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Narbona afirma que la sustitución de las centrales térmicas de carbón por energías renovables reduciría el precio de la electricidad

Europa Press.- La exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido que en España «no hay un problema de precios» de la energía y que, «en contra de lo que dice el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el cierre de las centrales térmicas de carbón en nuestro país y su sustitución por energías renovables supondría una reducción en el precio de la electricidad».

La exministra ha lamentado que el mercado eléctrico español «en absoluto es el idóneo para el desarrollo masivo de las energías renovables», que es «lo que necesitamos impulsar». En este sentido, ha manifestado que el mercado eléctrico estatal se ha construido «de acuerdo con las energías que dominaban el mix en nuestro país y con la distribución del poder económico propia de los combustibles convencionales, energía nuclear, petróleo, carbón o gas, y para la utilización de estas energías son necesarias muy importantes inversiones para la construcción de las correspondientes plantas, para mantener el proceso dentro de límites de control del riesgo, en el caso de la nuclear» y en manos de «pocas empresas poderosas económicamente».

Narbona ha destacado que este modelo «sobrerretribuye» el precio de las energías fósiles y de la electricidad en España, situándolo «entre los más altos de Europa», pese a que nuestro país es «excedente» en su capacidad de generación de electricidad, y así hay «muchísimas plantas de ciclo combinado que están paradas«. En este contexto, asegura que en España «no hay en absoluto un problema de precios, como pretende el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el supuesto de que se eliminen gradualmente las plantas de carbón o las centrales nucleares».

Narbona aseveró que está demostrado que, «en contra de lo que dice Nadal, no solamente no subiría el precio de la electricidad con el cierre de las centrales térmicas de carbón, sino que, si se sustituyen por energías renovables, habría una reducción en el precio de la electricidad». Al respecto, ha sostenido que cualquier transición energética «seria» en España requiere de una «reforma en profundidad» del mercado energético, de manera que cuente «con un sistema diferente de formación de los precios que permita la entrada de las energías renovables sin provocar desajustes en el sistema».

Además, ha censurado que España es el único país de Europa donde se está «penalizando» el autoconsumo de energía, en lugar de estimularlo como promueve la Comisión Europea. Narbona ha abogado así por un mercado energético que favorezca el autoconsumo, las renovables, para lo cual «las subastas energéticas deberían de ser por tecnologías» y que vaya prescindiendo «de manera gradual» de la energía nuclear, de manera que la vida de las centrales nucleares no se prolongue más de 40 años.

Por otro lado, Narbona ha apostado por que la futura Ley de cambio climático y transición energética contemple horizontes a 2030 y 2050 con revisiones cada 5 años, para ver cómo se cumplen los objetivos que se establezcan, que contemple una fiscalidad que incentive el abandono «gradual» de los combustibles fósiles y un fondo para la transición «justa» en las comarcas más afectadas por el cambio en el modelo energético.

Sobre esta cuestión, ha recordado que el PSOE ha propuesto que si se creara, como propone el Gobierno central, una figura de «pago por capacidad» a las centrales térmicas o nucleares que considere que no tienen que cerrarse, algo que va «en contra de los criterios» de la Comisión Europea y que es «inviable desde el punto de vista jurídico», esa figura «en todo caso beneficie exclusivamente al carbón autóctono, en ningún caso al importado«. Además, ha apostado por adoptar medidas «concretas de transición justa en las comarcas afectadas con centrales térmicas y nucleares» y ofrecer «nuevos puestos de trabajo con la formación requerible» para que los trabajadores de estas infraestructuras puedan cambiar de actividad.

Por ejemplo, sugiere la celebración de subastas de energías renovables en esas comarcas para «ir reconstruyendo tejido productivo asociado a la transición energética y garantizando empleo y bienestar en esas zonas» y lamenta que el Gobierno central del PP «dice no» a esta propuesta porque «no le importa en absoluto la minería del carbón», pero sí lo hace para «mantener el parque nuclear con una compensación económica que las grandes eléctricas le vienen pidiendo de manera explícita desde hace años».

En este contexto, Narbona ha lamentado la «posición nefasta» del Gobierno central en la negociación paquete de invierno, medidas planteadas por la Comisión Europea sobre política energética, ya que «no quiere aceptar» el incremento hasta el 35% del peso de las energías renovables respecto al consumo final de energía para 2030, algo que, a su juicio, es «absolutamente viable«. Por otro lado, ha opinado que España debería incorporar la obligación para las empresas cotizadas de presentar un informe anual «sobre sus riesgos financieros de origen climático», es decir, los «asociados a sus inversiones en sectores de combustibles fósiles», algo que «ya se está dando en Reino Unido y en Australia».

