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Mar Blava reprocha a Ciudadanos su apoyo al «veto» del Gobierno para tramitar la ley balear que prohíbe las prospecciones

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EFE.- La plataforma Alianza Mar Blava ha reprochado a Ciudadanos que haya apoyado el «veto» a la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo. «Pese a sus promesas de reconsiderar su apoyo al veto del Gobierno Rajoy», Ciudadanos ha votado en la Junta de Portavoces del Congreso junto al PP para rechazar los recursos contra la decisión de la Mesa del Congreso de vetar la tramitación de la iniciativa legal.

Alianza Mar Blava señala que la Junta de Portavoces ha rechazado los recursos planteados por el Parlamento de Baleares, el grupo socialista y, de manera conjunta, por Unidos Podemos, Compromis, PDeCat, ERC, Nueva Canarias y EH-Bildu. «Solo Ciudadanos y el Partido Popular se han opuesto a levantar el veto presentado por el Gobierno en junio», lamentó la agrupación antiprospecciones, que se ha declarado decepcionada «por el rechazo, irracional y sin argumentos jurídicos válidos» del partido naranja. También el PSOE ha criticado «la pinza PP-Ciudadanos» que «vuelve a perjudicar a Baleares» al impedir que se tramite la ley contra las prospecciones.

PSOE, Podemos y Ciudadanos celebran el cierre de Garoña pero señalan la tardanza del Gobierno en confirmarlo

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Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han celebrado la decisión del cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), anunciada por el Gobierno este martes 1 de agosto, pero han señalado «el tiempo perdido», el «retraso» y «tardanza» del Ejecutivo en tomar la decisión.

La portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Pilar Lucio ha señalado que «se ha perdido un tiempo precioso» en el debate sobre la continuidad de la planta, que lleva en cese operativo reapertura de la planta y que el parque nuclear español «no necesitaba Garoña».

Lucio ha asegurado que el PSOE ha pedido ya la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que «explique en sede parlamentaria cuáles son los planes del Gobierno sobre el alargamiento de la vida útil del resto de centrales» y para que aclare «cuál es el modelo energético» que busca, al tiempo que reclamarán que se «abra el diálogo y se lleve a cabo un debate» sobre el futuro energético.

En este sentido, Lucio ha señalado que la posición del PSOE sobre las centrales nucleares «es clara»: «Pedimos el cierre progresivo de las plantas según vayan cumpliendo los 40 años de vida útil», ha recordado.

Además, el secretario del área para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha asegurado que la decisión adoptada por Gobierno es «la más razonable», aunque «llega tarde». A su juicio, ha sido el Ejecutivo el que ha hecho de Garoña «un instrumento de acción electoral y de desgaste» contra el PSOE.

Asimismo, la diputada por Burgos Esther Peña ha pedido que se ponga en marcha el plan de reactivación económica «que permita tener una oportunidad de futuro a las familias» la zona. En este sentido, Peña ha lamentado que el ministro Nadal «ha olvidado anunciar que pondrá en marcha el plan de reindustrialización que eliminó hace 5 años».

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en el Congreso por Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha dicho que «por fin se termina el culebrón de Garoña» y que la decisión llega con «5 años de retraso». «El Gobierno nos ha dado la razón y reconoce que la central no puede funcionar en condiciones de seguridad», ha señalado.

A juicio de Uralde, el Ejecutivo de Mariano Rajoy «ha intentado el experimento de alargar Garoña para sentar un precedente y alargar el resto» de centrales nucleares españolas, pero «no les ha salido bien». «El futuro energético español pasa por las renovables», ha sentenciado.

Mientras tanto, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez ha señalado la «tardanza» del Gobierno: «No entendemos que se haya tardado tanto tiempo en tomar una decisión como ésta». No obstante, ha señalado que se «congratula» de la decisión del Gobierno de cerrar el silo nuclear, porque Garoña «es inviable desde el punto de vista técnico y de seguridad y no aporta casi nada al mix energético español».

Así, Gutiérrez ha pedido al Gobierno que «deje de pensar solo en los intereses de determinados colectivos energéticos españoles», y que España «merece tener una energía limpia».

