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Sánchez creará un área de Transición Ecológica en la nueva dirección del PSOE desde donde abordará el futuro energético

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Europa Press.- El secretario general del PSOE creará un área de Transición Ecológica en la nueva Ejecutiva Federal que está diseñando y que deberá aprobar el 39º Congreso Federal del partido del próximo fin de semana, según anunció su equipo. Este área tendrá «un papel fundamental en el nuevo proyecto socialista», aunque no tendría por qué representar una secretaría como tal, sino depender de una más amplia, como pudiera ser la de Medio Ambiente, explican fuentes socialistas.

Sánchez comunicó esta decisión a los principales responsables en España de las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, con los que se reunió en la sede socialista en Ferraz. El encuentro ha permitido hablar de la situación del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar a su país del mismo.

Sánchez ha intercambiado puntos de vista con las organizaciones ecologistas en torno al proceso de elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España. Todos han coincidido en destacar la «ausencia de un liderazgo fuerte» que sitúe la lucha contra el calentamiento global como una prioridad absoluta y han lamentado la «extremada lentitud» por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy para la puesta en marcha de medidas que frenen esta grave amenaza.

Sánchez ha defendido que los socialistas deben ser «protagonistas del cambio» que supone la transición ecológica y energética de la economía con el objetivo de lograr un progreso más justo y más duradero. El líder socialista ha recordado en este sentido la iniciativa presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para crear un grupo de expertos que identifique qué acciones se han de incluir en la ley para favorecer la transición ecológica. El secretario general está convencido de que es «urgente e imprescindible» un gran acuerdo de país para luchar contra el cambio climático, para lo que Sánchez ha quedado con las organizaciones ecológicas en reunirse periódicamente.

El programa con el que Sánchez se presentó a las primarias, que incorporará a la Ponencia Marco que aprobará el 39º Congreso Federal y que guiará el rumbo del PSOE durante los próximos años, identifica la sostenibilidad ambiental como un nuevo principio básico del socialismo democrático, dado que se ha convertido en elemento imprescindible para garantizar un «progreso seguro, más justo y más duradero tanto para las generaciones presentes como las futuras». En opinión de Sánchez, se requiere una «transformación sustantiva» de cómo producimos, consumimos e interactuamos con el ecosistema de nuestro planeta, pues existe una interdependencia entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Transición energética en proyecto político

El PSOE asegura que «asumirán como reto» para su proyecto político una de «las grandes asignaturas pendientes», como es la transición ecológica y «más concretamente la transición energética». Para conseguir este reto, el PSOE ha explicado que se debe «contribuir a derribar la falsa imagen» que contrapone el compromiso ambiental con el progreso económico y social. Además, asegura que los ciudadanos «exigen más seguridad y más bienestar a los poderes públicos, «son cada vez más conscientes de los riesgos» que la degradación ambiental puede incidir en la salud y en la calidad de vida, y disponen cada vez más «con más información sobre alternativas» que eviten o reduzcan esos riesgos.

«Los socialistas queremos liderar en España el avance hacia una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, favoreciendo la implantación de tecnologías más limpias, la gestión de los residuos y un uso más racional de los recursos naturales desde un concepto de eficiencia que incluya los costes y beneficios ecológicos», indica el PSOE, que destaca que «se enriquecería el objetivo de equidad» ya que asevera que los problemas ambientales «afectan de forma más grave a los ciudadanos más desfavorecidos.

Extremadura reclama un calendario de cierre de las centrales nucleares que también plantee alternativas energéticas y empleo donde se ubican

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Europa Press.– El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reclamado un calendario de cierre de las centrales nucleares en España que vaya acompañado por una alternativa energética así como por proyectos que generen empleo en las zonas donde están ubicadas. Fernández Vara se ha referido de esta forma a la propuesta planteada por el Gobierno central acerca de dar dos años más a las compañías eléctricas para decidir sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Fernández Vara ha señalado que se trata de una decisión que le corresponde al Gobierno central, si bien ha señalado que éste «no es el problema», sino si existe «una planificación hecha del para qué y de alternativas de futuro sobre qué es lo que quiere España en materia energética», y en la que según ha dicho parece que se va «a salto de mata».

Para el presidente de la Junta de Extremadura, el cierre de las centrales es «una cuestión de fechas», pero detrás hay «algo más importante», que es una falta de proyecto, y que éste «no puede ser solo de un gobierno». «Los grandes proyectos que tienen que ver con la energía son proyectos de país, no coyunturales ni momentáneos», ha remarcado. Fernández Vara reiteró en este sentido que el conjunto de fuerzas políticas y sociales del país deberían «sentarse a ver qué» quiere España al respecto.