También ha propuesto consensuar «a escala europea» la fiscalidad sobre CO2 ya que esto «sería de mucha utilidad» y proporcionaría «un paraguas a todos para desarrollar la fiscalidad adecuadamente», así como «instrumentar exigencias claras» en la política de compras públicas, que representan el 20% del PIB, no solo en lo relativo a la energía sino también, por ejemplo, en lo que se refiere a la alimentación en la escuela pública».

Además ha incidido en la necesidad de generar «pautas de consumo sostenibles» y apoyar a los países en desarrollo para facilitarles el acceso a las energías renovables. Finalmente, Narbona ha opinado que la «planificación de la transición energética» desde las administraciones públicas debe permitir una «gradualidad» para que sea «lo menos traumática posible». Por su parte, el diputado foral de Medio Ambiente de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, destacó que el cambio climático «va a incidir en nuestro día a día» y Guipúzcoa «debe prepararse para hacer frente a este desafío».

PP y PSOE convalidan en el Congreso por la vía rápida las nuevas normas para buscar hidrocarburos en el mar

Europa Press.- PP y PSOE han asegurado en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer normas adicionales de seguridad en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el mar: gracias a la mayoría que estas dos formaciones gozan en la Cámara Baja, no será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se podrán incluir enmiendas. Precisamente, el resto de partidos habían solicitado su tramitación parlamentaria para poder realizar aportaciones al mismo vía enmiendas.

Durante su defensa del decreto ley, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, argumentó que el Gobierno se ha limitado a trasponer esta directiva, de carácter «técnico», y de «escasa o nula aplicación en España». «Actúa cuando se tienen al menos 6 yacimientos submarinos. Nosotros tenemos poquísimos», indicó. En todo caso, señaló que se limita a cuestiones de seguridad y permite «trabajar con los mejores estándares mundiales, los del Mar del Norte», para terminar asegurando que «no tiene nada que ver con la exploración en el medio marino, ni con temas relacionados con la explotación o almacenamiento».

A pesar de manifestar que no considera «coherente iniciar nuevas explotaciones si se quieren evitar los efectos del cambio climático», y recordando que otros países están «trabajando en la progresiva retirada de estas actividades», la portavoz energética socialista, Pilar Lucio, ha defendido la «necesaria e ineludible» trasposición de la directiva europea. En todo caso, ha justificado esta posición avanzando que llevarán al Congreso una proposición de ley para prohibir las actividades con hidrocarburos en el medio marino, pues cree necesario dar «más pasos» ya que «las perforaciones no son seguras».

Por su parte, su homólogo popular, Guillermo Mariscal, animó al resto de formaciones, contrarias a la convalidación, a «justificar» por qué se posicionan «a favor del expediente sancionador» que se derivaría por parte de Bruselas en caso de no trasponer la directiva comunitaria y ha defendido la necesidad de conocer los recursos energéticos en su territorio y aumentar la necesidad.

El resto de partidos proponía la tramitación como proyecto de ley para «ir más allá» a través de enmiendas ya que han cuestionado la apuesta por las explotaciones de hidrocarburos ante la lucha contra el cambio climático y la consecuente reducción de emisiones. «No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el cambio climático», ha argumentado el diputado de Unidos Podemos, Juan López Uralde (Equo), que recordó el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, para prohibir las prospecciones petrolíferas.

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez ha criticado la «dejadez» del Gobierno para trasponer una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español en julio de 2015, y ha reclamado que la nueva Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas goce de una independencia real, y no dependa del Ministerio. «Si no, no garantizamos que sus informes sean independientes», ha esgrimido.

Otro de los elementos cuestionados por la oposición ha sido la inclusión, no recogida en la directiva, de las aguas interiores. «¿Qué quieren hacer? ¿Ampararse en la directiva para prospectar en la Bahía de Cádiz, o en la Manga del Mar Menor?», se ha preguntado Enric Bataller, de Compromís, considerando que la directiva que se traspone debería estar «derogada» por «su posicionamiento favorable al fracking«. También lo recordó la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que subrayó la competencia autonómica de estas aguas, incluidas en algunos casos en estatutos de autonomías.

