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Podemos acusa al PP y al PSOE de «unirse» en Castilla y León en contra del sector del carbón

EFE.- El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, acusó al PP y al PSOE de «unirse» en contra del sector del carbón después de que ambas formaciones bloquearan una moción en la Cortes de la comunidad autónoma que exigía el compromiso de que las compañías eléctricas consuman mineral nacional. Fernández aseguró en Ponferrada (León) que ambas formaciones «se han puesto al lado de las eléctricas frente a su postura que era la de pedir ‘mano dura’ para ellas».

El líder regional de la formación morada pide que se legisle «a favor de las personas» y se cumpla la ley, algo que actualmente no pasa puesto que lo habitual es, a su juicio, que las compañías eléctricas incumplan «con las normativas de emisión de gases contaminantes» y también de compra de carbón nacional. Fernández extendió sus reproches al PSOE por no sumarse a la moción de Podemos, que incluso han criticado por considerar que va en contra del carbón, «Su defensa del carbón es la misma que la de Obélix con la dieta vegetariana», reprochó irónicamente a los socialistas.

Endesa advierte a los diputados que suprimir las centrales nucleares pondría en riesgo la seguridad de suministro

EFE.- El director general de energía nuclear de Endesa, Juan María Moreno, subrayó en el Congreso que no es posible prescindir de la energía nuclear a corto o medio plazo sin poner en riesgo la seguridad del suministro. Durante su comparecencia, a puerta cerrada, Moreno aseguró que prescindir anticipadamente de las nucleares supondría también un aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, según fuentes que asistieron a su exposición.

A juicio del directivo de Endesa, no es posible atender la punta de demanda en el sistema eléctrico sin contar con la energía nuclear, sobre todo por el menor peso paulatino del carbón nacional por motivos medioambientales. En su opinión, el cierre del parque nuclear reduciría el índice de cobertura por debajo del 1,1 aconsejado e incluso de la unidad. Además, ha explicado Moreno, la sustitución de la energía nuclear por centrales térmicas (de carbón o gas natural) supondría un incremento cercano al 50% en las emisiones de CO2, unos 28 millones de toneladas al año, un efecto que ya se aprecia en Alemania, que renunció a las plantas nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) en marzo de 2011.

El directivo de Endesa subrayó que es posible sustituir las centrales nucleares por energías renovables, pero no en un periodo de tiempo corto. Según Moreno, además de los 30.000 megavatios renovables necesarios para cumplir los objetivos medioambientales hasta 2030, la supresión de los 7.573 megavatios nucleares exigiría la instalación de 22.000 megavatios eólicos, 7.000 megavatios fotovoltaicos y 21.000 megavatios de baterías adicionales, un esfuerzo que no sería viable ni técnica ni económicamente en una década.

Moreno ha explicado que la eliminación de la energía nuclear elevaría el precio de la electricidad en el mercado mayorista en más de 10 euros por megavatio hora, lo que supondría una subida del 26% y un sobrecoste anual en el sistema de más de 2.500 millones. Moreno ha asegurado que, en contra de lo que se dice, las centrales nucleares de Endesa no están amortizadas, ni a efectos contables ni financieros. Según Moreno, una auditoría realizada por Ernst&Young ha mostrado que la rentabilidad de las nucleares no ha sido suficiente para recuperar la inversión.

El directivo de Endesa ha precisado que el inmovilizado neto pendiente de amortizar al cierre del pasado ejercicio asciende a 3.039 millones. Esta cifra tan elevada se debe, según Moreno, a las fuertes inversiones realizadas desde la puesta en operación de las nucleares. Desde 1997, la inversión en las plantas de Almaraz, Ascó y Vandellós asciende a 3.656 millones de euros en moneda de 2016, casi un 60% del coste inicial de las centrales. Sobre el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Moreno ha dicho que, en ocasiones, plantea un exceso de regulación y tiene un enfoque demasiado prescriptivo, lo que se obliga a las plantas a un esfuerzo excesivo para cumplir los requisitos.

Operar hasta los 60 años

Según algunos diputados, los directores de energía nuclear de las empresas Endesa e Iberdrola (Francisco López), operadoras ambas de centrales atómicas, mostraron su convencimiento de que habrá alargamiento de la vida útil de las plantas hasta «al menos» los 60 años. «Han dado por sentado que explotarán las centrales como mínimo hasta los 60 años», ha señalado la portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, que indicó que ambos responsables empresariales han abierto incluso las puertas, en respuesta a las preguntas planteadas por los diputados, a operar las centrales más allá de esos 60 años.

