Entradas

Los grupos políticos de la oposición ven similitudes entre el almacén de Gas Natural en Doñana y el proyecto Castor

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Los grupos parlamentarios de la oposición expresan su preocupación por el proyecto Marismas de almacenamiento de gas natural en el Parque Natural de Doñana, tras el reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España de diciembre y el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a noviembre, ambos de 2017.

Para el diputado de Unidos Podemos, Josep Vendrell, los nuevos informes disponibles señalan que «los análisis de Gas Natural Fenosa rebajaron la peligrosidad» respecto al riesgo sísmico y al riesgo de inundación del almacén mientras para el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) este riesgo, según asegura, era alto. Además, ha criticado el contrato puesto que asegura que el Gobierno ha reconocido 6 millones de euros a Gas Natural por mantener el almacén subterráneo, algo que le «huele a Castor» porque el proyecto ha seguido «un camino parecido» e insta al Gobierno a paralizarlo.

El diputado critica el proyecto de almacén de gas en el entorno cercano a Doñana, que fue proyectado en 2002 y aprobado en 2010, y acusa a PP y PSOE de ir pasándose el proyecto. «Lo que uno propone, el otro dispone», ha ironizado Vendrell que no cree que almacenar gas sea una actividad apropiada en la zona ni tiene sentido y recuerda que cuenta con el rechazo del territorio y de las organizaciones ambientales.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Manuel Villegas, recuerda la «historia de chapuzas previas» como la del almacén Castor y quiere «evitar que se repita la situación». En la misma línea ha recordado la oposición en la zona al proyecto de «multidepósito de gas» y ha recordado los informes del IGME y del Defensor del Pueblo que consideran que los datos aportados por los promotores son «insuficientes» en cuanto a seguridad ambiental y sobre la idoneidad del proyecto.

«El Defensor dice que el emplazamiento podría no ser idóneo y que las declaraciones de impacto ambiental son insuficientes y tienen defectos invalidantes», ha insistido Villegas. Del mismo modo, la posibilidad de que, si finalmente el almacén no fuera viable, se pudieran activar mecanismos de compensación a la empresa concesionaria también le «suena a Castor» a Ciudadanos, por lo que emplaza al Gobierno a actuar.

El diputado socialista Antonio Pradas plantea suspender el proyecto Marismas occidental, el que está aprobado actualmente. En ese contexto, ha recordado que este proyecto fue aprobado en 2010 «con todos los parabienes» pero sobre los otros tres proyectos relativos a este almacén, se pidió una declaración conjunta porque afectaban al parque nacional de modo que ha exculpado al PSOE de las decisiones en ese sentido a partir de 2010 y ha recordado que el PP autorizó en 2013 la viabilidad de los otros tres proyectos.

Desde el Partido Popular, la diputada María Teresa de Lara ha instado a los grupos a no hacer «demagogia», que en su opinión «no es buena», en un asunto «tan delicado» e «importante» como la política energética. La representante popular ha defendido que en el entorno de Doñana se explotan almacenes y pozos de gas desde hace décadas en una estructura existente, que es lo que se quiere modificar, y cuya existencia previa no fue obstáculo para la inclusión de Doñana en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En definitiva, ha defendido la actuación del Gobierno, que ha agrupado 30 proyectos en 4 para acumularlos y estudiar mejor los efectos acumulados, y que en enero de 2015 pidió al IGME nuevos informes sobre los riesgos geológicos, hidrogeológicos y de riesgos técnicos. En cuanto al de Marismas Occidental, ha dicho que la resolución ministerial exigió al promotor cumplir una serie de medidas adicionales. En la actualidad, indicó que los informes del IGME y del Defensor se han entregado a Gas Natural, que ahora tiene que formular las alegaciones oportunas.

El PSOE lamenta que el Gobierno sea “incapaz” de controlar el precio de la luz por la subida de 2017

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La subida del precio de la luz en 2017 provocó que el precio de este recurso alcanzara su nivel más alto desde 2008. Para el consumidor medio, el encarecimiento ha supuesto un alza del 10,3% y la factura pasó de 753 euros en 2016 a 830 euros el pasado año.