El Congreso, sin el PP, urge al Gobierno a «reformar en profundidad» el mercado eléctrico y auditar los costes

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado una iniciativa por la cual se insta al Gobierno a realizar una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico con el fin, entre otras cuestiones, de impulsar un nuevo sistema de fijación de precios, acorde al coste de generación de cada tecnología, y realizar una auditoría de los costes. La iniciativa, impulsada por Unidos Podemos y finalmente pactada con el PSOE y Ciudadanos, encontró la oposición del PP, PNV y UPN, que han votado en contra.

El texto aprobado por el Congreso insta al Gobierno a «reformar en profundidad el mercado eléctrico, en un marco de competencia efectiva y al mínimo coste posible», con el fin de «compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética» con «un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento». En este punto, el Congreso pide al Gobierno reducir «la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones», en referencia a los cambios de las retribuciones a las renovables, y «avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por renovables».

Nuevo sistema para fijar precios

En este sentido, la Cámara Baja emplaza al Ejecutivo a adoptar «las medidas necesarias para evitar la sobreremuneración en el mercado eléctrico, especialmente en centrales que se benefician actualmente de una disparidad entre el precio de coste y el precio real». Como ejemplo, el Congreso propone «un gravamen para terminar con los beneficios caídos del cielo o excluirlos del mercado como en otros países». Precisamente, la iniciativa también insta al Gobierno a modificar el sistema de fijación del precio de la electricidad, «y del mercado específicamente», para que «refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables».

Así, el Congreso quiere que el sistema «tenga como objetivos básicos facilitar la transición energética hacia un modelo seguro, sostenible y eficiente, la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas, la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica«.

Asimismo, reclama la realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico «incluyendo un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país«. También llama a «reformar la parte regulada de la tarifa», con el fin de reducir el peso de la potencia contratada en la tarifa y aumentar la parte variable en función del consumo, «incentivando la eficiencia y el ahorro energético». Por último, el Congreso pide garantizar que la energía hidroeléctrica generada en las centrales cuyas concesiones caduquen «no sea utilizada con fines especulativos». Inicialmente, el texto propuesto por Unidos Podemos abogaba por recuperar la gestión pública de estas centrales.

Nadal asegura que pretende evitar la tentación de que se cierren unas centrales para que otras sean más rentables económicamente

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reiterado que el objetivo del real decreto en el que trabaja el Gobierno para endurecer los motivos para cerrar centrales eléctricas es evitar «la tentación» de algunas empresas de «cerrar una central que, aunque es rentable, cerrarla hace más rentables las otras que tienen«.

Nadal insistió en que la decisión de cerrar centrales «no puede ser una mera decisión empresarial, tiene que tener controles«. Por ello, consideró «muy importante» que el mix energético se decida desde «la política pública» ya que «el mix sí que marca la tendencia» y puede «afectar a los precios del mercado». A este respecto, Nadal afirmó que el cierre de centrales es algo que «no está normativamente regulado», ya que no hacía falta debido a que no había peticiones de clausura o las que había eran de plantas obsoletas.

No obstante, reconoció que existe un exceso de capacidad de generación en España, por lo que habrá que ver «qué tipos de centrales se tienen que cerrar», pero siempre de manera «ordenada» y cumpliendo con los objetivos de seguridad de suministro, climáticos y «al mejor precio posible». «Dentro de los objetivos medioambientales, nuestro objetivo es hacerlo al menor precio», añadió.

Así, en el caso de petición de cierre de una central, señaló que el objetivo es que se esté seguro de si esa planta es necesaria, ya sea por cuestiones de seguridad de suministro, medioambientales o de precio. De ser así, se llevará a cabo una subasta si el operador no la quiere «ya que si tiene comprador es rentable«.

En el caso de no contar con un comprador interesado en la subasta, se procedería a su cierre o, si es necesaria, se acudiría a un sistema de pagos por capacidad, «que tenga respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Europea para que no se considere ayuda de Estado», expuso Nadal.

Por su parte, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, acusó a Nadal de utilizar el argumento de la posible subida del precio de la luz si se cierran las nucleares «como un chantaje a la sociedad». Así, subrayó que el precio lo marca el gas dentro del mercado marginal, «independientemente de que siga existiendo la energía nuclear», por lo que retó al ministro a decir «de dónde sale ese dato de incremento del precio» del 25% si se elimina la nuclear. «Diga también qué sobrecoste tendría para el sistema su pago por capacidad a las nucleares si saliera adelante», concluyó.

