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El Congreso pide más planificación al Gobierno y fijar en un calendario de subastas la instalación creciente de potencia renovable

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Europa Press.- La Comisión de Energía del Congreso aprobó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a establecer un calendario de subastas energéticas en el que planifique la entrada en el sistema eléctrico de potencia renovable. Esta planificación, señala la iniciativa, deberá permitir el cumplimiento de los objetivos internacionales comprometidos de reducir emisiones, «avanzar hacia un sistema eléctrico 100% renovable» e incluir subastas de tecnologías específicas en caso de determinarse como prioritaria la instalación de determinadas tecnologías renovables.

La iniciativa, llevada a la comisión por Unidos Podemos, ha salido adelante con el respaldo además del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra. Asimismo, el texto aprobado por el Congreso reclama que el procedimiento establecido en las subastas sea «sencillo, comprensible y transparente para los participantes», y que la competición entre participantes se establezca sobre la retribución a la energía generada, con el fin de incentivar «el buen funcionamiento futuro de las plantas que resulten ganadoras».

Por otro lado, el Congreso pide limitar los comportamientos especulativos de los participantes, estableciendo que cada planta que resulte ganadora cobre de acuerdo a la oferta que hubiera realizado en la subasta. Además, insta a incluir criterios ambientales y sociales «para matizar la oferta económica, específicamente aquellos que promuevan la disminución de emisiones de gases efecto invernadero en nuestro modelo productivo». Por último, el Congreso insta a ofertar un porcentaje específico para que la instalación de plantas en zonas con centrales térmicas y nucleares, «con el fin de asegurar una transición justa para estas zonas«.

Ciudadanos, grupo que ha apoyado la mayoría de estas iniciativas, ha solicitado la votación por puntos del texto propuesto por Unidos Podemos, ya que rechazaban algunos aspectos de la proposición no de ley que, finalmente, no han salido adelante. Estos puntos llamaban al Gobierno a establecer liquidaciones específicas para proyectos de menor potencia con condiciones favorables para su desarrollo por parte de cooperativas, ayuntamientos o particulares; así como para tecnologías renovables «en proceso de maduración».

El Congreso reclama que las compañías de distribución eléctrica compartan con sus clientes la información de los nuevos contadores inteligentes

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Europa Press.- El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que las empresas de distribución eléctrica compartan con los clientes la información de consumo que les proporciona los nuevos contadores telegestionados o digitales. La propuesta, llevada a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital por el PP, ha sido respaldada además por el PSOE, Ciudadanos, PNV y Foro Asturias, mientras que los diputados de Unidos Podemos han decidido votar en contra.

La finalidad es poder comparar su consumo con el de otros consumidores o establecer un análisis por períodos de tiempo, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para que esto llegue a los consumidores finales. Por otro lado, el Congreso pide potenciar el desarrollo de aplicaciones que permita a los usuarios aprovechar todo el potencial de los datos de los contadores inteligentes e impulsar la adquisición de electrodomésticos eficientes que permitan aprovechar los datos de los contadores para una mayor eficacia energética y menor coste para los usuarios.

También llama a que las empresas de distribución publiquen en abierto los datos de consumo, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, para que a partir de ellos puedan sacar conclusiones sobre tendencias de consumo eléctrico. Por último, el Congreso reclama que las empresas comercializadoras establezcan una mayor información acerca de los conceptos incluidos en la factura eléctrica, como las cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales, o información en relación al Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y al Bono Social, con el fin de que los consumidores puedan evaluar y comparar las ofertas con las de otros competidores «con información veraz, transparente, completa y sencilla».

El PSOE propone impulsar el uso de tecnología fotovoltaica para suministrar energía eléctrica a las desaladoras y reducir sus costes

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Europa Press.- El secretario de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, propone el impulso del uso de la energía fotovoltaica para la generación de energía que alimente las desaladoras, con el objetivo de reducir los costes. Morán ha dado a conocer las líneas de actuación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía junto con su presidenta, Teresa Ribera, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero.

Escudero apuntó que el PSOE quiere introducir como «novedad» la fiscalidad verde en los Presupuestos del Estado. Su intención es contemplar esta fiscalidad verde en la alternativa que ofrecerán frente a los presupuestos del Ejecutivo para 2018 con el fin de paliar, a su juicio, «la falta de coherencia absoluta» del sistema fiscal. En su opinión, el actual sistema fiscal «viene de los años 70» y «no es un capricho, sino la herramienta más potente de la que dispone un Gobierno para orientar sus políticas».