Tras recordar los argumentos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre el encarecimiento, como las condiciones meteorológicas, el encarecimiento del petróleo o la utilización del gas natural y carbón, la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio ha criticado que el ministro sea “incapaz de controlar» el precio. «El Gobierno sigue culpando a la meteorología. No nos sorprende: forma parte de la inacción del Gobierno, marca de la casa», ha ironizado, lamentando que «si no hubiera paralizado el desarrollo de renovables» este precio «sería más barato».

Por su parte, Unidos Podemos y Compromís han recordado las recientes informaciones acerca de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acerca de la presunta manipulación del precio en 2013. «Rato nos diría »Es el mercado, amigo’, pero la UCO no sólo habla de abusividad, de esa fórmula Juan Palomo para asignar precios, sino a indicios razonables de criminalidad, de saqueo que responde al modelo de puertas giratorias», han aseverado desde Unidos Podemos, añadiendo que la subida «engrasa» esas puertas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, subrayó que no se trata sólo de esa subida, sino que, a finales del pasado año, la CNMC abrió un expediente ante una subida de la luz similar por subidas entre octubre de 2016 y enero de 2017. El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha pedido al Gobierno hacer el mercado «eficiente, competitivo, sostenible con el medio ambiente y que no se cargue toda su factura a los ciudadanos».

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, ha recordado que los peajes contenidos en la factura de la luz cargan «malas políticas energéticas», como un déficit tarifario de 2.500 millones o las primas renovables. En este sentido, esgrime que la parte regulada de los peajes, los costes de transporte y distribución, se encuentra congelada desde 2016, y que si la generación de energía se encareció fue por una apreciación del 20% del carbón y del 27% del gas, necesarios para garantizar el suministro.

Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso sobre las inversiones en el ATC ya que “probablemente no se construirá”

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Mientras desde Podemos Castilla-La Mancha espera que la última sentencia que afecta al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) «dé por finiquitada» esta cuestión, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso de los Diputados para saber «por qué se está invirtiendo y mejorando las infraestructuras» en torno a la construcción del ATC cuando «es muy probable que no se construya».

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado así después de que el Gobierno central «sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros». Martínez Arroyo indicó que el Ejecutivo autonómico quiere saber «qué empresas han sido las adjudicatarias y con cuántos fondos públicos» porque estas decisiones del Gobierno central pueden suponer «un problema grande».

«Son 100 millones de euros de dinero público gastados en una infraestructura que es probable que no llegue a buen fin y, evidentemente, vamos a pedir responsabilidades», ha continuado, insistiendo en que espera que las personas que han tomado esas decisiones «den explicaciones». Además, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha pedido a los responsables del PP de Castilla-La Mancha que «expliquen por qué ha sucedido esto, por qué se aprobó un Plan de Ordenación Municipal (POM) así, por qué se tomaron esas decisiones y por qué se ha invertido ese dinero en una infraestructura que probablemente no se llegue a construir».

Podemos contra el ATC nuclear

Por su parte, Podemos espera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad conquense, «dé por finiquitada» esta cuestión. «No hay más vueltas que darle», ha manifestado la secretaria regional de Organización de Podemos, María Díaz, que añade que «a pesar de que la justicia y la ciudadanía han dicho reiteradamente que no, cuando uno insiste es porque hay intereses ocultos detrás que se tienen que explicar».

Bajo su punto de vista, el PP, «con esto de insistir en que el ATC tiene que instalarse en Villar de Cañas viene a demostrar que tiene un grave problema con la justicia y que tiene una inquina con Castilla-La Mancha». «Si se empeña el PP es porque posiblemente hay intereses ocultos que Rajoy tiene que explicar», indicó. Para Podemos, según Díaz, todo lo que lleva consigo la palabra «cementerio» no puede «traer vida a Castilla-La Mancha». «La región merece otro tipo de proyectos y tiene unas características muy especiales que se pueden aprovechar. Necesitamos proyectos a largo plazo: el sol, el viento, energías renovables y no basureros», ha añadido.

El Parlamento Europeo se posiciona a favor de elevar al 35% el objetivo de energías renovables para el año 2030

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo negociará elevar el objetivo de energías renovables para la Unión Europea hasta el 35% en 2030, frente a la meta del 27% fijada en la actualidad, como parte de los esfuerzos del bloque comunitario para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

Los eurodiputados han aprobado con 492 votos a favor, 88 en contra y 107 abstenciones el informe del eurodiputado del PSOE, José Blanco, que fija la posición de la Eurocámara para las negociaciones que deben comenzar ahora con el Consejo de la Unión Europea, la institución comunitaria que representa a los Gobiernos de los Estados miembros, que aboga por mantener el objetivo en el 27%. «Podemos decir que el Parlamento Europeo ha dado un mensaje claro e inequívoco para cumplir con los objetivos de París y para impulsar una transición energética basada en una energía limpia y energías renovables», subrayó Blanco, que también calificó la postura del Consejo de la Unión Europea como «errática» y ha confiado en poder cambiarla.

