el barril de petróleo estaba a la mitad de precio de lo que está ahora la factura de la luz era más barata»; pues considera que es así porque «el lobby de las eléctricas está haciendo negocio». Por ello, ha pedido al Gobierno central y a su presidente, Mariano Rajoy, «que no mienta más», que reconozca que «está dejando hacer negocio con un suministro vital» y que «está abriendo más las brechas de la desigualdad». «Qué le va a decir a los ciudadanos, si ha permitido la crueldad de que en plena ola de frío suba la factura de la luz; está permitiendo que algunos especulen con un suministro vital», ha incidido.

La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».

Rajoy lo fía todo a la meteorología y la oposición critica que actúe como un “chamán” en la gestión eléctrica

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Europa Press / EFE.- El PSOE y Unidos Podemos han lamentado que, ante la subida de la luz, el presidente Mariano Rajoy se limite a actuar como «hombre del tiempo» o como un «chamán» pronosticando que pronto bajarán los precios de la electricidad porque «va a llover». En este sentido, el presidente del Gobierno ha descartado adoptar medidas extraordinarias para bajar el precio de la luz, afirmando que se encuentra en niveles de 2015.

«Han anunciado que va a llover y eso, lógicamente, dará lugar a una bajada», indicó Rajoy que, no obstante, ha reconocido que «la solución no es esa» y que no se trata de que el Gobierno vaya a «esperar» a que llueva o haga viento. Con todo, dejó claro que no se plantea ni bajar los peajes, que están congelados, ni tampoco modificar el sistema de fijación de precios mayoristas. Rajoy ha confiado en la mejora de las condiciones meteorológicas (muy secas y sin viento) para revertir la tendencia al alza de los precios de la electricidad. La carestía de lluvias y la ausencia del viento influyen en el encarecimiento.

Según los cálculos del Ejecutivo, el precio de la electricidad subirá respecto a 2016 unos 100 euros anuales (8 euros al mes). Rajoy atribuyó este incremento a que 2016 fue «excepcionalmente bueno» por la caída del precio del petróleo. «En este momento estamos con el precio de la luz en niveles del año 2015, subirá este año con respecto a 2016, que fue un año excepcional, pero porque ha subido el precio del petróleo un 100% y las condiciones meteorológicas acompañaron y ello afecta al precio de la electricidad», detalló.

«Ya me gustaría a mí que volviera a bajar como en 2016, pero no todo en esta vida ni en este mundo depende del Gobierno, ni del español ni de ningún otro», añadió. De hecho, indicó que el aumento de la electricidad no está afectando solo a España, sino también a otros países de la Unión Europea. Así, señaló que los precios del megavatio hora del jueves se situaron en 87 euros en España, frente a los 110 euros de Italia o Suiza, o los 109 euros en Francia, negando así que España tenga el tercer precio mayorista más alto.

Además, apuntó que a España también le está afectando la «situación compleja» de las centrales nucleares en Francia y la falta de agua y energía solar de los últimos meses y en este punto afirmó que esta situación va a empezar a mejorar con las próximas lluvias. Dicho esto, admitió que se trata de un tema «preocupante» que afecta «al bolsillo de los españoles y a la competitividad de las empresas». Sobre la evolución de la inflación, atribuyó el incremento hasta el 1,6% al cierre de 2016 a la subida del precio del petróleo, y estimó que acabará este año en una tasa del 1,5%, porque el precio del petróleo no superará, «en ningún caso», los 60 dólares el barril.

Rajoy, “un chamán esperando lluvias”

Por su parte, los portavoces del PSOE y Unidos Podemos en el Congreso, Antonio Hernando e Íñigo Errejón, criticaron las declaraciones de Rajoy. Hernando considera «sorprendente» que Rajoy «haya actuado más como hombre del tiempo que como presidente del Gobierno» al decir que «va a llover y haber viento» en referencia al precio de la electricidad. «Debe actuar más como presidente del Gobierno que como comentarista del tiempo», ha apostillado Hernando, que ha avanzado que desde el Grupo Socialista pedirán explicaciones al Gobierno en la sesión de control del próximo miércoles para que explique los «vaivenes» en el recibo de la luz y las actuaciones previstas para frenar su alza.

Asimismo, el secretario político de Podemos y portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Iñigo Errejón, calificó de «cómicas y lamentables» las declaraciones de Rajoy sobre el precio de la electricidad, ya que «en vez de presidente del Gobierno parece que tuviésemos un chamán». En este sentido, criticó que Rajoy se «encomiende a la lluvia» garantizando que «cuando caigan cuatro gotas bajará el precio», un argumento de «alguien que se desentiende del Gobierno y de las cuestiones que preocupan a los españoles». Errejón recordó que Unidos Podemos registró con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, una proposición de ley en el Congreso para favorecer el autoconsumo colectivo, lo que redundaría en una bajada de los precios de la electricidad.

Además, Errejón calificó de «cinismo atroz» el argumento esgrimido por el sector eléctrico respecto al perjuicio que sufre cuando se encarece la electricidad por la disminución de la demanda, y recordó que «la gente pobre no tiene otra que seguir pagando hasta que les cortan la luz». «Hay alternativa en el problema del precio de la luz, pero exige decisión política», de forma que “en lugar de ponerse del lado del oligopolio eléctrico, se ponga del lado de los españoles», remachó Errejón, quien volvió a exigir la realización de una auditoría de los costes energéticos y saber por qué «cuesta lo que cuesta» la luz, y ha afirmado que no son las eléctricas precisamente los actores «perjudicados» en esta situación.