Según explicó Ribera, el consejo nace sin fecha de caducidad y estará formado por 22 personas con diferentes perfiles con el objetivo de «entender cómo avanza la sociedad, cuáles son las advertencias, riesgos y oportunidades» y elaborar recomendaciones para «inspirar la acción política de los órganos de Gobierno» en general. Esta nueva herramienta comenzará a trabajar con cuatro ejes «clave»: energía, ordenación del territorio y urbanismo, empleo y fiscalidad verde, tal y como enumeró Ribera.

Por su parte, Narbona ha señalado que este consejo persigue elaborar recomendaciones para «transformar el modelo productivo de España«. «Esta transición debería llevarnos a un modelo de sociedad donde lo que tenga realmente valor sea el progreso seguro, justo y duradero, algo que no puede medir el actual PIB, por lo que hay añadir otros indicadores, como las renovables y los niveles de contaminación«, indicó.

Los representantes socialistas han puesto de manifiesto las «carencias» de la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno y que consideran «debería agilizarse». Actualmente, se encuentra en un proceso de consulta pública previa a la elaboración de un borrador. «Es difícil que nos encuentren en el camino para un pacto por la transición energética si no hay un consenso previo con la Ley de Cambio Climático», han concluido.

El PSOE denuncia el retraso en el diseño de una alternativa para Garoña y el PP le acusa de “cinismo”

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EFE.- El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó de «cinismo» al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, por urgir un plan de reindustrialización que suponga una alternativa a la central nuclear de Garoña, una vez el Gobierno ha decidido no prorrogar su permiso. Tudanca denunció que mes y medio después del decreto de cierre de la central nuclear no se tenga la «más mínima noticia» sobre el plan de dinamización del entorno.

«Me parece una actitud de cinismo que Luis Tudanca urja ahora la reindustrialización del entorno de Garoña cuando fue un gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, el que decidió el cierre», ha sostenido Fernández Mañueco. Para el presidente autonómico del PP, la mejor reindustrialización habría sido que Garoña siguiera funcionando, pese a lo cual ha asegurado que el PP de Castilla y León trabajará para que todas las instituciones se esfuercen para reindustrializar la zona y generar empleo en el entorno de Garoña

El PSOE contra el PP

«Después de años de mentir y de tomar el pelo a los burgaleses», incidió Tudanca, el PP acordó cerrar la planta nuclear; «mintió y dijo que habría central nuclear y plan de reindustrialización».Sin embargo, recordó que ni Garoña seguirá en funcionamiento ni existe plan de dinamización económica, pues «sigue sin haber la más mínima noticia sobre el plan de reindustrialización«.El socialista ha recordado que el área de influencia de la central, Miranda de Ebro, Las Merindades y La Bureba, requiere de una alternativa para que «tenga un presente y un futuro después de Garoña«.Tudanca ha confiado en que el Gobierno central, la Junta y la Diputación «se pongan manos a la obra» y cumplan con lo prometido.

Por su parte, el presidente de la Diputación, César Rico, ha vuelto a insistir en que «el mejor plan para Garoña es Garoña», ya que «es muy difícil que en la zona se asienten empresas con mil empleados».El popular pidió que se pongan «los pies en el suelo» y, si bien toca buscar alternativas a la nuclear», va a ser «muy complejo» mantener el nivel industrial en el entorno.

El presidente de la Diputación ha recordado que fue el Gobierno de Zapatero el que primero decretó el cierre de Garoña hace 6 años.Y comprometió un Plan de Reindustrialización «del que no se hizo absolutamente nada«; el Gobierno socialista no hizo nada para hacer realidad «todo lo que se inventaron».Por ese motivo, Rico ha mostrado su sorpresa ante las exigencias del PSOE para con un plan de reindustralización.

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

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Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el Sí en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

El Parlamento balear acudirá al Constitucional para defender la tramitación nacional de la prohibición de prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo

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Europa Press / EFE.- La diputada autonómica de Gente por Formentera, Silvia Tur, anunció que el Parlamento de las Islas Baleares acudirá al Tribunal Constitucional en defensa de la tramitación de la proposición de Ley para prohibir los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo. Según explicó es el siguiente paso después de que la Mesa del Congreso se pronunciara de nuevo en contra de la iniciativa legislatura que fue refrendada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara balear.

