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La oposición se une frente al PP en el Congreso para exigir el cierre de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- La oposición se ha unido frente al PP en el Congreso de los Diputados para apoyar una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), paralizando cualquier proceso de renovación de explotación de la planta.

A pesar de que la propuesta inicial partía de Bildu, el debate parlamentario ha acabado derivando en torno a una iniciativa transaccional firmada por PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV y ERC, que ya había recibido el apoyo de la Comisión de Energía. Además del cierre de la planta, este documento también pide acometer el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como activar un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de Garoña.

Durante el debate, el diputado de Bildu, Oskar Matute, ha aceptado el texto a pesar de que no se han incluido algunas de sus reivindicaciones, entre las que figuraba la dimisión del presidente del CSN, Fernando Martí. «No recoge la dimisión, pero sí lo esencial», explicó. Matute ha apuntado que busca «garantizar» la salud de los ciudadanos que pueden verse afectados por las consecuencias de Garoña. «El derecho a la salud no debiera estar al servicio del beneficio de unos pocos», ha añadido el diputado, que concluyó mostrando su rechazo a que el cierre de la planta esté siendo usada por el Gobierno como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, la diputada del PSOE, Esther Peña, ha acusado al Gobierno y al CSN de opacidad en este trámite y también de mentir, después de que el presidente del CSN asegurara que Garoña no se podría reabrir si no se invertía en la mejora de las instalaciones. Sobre las causas de esta actitud, la socialista de Burgos apunta que, «con la autorización del CSN nunca habrá un debate sobre transición energética, ni sobre bajar la luz o sobre apoyar a las renovables» y el Ejecutivo «se libra de pagar indemnizaciones a las eléctricas».

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de lo que el Gobierno quiere hacer con un parque nuclear «envejecido» como el español: rebajar las condiciones legales de seguridad. «Lo que se busca con la reapertura es sentar un precedente de cara al resto de centrales«, ha señalado la representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, coincidiendo en sus argumentos con López de Uralde. La diputada de la formación naranja se ha quejado, además, de que este debate continúe durante semanas cuando se ha demostrado que el cierre de esta planta en 2009 no tuvo ninguna influencia en el sistema energético español.

Ante las críticas, el portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha denunciado que en los discursos escuchados en el pleno sobre Garoña «existe prejuicio y poco juicio» y ha recriminado al resto de partidos que se sientan superiores al CSN en materia de seguridad nuclear y duden de sus decisiones. «Es un acto, no sólo de irresponsabilidad, es un acto de frivolidad», ha declarado. En su defensa de la reapertura de la planta, Mariscal ha indicado que si se eliminan de la red eléctrica española los 7.000 megavatios que aportan las nucleares habría que encontrar una tecnología igual de competitiva y que dé las mismas garantías. Una tecnología que, a su juicio, actualmente no existe, concluyó Mariscal.

En el texto inicial registrado por Bildu, se instaba al Ejecutivo a «atender a las decenas de solicitudes realizadas» por los vecinos de la zona «a lo largo de las últimas décadas» e iniciar «urgentemente» el proceso pertinente para el desmantelamiento de la planta. Para ello, solicitaba la creación de una comisión interinstitucional que haga un seguimiento del proceso y garantice que se cumple en los términos establecidos en la moción aprobada por las Juntas Generales de Álava en 2013.

Además, Bildu pedía la «dimisión inmediata» del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen. Para Matute, el CSN trabaja con «opacidad», al igual que su presidente, a lo que se suma, a su juicio, «una parcialidad más que evidente» en relación al caso Garoña. «Su cargo debería conllevar un celo absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos derivados del uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de colaborador con terceros para el sostenimiento de su actividad en el campo de la energía nuclear», concluye la propuesta.

El Gobierno escuchará las propuestas de los diferentes partidos políticos antes de tomar su decisión sobre Garoña

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Europa Press.- El Gobierno está dispuesto a escuchar la posición de los distintos grupo políticos acerca de la central nuclear de Santa María de Garoña antes de tomar su decisión sobre la reapertura de esta instalación, para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Energía considera que en el caso de Garoña se plantea el debate de establecer si la decisión ha de restringirse al caso particular de la central y tener un contenido técnico o si debe contemplarse de forma más amplia y tener en cuenta las posiciones políticas. «Garoña es el primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se tomará una decisión singular, central a central, o general», indican las fuentes, antes de considerar que la resolución la ha de emitir un Gobierno en minoría y que «no es bueno» tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo.

