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El PSOE emplaza al Gobierno a debatir un nuevo modelo energético y no el camino hacia uno ya decidido

Europa Press.- El PSOE ha reclamado al Gobierno que lleve al Congreso «de una vez por todas» un proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética para poder decidir un nuevo modelo energético, y no limitar el debate a decidir el camino hasta llegar a un modelo ya elegido por el Ejecutivo.

Así, su secretario de Transición Ecológica de la Economía, Hugo Morán, ha criticado la postura del actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, de no remitir esta norma «hasta que Bruselas no tome una decisión sobre el paquete de invierno», mientras que «está avanzando en la definición del Plan de Energía y Clima» que «define la política energética para los próximos años». «El Gobierno pretende adoptar una decisión de cuál va a ser el modelo energético del país y que luego, lo que debatamos, es qué camino vamos a seguir para llegar a ese modelo que ya tenemos predeterminado. Ese no es el camino», ha aseverado.

Antes de presentar en el Congreso el libro Transición energética en España. Una propuesta desde la socialdemocracia, auspiciado por el PSOE, Morán pidió a Nadal que procure «un consenso de país» para otorgar a empresas, entidades financieras y administraciones públicas seguridad jurídica y un marco legal «de estabilidad en el tiempo». En este sentido, ha alertado de que, sin una ley en este ámbito, «España corre el riesgo de convertirse en una anomalía como uno de los pocos países de la Unión Europea que no cuenta con un instrumento de gestión de clima y energía».

En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, que ha recordado que el propio Gobierno se comprometió a impulsar una ponencia legislativa sobre transición energética, y ha lamentado que, pese a que este tema está «en la primera línea política a nivel internacional», no ocurre lo mismo en España, a su juicio. «Queremos trabajar y exigir que, de una vez por todas, traiga al Congreso el informe de expertos sobre transición energética, que ya se han manifestado y lo que queremos es debatirlo», aseveró Lucio.

Por otro lado, tanto Lucio como Morán han criticado la reciente proposición de ley llevada al Congreso por el PP para regular el cierre de centrales térmicas, recurso calificado por la propia diputada como «artimaña parlamentaria». «No necesita España parches en su política energética. Necesita una modificación completa de esta política», ha criticado, mientras que Morán denuncia que el Gobierno «ha decidido buscar un atajo para reincidir en un texto que ya había sido juzgado y no ajustado a norma por parte de la CNMC».

El Gobierno de Canarias descarta que las plataformas petrolíferas que utilizan sus puertos tengan un riesgo medioambiental

EFE.- El consejero de Industria de las Islas Canarias, Pedro Ortega, ha advertido contra quienes cuestionan el riesgo medioambiental derivado del fondeo de plataformas petrolíferas, que a su juicio no existe, y precisó que esta actividad ha generado una facturación de 102 millones de euros y ha dado empleo a más de 200 personas.

El diputado socialista Gustavo Matos, cuestionó si realmente hay una actividad de reparación naval o los puertos canarios se han convertido «en un parking» de plataformas. En ese caso, prosiguió, este «aparcamiento» compensa el coste ambiental que supone con impacto a la invasión de especies «muy agresivas» y de poner los recursos naturales en manos de empresas foráneas en una actividad en la que los canarios ocupan los puestos menos remunerados por falta de formación.

El consejero indicó que Canarias se ofrece como una base única para reparaciones navales y no debe desperdiciar ninguna oportunidad de empleo, por lo que reiteró que no entiende que se cuestione esta capacidad. «Es un sector que funciona a pleno rendimiento, está impulsando la economía y beneficiando al resto de sectores, además de generar valor», puntualizó Pedro Ortega, quien precisó que en el puerto de La Luz y Las Palmas hay 18 plataformas fondeadas y se espera otra, en el de Tenerife hay 9 y a lo largo del año se recibirán otras 3.

El diputado de Podemos, Francisco Déniz, advirtió de que no le cuadran las cifras dadas por Ortega porque no ve tantas empresas de reparación «por ningún lado» y sólo una de Noruega que subcontrata a las canarias. En su opinión, se está apostando «por un cementerio de plataformas» sin tripulación que provocan que un espacio enorme del puerto de Santa Cruz esté «lleno de arretrancos».