Reacciones en Twitter

Varios dirigentes políticos han optado por reaccionar ante el cierre definitivo de Garoña a través de la red social Twitter. Es s el caso de la presidenta del PSOE y ex consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona, que ha escrito en un twit: «Garoña cierra, a pesar de los esfuerzos del Gobierno PP por mantenerla, cambiando prácticas del CSN. Años perdidos para crear empleo alternativo en la comarca».

También el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, que ha publicado en la red social: «Ya era hora. La lucha ciudadana sirve, sirve y sigue. Porque ahora hay que conseguir el cierre de las demás».

Por su parte, el secretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha retwiteado la cuenta oficial de su partido que ha escrito en la red social: «Enhorabuena todos los colectivos y compañeros/as que dijeron #GaroñaNiDeCoña».

Desde el Partido Popular, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso ha escrito desde su cuenta personal: «El cierre definitivo de la central de Garoña es una decisión responsable e inteligente del Gobierno de España y una magnífica noticia».

Por el contrario, el presidente de Jóvenes Nucleares, José García Laruelo, ha reaccionado también en su perfil de la red social: «Lamentamos mucho la noticia de la denegación de la autorización de explotación de Garoña».

El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».

Ciudadanos quiere prohibir las prospecciones en el Mediterráneo europeo mientras el PSOE exige que comparezca Nadal para explicar su veto

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Europa Press.- El grupo socialista del Congreso exigió la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para explicar su veto a la tramitación de la ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Por su parte, los diputados de Ciudadanos, Antoni Cantó, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, y Fernando Navarro, han asegurado a la Alianza Mar Blava que mantienen su «total apoyo» a esta ley y que les gustaría ampliar la prohibición a «todas las aguas europeas del Mediterráneo».

Desde la Alianza se ha insistido a los representantes de Ciudadanos en que la prerrogativa que tiene el Gobierno central de vetar una proposición de ley tiene que basarse en argumentos ciertos, lo que «no es el caso del veto» del Gobierno. Según dicen, la justificación de este veto se basa «en argumentos que no se sostienen jurídicamente y, además, que un veto sólo está justificado cuando hay una afección real al presupuesto corriente», es decir, a los Presupuestos estatales que están en vigor, y que «ese tampoco era el caso» con la proposición de Ley de protección del Mediterráneo.

Por esto, les han aportado a Ciudadanos un informe jurídico sobre «la falsedad» de los argumentos del veto del Gobierno. En este sentido, los representantes de Ciudadanos aseguraron que lo que habían hecho había sido pedir «inmediatamente» explicaciones al Gobierno sobre los argumentos económicos contenidos en su informe de veto. De esta manera, en virtud de la respuesta del Gobierno, que tendría que ser enviada, de acuerdo con los plazos, a principios de agosto, y de lo «convincente» que ésta fuera, tendrán que replantearse su veto en la Mesa del Congreso, la cuál no se reunirá hasta mediados de septiembre.

PSOE exige comparecer a Nadal

El diputado socialista por Baleares, Pere Joan Pons, ha reclamado explicaciones al ministro por su bloqueo a una ley que «surgió de la iniciativa popular y que fue aprobado por unanimidad» de todos los partidos en el Parlamento autonómico, «incluso con los votos del PP aunque ahora su portavoz reconozca que no lo deberían haber hecho», según indicó el PSOE.

Con todo, Pons ha recordado que los socialistas del Congreso han defendido en varias ocasiones la tramitación de esta iniciativa legislativa tras el veto de la Mesa, pidiendo a este órgano que reconsidere su decisión siguiendo el camino marcado por el Gobierno. Así, los socialistas pretenden que el ministro de Energía explique a la ciudadanía por qué el Gobierno no quiere prohibir las prospecciones petrolíferas en aguas del Mediterráneo y recordaron el «peligro ambiental y económico que suponen estas actividades ante las costas de Baleares».

Andalucía insiste en la «veracidad» del informe del CSIC que advierte de la vulnerabilidad de Doñana ante el almacén gasista

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Europa Press.- El Gobierno andaluz ha insistido en defender la «veracidad» del informe de geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que pone de relieve la situación de máxima vulnerabilidad de Doñana y su entorno como resultado de las obras del almacén de gas natural que construye la multinacional Gas Natural Fenosa. Además, ha reprochado al PP que está lanzando mensajes sobre su supuesta «falsedad» con el objetivo de defender los intereses de la citada empresa.