La Eurocámara pide reforzar el autoconsumo de energía en la Unión Europea y aboga por no aplicar impuestos desproporcionados

Europa Press.- La comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo ha abogado por reforzar los derechos de los particulares que consumen la energía que ellos mismos producen a partir de fuentes renovables y exige que estos ciudadanos no soporten tasas o impuestos que sean discriminatorios o desproporcionados.

Al mismo tiempo,la comisión europarlamentaria ha abogado por elevar desde el 27% hasta el 35% el objetivo de energías renovables de la Unión Europea para 2030 y hasta el 40% el objetivo de eficiencia energética para ese mismo año, frente al 30% que plantea la Comisión Europea. En concreto, el informe sobre la directiva de energías renovables, cuyo responsable es José Blanco, eurodiputado del PSOE, ha sido aprobado con 43 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones.

En concreto, el texto afirma que los países de la Unión Europea garantizarán que los autoconsumidores de energías renovables estén autorizados para consumir y vender su excedente de producción de electricidad renovable «sin ser objeto de procedimientos y cargas discriminatorias y desproporcionadas que no reflejen los costes». Además, los eurodiputados han pedido que estos ciudadanos puedan consumir la electricidad que producen con renovables «sin tener que pagar cargas, tasas o impuestos», al mismo tiempo que instan a las capitales a evaluar las barreras al consumo de energía propia para «impulsar» un mayor desarrollo del autoconsumo.

Por otro lado, el documento aprobado por los eurodiputados fija un objetivo del 12% de energía renovable para el sector del transporte en 2030 y establece que su uso en calefacción y refrigeración debe aumentar dos puntos porcentuales cada año. «Europa necesita hacer más, Europa necesita más ambición en renovables para cumplir con los compromisos de París, combatir el cambio climático y liderar la transición energética. Con estos objetivos no sólo avanzaremos en la transición hacia una economía descarbonizada, sino que fortaleceremos nuestra seguridad energética y nuestra economía, creando empleo de alta cualificación», afirmó Blanco.

El Partido Popular Europeo (PPE), por su parte, ha destacado que el informe aprobado es «equilibrado y realista». «La transición energética de los combustibles fósiles a las renovables es crucial, pero debemos asegurarnos también que va de la mano con mantener la competitividad y el crecimiento de la Unión Europea», ha enfatizado el eurodiputado irlandés del PPE, Seán Kelly. El grupo de Los Verdes ha votado en contra del informe debido a la ausencia de objetivos vinculantes para los Estados miembros. El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, ha advertido de que existe una «laguna legal» en el informe que permitiría desviarse un 10% del objetivo.

Por otro lado, la comisión de Industria y Energía de la Eurocámara ha aprobado con 33 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones elevar al 40% el objetivo de eficiencia energética de la Unión Europea para 2030, frente a la meta del 30% que propone el Ejecutivo comunitario. Ambos votos fijan la posición de la Eurocámara de cara a las negociaciones con el Consejo de la Unión Europa (la institución que representa a los Estados miembros) para reformar las dos directivas. No obstante, estas posiciones deben ser refrendadas por el pleno del Parlamento Europeo en enero antes de que puedan iniciarse las conversaciones.

Los votos han sido celebrados por Climate Action Network (CAN), cuyo director, Wendel Trio, ha destacado que «mandan una señal fuerte a los gobiernos de la Unión Europea sobre la necesidad de ampliar la energía limpia». No obstante, ha criticado que el aumento del objetivo para energías renovables no haya sido acompañado por metas nacionales vinculantes. Más crítica fue la organización WWF, que aseveró que el objetivo para energías renovables del 35% es mejor que el 27% «pero no por mucho», al tiempo que ha criticado que un margen de flexibilidad del 10% podría hacer que el peso de las renovables alcance únicamente el 31,5%.

Nadal garantiza que el aumento de generación eléctrica se hará con renovables y pide mantener las plantas térmicas

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, asegura que todo el incremento de generación eléctrica que se realice en España se llevará a cabo con energías renovables al ayudar en la lucha contra el cambio climático y al control de los precios, si bien ha insistido en la necesidad de mantener las centrales térmicas como respaldo a las renovables.

Nadal ha abogado por mantener el actual mix de generación, basado en el reparto de la producción de energía eléctrica entre las distintas tecnologías (nuclear, carbón, gas, renovables y agua), ante la necesidad de mantener las centrales térmicas cuando no hay viento o sol». Nadal explicó que su estrategia pasa por «cumplir los acuerdos medioambientales y a partir de ahí hacer todo lo posible para contener el precio» ya que España «se juega muchísimo» con su política energética, por lo que «no se puede volver a hacer una política energética sin pensar en el precio«.