El PNV pide bajar peajes

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pidió al presidente Rajoy, que intervenga en los peajes del sistema eléctrico y que el Ejecutivo se tome «más en serio» el tema de la electricidad en España en lo referido a los ciudadanos y a la economía. Esteban ha denunciado que el sistema eléctrico español tiene «bastantes problemas» en materia de peajes, transporte o impuestos, «que es donde el Gobierno puede intervenir, más allá del coste de la electricidad». Asimismo, Esteban ha calificado de «pobre para un presidente del Gobierno» la respuesta de Rajoy sobre su confianza en que pronto bajen los precios, porque «va a llover».

A este respecto, ha advertido de que están en juego «cosas importantes», ante el perjuicio que supone el aumento del precio de la luz para las familias en un contexto de un «invierno duro» y el daño a la competitividad de las empresas. En esta línea, ha criticado que el precio del consumo energético para las empresas de la Cornisa Cantábrica y Euskadi sea mayor «por circunstancias de obligaciones legales de hace décadas que se sigue manteniendo». «Esto hace que la competencia con otros países y otras industrias sea más difícil», ha lamentado Esteban, que considera que el Gobierno debería tomarse «mucho más enserio el tema de la electricidad tanto en la vertiente del ciudadano como en el plano económico».

Hablemos de costes y precios

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La comparecencia del ministro de Energía en el Congreso al hilo de la evolución reciente de los precios de la electricidad en España permite hacer una retrospectiva de lo que ha sido esta crisis de invierno de 2017, generalizada en toda Europa. Iba con la lección aprendida y con una importante preparación técnica y metodológica.

Álvaro Nadal ha realizado una explicación académica de lo que es un mercado, sus reglas y sus consecuencias; los efectos de la escasez en esta coyuntura. Escasez que proviene de unas condiciones climatológicas determinadas y adversas: un país que produce alrededor de un 20% con energía hidráulica y otro 20% con energía eólica, si ve mermado el recurso eólico o hidráulico, tiene escasez. Una escasez derivada también de los flujos internacionales de la energía por la exportación a Francia de electricidad dado que una parte significativa de su parque nuclear está parado. Una evidencia, además, que la energía en el mercado de generación francés es más cara aún que en España y/o que nos eligen frente a otros países suministradores.

Los beneficios de que una actividad esté en régimen de mercado son claros: se consigue que todas las tecnologías compitan, obteniendo precios medios finales eficientes, y los propios agentes determinan la forma de aplicar sus recursos de forma eficiente. Además nuestro mercado ofrece signos muy claros de eficiencia y sus precios resultantes han transmitido las señales que se derivan de las condiciones del mismo, bien la escasez actual o bien la abundancia cuando hay días que se efectúan las casaciones a cero en el pool.

Es la escasez la que hace que unos años el aceite sea más caro que otro, teniendo prácticamente los mismos costes de producción. O que la verdura se haya puesto en precios de pata negra por las heladas. Bienes de primera necesidad y condiciones climatológicas: ¿Les va sonando?  Los resultados de las investigaciones que se han realizado en el pasado y las que defienden los propios agentes del sector reflejan la eficiencia del mercado. Si un mercado no es eficiente, no transmite correctamente las señales de escasez o de abundancia, como sería un mercado intervenido en el que el consumidor artificialmente puede tener precios bajos fijados políticamente, abocándolo a consumir de forma ineficiente por un ejercicio mal entendido de «protección».

El ministro aprovechó para soltar alguna pulla sobre determinados componentes de los costes de acceso, sobre todo en nuestro pasado de despilfarro en ciertas tecnologías. A la vez, los socialistas no quieren ni oír hablar de los desmanes en la fijación retributiva y gestión de autorizaciones de potencia renovable de la época Zapatero. Eso sí, la oposición está alineada claramente con las posiciones anti mercado: desde Ciudadanos hasta los partidos de izquierda insisten en reclamar una auditoría de costes del sistema eléctrico, otra más, destinada a acabar con el mercado. Cuánto más próximas son las ideas de los grupos parlamentarios a Podemos más partidarios son de la intervención, con Izquierda Unida planteando directamente la nacionalización.

Pedir la auditoría ya es un clásico. Pero que un suministro se sufrague por un sistema de costes reconocidos, significa que en el precio de un café, por ejemplo, se calcule el precio de los gramos de café que se ponen en la carga de la cafetera, el escandallo del coste del agua que se incluye en la taza, la distribución del tiempo horario del camarero que lo prepara, más la repercusión de los costes directos e indirectos del establecimiento dónde se sirve (alquiler del local, luz, limpieza, etc…) y que se fije un tipo de interés que lo retribuya.

Un sistema que hace que por un café se pague lo que cuesta el café al dueño de la cafetería. Pero un sistema que también incentiva que, por ejemplo, el local tenga mucho, mucho mármol, por el simple motivo de que va a reflejarse en los costes. Obviamente, la economía de mercado no funciona así y lo que determina el precio del café, entre otros factores, es la abundancia o no de sitios en los que tomar café en una zona, con los establecimientos compitiendo entre sí, con sus diferentes precios, para captar clientes. Economía de mercado. Europa. Siglo XXI.