Para alcanzar este porcentaje a nivel comunitario, los países deberán fijar sus propios objetivos nacionales, que serán coordinados y supervisados en virtud de otro proyecto legislativo sobre gobernanza energética, que también fue aprobado. Por otro lado, los eurodiputados fijaron un objetivo de eficiencia energética para 2030 también del 35%, que se calculará a partir de la proyección de consumo energético para ese mismo año según el modelo PRIMES, que simula el consumo y suministro de energía en la Unión Europea.

Además, el texto sobre renovables apuesta por impulsar el autoconsumo de energías renovables en el bloque comunitario al instar a los Estados miembros a «garantizar que los consumidores tengan derecho a convertirse en autoconsumidores de energías renovable». Para ello, estos consumidores deben estar autorizados «para autoconsumir y vender su excedente de producción de electricidad renovable sin ser objeto de procedimientos y cargas discriminatorios o desproporcionados que no reflejen los costes”. Además, los eurodiputados han aprobado una enmienda que pide permitir el consumo de electricidad renovable de producción propia y que permanece dentro de sus locales «sin estar sujetos a impuestos, tasas o tributos de ningún tipo». Esta enmienda ha recibido 594 votos a favor, 69 en contra y 20 abstenciones.

«Hemos blindado algo que era una pelea, a mi juicio justa, que es garantizar el autoconsumo como un derecho. El autoconsumo de energía renovable como un derecho y eliminando trabas administrativas y prohibiendo medidas como el impuesto que es conocido como impuesto al sol», ha enfatizado el eurodiputado socialista español. Preguntado por el futuro de esta enmienda en las negociaciones con los socios comunitarios, Blanco ha confiado en contar con el apoyo de la Comisión Europea y ha advertido de que la Eurocámara no renunciará, dado el apoyo que ha recibido esta parte del texto.

Asimismo, los eurodiputados acordaron que el 12% de la energía utilizada en el sector del transporte proceda de fuentes renovables. En este contexto, la contribución de los biocombustibles de primera generación deberá limitarse al nivel de 2017, con un máximo del 7%, en el transporte por carretera y ferrocarril. De la misma forma, la cuota de biocombustibles avanzados, combustibles renovables para el transporte de origen no biológico, combustibles derivados de residuos y electricidad renovables deberá alcanzar el 1,5% en 2021 y aumentar progresivamente hasta el 10% en 2030. Por último, el 90% de las gasolineras en las carreteras dentro de las redes transeuropeas deberán estar equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos en 2022.

Page cree que hay una razón económica muy poderosa para que el Gobierno central quiera seguir construyendo el ATC nuclear

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno “prudencia” con respecto a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y ha insistido en que tiene que haber «alguna razón económica muy poderosa» para que el Ejecutivo «siga planteándosela», después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya desestimado el recurso del Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM).

El presidente regional ha contestado de esta forma al ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, que reiteró el «compromiso» del Gobierno central con el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, considerando «muy importante» que salga adelante. García-Page ha reiterado que España «tiene que plantearse la estrategia de gestión de residuos«, al tiempo que se ha mostrado «satisfecho» de que el TSJCM haya dado la razón a la Consejería de Fomento, asegurando que el  POM es «tan ilegal que el Ayuntamiento no va a hacer reclamación, salvo que haya intereses más radiactivos que lo que se quiere enterrar».

El presidente regional ha criticado la «demagogia barata» de «ver al ministro Soria y a Cospedal intentar decirle a la gente que les había tocado la lotería porque hacían un agujero donde se enterraban residuos nucleares», asegurando que al instalar el ATC en la provincia conquense «se espanta el turismo y además se hace correr riesgo a la población en los cientos de tránsitos de camiones peligrosos». «Hubo en el aire muchas instalaciones posibles y no se eligió la primera, la segunda ni la tercera, se eligió la cuarta», ha recordado, manifestando que «hay opciones posibles y alternativas» al almacenamiento centralizado de los residuos nucleares.