El portavoz Juan Carlos Blanco ha querido dejar claro que la Junta no tiene intención alguna de dar una autorización medioambiental a ningún pozo que se pueda situar dentro del Parque nacional, por mucho que el PP esté lanzando «mensajes sobre la supuesta falsedad» de unos informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Asimismo, ha señalado que si el PP quiere defender “los intereses de Gas Natural y tratar de defenderlos es su responsabilidad».

Ha recordado que un informe del CSIC habla de «riesgo sísmico» de los pozos, ya incorporado a un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha sido remitido al Gobierno andaluz. Blanco ha indicado que llama la atención que el PP cuestione la «veracidad de ese informe, que es oficial y que ha sido elaborado por geólogos del CSIC y que, sin embargo, parezca muchos menos interesado en hablar del contenido del mismo y de esa posibilidad de riesgos sísmicos».

El juez declara en concurso de acreedores a Isolux Corsán y Comisiones Obreras advierte del daño para la marca España

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Europa Press.– La federación de construcción y servicios de CC.OO. ha trasladado a los partidos políticos «el daño que está provocando a la marca España» la situación por la que atraviesa Isolux Corsán, al de abandonar sus proyectos internacionales por entrar en concurso de acreedores después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid haya declarado en concurso de acreedores a Isolux Corsán y 6 de sus filiales, según un edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los acreedores del grupo tendrán un mes para informar al administrador concursal de los créditos que tienen con la compañía. Los deudores conservarán las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales mediante su autorización o conformidad. El consejo de administración de Isolux Corsán solicitó el concurso de acreedores para el grupo y 6 de sus filiales después de 2 años tratando de superar sus dificultades financieras y, en último término, tras no lograr un inversor que entrara en su capital y lo rescatara. En este escenario, el consejo de administración presentó en bloque su dimisión con el fin de «facilitar la gestión de la nueva etapa».

El concurso de Isolux es el mayor de una compañía de construcción de los últimos años y de los de más dimensión de la historia empresarial española junto con los de Martinsa Fadesa, Abengoa, Nueva Rumasa, Pescanova o Reyal Urbis. Isolux recurrió finalmente al concurso tras dos años tratando de superar sus tensiones de liquidez y financieras y al no poder acometer una segunda reestructuración de su deuda apenas un año después de que en julio de 2016 fuera rescatada por sus bancos acreedores, que desde entonces controlan la compañía.

El grupo, en preconcurso desde el mes de abril, buscó en los últimos meses un socio que entrara en su capital, inyectara fondos y lo reflotase, pero no tuvo tiempo para conseguirlo. No obstante, se recibieron finalmente 6 ofertas, presentadas por distintos inversores interesados sobre distintos negocios de la división de construcción e ingeniería de la empresa. Se trataba de propuestas que se comprometían a subrogar no sólo a los trabajadores vinculados a los proyectos, sino también a otros de otras áreas. «Corresponde a los nuevos administradores, al administrador concursal y al juez, enjuiciar, valorar y, en su caso, aprobar alguna de estas propuestas recibidas que den continuidad a la labor empresarial y a los trabajos», declaró entonces la compañía.

Isolux se declara en quiebra con un agujero, un patrimonio negativo, de unos 801,9 millones de euros y una plantilla, tras el ERE pactado el pasado año, de 3.884 trabajadores. De ellos, los empleados de las firmas que están en concurso son 1.992 empleados, 1.104 de ellos, en España. Asimismo, a pesar del rescate y la reestructuración de deuda del pasado año, la compañía soportaba al cierre de abril una deuda de 1.270 millones de euros (de ellos, 557 millones ligados a proyectos). El grupo tiene una deuda de 405 millones con proveedores, pero, según asegura, cumple con el pago de las nóminas y el resto de obligaciones con los trabajadores (Seguridad Social e IRPF).

Daño a la marca España

Las principales organizaciones sindicales están llevando a cabo una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para abordar el problema por el que atraviesa la constructora. En concreto, los representantes sindicales han propiciado estas reuniones con el fin de exponer «la crítica situación en la que se encuentra la empresa». Isolux Corsán se encuentra bajo un concurso voluntario de acreedores y sus trabajadores están «viendo peligrar sus puestos de trabajo».