Críticas a PP y Ciudadanos

En este sentido, el PSOE, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi y Gente por Formentera han exigido a PP y Ciudadanos, los otros partidos con representación en el Parlamento de Baleares, que levanten el veto de la Mesa del Congreso que impide la tramitación de la ley antiprospecciones propuesta desde Baleares. Representantes de los 6 partidos han comparecido para instar al PP y a Ciudadanos a que reclamen a sus representantes en el Congreso que respeten el acuerdo unánime del Parlamento balear, que remitió la proposición de ley para la prohibición de trabajos de búsqueda de hidrocarburos en todo el Mediterráneo español.

Al persistir el veto a la iniciativa, establecido en junio a instancias del Ministerio de Energía, estos partidos promoverán que la cámara legislativa autonómica recurra la decisión ante el Tribunal Constitucional. Los partidos de izquierdas y regionalistas consideran que el informe del Ministerio en que se basó el rechazo «se fundamenta en premisas arbitrarias y en parte falsas» y lamentan que la petición de reconsideración del veto remitida a la Mesa por el Parlamento fuera rechazada tras argumentar que este rechazo se debió a que el reglamento de la cámara no considera que los grupos del Parlamento de Baleares estén legitimados para que su solicitud pueda ser tenida en cuenta.

PP: “No habrá prospecciones petrolíferas”

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario popular, Margalida Prohens, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Baleares y ha insistido en que «no habrá prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y que además no costará ni un euro público en indemnizaciones«. Así lo aseveró al ser preguntada por la iniciativa conjunta que han presentado miembros del Parlamento balear pidiendo al PP y Cs que «levanten el veto que mantiene la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de la Proposición de Ley para prohibir las prospecciones en el mar Mediterráneo».

En este punto, Prohens ha recordado que «las autorizaciones las hizo el Gobierno de Zapatero con el visto bueno del actual senador socialista Francesc Antich» y ha añadido que el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, que era en aquel momento director general, «no alzó la voz» en contra de los proyectos de prospecciones en aguas de Baleares «por miedo a perder su cargo«, ha afirmado. Con todo, la popular ha recalcado que el Gobierno de Rajoy «ha ido revocando, una tras otra, todas las licencias que fueron concedidas», y todo ello, ha dicho, «gracias a los informes de impacto medioambiental que fueron enviados por Biel Company (PP) en su etapa de consejero».

Ciudadanos: “Mediterráneo libre de prospecciones”

Por otro lado, la diputada autonómica de Ciudadanos, Olga Ballester, ha asegurado que su partido trabaja «por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de prospecciones, así como un modelo energético sostenible». Ante el nuevo veto del Gobierno a que el Congreso debata la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, Ciudadanos Baleares critica dicha decisión, que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de prospecciones«, según Ballester.

Ballester ha precisado que el veto del Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, ha sido ejercido «dentro de las facultades que le otorga la Constitución». «Desde Ciudadanos ya hemos explicado en repetidas ocasiones que no nos vamos a oponer a esa facultad constitucional que tiene un gobierno pues entra dentro de las normas del funcionamiento del Congreso», reivindicó Ballester. Según Ballester, que la Mesa del Congreso se oponga a que el Gobierno pueda ejercer esa facultad que le otorga la Constitución «solo conlleva que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional y éste paralice la iniciativa hasta que dicte resolución«.

Ante las críticas de los partidos del pacto de gobierno en Baleares al voto en contra de la propuesta por parte del PP y de Ciudadanos, Ballester ha dicho que «PSOE, MÉS y Podemos continúan con la política inútil de la confrontación, y no la de la solución y el acuerdo» y les acusó de «volver a señalar y confrontar». Ha defendido que Ciudadanos no hará política de cara a la galería y sigue trabajando por otras vías para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones.

Ballester explicó que Cs registró una iniciativa en el Congreso que está pendiente de debate, «pidiendo que se aplique una moratoria a nuevas solicitudes de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas mediterráneas españolas, así como la aceleración de la declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como zona ZEPIM, que llevaría implícita la prohibición de las prospecciones«. La diputada mencionó también varias preguntas registradas en el Congreso de los Diputados para clarificar los criterios del Gobierno en el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.