En todo caso, desde Energía niegan que el Gobierno quiera usar el posible cierre de Garoña como moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado y se muestran expectantes ante la posible presentación por parte del PSOE de una proposición de ley sobre el cierre de la central. Una ley sobre un caso único, advierten, no se puede realizar.

En el caso de Garoña, ven «interesante ver las alegaciones para encuadrar el debate» acerca del futuro del parque nuclear español. La posición del Ejecutivo al respecto pasa por defender la importancia de todas las tecnologías del mix y parte de la premisa de que cerrar las nucleares puede encarecer un 25% la electricidad. Para Energía, Garoña será el «telonero» de las decisiones sobre la continuidad de las nucleares, que se podrían plantear en la actual legislatura, indican las fuentes. La decisión sobre la renovación de la licencia de Almaraz ha de tomarse en 2020.

El Congreso, con oposición del PP, apoya el cierre de Garoña y reclama un plan de reindustrialización en la zona

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Europa Press.- La Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital apoyó, con el voto en contra del PP, instar al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central de Santa María de Garoña (Burgos), así como poner en marcha un plan de reindustrialización y adaptación económica en el área de influencia de la planta.

El texto, transaccionado entre Unidos Podemos y el PSOE, pide también acometer el proceso de desmantelamiento de Garoña en «condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas» y que éste se produzca bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Durante el debate, la portavoz socialista en esta materia, Esther Peña ha denunciado la falta de inversión económica en el norte de la provincia de Burgos, en donde unos 14 municipios están afectados por la presencia de la central en su entorno.

La diputada señaló que esta zona ha envejecido porque los jóvenes no encuentran futuro laboral y subrayó las dificultades con la que sus habitantes se enfrentan a servicios normales, como el de telefonía móvil o Internet, por encontrarse en las cercanías de una central nuclear. «El PP ha invertido cero euros en cinco años, ni en empleo, ni en servicios ni en infraestructuras», denunció Peña, quien acusó al Ejecutivo de usar Garoña como «moneda de cambio para aprobar los Presupuestos».

Para el portavoz de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el Gobierno está escondiendo detrás de la central burgalesa lo que quiere hacer con el resto de plantas del país, es decir, ampliar su vida útil cuando, según el diputado, cada año que pasa Garoña es más insegura. López de Uralde recordó que durante su primera etapa de funcionamiento sufrió grietas y se registró un calentamiento de agua en el Ebro, entre otros problemas. «El hecho de que haya cumplido 46 años no nos da garantías de seguridad», insistió Uralde, quien deseó que éste sea el último debate sobre Garoña.

El PP, por su parte, criticó los «prejuicios» del resto de partidos al tratar la energía nuclear. El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, ha destacado que la intención del Ejecutivo es hacer realidad un mix energético equilibrado que permita el suministro a todas horas. En cuanto al plan de reindustrialización, ha recordado que en 2009, durante el mandato socialista, se habló de una inversión de 900 millones en la zona. «El Colegio de Economistas de Burgos estima que se invirtieron 20 millones», ha señalado Mariscal, quien ha apuntado que el PP no continuó que este proyecto por los propietarios de Garoña solicitaron la reapertura.

El PSOE propone en el Congreso una ley para evitar la reapertura de centrales nucleares que hayan cesado su actividad

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Europa Press.- La portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha registrado una proposición de ley para impedir la reapertura de centrales nucleares cuando haya sido acordado su cese definitivo, tal y como podría ocurrir con la central nuclear de Garoña (Burgos), tras el informe favorable a su reapertura del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

«El objetivo de esta iniciativa es impedir que pueda acordarse la autorización de explotación, o su renovación, de una central nuclear, cuando previamente ha sido acordado su cese definitivo, con independencia de las razones que hubieran motivado dicho cese«, explicó Lucio. Para ello, los socialistas plantean declarar nulas, también, las autorizaciones que pudieran haber sido acordadas antes de la entrada en vigor de esta ley.

Lucio recuerda que Garoña se convirtió en 2006 en la central nuclear en activo «más antigua de España». También ha explicado que es una planta de primera generación, de tecnología similar a la de los reactores de Doel en Bélgica y de Fukushima en Japón, y «ha quedado obsoleta por su tecnología y por la duración de su ciclo de vida, lo que la convertiría en una central de alto riesgo si volviera a operar».