Los sindicatos se reunieron con el secretario de Empleo de la Ejecutiva del PSOE, Toni Ferrer. Posteriormente, se reunieron con Alberto Garzón (IU), y con el diputado de Ciudadanos, José Cano, y con el de Podemos Alberto Rodríguez. Los comités de empresa están entregando a todos los grupos un informe de la situación de la compañía, «donde queda reflejada la trayectoria de la empresa a lo largo de los últimos años» y en los que se están revelando «con más detalle» los hechos más relevantes que han provocado esta situación.

Entre otros temas, se han discutido las cifras que arrojan las cuentas auditadas y el hecho de que, tras realizar tres expedientes de regulación de empleo con sus respectivos planes de viabilidad la empresa, a día de hoy la empresa esté en concurso. CC.OO. asegura que los representantes sindicales de la compañía quieren preservar el máximo número de empleos, reclamar las deudas de las administraciones públicas con la compañía, y ver qué medidas se pueden aportar para continuar las obras y subrogar al personal, «controlando además la agilidad del concurso».

El Congreso pide al Gobierno con la abstención del PP paralizar cautelarmente el almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Congreso ha instado al Gobierno a paralizar cautelarmente el subproyecto de almacén de gas Marismas Occidental, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con 20 votos a favor de Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos y ERC y con 16 abstenciones del PP y Foro Asturias.

La proposición no de Ley, defendida por la diputada de Unidos Podemos, Isabel Franco, pide al Gobierno que garantice la «máxima protección, preservación y conservación» del espacio natural de Doñana y que establezca las vías «legales necesarias y posibles» para paralizar cautelarmente el subproyecto, al tiempo que reclama informes sísmicos e hidrogeológicos. Además, reclama que el proyecto se evalúe de manera conjunta y global para poder conocer los efectos «sinérgicos y acumulativos» del proyecto ya que en la actualidad las evaluaciones ambientales se han realizado de forma parcial, al subdividirse en cuatro el proyecto total. Del mismo modo, la diputada propone revisar el proceso para conceder las Declaraciones de Impacto Ambiental para evaluar de forma correcta y conjunta los proyectos.

Franco acusó al PSOE y al PP de estar durante varios años en «clara connivencia» para favorecer a una corporación multinacional como es Gas Natural. En concreto, culpó a los Gobiernos de Zapatero y Rajoy y al expresidente Griñan de la Junta de Andalucía de dar las distintas autorizaciones ambientales. También se refirió al expresidente Felipe González a quien culpa de convertir Doñana en «un espacio de la gran corporación» cuando era presidente del Consejo Permanente de Doñana mientras era miembro del consejo de administración de Gas Natural. «Esto solo se puede comprender si se ha gobernado para proteger los intereses de las grandes empresas dando la espalda a la ciudadanía, a la sociedad civil y a Doñana», concluyó Franco.

Podemos celebra postura del PP

Asimismo, resaltó que «ha imperado el sentido común» en los grupos parlamentarios ya que no se ha emitido ningún voto en contra de paralizar el proyecto, «ni siquiera el PP se ha podido oponer». «Esto es muy buena noticia para los ciudadanos», subrayó la diputada que está sorprendida por la postura del PP. Sin embargo, reconoció que no confía mucho en el Gobierno porque «ha demostrado en muchas ocasiones que desoye lo que el parlamento le dice», aunque ha destacado que «por primera vez el PP, ha estado en contra del criterio mantenido hasta ahora».

Por su parte, la diputada socialista, Josefa Inmaculada González, ha defendido «de forma rotunda y clara» que la conservación del enclave para el PSOE «no tiene discusión ninguna ni es negociable» y ha pedido mantener la integridad del entorno y su buen estado. De este modo, considera que el proyecto gasístico se ha «desmembrado o desmenuzado» por el Gobierno de España. Por ello, ha apoyado la proposición no de ley porque estima necesario conocer los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto en su conjunto y no dividido en cuatro partes. «No podemos trocearlos y hay que ver la influencia de Doñana y todo el entorno, pero al Gobierno de España no le preocupa«, ha lamentado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha coincidido en la necesidad de evaluar de manera global el impacto del proyecto y ha sumado una enmienda transaccional in voce para evitar una «inseguridad jurídica de la iniciativa» que se ha incorporado al texto definitivo. Desde Esquerra Republicana, Francesc Xavier Eritja ha criticado que el Gobierno «sigue» dependiendo del petróleo y el gas, con buenas voluntades pero sin hechos.