El PP y el PSOE se comprometen a que las autonomías puedan aumentar la protección del bono social de electricidad

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Europa Press.- El PP y el PSOE se han comprometido con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) a permitir que las comunidades autónomas puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección de los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética en el marco de la reforma del bono social.

Así lo ha anunciado la portavoz de APE, María Campuzano, tras reunirse en el Congreso con el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, y la del PSOE, Pilar Lucio, a quienes ha presentado las alegaciones de la organización al proyecto de real decreto que regula el bono social, define el concepto de consumidor vulnerable y la paralización de los cortes de suministro, acordado entre ambas formaciones el pasado diciembre.

Campuzano explicó que ambos grupos parlamentarios se han comprometido a que la reforma del bono social no vaya en perjuicio de que otras legislaciones autonómicas puedan ser «más ambiciosas» en la protección de los consumidores vulnerables. De esta forma, ambas formaciones estarían dispuestas a incluir una disposición adicional y otra final propuestas por APE en la que se establece que la norma asegura una garantía mínima de protección pero «no implicará la prohibición de que los entes autonómicos puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección a los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética». También establece que se aplicaría de manera «supletoria» cuando no se haya aprobado una normativa autonómica al respecto.

Asimismo, Campuzano ha explicado que han pedido al PSOE, que se comprometió a incluir todas las alegaciones de APE en las que presentarán los socialistas, una mayor implicación para que ejerza una «mayor presión» sobre el PP, ya que ambas formaciones fueron las que pactaron la reforma del bono social. Por su parte, el PP solo se ha comprometido de momento al punto referido a que las comunidades autónomas puedan ir más allá de la ley del bono social en la protección de consumidores vulnerables.

La portavoz de APE ha criticado que el proyecto de real decreto «no responde a las situaciones de pobreza energética actuales», ya que la definición de vulnerabilidad contempla criterios de renta que «dejan a la mayoría de la población fuera». En esta línea, alertó de que las medidas solo se circunscriben a los consumidores del mercado regulado, cuando hay 14 millones de usuarios en el mercado libre, más de la mitad del total, que «no estarán protegidos ni tendrán descuentos (del 25% al 40%)». Por ello, APE pide que se amplíe al mercado libre o que el paso al mercado regulado sea «automático», así como incluir el principio de precaución.

La Eurocámara propone endurecer los objetivos de renovables para 2030 del 27% al 35%, marcando incluso un 36% para España

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Europa Press / EFE.- El Parlamento Europeo propone elevar los objetivos comunes de renovables en el consumo de energía para la Unión Europea del 27% al 35% en el horizonte del 2030, convirtiendo además estos objetivos nacionales en vinculantes, según el eurodiputado socialista José Blanco, ponente de la propuesta legislativa sobre energías renovables. En cuanto a los objetivos fijados para 2020, que son que las renovables supongan un 20% del suministro ese año, explicó que van por buen camino.

Blanco señaló que el objetivo de la propuesta, cuya tramitación se iniciará ahora y podría prolongarse durante un año, es poner en relación los objetivos en renovables con la meta de descarbonización marcada en la Cumbre de París (COP 21). «La propuesta es lo suficientemente ambiciosa para cumplir con los objetivos de París y que sean una realidad», apuntó. Esta propuesta endurece así el proyecto de directiva de la Comisión Europea, que marcaba unos objetivos del 27% y que no recogía los objetivos nacionales vinculantes. «Si no son vinculantes, no tenemos la garantía de que se vayan a cumplir. Solo con unos objetivos vinculantes tenemos la certeza de que se van a cumplir», indicó Blanco.

Para el caso de España, esos objetivos además son más ambiciosos y los lleva hasta el 36% en el horizonte de 2030. España se encuentra actualmente por encima de la senda prevista de penetración de renovables, al alcanzar en 2015 un 17,3%, según el Ministerio de Energía. Sin embargo, este objetivo del 36% supondría duplicar la penetración de renovables actual. Blanco considera que Europa debe liderar y ser ejemplo en descarbonización, más cuando la política estadounidense de Donald Trump puede ser un obstáculo para cumplir con el Acuerdo del Clima de París. Blanco ha recordado que hay países que han establecido cuotas superiores para 2030.

