Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.