Por ello, Lucio cree que «esta central ha cumplido su ciclo de vida útil y ya está amortizada». «En el momento actual, no tiene ninguna lógica su reapertura desde el punto de vista de la garantía del suministro y de los posibles riesgos para la seguridad. Por el contrario, es necesario que la empresa propietaria de la central ponga en marcha los trabajos de desmantelamiento de la misma», ha concluido.

Podemos presentó otra proposición de ley para que las plantas nucleares se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto de la formación morada exija al Gobierno la elaboración, en un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de las centrales nucleares.

Unidos Podemos registra en el Congreso una ley para promover el cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición de ley que regula el cierre de las centrales nucleares en España, empezando por la no renovación de la licencia de Santa María de Garoña (Burgos), que el Gobierno tiene que decidir en los próximos seis meses, y terminando en 2024 con el fin de la actividad de la central de Trillo (Guadalajara).

Según ha explicado el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, la intención es que las plantas se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto exija al Gobierno la elaboración, en 6 meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de todas las centrales nucleares.

Con este texto, la formación morada pretende frenar las intenciones que, a su juicio, tiene el Gobierno de alargar hasta los 60 años la vida de las plantas nucleares y que, según advierte López de Uralde, se pueden ver en los cambios realizados por el PP para tener mayoría en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en el último informe de este organismo, favorable a la reapertura de Garoña a pesar de que no se han cumplido las exigencias que se le imponían a su gestora Nuclenor.

“No hay una transición energética”

El portavoz de Energía del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha acusado al Ejecutivo de ser «pronuclear» y «enemigo de las renovables y del autoconsumo» y, en su opinión, la decisión del cierre de las centrales «no puede quedar en manos del Ministerio de Energía o del Consejo de Ministros». «Se les llena la boca de hablar de transición energética y de un Pacto de Estado por la Energía y luego se quedan en lo mismo», ha denunciado el diputado de En Comú.

Del mismo modo, denuncia que este sistema es «una opción del pasado» que es «peligrosa y cara», además de «no ser competitiva». «Tampoco garantiza el suministro de electricidad en España», apunta Vendrell, dada la sobrecapacidad instalada de potencia eléctrica. Por ello, la ley también solicita la creación, en 6 meses, de un plan de transición energética en el que participen Gobierno y comunidades autónomas, así como otros actores implicados. Además, un último punto en el texto llama al Ejecutivo a elaborar un plan de adaptación socio-económico en las zonas colindantes a las centrales y que, hasta ahora, basaban parte de su economía en las plantas.

Desde la formación morada han señalado que ahora comenzarán a dialogar con PSOE y Ciudadanos que, en sus discursos y sus programas electorales se han mostrado a favor del cierre de estos centros. «Con esta ley traemos al Congreso un debate que está en la sociedad», ha apuntado López de Uralde, quien se ha mostrado convencido de poder alcanzar el acuerdo necesario en la Cámara Baja para «obligar al Gobierno a reaccionar» y cumplir con lo que exige la ley. En este sentido, el diputado de Equo se ha mostrado dispuesto a dialogar con el resto de fuerzas políticas para pactar el cierre de Garoña. «Pero no nos vamos a olvidar del cierre del resto de centrales», ha advertido Uralde.

El Congreso respalda facilitar los cambios estacionales de la potencia eléctrica contratada con el rechazo del PP y de C’s

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Europa Press.- Tras recordar la existencia de unos costes fijos en el sistema eléctrico, el PP se opuso a una moción que consideró «insolidaria» después de que el pleno del Congreso respaldara una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para fomentar que el usuario pueda cambiar la potencia eléctrica contratada en función de la temporada. La iniciativa salió adelante tras recabar los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras que el PP y Ciudadanos votaron ambos en contra.

El texto aprobado mediante proposición no de ley pide al Gobierno crear un nuevo contrato de potencia estacional. Apuesta por adaptar la legislación para que sea posible «adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico». Asimismo, propone una tarifa de discriminación estacional para pequeñas y medianas empresas y cooperativas, con lo que las empresas distribuidoras quedarían obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, su modalidad de aplicación y la potencia contratada.

En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podría “modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación”, de acuerdo al mismo. Este tipo de contratos permitiría acuerdos entre el suministrador y el cliente para fijar tarifas, condiciones técnicas de acceso y potencias diferentes para cada período del año. Asimismo, la moción aprobada incluye la realización de una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes que permita una reforma del mercado eléctrico «para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables».