Blanco recriminó la posición del Gobierno de España en contra de que estos objetivos para el periodo 2020-2030 sean vinculantes y consideró necesario que cambie su posición y no trate de «bloquear» el desarrollo de las renovables. «España debe tratar de recuperar el tiempo perdido para conseguir estos objetivos y espero que no bloquee el objetivo vinculante. Me gustaría que el Gobierno de España repensara esa apuesta y se sumara a los objetivos vinculantes», añadió. Asimismo, el eurodiputado criticó que España haya pasado de «una apuesta clara» por las renovables a aliarse, «casi siendo el país que lo lidera», con los países que quieren frenar el desarrollo de las renovables.

A este respecto, subrayó que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se muestra «muy reservado» en Bruselas respecto al planteamiento de estos objetivos de renovables. Por su parte, el eurodiputado luxemburgués Claude Turmes, ponente de la propuesta legislativa sobre gobernanza de la Unión Energética calificó incluso de «chantajista» la posición del Gobierno de España a la hora de pedir contraprestaciones a cambio del respaldo a estos planes para el desarrollo de las renovables. «Así no avanzamos. Cada cual negocia como quiere, pero no es la mejor manera de avanzar», señaló.

La propuesta del eurodiputado José Blanco, que fija además objetivos más ambiciosos para el transporte y en materia de calefacción, también apuesta por reforzar la seguridad jurídica y conceder a los inversores un marco regulador estable frente a cambios discrecionales. Así, aboga por eliminar cualquier elemento de retroactividad y la introducción de criterios de penalización que permitan recibir compensaciones adecuadas para los inversores en el caso de producirse algún caso de retroactividad. Asimismo, considera que el autoconsumo es «una apuesta clara» y se muestra en contra del denominado impuesto al sol. «La batalla para que el autoconsumo de la energía solar esté en manos de los ciudadanos es una batalla que debemos librar», señaló Blanco.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, defendió la posición del Gobierno español respecto a estos objetivos que quiere Bruselas, aunque consideró que para ello es necesario que se faciliten «los instrumentos». «Ambición absoluta, pero queremos los instrumentos. Mi ambición pasa por las interconexiones, cambios en las reglas de eficiencia energética y financiación europea la máxima posible. Con estos instrumentos puedo ser muy ambicioso», destacó Navia.

El Gobierno no prevé bono social para el gas natural porque hay alternativas y ya hay precio máximo al butano

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Europa Press.– El Gobierno no contempla extender al gas el bono social pues considera que el gas natural no es un producto «indispensable», no se consume en todo el país y la alternativa, la bombona del butano, ya tiene un precio máximo regulado que «garantiza» que sea «accesible al cliente socialmente vulnerable». Así ha respondido al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que había pedido saber si el Ejecutivo tenía previsto impulsar medidas «para paliar la pobreza energética vinculada al consumo de gas».

En su contestación, el Gobierno justifica que el gas natural «no es un producto indispensable en el entorno doméstico como lo es la electricidad», pues aduce que existen «otros productos sustitutivos», poniendo el ejemplo del butano, y además subraya que «no está implantado en todo el territorio nacional». Asimismo, apunta que los consumidores de gas natural «se han beneficiado de la congelación de la parte regulada del recibo durante los últimos tres años, además de reducciones en el coste del gas durante 2015 y 2016».

Además, añade que con el fin de «contribuir a la protección de consumidores que concurren en circunstancias de vulnerabilidad, se ha mantenido un precio máximo regulado de la bombona de butano» que, sostiene, «es inferior al del resto de países de la Unión Europea». En este sentido, el Ejecutivo defiende que esta medida «actúa de facto como una protección de estos consumidores frente a variaciones bruscas en los mercados internacionales, y garantiza que es accesible al cliente socialmente vulnerable», lo que le permite afirmar que «desde esta perspectiva, se puede asemejar a un bono social«.

Precisamente, el tope máximo del butano fue cuestionado por los socialistas por considerarlo insuficiente, ya que denunciaron que el precio máximo de venta de la bombona de butano se había incrementado en un 20% desde julio de 2016. Así, según advertían, la bombona de butano cuesta 13,52 euros, un 4,89% más que el anterior precio. En este sentido, lamentaban que la subida fuera la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza. Por ello, el PSOE preguntó al Gobierno por las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y también si tenía previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos desfavorecidos.

El PSOE pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y volver a extender a 25 años sus ayudas

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Europa Press.- El PSOE reclama facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. Los socialistas alegan que los recortes aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras una sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que tres plantas tuvieran que detener su actividad.