En referencia a los tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que informan desfavorablemente al respecto de la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el pueblo y el ATC, García-Page considera que «que falte agua para el ATC puede ser hasta conveniente para que no salga adelante», aunque ha reconocido que podría ser malo «para otras inversiones positivas» en la zona.

PP pide soluciones a Page

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha ha señalado que respeta las decisiones judiciales respecto al ATC de Villar de Cañas, al tiempo que ha pedido a García-Page, que aporte soluciones y no confrontaciones con el Gobierno central. Así ha reaccionado la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que ha recordado que el presidente castellano-manchego dijo «hace tiempo» en relación al ATC que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía la capacidad de crear 1.000 puestos de trabajo en Villar de Cañas. «Estamos esperando esos puestos de trabajo que Page prometió, ¿Dónde están?», se ha preguntado la diputada popular.

PSOE pide un debate autonómico

Por otro lado, el PSOE de Castilla-La Mancha ha registrado en las Cortes regionales un debate general relativo a la situación del ATC de Villar de Cañas. Así lo anunció el diputado regional del PSOE, Fernando Mora, quien lamenta que el ATC «sea consecuencia» de una decisión política y no técnica, en donde se prevé una inversión de 700 millones de euros. «Esa inversión daría solución inmediata a la vida de mucha gente en nuestra región, sin embargo nos meten basura nuclear con un cementerio que está teniendo todas las dificultades del mundo, incluso ante los tribunales», ha argumentado Mora.

Bajo su punto de vista, esa es la «consideración» de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, con Castilla-La Mancha. «Los ciudadanos no le importaban nada y su único objetivo era quedar bien con Rajoy para ser ministra. Le importa un pito esta región», sentenció. Con todo, y tras la sentencia del TSJCM, Mora se mostró confiado en que el Gobierno de España sea «sensato de una vez».

El PSOE pide a Nadal comparecer en el Senado tras el informe del IGME sobre el proyecto gasista en Doñana

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- Al tiempo que los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, expresaron su contrariedad al proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y han incidido en que tienen más motivos tras el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), que alerta del «riesgo de inundación en uno de los almacenes», el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Senado para que dé las explicaciones correspondientes.

Así lo aseguró el parlamentario autonómico andaluz del PSOE por Huelva, Jesús Ferrera, que ha remarcado que el grupo socialista respalda las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que siempre ha incidido en la necesidad de que la evaluación del proyecto se hiciera de manera conjunta y no fraccionada. En esta misma línea, el socialista indicó que quieren que comparezca el ministro para conocer «la situación real que emana de ese informe», al tiempo que subraya que, si se deja claro que «corre un riesgo» el espacio medioambiental, solicitarán la paralización inmediata y espera que el PP se sume a esta defensa de Doñana.

Así, Ferrera ha reiterado su apoyo a la postura del consejero José Fiscal, que aseguró que va a pedir «de inmediato» el informe del IGME, «una institución del propio Estado», en el que, señaló, «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización», apuntó el consejero. Según ha proseguido Ferrera, «querer hacer una evaluación por partes es una chapuza cutre» que busca «intentar hacer negocio en la joya de la corona medioambiental» que es Doñana.

Por todo ello, el parlamentario ha recordado que desde hace casi dos años la administración regional, y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, ha mostrado «su total rechazo» a este proyecto «por la forma en la que se está desarrollando». En su opinión, «el Gobierno ha utilizado una estrategia dañina para salvar la cara de la especulación de una empresa», que quiere «convertir el entorno de Doñana en un almacén de gas». Tras remarcar todas las iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario socialista sobre esta cuestión, Ferrera ha recordado los informes del Defensor del Pueblo, tanto a nivel estatal como regional, que manifestaban la necesidad de una evaluación conjunta.

Posturas contrarias de los alcaldes

Por su parte, los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, han remarcado que la evaluación del proyecto debe realizarse de manera conjunta y no fraccionada, por lo que han respaldado la postura de la Junta de Andalucía en este sentido. El alcalde hinojero ha demandado «claridad y transparencia» en este asunto, sobre todo con los municipios de la comarca, porque este proyecto de almacenamiento de gas «pone en riesgo un espacio emblemático y el Parque Nacional más importante de Europa«, así como ha subrayado también el riesgo para las poblaciones del entorno de Doñana.