Europa abre una investigación sobre el euskopeaje a instancias de Cataluña y el Ministerio argumenta que no vulnera la competencia

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EFE.- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kV), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia. Así se manifestó Energía tras confirmar el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha explicado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que supuso en 2013 «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca». No se trata, ha insistido, de «un trato de favor a la industria vasca» ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente «las homologa respecto a otras industrias del Estado».

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo «porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kV”. «Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás», ha agregado.

Energía niega vulnerar la competencia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han indicado que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la Comisión Europea por la eliminación de esa tarifa. Al igual que Zarraonandia, las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Según los datos de la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las 5 comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa. Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 kV, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Partidos vascos critican a Cataluña

Por otro lado, los partidos vascos han considerado un error la denuncia presentada por Cataluña ante Bruselas para que investigue la rebaja a la industria vasca. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha precisado que no es la Generalitat catalana la que promueve el recurso, sino el Defensor del Pueblo catalán, y ha considerado que la actuación «políticamente no es muy presentable«. El portavoz nacionalista ha opinado que la denuncia «en el fondo no tiene demasiado recorrido» y ha afirmado que el acuerdo entre PP y PNV ha corregido «una discriminación histórica» sufrida por la industria vasca, que paga tarifas más altas por el uso de las redes eléctricas en comparación con otras regiones de España.

Asimismo, el PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que «lamenta» la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno del País Vasco, en que esa reforma «no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años». «Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios», ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado el recurso catalán «un error en el fondo y la forma» porque esa reforma no supone «una ayuda de Estado«, sino «la subsanación de un agravio» sufrido por las empresas vascas. A su juicio, «quien ha hecho perder cientos de millones a las empresas vascas» por este asunto «han sido los gobiernos del PP y del PSOE» por «permitir» que esta situación se mantuviese en el tiempo. Para el portavoz parlamentario de ElkarrekinPodemos, Lander Martínez, el recurso catalán en este momento «es sorprendente». A su juicio, no tendrá «mucho recorrido» y «tiene más que ver con marcar una posición política de enfrentarse al Gobierno Vasco».

En opinión del representante socialista Eneko Andueza, la denuncia es «un error» y «una especie de agresión, de falta de respeto». «Llama la atención que algunos quieran construir país a costa de destruir el país de otros», ha indicado. Por su parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha opinado que la iniciativa es «un contrasentido» y «un disparate«. En su opinión, «choca» que quien hace «planteamientos rupturistas» y «menoscaba» la democracia «mire a una cuestión negociada entre dos Administraciones». Garrido también ha destacado que el acuerdo en materia de tarifa eléctrica no constituye «ningún trato de favor» para la industria vasca, sino una solución a la situación «de desventaja» en la que se hallaba.

El Gobierno defenderá el euskopeaje

Por su parte, el PP del País Vasco ha confiado en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su «apoyo rotundo» a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la Comisión Europea los «intereses de la industria de Euskadi».

El Congreso debate este martes un bono social de gas que iría ligado a la renta

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EFE.- El pleno del Congreso debate este martes la propuesta del PSOE de aprobar por Ley un bono social del gas, similar al eléctrico, que contemple descuentos para consumidores vulnerables y que esté ligado a la renta.

El Congreso votará la proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista que persigue proteger a los colectivos vulnerables que no pueden afrontar la factura del gas natural o de otros gases combustibles por canalización debido a la subida de los precios energéticos.

La iniciativa incide en que el incremento de la energía tiene un mayor impacto en los presupuestos de los hogares con menores rentas y recuerda que según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE de 2015, los hogares con ingresos mensuales netos inferiores a 999 euros dedican el 42% de su gasto a la vivienda, agua, electricidad y gas, frente al 32% de media del total de hogares.

El bono social del gas que solicitan los socialistas sería financiado por las empresas comercializadoras y por las Comunidades Autónomas al tiempo que la nueva Ley también impediría cortes de esta energía a los consumidores vulnerables severos durante todo el año así como períodos temporales para los vulnerables no severos y que no requieran de la atención de los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.

Este nuevo bono de descuentos estaría referenciado al indicador del IPREM de renta per cápita familiar y unido al consumidor que tiene la tarifa de último recurso.

Sería aprobado con un Real Decreto y en su posterior desarrollo reglamentario se establecerían los requisitos para poder solicitarlo ya que se centrarían en la renta y en los diferentes tipos de consumidores energéticos vulnerables

El PSOE cree que con este nuevo bono sumado al bono de la electricidad se cubriría el 90% del suministro energético, ya que el 64% de los gastos del presupuesto familiar están vinculados a la electricidad y el 26% al gas, según la Encuesta del INE sobre las condiciones de vida.