Asimismo, advierten de que a 16 de las 29 plantas de tratamientos de purines les quedarían 3 años de vida útil regulatoria, período en que las plantas devengan prima, «además de no disponer de un marco adecuado a la inversión y puesta en marcha tras más de 3 años paradas». Por esta razón, el PSOE registró una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Energía en la que piden facilitar la reapertura de estas plantas, pues defienden que éstas «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica», adoleciendo únicamente una regulación adecuada.

Asimismo, también instan a restablecer «en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de vida útil regulatoria», argumentando que la propia Ley del Sector Eléctrico señala que «en ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores«. Por último, los socialistas instan al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental en coordinación con las comunidades autónomas, los municipios y con los departamentos ministeriales implicados.

El PSOE reclama al Gobierno un bono social para el butano tras encarecerse un 20% en menos de un año

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Europa Press.- El PSOE ha reclamado al Gobierno un bono social para abaratar el precio que las personas con menos recursos abonan por el butano que, tras la última subida acumula, apuntan los socialistas, un incremento del 20% desde julio de 2016.

Según los nuevos precios máximos de venta recogidos en el BOE, la bombona de butano puede llegar a costar 13,52 euros, lo que supone una subida del 4,89% respecto al anterior precio. Esta subida es la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza y supone un 20,2% más que el precio máximo estipulado hace menos de un año. Por ello, el PSOE registró en el Congreso una batería de preguntas dirigidos al Ejecutivo para conocer las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y le cuestionan por las medidas previstas a corto y medio plazo para evitar que este precio siga aumentando.

Asimismo, preguntan al Gobierno si tiene previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos más desfavorecidos. Según recuerdan los socialistas, «el Gobierno se comprometió hace dos años a crear un bono social del gas para las familias más vulnerables que contaba con el acuerdo del sector del butano». «La Comisión Europea ha exigido en reiteradas ocasiones al Gobierno de España que atendiera los problemas que generaba su política energética para amplios colectivos que sufren de pobreza energética», apostillan.

El autor de esta iniciativa, el secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «que actúe ya y no retrase más la adopción de estas medidas» y que «explique a los jubilados y familias con pocos ingresos «cómo llegar a fin de mes con la constante subida generalizada de precios en los recursos básicos, personas a las que el Gobierno se niega a ayudar para salir de la vulnerabilidad a la que le han conducido sus políticas antisociales?», ha cuestionado.

El Gobierno quiere obligar a subastar desde «un euro» las térmicas de carbón si se decide su cierre

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Europa Press.- El Gobierno quiere obligar a subastar «desde un euro» las centrales térmicas de carbón si sus propietarios deciden su cierre, para lo que ha elaborado un decreto ley que llevará al Congreso, donde reclama el apoyo del PSOE que permita su aprobación. Así lo ha explicado la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, antes de reunirse con el Comité de Empresa de Endesa Generación UPT Compostilla, central cuyo cierre ha anunciado Enel, actual propietaria de Endesa.

A este respecto, la consejera ha recordado que la Junta ha hecho «todo lo posible» en defensa de la extracción y quema de carbón autóctono, con cuyo mantenimiento está de acuerdo el Ministerio de Energía, pero para ello incide en que la única manera es mantener la central abierta, dado que es «muy importante» en España (tiene una potencia de más de 1.000 megavatios) y habría razones de «seguridad en el suministro» para su mantenimiento.

Pilar del Olmo ha asegurado que el Ministerio ha elaborado el citado decreto ley con el que pretende que continúen todas las centrales por seguridad del suministro y competitividad y recogería que, una vez que se comunique la intención de cerrar la central, algo de lo que tienen obligación, se abriera un procedimiento de subasta «baratísimo», ya que se podría subastar hasta «por un euro«.

La consejera, quien asegura que sería «rentable», ha apelado a la «responsabilidad» del PSOE para que apoye este decreto ley en el Congreso y continúen las centrales más allá de 2020, aunque entiende que la formación se encuentra ahora en un debate interno. Además, ha aclarado que se lo pide a los socialistas porque no conoce la opinión al respecto de otras formaciones y, por ejemplo, Podemos no se manifiesta.

Asimismo, subrayó la importancia del carbón y de las centrales térmicas, que en el mix de generación supusieron en 2016 el 16%, pero los pasados diciembre y enero llegaron al 20% de aportación, con precios de 50 euros por megavatio hora frente a otras energías que alcanzaron los 90. El propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya pidió el apoyo del PSOE en el último pleno del Senado para que el carbón esté en el mix energético nacional y espera su apoyo al decreto ley.