Agustín Hernández, del PP, pidió por el contrario continuar consolidando este sector, al tiempo que la nacionalista Socorro Beato, también opinó que se debe potenciar esta actividad «con un gran futuro» porque fortalece el comercio, la industria local y el área del metal. Por el grupo Mixto, Jesús Ramos se refirió al innegable potencial de esta actividad para la economía isleña pero, añadió, también hay que tener en cuenta los posibles riesgos medioambientales, por lo que pidió estar vigilantes y cuidar de que los puertos no se conviertan en el retiro de instalaciones en desuso.

El Gobierno de Baleares y los Consejos insulares aprueban pedir al Estado proteger el Mediterráneo frente a las prospecciones petrolíferas

Europa Press / EFE.- Mientras el diputado autonómico socialista Vicenç Thomàs ha pedido al presidente del PP balear, Biel Company, que sea «coherente» y vuelva a posicionarse en contra de las prospecciones en el Mediterráneo, el Gobierno de Baleares y los Consells de todas las islas han aprobado una declaración institucional sobre la protección del Mediterráneo ante los proyectos de prospección y sondeos petrolíferos.

El texto, que ha sido firmado por los presidentes de las cinco instituciones, pide al Gobierno central la retirada del proyecto MedSalt-2, solicita al Congreso que permita la tramitación y la aprobación de la Proposición de ley sobre la protección del mar Mediterráneo, aprobado por el Parlamento balear, e insta al Gobierno a hacer frente común con las instituciones de Baleares ante los proyectos que pueden tener un efecto adverso para el medio marino balear, así como a actuar con transparencia, ofreciendo toda la información en lo referente a los proyectos que se quieran realizar.

«Decimos un no clarísimo a este y a todos los proyectos que sirvan para distorsionar nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio natural y nuestra manera de vivir», ha indicado la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, quien ha definido el MedSalt-2 como un proyecto «que se quiere vestir de científico» pero que tiene como una de sus finalidades «saber si aquí hay petróleo». Asimismo, la presidenta detalló todas las acciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de Baleares durante esta legislatura para detener las prospecciones petrolíferas y ha firmado otro manifiesto contra las prospecciones.

Petición del PSOE al PP

Según indicó el PSOE, los grupos parlamentarios tratarán de pactar una nueva proposición de ley contra las prospecciones petrolíferas en el Parlamento tras conocerse la intención de llevarse a cabo el proyecto científico de sondeos acústicos Medsalt-2 en el área marina comprendida entre Ibiza y Mallorca y el sureste de las Pitiusas para investigar las formaciones salinas del subsuelo marino. Thomàs ha asegurado que esta iniciativa está «disfrazada de proyecto científico» y que, incluso sus propios impulsores, han reconocido que en este proyecto están interesadas empresas de gas y petróleo.

Por ello, «pedimos a Company y a todo el PP que sean coherentes». Si el PP ya aprobó en el Parlamento una iniciativa contra las prospecciones en el Mediterráneo, Thomàs ha pedido que «vuelvan a dar su apoyo». «Aún están a tiempo de rectificar y sumarse a esta nueva proposición de ley» contra las prospecciones, ha reiterado el representante socialista. «Desgraciadamente el PP se ha puesto tras la pancarta, pero ha frenado en el Congreso junto a Ciudadanos las prospecciones en el Mediterráneo«, lamentó Thomàs.

El PSOE tilda de «demasiado conservador» el informe de los expertos en transición energética y propone debatirlo en el Congreso

Europa Press / EFE.- El PSOE quiere que las personas que integran la comisión de expertos creada por el Gobierno para plantear escenarios de transición energética comparezcan ante el Congreso y cree que su informe, entregado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, es «demasiado conservador«. Así, su portavoz en la comisión de Energía, Pilar Lucio, ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia para todos los expertos, pues cree que «es urgente traer al Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética».

«Es la hora de ponerse a trabajar», ha afirmado la portavoz socialista. En todo caso, entiende que «es un informe muy abierto y, en principio, demasiado conservador en algunos aspectos, como el mantenimiento del actual sistema regulatorio», ya que, según ha explicado, no plantea cambios en el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico. «Sin modificaciones en el modelo de mercado es muy difícil favorecer la penetración de las renovables necesarias para cumplir con los objetivos que ya ha marcado el Parlamento Europeo. Además, incide en la reducción de costes del sistema, pero no en la reducción del precio para los consumidores», ha apuntado.