De esta forma, ha defendido la importancia de contar con todo el mix energético y ha recalcado que «ningún país del mundo quita simultáneamente la energía nuclear y el carbón», por lo que ve necesaria mantener ambas, ya que además la primera no emite CO2 y la segunda es más barata, sin perjuicio de que se producirá con energía hidráulica «siempre que se pueda». Además, ha afirmado que todo lo que sea incremento del mix se hará con renovables porque contribuye a la lucha contra el cambio climático, la consecución de los objetivos medioambientales y al control de los precios.

Ante las críticas del senador socialista Ángel Manuel Mato sobre el procedimiento para cerrar las centrales térmicas, Nadal le ha reprochado que desde el PSOE no hayan querido pactar «nada» y que tengan como política «cerrar el carbón y la nuclear». A este respecto, ha recordado que el Gobierno socialista decidió en 2010 el fin de las ayudas al carbón, motivo por el que el Ejecutivo de Rajoy ha tenido que «ajustar el sector en función de lo que se firmó». No obstante, aseveró que se ha ejecutado un proceso de forma «gradual», ajustando de «la mejor manera posible» y para que sufriesen lo menos posible» las cuencas tras la decisión de cierre en 2010.

Sobre el precio de la energía eléctrica ha defendido que gracias a la reforma energética los precios han bajado para los consumidores industriales y se ha mantenido «constante», convergiendo con los precios europeos, para los consumidores domésticos. En este sentido, criticó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no tuviese «paciencia» y se concediesen primas «extraordinarias» a las renovables hasta llegar a representar la mitad de las energías limpias del mundo, a un precio de 490 euros por megavatio hora, frente a los 50 euros con los que entran a mercado en la actualidad.

Según Nadal, sin la reforma del sector energético, impulsada por el Gobierno del PP, el recibo de la luz habría subido un 42% para familias y empresas, y aunque reconoció «cierto grado de conflictividad» derivado de la reforma, subrayó que es «muchísimo menos» de lo que han ahorrado los consumidores españoles con la reforma. Así, ha recordado que de 3 arbitrajes internacionales, 2 los ha ganado el Estado español y uno ha sido perdido pero recurrido. «Si todo saliese mal, sería un año de ahorro de la reforma, los otros 24 años de ahorro son para los consumidores. Había que hacerlo, se hizo y ha salido razonablemente bien», ha apostillado.

Por otra parte, sobre el posible incumplimiento del objetivo medioambiental, Nadal ha afirmado que España es el único país grande de la Unión Europea que va a alcanzar el objetivo del 20% de renovables fijado para 2020, ya que tras las subastas renovables se sitúa en el 19,6%, mientras que Francia se encuentra a «años luz» de cumplir su objetivo, así como Alemania (17%), Italia (17%) o Reino Unido (15%).

El senador socialista Ángel Manuel Mato calificó de «errática» la política energética del Gobierno y denuncia que la energía renovable que «frena el PP» abarataría el precio de la luz en un contexto en el que la pobreza energética «sigue instalada«. «La ciudadanía sigue pagando los efectos» de unos precios «más caros de la Unión Europea», apuntó Mato, a lo que Nadal le respondió que su intención es bajar el precio de la luz porque «cada euro en luz es un euro menos en salarios».

Podemos urge a Nadal a reformar la factura eléctrica y sus costes en vez de hacer «rogativas para que llueva»

Europa Press.- Podemos ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que acometa reformas en la factura eléctrica y que, en vez de «rogativas para que llueva», aproveche las políticas públicas para garantizar «energía limpia a precio razonable». En este sentido exigen una reforma del mercado eléctrico que contemple una fijación del precio de la electricidad en función del coste de generación, que abarate la parte fija de la factura eléctrica y aborde una auditoría de costes del sistema.

«En lugar de hacer rogativas para que llueva, hagan algo e impulsen políticas para garantizar energía limpia y a precios razonables», criticó el portavoz de Energía del grupo confederal, Josep Vendrell, durante el debate en el pleno del Congreso sobre la conveniencia de modificar el actual sistema de fijación de precios. Durante su intervención, ha criticado que el precio de la electricidad en España, antes de impuestos, sea «el tercero más caro» en Europa: «No estamos en los primeros puestos de renta per cápita», ha contrapuesto. Esto se debe, a su juicio, a «un problema estructural que tiene que ver con la mala regulación y la falta de energía solar».