En esta misma línea se ha manifestado Rocío Espinosa, que ha expresado su preocupación ya que «este proyecto se desarrolla, fundamentalmente, en el Almonte», a la par que ha reiterado que, en reiteradas ocasiones, incluso con iniciativas en el pleno, han mostrado desde el Ayuntamiento su rechazo. «Antes nos mostrábamos en contra pero tras el informe del IGME tenemos más motivos», ha proseguido la alcaldesa, que ha pedido al Ministerio de Energía que, si se reafirman los riesgos, paralice el proyecto. «Este proyecto es contradictorio con Doñana y el modelo económico sostenible que se impulsa desde hace 25 años en la comarca», han concluido, por lo que esperan que «se cuente con todas las garantías para la preservación de Doñana».

Nadal justifica el fin de las ayudas a la minería del carbón este año: “las decisiones se tomaron hace tiempo”

/1 Comentario/en , , /por

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha referido al escenario relativo a este año 2018, ejercicio que supone el cierre de las minas de carbón no competitivas, y asegura que «la Unión Europea tiene sus reglas y las decisiones se tomaron en su día», recordando que el acuerdo se tomó en el año 2010.

Respecto a la petición del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, de que España debería exigir a la Comisión Europea unas condiciones más flexibles que permitan prolongar la actividad de la minería del carbón, el titular de Energía se ha mostrado prudente, pero ha desvelado que está trabajando, junto a Asturias y otras comunidades autónomas, para buscar «alternativas».

No obstante, ha recordado la «rigidez» de la normativa comunitaria en este aspecto, ya que el acuerdo relativo a los cierres «es muy claro». Gracias a ese acuerdo, ha explicado, se han podido mantener las ayudas hasta este 2018 y eso ha permitido el cierre ordenado de las minas. También ha permitido mantener las rentas a las personas que han dejado el sector. «La mayor parte del gasto público que se dedica actualmente a la minería del carbón es para prejubilaciones y jubilaciones», ha explicado.

En cuanto a la situación en la que quedan las minas deficitarias ha insistido en que «todo el mundo sabía las reglas del juego».  Respecto a la decisión de Iberdrola de cerrar la central térmica de Lada (Langreo), el ministro ha reiterado el criterio del Gobierno, que pasa por que sigan funcionando las centrales que son «viables y necesarias para el sistema«, e incluye en ese caso al grupo moderno de la central de Lada.

Actualmente el Gobierno impulsa un real decreto en ese sentido, para garantizar el funcionamiento de centrales que son rentables y viables. Está siendo analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), y luego pasará al Consejo de Estado. Sin embargo, Nadal ha lamentado la «soledad» del Gobierno para aprobar una medida de este tipo. El resto de grupos no le apoyan, ha señalado, incluido el PSOE. No es el caso, matiza, del Gobierno asturiano, de signo socialista.

Nadal ha explicado que si en los últimos tres años no hubiesen funcionado las centrales térmicas en España, el precio de la electricidad mayorista habría subido de una manera «enorme», algo que afectaría enormemente a las empresas electrointensivas, de las que hay varias en España. En este sentido, ha advertido del impacto en el empleo que podría tener prescindir de las centrales de carbón. «Consideramos que estas centrales tienen que mantenerse si son rentables», sentenció.

El PSOE de Canarias rechaza las prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos a 100 kilómetros de las costas del archipiélago

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.– La portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento autonómico de Canarias, Dolores Corujo, ha mostrado el rechazo del PSOE de Canarias por las prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos y que se desarrollarán a unos 100 kilómetros de las costas isleñas. La diputada adelantó que los socialistas preguntarán al Gobierno regional por este asunto además de presentar en las distintas instituciones canarias una serie de iniciativas encaminadas a mostrar ese rechazo.

«La amenaza ambiental derivada de los sondeos para la extracción de crudo promovidos por Marruecos es idéntica a la que supusieron los trabajos de Repsol, que generaron una enorme respuesta ciudadana contra la instalación de una industria sucia, contaminante y en las antípodas de nuestro modelo de desarrollo», apuntó. Aquí, añadió que pese a las dificultades para intervenir en una decisión soberana de otro país, existen canales de encuentro y conversación con Marruecos, en el ámbito político y diplomático, que deben ser explorados cuanto antes.