Según lo relatado por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el director de energía nuclear de Iberdrola, señaló en esta ponencia que están «convencidos de que las centrales pueden operar 60 años». Ambas empresas han reclamado a los parlamentarios «certeza regulatoria en un horizonte temporal amplio para poder hacer sus inversiones«. Las centrales nucleares españolas, en la actualidad hay 5 plantas operativas y 1 en parada segura (Garoña), fueron diseñadas con una vida útil de 40 años, sin embargo, la legislación no establece un calendario de cierre de las plantas a medida que vayan cumpliendo esos años.

La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en 2011 estuvo a punto de recogerlo, pero finalmente acabó eliminando la referencia temporal e indicando que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que ocurre actualmente Respecto a la reapertura de Garoña, central operada por Endesa e Iberdrola al 50%, los representantes de ambas empresas han señalado que están pendientes de la autorización del Gobierno para tomar una decisión. Según las mismas fuentes, los portavoces de las empresas también han manifestado a los parlamentarios que les gustaría participar en el próximo plan de residuos nucleares que tiene pendiente elaborar el CSN.

También compareció el director de la central de Garoña, Miguel Ángel Cortés, quien ha dicho que «los informes de todas las evaluaciones a las que se ha sometido la planta en los últimos diez años ponen de manifiesto que no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central«. Cortés ha recordado que el regulador, el CSN, «ha aprobado la viabilidad de las instalaciones para operar con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones tras una rigurosa y exhaustiva evaluación». Según Uralde, el director de Garoña les ha relatado que la central trabaja tanto para un escenario de continuidad de las operaciones como de cierre.

Ha comparecido también Marcel Coderch i Codell, exvicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y experto en energía nuclear, quien señaló respecto a la afirmación de Endesa de que las centrales no están amortizadas, que «eso depende de lo que incluyas en la amortización». Coderch i Codell aseveró que las nucleares son un buen negocio para las eléctricas en tanto que ni tienen que asumir la gestión de los residuos ni los costes de un potencial accidente nuclear.

Todos los grupos del Parlamento de Baleares apoyarán este martes una iniciativa para proteger el mar Mediterráneo de prospecciones petrolíferas

Europa Press.- Todos los grupos del Parlamento de Baleares han avanzado que apoyarán la proposición de ley que se debatirá el próximo martes en sesión plenaria sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española «de los daños que puedan producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales». A este respecto, la portavoz adjunta del PSOE, Bel Oliver, ha destacado «la unanimidad conseguida».

Eso sí, la socialista solicitó al PP «que no vuelva a traicionar a las Islas”, tras «el veto del Gobierno Rajoy» en la tramitación en el Congreso de la iniciativa para implantar una tarifa plana para vuelos entre islas. De esta manera, y en un sentido similar al que se ha manifestado el portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, Oliver censura que hace unas semanas, «el PP aquí decía una cosa y en Madrid votaba la contraria». Por esto, espera que la formación popular «se aclare después del congreso regional» y «lleve a cabo el trabajo que le toca para convencer a sus compañeros de Madrid de que no detengan esta proposición de ley».

Manuel Rodríguez Martí, nombrado por el Gobierno nuevo secretario general del CSN, toma posesión con la «exigencia de no defraudar»

Europa Press.– El técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Manuel Rodríguez Martí, ha tomado posesión de su cargo como secretario general del regulador nuclear, tras ser nombrado recientemente por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y en ese acto ha prometido «no defraudar».

El acto de toma de posesión se ha celebrado en la sede del CSN, de acuerdo con el Real Decreto 280/2017, publicado en el BOE con fecha de 17 de marzo de 2017. Al acto han asistido los miembros del pleno del CSN así como técnicos del regulador, del sector y varias autoridades del Estado. El presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, ha agradecido el trabajo desempeñado por la anterior secretaria general del regulador, María Luisa Rodríguez, y ha manifestado la «completa confianza» en su sucesor por sus conocimientos técnicos así como por su experiencia en el funcionamiento del CSN.