Los republicanos catalanes lamentan que el precio de la energía es un «enorme lastre» para las empresas, sobre todo las pymes, y critican que la normativa actual limite los cambios posibles de potencia a uno al año. Esto impide que los usuarios puedan optimizar su perfil de consumo o modular su demanda en función de los diferentes ciclos de producción que se dan en un año, y lleva a que la potencia contratada acumulada alcance los 150 GW a pesar de que la capacidad máxima del sistema sea de 110 GW y la demanda real esté apenas en 45 GW.

«Es un desajuste muy importante que genera unos ingresos extraordinarios al sector que no están justificados», critica Esquerra, señalando que las tecnologías actuales, que permiten realizar cambios de potencia de forma remota, hacen indefendibles estas limitaciones. ERC advierte de que esta falta de flexibilidad podría incluso contravenir la normativa comunitaria en materia de consumo, por lo que pide que se apliquen todas las modificaciones normativas necesarias para potenciar los contratos de potencia estacionales «al menos para determinados sectores», de modo que se puedan producir «ahorros muy importantes» sin mermar la calidad del servicio y sin imponer complicaciones administrativas o técnicas.

El PP habla de “insolidaridad”

Por su parte, el PP se opuso a una iniciativa de ERC para promover cambios de potencia en la factura eléctrica contratada según temporadas, una idea que considera «insolidaria» pues recuerda la existencia de costes fijos. «Tenemos que pagar unos costes fijos independientemente del consumo», subrayó el portavoz del PP de Energía, Guillermo Mariscal, que acusó a Joan Capdevila, de ERC, de no entender el concepto de suficiencia de tarifa. Capdevila había retado al PP a apoyar su iniciativa para comprobar si en el Gobierno «manda más» el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el de Energía, Álvaro Nadal.

«Con el sentido de su voto sabremos si están más con las pymes y la competitividad o con el oligopolio de los grandes. Si manda más De Guindos o Nadal», inquirió el diputado de Esquerra, Joan Capdevila, durante la defensa de esta proposición no de ley.Capdevila ha recordado que las pymes españolas «son las que pagan la factura eléctrica más cara» y que la parte fija «no hay manera de tocarla», refiriéndose a ella como «uno de los intocables del señor Nadal». «Es como si en la factura el hotel te cobra el precio del minibar aunque no lo hayas tocado», puso como ejemplo.

La iniciativa ha desencadenado una avalancha de críticas al modelo energético por parte de los grupos de la oposición, independientemente de su cercanía a la iniciativa.Por parte del PSOE, su portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha criticado que este modelo es «contrario a la eficiencia energética», puesto que el peso de los costes fijos hace que consumir más o menos no tenga influencia en el coste final. «El modelo eléctrico acaba siendo uno de los elementos fundamentales que lastran el desarrollo de nuestra economía y la hacen menos competitiva», ha dicho.

Josep Vendrell, diputado de En Comú, instó a revisar no sólo este factor, sino «el conjunto del sistema». Algo que cree que debe «abordarse con urgencia», a pesar de que el Gobierno no tiene «ninguna voluntad» de hacerlo. «Al contrario, el ministro dice que hay que resignarse», espetó. Aunque reconoció que la iniciativa pudiera beneficiar a algunas empresas, Vicente Ten Oliver, diputado de Ciudadanos, indicó que también favorecería a los ciudadanos que tienen más de una vivienda. «Queremos reducir el precio de la luz, pero a todos», aseveró, tras calificar la propuesta como «un parche«.

País Vasco espera que la central de Garoña no se reabra pero dice que «hay que estar vigilantes y atentos»

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Europa Press.- El consejero vasco de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha afirmado que quiere «pensar que no» se reabrirá la central de Santa María de Garoña, si bien ha considerado que «hay que estar vigilantes y atentos«. De este modo se pronunció el consejero socialista en relación al debate suscitado en torno a la posibilidad de que la central burgalesa, próxima al territorio alavés, pueda volver a abrirse.

Por otra parte, ha considerado que no tiene «ningún sentido» poner en marcha de nuevo una central «obsoleta» que ha llegado «al final de su vida útil». Tras recordar las manifestaciones pasadas de los propios propietarios de la central nuclear en relación a las inversiones que sería necesario acometer, ha indicado que «quiere pensar que no» se reabrirá, pero «hay que estar vigilantes y atentos». Arriola ha afirmado que, si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «nos quiere escuchar, encantados de decirle lo que pensamos» sobre la posible reapertura de Garoña, si bien «ya sabe lo que le vamos a decir». En cualquier caso, sentenció que, «si no nos quiere escuchar, también se lo diremos».