Además, Podemos quiere establecer un cargo a las centrales nucleares e hidroeléctricas por el margen entre su escaso coste de generación y el precio de la electricidad generada equivalente al resto de centrales, los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo. Asimismo, quieren que al concluir la concesión de las centrales hidroeléctricas se recupere su gestión pública con el fin de «evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable».

Podemos se marca como objetivo básico «la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas». «El sistema eléctrico se ha convertido en un sistema de transferencia de rentas. En el mercado mayorista se paga a igual precio, independientemente del coste de generación», criticaron, reivindicando además un diseño de la tarifa para garantizar «consumos básicos más baratos» y que «penalice consumos más ineficientes y elevados».

Finalmente, llaman a garantizar el acceso del servicio «para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía» y el «estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica». En este sentido, quieren que la reforma abarate la parte fija de la tarifa regulada en función de la potencia y aumente la parte variable en función del consumo, para así crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.

Unas reivindicaciones que han sido secundadas por PSOE y Ciudadanos, con los que Podemos ya se apoyó a principios de año para pactar y sacar adelante una iniciativa similar en la Comisión de Energía. Así, el socialista Óscar Galeano ha criticado la «volatilidad» de la factura eléctrica, comparándola con la del mercado bursátil, pues es más propio de dinámicas «especulativas», y ha manifestado que la oposición demanda «investigar las tripas del mercado eléctrico y mejorar lo que es manifiestamente mejorable».

Además, ha recordado que, si bien el Gobierno justifica las subidas como una consecuencia de una «tormenta perfecta» por condiciones meteorológicas, el parón nuclear francés y la alta demanda, la subida registrada en octubre, cuando la luz alcanzó su máximo pico anual, se produjo en un momento de baja demanda. A pesar de ello, se activaron mecanismos de ajuste, algo cuestionado por la CNMC, que también ha criticado la forma de articular los mecanismos de interrumpibilidad. «Esto se traduce en una desconfianza total del consumidor, que considera este mercado como el de menor competencia», sentenció.

Por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha apostado por impulsar un Pacto de Estado por la Energía y en finalizar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, con el fin de poder abaratar el recibo de la luz, sin «errores políticos» como las primas a las renovables, y mediante «la financiación de las comunidades autónomas», recogiendo allí las compensaciones extrapeninsulares.

También ha anunciado su apoyo Compromís, que, a través de Ignasi Candela, se ha preguntado la razón por la cual, si el Gobierno se declara incapaz de controlar la factura eléctrica, recurre ante el Tribunal Constitucional leyes contra la pobreza energética, como la aprobada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) alertó de que, en caso de modificar la parte variable de la tarifa, con el actual sistema podría incrementarse el déficit de tarifa en caso de menores consumos, y que además podría provocar una mayor complejidad del sistema.

Por su parte, el popular Teodoro García Egea ha criticado las demandas para someter el sistema eléctrico a una auditoría, argumentando que ésta ya se hizo por funcionarios y técnicos estatales «hasta la última línea de distribución». En todo caso, se ha mostrado favorable a negociar la estructura de la tarifa y decidir si los costes externos a la generación son abonados por el contribuyente o el consumidor eléctrico, pero ha rechazado la idea de beneficios caídos del cielo por parte de las gestoras de centrales hidráulicas o nuclear. «Las eléctricas tienen una rentabilidad sobre el capital empleado que en España es inferior a su coste de capital”, indicó, abogando por «electrificar la movilidad para disminuir las emisiones de CO2».

El recibo medio de la electricidad viene registrando importantes repuntes en los últimos meses. Por ejemplo en octubre se disparó un 6,42% respecto a septiembre, la mayor subida registrada desde enero. Además, el precio de la electricidad alcanzó el 23 de octubre, entre las 19 y las 20 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh). En los diez primeros meses de 2017 el recibo de la luz ha alcanzado los 683,76 euros, lo que representa un incremento del 12,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 76 euros.

El Castor sigue generando temblores

La sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Castor supone un varapalo mucho mayor de lo que parece, entre otras cosas porque escarnece las costumbres, usos y vicios de la mayoría absoluta, que se fue para nunca volver a la vida parlamentaria española. La deficiente vida política y mediática española abriga diversas fórmulas que no coinciden con lo que establece el ordenamiento legal y constitucional español. Así, el Parlamento aprueba Leyes, el Gobierno tiene conferida la posibilidad de aprobar Proyectos de Ley y decretos en desarrollo de legislación preexistente, los Ministerios dictan y resuelven Órdenes Ministeriales.