Por su parte, Rodríguez ha agradecido su nombramiento ya que para él supone «todo un honor y orgullo» convertirse en secretario general del CSN, donde lleva 32 años trabajando, prácticamente la totalidad de su vida profesional. En este mismo sentido ha querido destacar que se trata de una gran ocasión pero al mismo tiempo de una gran responsabilidad, ya que es la primera vez que un técnico del organismo regulador ocupa este puesto. Finalmente, ha manifestado que es consciente de todos los retos que afronta y ha prometido todo su entusiasmo y su dedicación en la «exigencia de no defraudar».

Una vida en el CSN

Rodríguez Martí, nacido en febrero de 1959, es Ingeniero Industrial y pertenece a la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Se incorporó al CSN en 1985, donde ha ocupado varios puestos técnicos en el ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica, entre ellos el de jefe de Proyectos de la Central Nuclear de Trillo (Guadalajara), el de jefe de Gabinete de la Dirección Técnica, y el de subdirector de Protección Radiológica Operacional. Desde 2013 era subdirector de Instalaciones Nucleares del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Pleno del CSN acordó por unanimidad su nombramiento en noviembre para suceder a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital elevó la propuesta al Consejo de Ministros, que a su vez lo remitió a la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados. El nombramiento salió adelante con el voto en contra de Podemos y la abstención del PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que votó en favor de la propuesta.

El PP cree que los tribunales ven en el Gobierno de Castilla-La Mancha «intereses partidistas para entorpecer» el ATC

Europa Press.- El portavoz del grupo parlamentario popular, Francisco Cañizares, ha asegurado que los tribunales de justicia ven que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene ningún interés por proteger la Laguna del Hito, en Villar de Cañas (Cuenca), pues detrás de sus acciones hay «intereses partidistas para entorpecer» el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Así se pronunció después de que el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya suspendido el decreto de protección medioambiental del Ejecutivo autonómico.

A juicio de Cañizares, los tribunales «han enmendado la plana a García-Page y a su consejero», pues se han dado cuenta de que detrás de esas declaraciones no está el medio ambiente «sino intereses políticos enmascarados con el medio ambiente para entorpecer un proyecto que legítimamente una comarca de Castilla-La Mancha ha pedido para favorecer su desarrollo económico». Dicho esto, el portavoz de los parlamentarios populares afeó al Gobierno regional que no haya incluido en los presupuestos para 2017 ninguna partida para el plan de desarrollo alternativo al ATC que el presidente regional dijo que tenía para frenar la despoblación de esta comarca de Cuenca.

EH Bildu propone que el Parlamento vasco recurra el informe del CSN para impedir la reapertura de Garoña

Europa Press.- EH Bildu propone que el Parlamento vasco interponga un recurso, primero en vía administrativa y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa, contra el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que posibilita la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. «Si esta iniciativa prospera y el informe del CSN decae, el Gobierno del Estado no podría ordenar la reapertura«, aseguran.

El parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, presentó esta propuesta dirigida a «desactivar» el informe elaborado por la dirección técnica del CSN, que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. Según explicó, el pasado febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley exigiendo el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender. Otero destacó la «presteza y profesionalidad» de los servicios jurídicos del Parlamento a la hora de elaborar este informe que «da pie a actuar contra el informe del CSN que posibilitaba la reapertura de la central y dejarlo sin efecto».

Esperan apoyo del Gobierno autonómico

Tras conocer el contenido del informe, EH Bildu remitió una proposición para que sea el propio parlamento vasto quien interponga un recurso al informe del CSN, «tal y como el informe de los servicios jurídicos de la Cámara apunta». «Esperamos una respuesta positiva de Podemos, PSE y PNV», indicó. En este sentido, ha explicado que el informe jurídico del Parlamento afirma que la Cámara vasca tiene «completa legitimidad» para personarse como parte interesada en el procedimiento administrativo para defender los intereses generales de la población del País Vasco. Además, señala que el Parlamento vasco, en este momento de tramitación, puede interponer un recurso de reposición frente al informe del CSN, primero en vía administrativa y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

«Si esta iniciativa prospera y el informe del CSN decae, el Gobierno no podría ordenar la reapertura de Garoña. Por este motivo, es muy importante presentar el recurso, ya que es una vía que podría impedir la reapertura», ha señalado antes de advertir de que esta decisión es «urgente» porque el plazo para presentar el recurso «acabará pronto». También ha indicado que el informe del Parlamento apunta la posibilidad de presentar un recurso de reposición, frente a la orden ministerial de la prórroga de explotación de la central, una vez esto se produzca. «En ese momento también sería viable recurrir a la vía contencioso-administrativa», señaló.