Mientras, el diputado del PP, Jesús Postigo, ha explicado que las competencias de autorización son autonómicas y ha defendido que Doñana es mucho más que vida para todos los miembros de su partido y ha responsabilizado al PSOE del proyecto en su inicio, tramitación y aprobación y, en particular, a la Junta de Andalucía de «trocear el proyecto». En cuanto a la solicitud de la iniciativa de realizar informes geológicos e hidrogeológicos, Postigo ha asegurado que a lo largo de toda la tramitación se han emitido informes sobre riesgos geológicos y sísmicos por parte del IGME y del IGN sobre los riesgos geológicos y sísmicos.

El PSOE formará su propio Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía para luchar contra el cambio climático

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Redacción / Agencias.- La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que el partido creará un Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía que analizará las fórmulas para reorientar el modelo económico y aumentar así la ambición española contra el cambio climático, algo que también exige al Gobierno, al que ha culpado del retraso de España respecto a países del entorno con la «obligada» Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Precisamente, el Gobierno aprobó recientemente en Consejo de Ministros la creación de una comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética que estará formada por 14 miembros (entre Gobierno, grupos parlamentarios y agentes sociales) y que tendrá 6 meses para elaborar un informe que se elevará al Ejecutivo. En este sentido, Narbona explicó que el PSOE está celebrando debates en los que participan «todos los sectores de la sociedad», desde representantes de organizaciones empresariales, sindicales, agrarias, de consumidores, de las ONG y de científicos. Servirán para aglutinar sus aportaciones en una resolución de la comisión ejecutiva federal del PSOE, centrada en la posición del partido respecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La exministra de Medio Ambiente ha señalado que éste ha sido un primer debate que tendrá seguimiento tanto en los grupos federales de la comisión ejecutiva federal y también en el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, cuya composición y presidencia se anunciará en la próxima reunión de la Ejecutiva socialista que se celebrará en Barcelona. Para Narbona, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «una obligación del Estado» con la que el Gobierno «va muy por detrás de la mayoría de países» del entorno y ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del «drástico retroceso» de España en el uso de energías renovables y de una «regulación inédita a nivel internacional sobre autoconsumo».

A diferencia de España, recuerda que países como Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia cuentan con leyes de cambio climático y transición energética mientras España «hasta ahora no había iniciado este trabajo». Por ello, anunció que el PSOE abordará estas cuestiones en su trabajo parlamentario y anticipó que «en breve» registrará una iniciativa sobre la directiva de energías renovables que se trabaja en el Parlamento Europeo y cuyo ponente por parte del Partido Socialista Europeo es el exministro José Blanco. En esta iniciativa parlamentaria, que posiblemente se desarrollará en paralelo a la legislación española, exigirá al Gobierno una «exigencia de mayor ambición» porque considera que España debe apoyar una senda clara de reducción de emisiones.

Narbona ha destacado que «se ha consolidado una posición crítica» de Donald Trump contra el cambio climático que «obliga» al resto de la comunidad internacional y en particular a las Unión Europea a ser «mucho más ambiciosos» en la reducción de emisiones y en las de adaptación al cambio climático. En este contexto, avanzó que el debate en la sede socialista de Ferraz tendrá continuidad en los grupos federales de la comisión ejecutiva federal y también para un Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, como una de las «señas de identidad» de la nueva dirección del partido y ha incidido en que esa apuesta requiere nuevas formas de producir y de consumir.

Narbona subrayó que ese nuevo modelo de producir y de consumir debe ser acorde al conocimiento científico y a los riesgos de la contaminación, del cambio climático y de la escasez de los recursos naturales. La presidenta del partido destacó que Europa fue pionera en el desarrollo de las energías renovables y en las políticas de lucha contra el cambio climático «pero en los últimos tiempos ha perdido ese liderazgo». A su juicio, en la reconstrucción del proyecto europeo debería desempeñar un papel importante esa apuesta por un progreso «más seguro, más estable y más justo» y ha incidido en que ésa sería una de las primeras consecuencias de la transición ecológica de la economía.