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente ha asegurado que «no se contempla para nada que la técnica del fracking pueda desarrollarse» en el País Vasco. «El fracking en Euskadi no tiene cabida», ha insistido Arriola, que ha recordado que existe «una manifestación muy clara desde el punto de vista político del Parlamento vasco y el propio Gobierno vasco», que «en absoluto contempla que se pueda dar esta técnica de búsqueda y producción gasística».

Por tanto, ha afirmado que desconoce si «habrá interés» por parte de alguna empresa por hacer prospecciones, pero «lo que no hay es caso en este asunto». A juicio del consejero, Euskadi debería hacer «una apuesta» por la energía eólica, una energía «limpia», aunque «puede haber dificultades desde el punto de vista paisajístico». En este sentido, consideró que sobre ésta «habría que buscar consensos no sólo políticos, sino también sociales«.

La Eurocámara apoya que se reforme el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea

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Europa Press.- El Parlamento Europeo ha apoyado la reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS) de la Unión Europea, cuyos cambios se aplicarán a partir de 2021 con el objetivo de contribuir al recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 40% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. El informe ha sido aprobado con 379 votos a favor, 263 en contra y 57 abstenciones. La Eurocámara y los Estados miembros comenzarán ahora las negociaciones para aprobar definitivamente la reforma.

El sistema europeo de comercio de emisiones abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. En concreto, limita las emisiones contaminantes de 11.000 instalaciones de elevado uso energético y de las compañías aéreas que operan entre los socios del bloque comunitario, Noruega, Islandia y Liechtenstein. En virtud del mecanismo ETS, se establece un límite sobre la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir instalaciones incluidas en el régimen. El límite se reduce paulatinamente con el tiempo de forma que las emisiones totales desciendan.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó que el recorte anual de los créditos subastados sea del 2,2%, a pesar de que la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara había abogado por aumentar este factor al 2,4%. Los eurodiputados propusieron, no obstante, incrementar la reducción a partir de 2024 en línea con la propuesta de la comisión europarlamentaria. Los eurodiputados también abogaron por duplicar la capacidad del programa de estabilidad de mercado (MSR) para absorber el exceso de derechos de emisión en circulación y retirar 800 millones de derechos a partir de enero de 2021.

Los cambios con respecto a los acuerdos alcanzados en el seno de la comisión de Medio Ambiente han provocado las críticas de socialistas y ecologistas al Partido Popular Europeo (PPE). La eurodiputada socialdemócrata Jytte Gutelan denunció que los populares europeos han «saboteado y diluido» la propuesta. «Obviamente, el PPE se preocupa más por complacer a algunos sectores industriales que por combatir el cambio climático», denunció la política sueca socialdemócrata. Sin embargo, el eurodiputado del PPE, Ivo Belet, ha defendido que la posición aprobada por la Eurocámara es «equilibrada» y «garantiza la implementación del Acuerdo de París» al mismo tiempo que asegura el empleo y la competitividad de la industria europea».

Rajoy y Nadal aseguran que no se tomarán «decisiones políticas» sobre Garoña y defienden la profesionalidad del CSN

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha pronunciado sobre si reabrirá o no la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegando que tiene 6 meses antes de tomar la decisión. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no tomará «decisiones irresponsables» ni «políticas» sobre Garoña y ha defendido la profesionalidad de los miembros del consejo y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la elaboración del informe sobre la planta.

La diputada socialista burgalesa, Esther Peña, acusó al PP de «no decir la verdad» sobre este tema «jugando» con los trabajadores de Garoña y con la comarca a la que, según ha recordado, les prometieron un plan de recuperación de empleo que siguen esperando «desde hace 5 años». Del mismo modo, señaló que la planta «no es segura» tal y como, a su juicio, demuestra el informe del CSN en el que se piden inversiones de seguridad a la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, y apunta que el PP busca con esta reapertura lanzar un «globo sonda» para mantener las centrales nucleares en España y favorecer a las compañías eléctricas.

En este sentido, el ministro acusó al PSOE de «querer sacrificar a los trabajadores y a la comarca» para «hacer política y llevarse votos» y ha indicado que su departamento no tomará decisiones «por motivos ideológicos» ni se precipitará en la toma de decisiones sobre un tema de seguridad. «Todas las decisiones las vamos a tomar de manera sosegada«, insistió. Nadal valoró positivamente que el PP esté «abriendo un proceso de audiencia pública» antes de tomar una decisión «para que todo el mundo opine» y rechazó las declaraciones del coportavoz de Equo, Juan López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y política está en contra de la reapertura.