«La voluntad de EH Bildu es la de impulsar todas las vías institucionales y jurídicas para dar carpetazo definitivo a esta central innecesaria y peligrosa, pero insistimos en que el fin de la pesadilla nuclear vendrá por la manifestación de un claro e inequívoco rechazo de toda la sociedad frente a Garoña», ha señalado, antes de unirse a la movilización convocada por la Plataforma Araba Sin Garoña este próximo sábado.

Un senador se niega a comparecer en el Parlamento de Cantabria sobre el fracking porque no es de competencia autonómica

Europa Press.- El senador del PP por Cantabria, Javier Fernández, no comparecerá en el Parlamento regional para explicar la postura que como parlamentario de la Cámara Alta mantiene respecto al fracking porque, a su juicio, la Cámara regional «carece de toda competencia para ejercer el control de los miembros de otros poderes del Estado como las Cortes Generales» y, a su juicio, acudir sentaría un «precedente inconveniente».

Fernández, exconsejero cántabro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que había sido citado por el Parlamento regional para comparecer el 17 de marzo, ha dado a conocer públicamente que no comparecerá en la Comisión de Medio Ambiente y Política Social del Parlamento de Cantabria tal y como se le había solicitado. La comparecencia de Fernández fue solicitada por el grupo socialista y fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo.

El senador popular ha explicado que ha consultado la pertinencia de comparecer en el Parlamento de Cantabria con los servicios jurídicos del Senado, con los del grupo popular y con el propio presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, también del PP, y le indicaron que sería «sumamente inconveniente asistir» a la comisión para explicar su postura. A su juicio, sentar este «precedente» podría abrir la puerta a «desfile» de parlamentarios nacionales por las distintas Cámaras regionales. Fernández ha explicado que ha tomado su decisión de no comparecer «en contra de su interés personal» pero cree que está «obligado» a ello por una «cuestión de principios» y de respetar el papel que tienen las instituciones.

Dar explicaciones ante los cántabros

El que fuera consejero de Medio Ambiente durante la etapa de Ignacio Diego (PP) como presidente del Gobierno de Cantabria ha opinado que, como senador, tiene que dar explicaciones sobre su postura en cuestiones como el fracking ante la sociedad cántabra y el electorado de la comunidad autónoma, pero no ante un parlamento autonómico. Y es que ha defendido que los senadores «no se encuentran sujetos o ligados a mandato imperativo» y no deber rendir cuentas de su actuación en el Senado ante el Parlamento ni ante ningún parlamento regional puesto que, a su juicio, esto «supondría limitar su independencia».

«Considero que el Parlamento de Cantabria no puede realizar peticiones de esta naturaleza a miembros de otros poderes del Estado, como son miembros del Poder Judicial o miembros del Poder Legislativo, como tampoco podría hacerlo a miembros de otras Administraciones Públicas, como, por ejemplo, los ministros, cuyo control corresponde a las Cortes Generales», argumentó Fernández. Eso sí, el exconsejero expuso su postura respecto al fracking e insistió en su oposición a esta técnica de extracción de gas no convencional en Cantabria. Fernández ha defendido la «autonomía» de cada comunidad para decidir sobre la práctica del fracking en su territorio y, por ello, considera que «no es correcto» que esta técnica se prohíba con carácter general.

El PP apoya a Rodríguez Martí como secretario general del CSN, Podemos se opone mientras PSOE y Cs se abstienen

Europa Press.- La propuesta de nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como nuevo secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha salido adelante en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso con el voto en contra de Podemos, la abstención de PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que ha votado a favor de la propuesta, remitida al Congreso por el Consejo de Ministros.

Previamente, durante su comparecencia, Rodríguez Martí, ha defendido su idoneidad y su falta de conflicto de intereses, de acuerdo con la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En la votación, Unidos Podemos ha rechazado su nombramiento porque, según explicó su portavoz, Juan López de Uralde (Equo), lleva «meses» denunciando la situación de divergencia en el CSN entre lo que dicen los técnicos y lo que dictamina el pleno. Además, cuestionó este nombramiento porque Rodríguez Martí ha sido el coordinador del dictamen emitido por el CSN favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña. «Su nombramiento es parte del problema, no de la solución», sentenció Uralde.