El objetivo de todo esto, insistió la consejera de Economía, es que Compostilla siga y se permita a Endesa o a otras empresas realizar las inversiones para que tengan continuidad. Pilar del Olmo señaló que el problema de Endesa es que depende de la italiana Enel, cuyo principal accionista es el Gobierno, por lo que atiende a los intereses italianos. En este sentido, recordó que todas las centrales tienen que hacer inversiones para adaptarse a la normativa medioambiental y ya en una primera fase hicieron procesos de desulfuración y en una segunda tienen que abordar la desnitrificación, para continuar su funcionamiento más allá de 2023.

El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, ha detallado que los grupos III, IV y V de Compostilla y los grupos II de Robla y Guardo se han sometido a desulfuración y con una adaptación a la directiva de Emisiones Industriales sería suficiente potencia para quemar todo el carbón que se extrae en Castilla y León (dado que los grupos I de La Robla y Guardo y Anllares no han llevado a cabo adaptaciones). En cualquier caso, ha recordado que el plazo para adaptarse se extiende hasta el 2020 y hay tiempo, aunque hay que tomar decisiones.

Ecova ve un «problema muy serio» en el cierre de Garoña y augura un reflejo en la factura eléctrica

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Europa Press.- Mientras el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, considera que el impuesto anunciado por la Junta para Endesa e Iberdrola asociado al cierre de la central nuclear de Garoña es una «cortina de humo» de la Junta, el decano y presidente del Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova), Juan Carlos de Margarida, considera un «problema muy serio» para Castilla y León que desaparezca Garoña y destaca su importancia en el empleo ya que es una empresa «consolidada».

De Margarida ha evitado valorar la posibilidad de que la Junta grave con un impuesto a las compañías Iberdrola y Endesa, copropietarias de la planta burgalesa, si optan finalmente por el cierre de Garoña, pero se ha mostrado comprensivo con que la comunidad quiera poner «todos sus medios encima de la mesa» para evitar el desmantelamiento de la central. En este contexto, ha lamentado también el anuncio de clausura de la central térmica de Compostilla (León) por parte de la italiana Enel y ha augurado que, de confirmarse ambos cierres, esto tendría su reflejo en la factura de la luz.

Impuesto: “una cortina de humo”

Por su parte, Luis Tudanca ha acusado al Ejecutivo regional de plantear una política fiscal propia “de los hermanos Marx”. «Desde hace muchos años se ha opuesto a que se pusiera un impuesto a la actividad de Garoña que permitiera obtener recursos suficientes para hacer un tejido industrial alternativo cuando lo proponía el PSOE en los Presupuestos», ha reseñado Garoña.Así, ha considerado que «no tiene mucho sentido» que desde la Junta se plantee ahora gravar el cierre de una empresa que ya no va a generar beneficio económico. «Es una cortina de humo ante su incapacidad de cumplir promesas y para responder ante los trabajadores y ante las comarcas que van a sufrir el cierre de Garoña», ha manifestado.

De este modo, Luis Tudanca ha insistido que en el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, «volvieron con las manos vacías» de su reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y «soltaron este anuncio absurdo y sin sentido«.»Como con todo lo que hace la Junta se demuestra su irrelevancia con el Gobierno central», ha manifestado, tras lo que se ha referido al pacto sobre el cupo vasco, sobre el que ha reiterado que es «lamentable» que los diputados del PP, 18 de Castilla y León, consigan «menos para los suyos» que los cinco diputados del PNV para España.

Manifestación en Miranda de Ebro

Ante la situación actual de posible reinicio de la central nuclear, la Coordinadora contra Garoña convocó una manifestación en Miranda de Ebro (Burgos) por la reindustrialización y desmantelamiento de Garoña y el resto de centrales nucleares. Acudieron las diferentes coordinadoras de Burgos, Cantabria, Euskadi, Aragón y Rioja. El objetivo de la manifestación fue “dejar clara la oposición social a la reapertura e impedir que el Gobierno del Partido Popular firme la reapertura a 20 años, después del incomprensible voto favorable del Consejo de Seguridad Nuclear».