Esta construcción se pervierte, consecuentemente, con la lectura de expresiones como «el Gobierno aprueba una Ley» cuando lo que hace es un Decreto Ley (una emulación de ley formulada por razones de urgencia que requiere por tanto la aprobación y convalidación del Parlamento), transformando la capacidad de acción gubernativa para exhibir autoridad. La anterior legislatura fue un ejemplo del empleo del Decreto Ley, dado que era un atajo al proceso parlamentario de una Ley, cuando el Ejecutivo tenía prisa (no necesariamente cuando la circunstancia a regular lo exigía). Los decretos leyes están reservados en nuestro ordenamiento para asuntos de urgencia y una de las razones jurídicas clave en esta sentencia es la ausencia de urgencia que justificase acelerar la ‘indemnización’.

Esta ortodoxia tiene difícil apreciación entre los partidos, entre los medios de comunicación que gustan de un lenguaje mucho más vertical en lo político y, evidentemente, entre los ministros, que gustan de saberse con mayor capacidad y menor dependencia de la Ley. De hecho, esta práctica se normalizó, si puede decirse así. Resabios de otra forma de concebir la autoridad.

La sentencia del Tribunal Constitucional respecto del Castor, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, cuestiona la forma en que se arbitró la indemnización por la construcción de esta infraestructura y su hibernación posterior, a través precisamente de un Decreto Ley,  puesto que los supuestos de indemnización tienen su propio procedimiento en el Derecho Administrativo Económico español.

Así, el Tribunal Constitucional anula varios artículos del Decreto Ley de 2014 que permitió a la compañía Escal UGS, propiedad en un 66,7% por ACS, cobrar una indemnización de 1.350 millones de euros tras la paralización del almacenamiento Castor, suspendido tras una serie de seísmos. En realidad el Constitucional declara conforme a la fórmula del Decreto Ley la decisión de hibernación del mismo, pero no el mecanismo de cálculo, fijación y pago de la indemnización (acelerada, trepidante, en 35 días tras su entrada en vigor).

El ministro de Energía demedia retóricamente la sentencia porque el Tribunal Constitucional no cuestiona la indemnización dictada (no la enjuicia, en realidad), sólo anula el procedimiento de reconocimiento, fijación y pago, acogido a la razón de urgencia. Es decir, a Nadal le parece poco cuestionamiento, seguramente porque sigue teniendo mentalidad de vivir en la mayoría absoluta o porque quiere echar tierra sobre el asunto. Le beneficia el entorno político y la falta de finura de la vida cívica. A veces el fondo son las formas.

Para él es una cuestión menor, pese a la relevancia que tiene en este Ejecutivo el influyente cuerpo de Abogados del Estado como para que los reveses judiciales adquieran esta envergadura. El Gobierno tenía prisa por quitarse el problema de encima (una infraestructura no necesaria, no restituida en la planificación energética, causante de seísmos, una empresa propietaria del mismo, un proceso de aprobación y de construcción acelerado, la reclamación de la indemnización, el enfado de las administraciones y ciudadanos de las zonas afectadas…). ¿Cuál era el objetivo de Estado que perseguía tal aceleración que ha llevado a que el Gobierno vea constitucionalmente reprobado este Decreto?

La sentencia emite otra lectura de refilón, otro mensaje al mundo independentista respecto al ordenamiento constitucional. De hecho, la Generalitat de Puigdemont era parte activa en este procedimiento judicial. Y es que ni siquiera los Decretos Leyes (con concurso de las mayorías parlamentarias temporales o «rodillos», según el caso) están fuera de la tutela judicial.  El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero tampoco fue especialmente fino con la aprobación y adjudicación del proyecto (incluyendo la cláusula indemnizatoria avalada por el Tribunal Supremo en caso de su extinción), cuestionado por los distintos rectificados de sus costes estudiados por la extinta CNE. Hoy se justifica en una ampulosa estrategia de silos «estratégicos» subterráneos para problemas prolongados de suministro internacional de este hidrocarburo.

De lo que hay dudas es de las consecuencias para los perceptores de la indemnización (en el sentido de su devolución en la misma medida acelerada, o bien, aplazada) y del tiempo transcurrido entre el Real Decreto y esta sentencia: paradójicamente, sobre una cuestión cuyo objeto era la velocidad indemnizatoria, la resolución ha sido lenta. Y es que, al final, todo es cuestión de tiempo.