«No es igual la opinión de los trabajadores, de las empresas, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco, de las diputaciones», ha apuntado el titular de Energía, que también ha señalado que se escuchará a las asociaciones ecologistas. «Es de recibo que todo el mundo reciba la información», afirmó. Uralde reprochó a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando «se está jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente» al reabrir una central «obsoleta» y que «no aporta ni un kilovatio a la red», por lo que «no tiene impacto en el precio de la luz«.

Del mismo modo, ha dudado de la imparcialidad del CSN al hacer el informe sobre la reapertura. Uralde denunció que hace años se le impusieron a la central unas inversiones para poder renovar su actividad, y ahora, sin que se hayan llevado a cabo las reformas, se pronuncie a favor de la reapertura. En este sentido, recordó que la mayoría de los miembros del CSN fueron propuestos por el PP. «Me preocupa que dude de la independencia del CSN», ha reconocido Nadal. ¿Piensa que los técnicos no son profesionales y no cuidan la seguridad nuclear del país?, cuestionó el ministro, que reivindicó que éstos son «los más reputados de Europa».

Rajoy escuchará “a los interesados”

Por su parte, el presidente del Gobierno señaló que antes de tomar una decisión deben cumplirse algunos trámites, entre ellos, que el Ejecutivo escuche «a todos los que tengan interés» en este tema. Así respondió Rajoy a la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acerca de las intenciones del presidente sobre la reapertura de Garoña. Esteban le recordó que «la posición mayoritaria», tanto social como política, es favorable al cierre y mostró su temor de que el PP ponga en marcha la central y que luego sea apagada por una decisión posterior, teniendo que pagar los costes que eso conlleva los ciudadanos.

El portavoz nacionalista ha destacado que Garoña es la planta más antigua de España, que su reactor es del mismo tipo del de la central de Fukushima (Japón)y supone «simplemente el 0,4% de la potencia instalada en España» y no llega al 6% de la potencia nuclear en el país. «Esto no va a abaratar el precio de la electricidad, ni mucho menos, es una central vieja y tiene riesgos, no le vemos ningún sentido», ha destacado en su discurso.

«Entiendo sus argumentos y sus razonamientos pero soy el presidente y tengo que cumplir los trámites que dice la ley», ha insistido Rajoy, quien ha apuntado que primero es Nuclenor, la empresa gestora de la planta, quien debe pronunciarse y después el Gobierno comenzará la ronda de contactos. Además, ha precisado, después de que el Ejecutivo tome una decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también tendrá algo que decir.

«En todo caso les escucharemos a ustedes y todas las instituciones que han manifestado su intereses» sobre este tema, ha asegurado el presidente que ha destacado que sí hay instituciones favorables a la reapertura de Garoña, como la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, Rajoy ha defendido su actitud, que ha calificado como las «más prudente, razonable y sensata», de «estudiar a fondo» los razonamientos de unos y de otros» antes de tomar una decisión. «Intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de todos», concluyó.

El PSOE no ha llegado «a ningún consenso» respecto a la nuclear pero apostará por “las energías del siglo XXI”

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Europa Press.- El economista que coordina la ponencia económica del PSOE, José Carlos Díez, admite que no se ha llegado «a ningún consenso» respecto a la postura del partido sobre energía nuclear y que están trabajando «todavía», aunque considera que esta tecnología es del siglo XX mientras la formación socialista quiere «apostar por las energías del siglo XXI«. Así afirma que cuando el PSOE presente el programa quiere hacerlo «abierto a la sociedad», por lo que «va a ir a las agrupaciones».

En todo caso, ha afirmado que la posición del PSOE «en este momento» es que la energía «no puede limitar la creación de empleo en España». De hecho, ha recordado que hay en la actualidad un exceso de capacidad (para generar electricidad) instalada y que se está demonizando a las renovables «injustamente». Sin embargo, en ciclos combinados de gas hay la misma capacidad instalada que en todas las renovables mientras que se está usando a un 8-10% de sus posibilidades. «Y cuando llegan las crisis no hay gas disponible», critica.

De todas formas, Díez ha confirmado que el PSOE tiene «claro» que la nuclear es una energía del siglo XX y que apostará por energías como el autoconsumo, del que ha dicho que el Gobierno «incomprensiblemente lo ha penalizado con la ley”. Finalmente, ha dicho que el PSOE tratará de incorporar en las sociedades energías que tienen «mejor sostenibilidad ambiental».