Empresas cotizadas y riesgo climático

Respecto a la ley de Cambio Climático y Transición Energética, el PSOE quiere que recoja que las empresas cotizadas incluyan en su reporte anual de cuentas la evaluación del riesgo climático y los planes para su reducción. Según fuentes socialistas, se trata de incorporar una de las recomendaciones que han salido de la reciente cumbre del G-20 y que en Francia y Reino Unido ya es obligatoria. El G-20 apostó por que se vayan incorporando como buenas prácticas empresariales mientras que los socialistas quieren que se imite a estos socios europeos y esta «exigencia» aparezca en los diseños estratégicos a largo plazo de las empresas.

Además, el PSOE apuesta por «dar preferencia» en los concursos públicos a las empresas que cumplan con requisitos «verdes» como la elaboración de informes de sostenibilidad. En sus propuestas, también aparece la elaboración y publicación de informes periódicos del Banco de España sobre el estado de la economía española, de manera que haya un estudio sobre las vulnerabilidades de la economía española ante el cambio climático y su reflejo económico.

Asimismo, se reclama la remisión por parte del Gobierno al Parlamento, para su aprobación de un presupuesto para cinco años sobre emisiones de gases efecto invernadero. Sería una fuente de control de cumplimiento de los compromisos que adquiere internacionalmente España así como un seguimiento «lo más ajustado posible» a ese cumplimiento, ya que obligaría a fijar el montante económico de lo que se va a emitir antes de su gasto. Estas son algunas medidas que para el PSOE debe contemplar la Ley que, a su juicio, debe impulsarse cuanto antes.

El PSOE insta al Gobierno a que las personas con electrodependencia sean beneficiarias del bono social de electricidad

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Servimedia / EFE.- El grupo socialista registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a establecer medidas de apoyo a las familias que cuenten entre sus miembros con personas con electrodependencia por razón de salud, entre las que destacan incluir a estas personas como beneficiarias del bono social eléctrico.

Esta proposición, que será debatida en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, pretende defender a las personas con electrodependencia por razón de salud que hay en España, es decir, aquellas que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica que los mantiene con vida. El PSOE critica que aún «no existen ayudas para estas personas, a pesar del elevado precio de la electricidad y de los fuertes incrementos producidos en los últimos años».

En este sentido, la propuesta pide que se incluya a estas personas como beneficiarias del bono social eléctrico; garantizar que tengan la consideración de suministros esenciales para que, en ningún caso, se les pueda suspender el suministro de energía y que, en caso de cortes imprevistos, tengan la máxima prioridad para su restablecimiento; e instalar en sus domicilios, de manera gratuita, un sistema de alimentación ininterrumpida para que, en caso de cortes imprevistos, puedan contar con unas horas de electricidad.

El PSOE reclama también que las ambulancias de transporte no urgente, que se utilizan para trasladar a los pacientes con electrodependencia, tengan habilitados los enchufes, y que los traslados de estos pacientes tengan la máxima prioridad. La diputada socialista María del Sol Pérez reivindicó que «es necesario garantizar que no se pueda suspender el suministro de energía eléctrica en los casos de personas electrodependientes, pues su vida depende de ello«.

El PSOE pide que Nadal explique sus planes para intervenir el cierre de las centrales de generación de electricidad

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EFE.- El grupo socialista ha pedido la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la Comisión de Energía del Congreso con el fin de que explique sus planes para regular el cierre de centrales eléctricas, según indicó esta formación. Nadal expresó su intención de regular por la vía reglamentaria el proceso de cierre de las centrales de generación eléctrica al no encontrar apoyos en el resto de las fuerzas políticas, en concreto en el PSOE, para hacerlo con rango de ley.

La portavoz de Energía del grupo socialista, Pilar Lucio, ha criticado que resulta «difícil» apoyar una iniciativa legislativa que no conocen. En su opinión, resulta «imprescindible» que Nadal dé explicaciones y aclare «qué es lo que propone y cómo pretende hacerlo». «Nadal está haciendo declaraciones que no se corresponden con la realidad, ya que el PSOE nunca ha conocido de manera formal cuáles son sus intenciones respecto a la intervención de estas centrales», ha indicado.

Nadal explicó que el objetivo de la normativa que pretende elaborar es que el eventual cierre de centrales sea ordenado y tenga en cuenta, además de la seguridad del suministro, criterios medioambientales, de flexibilidad del sistema y de precio de la energía eléctrica. Según Nadal, el cierre de las centrales no puede depender únicamente de decisiones empresariales porque influye en la configuración del mix energético, una cuestión que, a su juicio, es competencia del Estado.