«Nos dirigiremos al Gobierno de Canarias, al Gobierno central, a la Unión Europea y al propio Marruecos si es necesario, para invitarles a reflexionar acerca de los importantes recursos pesqueros, medioambientales y turísticos que se ponen en juego tanto en fase de sondeos como en una potencial extracción de petróleo», expuso. Finalmente, Corujo recordó que la apuesta de las islas y de España por las energías renovables, limpias, y baratas “nos atañe a nivel planetario».

El PSOE pide incluir en los Presupuestos ayudas para facilitar la transición energética en la industria con eficiencia y renovables

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El PSOE reclama al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales del Estado una línea de ayudas a la industria para facilitar la transición energética, al amparo de las directrices de la Comisión Europea sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. Así figura en la proposición no de ley registrada por los socialistas en el Congreso, que el PSOE quiere someter a debate y votación en la Comisión de Economía.

La iniciativa reclama al Ejecutivo que impulse estudios medioambientales y trate de adaptarse a las futuras normas que apruebe la Comisión, y contemple ayudas a la industria para la utilización de energía renovable y la captura y almacenamiento de CO2, incluyendo «elementos individuales de la cadena de captura y almacenamiento». Asimismo, también piden ayudas para la adopción de medidas de eficiencia energética, incluyendo la cogeneración y las redes urbanas de calefacción y refrigeración, y el uso eficiente de los recursos.

El PSOE reclama al Gobierno que, una vez incluya esta línea de ayudas en los Presupuestos, publique «a la mayor brevedad posible» las correspondientes órdenes y convocatorias de ayudas. Los socialistas recuerdan en su exposición de motivos que, a pesar de que las Cortes Generales plantearon la necesidad de elaborar una ley de cambio climático hace tres legislaturas (2008-2011), y que la Comisión Europea propuso en 2014 impulsar un marco estratégico en materia de clima y energía, el Gobierno aún no aprobó la ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En este sentido, advierten de que el plazo para aprobar esta ley, en virtud del mencionado marco estratégico, así como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para España, en cumplimiento del Acuerdo de París, vence en el primer semestre de 2018. Por ello, reclaman que la futura ley contemple la necesidad de apoyar a la industria al desarrollar la transformación del modelo energético, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar la integración de las renovables en el sistema eléctrico.

El PSOE ve «inaudito» que nadie del PP explique por qué se pagó la indemnización del almacén de gas Castor

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La vicesecretaria general primera del PSOE en la provincia de Castellón, Ana Edo, considera «inaudito» que después de que el Tribunal Constitucional anulara la indemnización para las promotoras de Castor, «nadie de peso en el PP se haya atrevido a dar la cara» y a explicar qué «extraños motivos» movieron al Gobierno de Mariano Rajoy y el PP «a pagar una indemnización de 1.350,7 millones de euros a Florentino Pérez con nocturnidad, opacidad y alevosía».

Edo cree «que deben ser los actores principales del PP los que expliquen qué hubo detrás de la celeridad con la que Rajoy llenó la caja del señor Florentino Pérez». «Nos parece que en aquella decisión del Gobierno hubo gato encerrado, porque de lo contrario no se entienden las prisas de Rajoy», ha señalado Edo, a quien le parece que «ya es hora» de que los presidentes del PP en la Comunidad Valenciana y del PP de la provincia de Castellón, Isabel Bonig y Miguel Barrachina, respectivamente, «den la cara».

Edo cree que una vez que se produjeron los terremotos, «se debería haber impuesto la cordura». Según ha dicho, «lo lógico era analizar lo que había ocurrido y, una vez que se tuvieran todos los datos encima de la mesa, adoptar las medidas que fuera menester, atendiendo a la realidad económica, social y judicial del momento». «Lo que no tiene ninguna lógica», según la socialista, es que «por su cuenta y riesgo, Rajoy decidiera que los españoles pagaríamos de nuestro bolsillo 1.350,7 millones de euros».

«Menos mal que el hoy presidente de la Generalitat, Ximo Puig, instó al grupo socialista en el Congreso a presentar un recurso que ahora ha dado sus frutos», ha añadido. En este sentido, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha anulado el pago de la indemnización», pero, subrayó, «lo que no se ha anulado es su culpa, la que le llevó a regalar 1.350,7 millones de euros a un grupo de empresas, mientras se aplicaba un salvaje programa de recortes».