Fernández Vara ve en Extremadura proyectos fotovoltaicos para “ser autosuficientes energéticamente” pero cree que el Gobierno favorece a la eólica

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EFE.- El presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, asegura que la región podría ser autosuficiente energéticamente con tecnologías como la fotovoltaica, con proyectos presentados ante la Administración regional para instalar unos 2.000 megavatios, pero cree que las subastas del Gobierno favorecen a la eólica. Así lo anunció en Camino del Sol, una iniciativa de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) que recorre las comunidades autónomas para promover el impulso de un modelo de generación energética renovable y social.

Fernández Vara señaló que Extremadura tiene suficientes recursos para generar energías renovables, ya sean la hidráulica o, en este caso, la fotovoltaica, y que puede contribuir a paliar el cambio climático y a que los consumidores puedan ahorrar en sus facturas. No obstante, ha continuado, en 2007 hubo «una burbuja especulativa» para fomentar las placas fotovoltaicas y que muchas personas «se forraron» con su elaboración y venta, al igual que sucedió con «el ladrillo». Luego, años después el Gobierno central derogó las ayudas al sector y ahora el país «no tiene definido un modelo energético«, y esta cuestión sólo surge cuando hay polémicas como el cierre de las centrales nucleares».

El Gobierno mira al norte

Según Fernández Vara, por su parte Extremadura siempre ha abogado por las renovables, que son «un camino sin retorno» de cara al futuro. Ante todo esto, ha explicado que está muy contrariado por la última subasta del Gobierno central sobre las renovables, que sigue beneficiando a la eólica, a lo que ha agregado que «si el sol hubiera estado en el norte, no habría sido así». Por todo esto, ha apoyado las demandas de Anpier en favor de estas energías.

Por su parte, el presidente de esta entidad, Miguel Ángel Martínez-Aroca, le ha pedido que contacte con los presidentes de Murcia, de Andalucía y de Castilla-La Mancha, Fernando López Miras, Susana Díaz y Emiliano García-Page, respectivamente, ya que son regiones con condiciones similares y afectadas también por las decisiones del Gobierno central. Ha explicado que la nueva subasta de energías beneficia casi en su totalidad a las compañías mientras que la mayoría de la población sufre la subida de las facturas, lo que ha calificado como «una aberración» energética que únicamente ocurre en este país.

Anpier afirma que Andalucía tiene 3.127 horas de sol al año, Castilla-La Mancha se sitúa en las 3.114, Murcia está en 3.182 y Extremadura registra 3.106 horas de sol para generar energía; cuando la media de los países de la Unión Europea se queda en, tan sólo, las 1.720 horas solares para la producción de energía. Martínez-Aroca ha declarado en Extremadura que «las horas de sol de estos territorios son un activo irrenunciable para paliar las altas tasas de desempleo y los bajos niveles de renta», y ha denunciado que «el marco normativo actual entorpece cualquier modalidad de autoconsumo y veta a las iniciativas sociales el acceso a la generación».

Galicia indemnizará con 3 millones de euros por los gastos realizados a las adjudicatarias del concurso eólico anulado por Feijóo

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EFE.– El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró favorable a indemnizar con dinero público a las empresas adjudicatarias del concurso eólico anulado por su gobierno por los gastos en los que ya hubiesen incurrido y aseguró que es una previsión que incluía la ley que aprobó posteriormente a la anulación del concurso. La Xunta ha decidido no seguir recurriendo en los tribunales y tendrá que abonar 3 millones de euros por estos gastos derivados de varias sentencias judiciales.

«Estamos de acuerdo en que los gastos de las empresas que concursaron tienen que ser indemnizables; la ley lo prevé, los gastos debidamente documentados», ha indicado Núñez Feijóo, que ha continuado: «Lo que no estaba previsto era indemnizar a empresas por dejar sin efecto el concurso«. Diversas empresas han visto reconocidas las cantidades por los gastos efectuados pero no por el lucro cesante, como pedían en sus demandas a la administración por la anulación del concurso realizado por el PSOE y el BNG. En Marea y el BNG habían pedido que ese dinero lo pagara Núñez Feijóo de su bolsillo.