A su juicio, esta decisión «afecta a toda la población, dejando la gestión de la vieja central en manos de las empresas, que sólo tienen en cuenta la rentabilidad económica, y no la salud y el riesgo a los que someten a la población y el medio ambiente». Además remarcan “la actual división del consejo de administración de Nuclenor, donde Iberdrola (propietaria junto a Endesa) reconoció que no tienen ninguna intención de reabrirla, apelando a la inviabilidad económica, dadas las reformas a acometer». Por ello, consideran que la central “carece de viabilidad alguna por mucho que lo pretendan el CSN y el Gobierno del PP«.

“Garoña lleva años cerrada y no se ha conocido problema alguno en el suministro eléctrico en la zona que abastece, por lo que la necesidad técnica de su suministro es totalmente irreal, salvo la del negocio para sus propietarios a costa de la seguridad de los habitantes de la zona, de las provincias limítrofes y del claro riesgo para el medioambiente», denunciaron. La Coordinadora contra Garoña recuerda que la movilización social contra ésta y todas las centrales nucleares «siempre ha estado y seguirá en la calle mientras no den pasos efectivos cerrando y desmantelando las centrales nucleares, dejando de producir peligrosos residuos y trabajando en el nuevo modelo energético sin combustibles fósiles ni centrales nucleares».

Nadal asevera que el almacén de gas Castor «no tenía sentido» por «faraónico» y lo desmantelará cuando sea seguro hacerlo

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que el proyecto de almacén subterráneo de Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) aprobado por el anterior Gobierno socialista «no tenía sentido» porque «no hacía ninguna falta» y era «faraónico», al tiempo que el contrato eximía a la empresa de «cualquier responsabilidad«.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Nadal ha confirmado la intención de desmantelar el almacén cuando sea seguro hacerlo pero antes «habrá que estudiar mucho la situación» ya que es «tan peligroso» volver a meter gas como extraerlo. El ministro comparó la situación con un globo, que al inflarse ha movido unas paredes que al desinflarse también se pueden mover, aunque la situación en la actualidad «es estable». «El Gobierno está tratando esto con mucha prudencia y cuidado, teniendo todas las garantías de que no se van a repetir los movimientos sísmicos y cuando tengamos claro en qué condiciones se va a producir esto», ha apuntado.

Por otro lado, ha alabado al anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, porque asumió su «responsabilidad política» y pidió «perdón» por el desarrollo de Castor así como por los efectos que produjo a la población. «Tuvo la capacidad política y la honradez de pedir perdón y yo creo que eso está muy bien», ha defendido el ministro de Energía que, en cuanto a las responsabilidades judiciales, ha dicho que «el tema» está judicializado y que por tanto hay que esperar al pronunciamiento de los jueces.

Así ha respondido al senador de Esquerra Republicana, Miguel José Aubá, que ha pedido el desmantelamiento «inmediato» del almacén «con las máximas garantías de seguridad y de transparencia» y ha reiterado la petición de su grupo parlamentario de crear una subcomisión de investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades. En este sentido, el ministro ha sacado pecho por la actuación del Ejecutivo en torno a Castor, “un problema creado por gobiernos anteriores». Nadal recordó  que cuando asumió las responsabilidades, el Gobierno pidió la nulidad al Supremo, que no la concedió «porque el Gobierno socialista al que ustedes apoyaban, fue el que firmó ese contrato e hizo ese real decreto».

Por el contrario, ha añadido que se buscó una solución financiera y que estableció el cierre del proyecto y la elaboración de un estudio para conocer exactamente lo ocurrido. De este modo, ha defendido el «esfuerzo» de negociación del Ejecutivo porque si Castor estuviera funcionando, en la actualidad los consumidores estarían pagando 214 millones anuales pero se llegó a un acuerdo con las partes para bajar la rentabilidad, lo que permite pagar 95 millones de euros en su lugar. El ministro obvia que se pagarían 214 millones por un almacén de gas y sin embargo se van a pagar 95 millones por una instalación fallida.

Por su parte, el senador ha solicitado al ministro que desmantele «de manera inmediata» con un calendario de actuaciones «público» y que se traslade la información «a los afectados», porque los consumidores están pagando 4.700 millones de euros y un coste anual de 15,7 millones más por mantener Castor en hibernación. En ese sentido, ha deseado que el Gobierno hubiese mostrado exigencia en el desmantelamiento del almacén y en «depurar responsabilidades» de quienes tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor. Sin embargo, ha lamentado que «nadie» ha asumido responsabilidades técnicas, políticas ni económicas ni administrativas, mientras los consumidores de gas están pagando «el desastre» con el aumento del gas en su factura.