Por su parte, Cs y ERC se han abstenido, igual que el PSOE, por el «perfil técnico» de Rodríguez Martí pero, según han precisado fuentes del grupo parlamentario socialista, no están de acuerdo en cómo se ha hecho su nombramiento. En todo caso, el PSOE le confiere «el beneficio de la duda» al nuevo secretario general pero reclama la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí, también para explicar la propuesta y «asumir la responsabilidad de lo que ha pasado con el expediente de Garoña».

El 30 de noviembre de 2016 el CSN aprobó por unanimidad la propuesta de Manuel Rodríguez Martí, entre los cuatro candidatos que se valoraron, para suceder en la Secretaría General del CSN a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Hasta ahora Manuel Rodríguez Martí era ejercía en su cargo de subdirector de Instalaciones Nucleares en la dirección técnica de seguridad nuclear.

El PSOE lleva al Congreso una ley para extender el bono social de la electricidad al consumidor de gas natural

Europa Press.- El PSOE registró una iniciativa legislativa para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, con idea de que sea financiado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. De esta forma, los socialistas confían en esquivar el veto que el Gobierno podría plantear a la iniciativa, bajo el pretexto de un aumento presupuestario.

«Proponemos que la financiación sea en los mismos términos del bono social de la electricidad», anunció la portavoz de Energía del PSOE en la Cámara Baja, Pilar Lucio, que recordó que muchas comunidades autónomas y ayuntamientos dedican partidas a costear suministro energético. «El coste para el Gobierno es cero», ha zanjado. Durante la presentación de esta iniciativa, Pilar Lucio ha destacado que la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre noviembre y marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados esenciales, para personas consideradas como consumidores vulnerables severos.

Propuesta socialista de consumidor vulnerable

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior, aunque Lucio indicó que su propuesta es que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El bono social recogido en la proposición de ley cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función de la categoría de consumidor.

La iniciativa delega en el Ministerio de Energía el tope máximo que deberán aportar las comercializadoras, así como las tarifas de último recurso y valor base para los consumidores vulnerables, mientras que los porcentajes de financiación que deberán asumir cada suministradora sería calculado anualmente por la CNMC. Lucio aclaró que no han dialogado previamente ni con el Gobierno ni con otros grupos para presentar la iniciativa aunque le «consta que seguramente la mayor parte de la oposición estará a favor de esta iniciativa». «Y el Gobierno no debería estar en contra. Estamos convirtiendo en ley unas recomendaciones de una directiva europea», aseveró. Asimismo, Lucio reclamó al Ejecutivo que ponga en marcha medidas de eficiencia energética y de rehabilitación de edificios.

La Junta de Castilla-La Mancha insta al Gobierno a «prohibir de manera taxativa» el fracking en todo el territorio nacional

Europa Press.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha instado al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias específicas en materia de energía, a realizar «una prohibición taxativa» de la práctica del fracking en toda España «al menos hasta que no haya garantías de que no hay ningún problema para la salud pública y para el medio ambiente».

Así lo ha solicitado el consejero durante su visita a Molina de Aragón, en Guadalajara, una de las zonas afectadas por los proyectos de fracking que pretendían implantarse en la región y «a los que no se puso freno durante la anterior legislatura», según ha recordado el Gobierno regional. Martínez Arroyo ha señalado también que Castilla-La Mancha será territorio libre de fracking a partir del día 9 de marzo, una vez que la Mesa de las Cortes dé luz verde a la ley elaborada por el Gobierno regional para hacer inviable en la práctica la fractura hidráulica en la región.

El consejero indicó que, para sacar adelante esta iniciativa, el Gobierno regional contó con el apoyo de Podemos y deseó que «el PP se sume también a la prohibición del fracking en Castilla-La Mancha» para conseguir alejar de manera definitiva estos proyectos. El consejero reconoció «el esfuerzo y el trabajo» de las Plataformas que se crearon en su momento para luchar contra el fracking en Castilla-La Mancha y que contribuyeron «a que esta iniciativa haya llegado a buen fin», afirmó.

Además, el responsable regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencias específicas para prohibir el fracking de manera directa, por lo que se ha elaborado una ley que «en la práctica» imposibilita el desarrollo de proyectos de fractura hidráulica. En Castilla-La Mancha pretendían instalarse 5 proyectos de fractura hidráulica, que afectarían a las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. Con la medida actual serán inviables en la práctica.