El PSOE advierte que alargar la vida útil de las centrales nucleares repercutirá en el recibo de la luz

Europa Press.- El secretario para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha advertido que la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares «la vamos a pagar toda la ciudadanía en el recibo de la luz«. El PSOE se ha opuesto de este modo al decreto que quiere aprobar el Gobierno para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La nueva norma, según Morán, «deja expedita la vía al Ejecutivo para repercutir sobre el conjunto de los usuarios el coste de la prolongación de la vida útil del parque nuclear». Así, ha recordado que «no sólo no coadyuvará a impedir futuros incrementos del precio de la energía, tal y como el ministro afirma, sino que provocará una subida automática del precio a partir del momento en que se aplique, en la misma medida que desencadena la obligación de financiar con cargo al recibo de la luz el nuevo pago por capacidad para las eléctricas«.

El responsable socialista en materia de energía recordó que el modelo del Gobierno de Rajoy «se ha sustentado en sablazos a las economías familiares», además del «deterioro de la competitividad de la industria, parón de las energías renovables, una inseguridad jurídica que nos va a costar miles de millones de euros en indemnizaciones, y muchos territorios abandonados a su suerte en una transición energética que requeriría de estrategias económicas y medidas sociales que brillan por su ausencia con el PP».

«Lejos de reconocer el fracaso de la política energética, el Ejecutivo no sólo no parece dispuesto a rectificar, sino que exige ahora a la oposición que respalde su modelo», se ha lamentado. Frente a esta postura, el PSOE ha reiterado su compromiso electoral de limitar la vida útil de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y su sustitución progresiva por energías renovables. «Y no estamos dispuestos a aceptar que se juegue con los empleos y el futuro de determinados territorios, para simplemente utilizarlos como coartada», ha recalcado.

En este sentido, ha explicado que «no es razonable habilitar un pago específico por capacidad para seguir sosteniendo un parque de generación alimentado con fuentes energéticas fósiles importadas, cuando es precisamente la hiperdependencia exterior el talón de Aquiles del sistema energético español«. Por contra, según trasladó al ministro, sostiene que la norma debería formar parte del mecanismo de gestión de la reserva estratégica constituida por los recursos energéticos autóctonos, «y no para instalaciones cuyo funcionamiento dependa en exclusiva de fuentes energéticas importadas, y para las cuales se dispone de capacidad de decisión demostrada con la aplicación del procedimiento administrativo vigente».

El PSOE propone subastas de renovables en las comarcas preferentes para la transición energética

Europa Press.– Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha propuesto subastas de energías renovables en lo que serían las «comarcas preferentes para la transición energética». Por ello, Narbona ha abogado por una transición energética «justa», que comience «con la reparación del daño causado» con los cambios regulatorios sufridos por el sector, y ha pedido que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se acompañe de medidas concretas que beneficie a las comarcas donde es más elevada la proporción de trabajadores de energías tradicionales.

En este sentido, Cristina Narbona ha destacado además el importante papel de la tecnología fotovoltaica en la creación de empleo y en la generación de riqueza como sector económico. A lo largo de este año, el Gobierno adjudicó en dos subastas de renovables un total de 8.037 megavatios (MW) al máximo descuento y, por tanto, sin coste para el consumidor eléctrico. Del total de la potencia subastada, 3.910 MW fueron adjudicados a instalaciones fotovoltaicas, 4.107 MW a parques eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. El Gobierno considera que los resultados de las subastas celebradas en 2017 permitirán a España avanzar definitivamente en el cumplimiento de los objetivos de introducción de renovables establecidos por la Unión Europea para 2020.

Solar fotovoltaica: 25% del mix

De su lado, el director de la División de Energías Renovables de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Paolo Frankl, ha pronosticado que la energía fotovoltaica representará un 25% del mix energético español en los próximos 5 años siempre y cuando haya sistemas, políticas y redes más flexibles. Frankl ha destacado la relevancia de la energía fotovoltaica como fuente de energía con más capacidad neta del mundo, y prevé que seguirá siendo así si las políticas siguen siendo justas y favorables a las renovables.

Por su parte, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, destacó los cambios estructurales que introducirá la Ley de Cambio Climático, en la que el Gobierno está trabajando con todos los sectores y de manera transversal para cumplir con los «compromisos irrenunciables» alcanzados en la cumbre de París. Ulargui ha asegurado que la Comisión Europea ha propuesto un objetivo de reducción del 40% de gases invernadero a 2030. Por eso, ha emplazado a trabajar «de manera urgente» a nivel nacional y «la fotovoltaica es un sector clave para solucionar el problema«.