Falta de ambición en renovables

Asimismo, critica que, a su juicio, el informe peque de «falta de ambición en el cumplimiento del 35% de implantación de renovables en 2030 o el mantenimiento de todo el parque nuclear más allá de los 40 años de vida útil». Por último, Lucio ha recordado que su propia formación cuenta con su propio informe, elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE). «Dicho informe está ahora mismo sometido a debate dentro del partido y con los distintos agentes implicados», indicó Lucio. «Para conocer en profundidad las propuestas, urge trasladar el debate al Congreso para que, de una vez por todas, haya un acuerdo base para abordar la transición energética y aprobar la ley», afirmó.

En todo caso, celebra la publicación de este informe que debe servir, a su juicio, para comenzar con la próxima tramitación de una ley de cambio climático. «Ahora toca diseñar la política energética, sin más demora», subraya. Lucio ha afirmado ante los distintos grupos parlamentarios que «ya no hay excusas para seguir demorando la presentación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética». La responsable socialista recuerda que el informe presentado es fruto del trabajo de un grupo de expertos que se constituyó «a instancias del Grupo Parlamentario Socialista». Este grupo de expertos independientes trabajó durante los últimos 8 meses para elaborar un informe sobre los asuntos clave para la transición energética en España y sobre los escenarios posibles.

El PSOE reclama al Gobierno más publicidad para asegurar que los consumidores vulnerables no se queden sin el bono social

Europa Press.- El PSOE demanda al Gobierno el desarrollo de campañas institucionales de publicidad y comunicación sobre la solicitud del bono social de electricidad con el fin de que su renovación sea efectiva y evitar que sus potenciales beneficiarios se queden sin este descuento en su factura.

Para ello, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley, que deberá debatirse en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que piden también la evaluación de las actuaciones relacionadas con la aplicación de este bono social y la suspensión del suministro por impago de la factura. Así, reclaman al Gobierno que convoque «con carácter urgente» una reunión conjunta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y la Conferencia Sectorial de Energía. Para desarrollar las campañas de información, exigen al Ejecutivo que colabore con los servicios sociales de las administraciones autonómicas y las organizaciones de consumidores.

Tal y como recuerdan en su iniciativa, el Gobierno se ha visto obligado a ampliar el plazo para poder acogerse a las nuevas categorías del bono social tras su nueva reglamentación pues, según denuncian, «no está funcionado correctamente ni la información, ni el procedimiento para acogerse a dicho bono». Así, critican que «la información al consumidor es muy insuficiente». «Debe ser el Gobierno quien, de forma sencilla y unificada, establezca unas instrucciones básicas para que las compañías informen a los posibles beneficiarios», asevera la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio.

Lucio asegura que «aproximadamente 2,4 millones de consumidores eléctricos vulnerables deberían haber renovado antes del 10 de abril su derecho a descuentos de entre el 25% y el 40% en el recibo de la luz, conforme a la nueva legislación aprobada en octubre del pasado año». «Sin embargo», apostilla, «el ritmo de renovaciones parece que no es el adecuado». Según las propias comercializadoras eléctricas, subraya Lucio, «quedan aproximadamente un millón de consumidores potenciales que no han iniciado los trámites de renovación del citado bono social».

Al igual que Unidos Podemos y ERC, que critican la información ofrecida sobre las renovaciones del bono social, el PSOE exige también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se implique en esta evaluación de resultados del bono social, reclamando en la iniciativa que someterán a votación en el Congreso un informe anual sobre la eficacia y eficiencia del bono social. En este informe también quiere que el regulador examine su financiación, la información relativa al número de cortes de suministro, y las razones de los mismos. Finalmente, piden que la CNMC pueda realizar recomendaciones para la modificación de la normativa sobre el bono social.

Polémica entre Gobierno central y Junta de Extremadura a cuenta de las infraestructuras eléctricas para posibilitar la llegada del AVE

EFE.- La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, asevera que los trámites para la construcción de las líneas eléctricas del AVE en el tramo extremeño «ya están en marcha», y de ello ya ha informado a la Junta de Extremadura.

En concreto, Herrera se refirió a la línea de entrada y salida de la subestación de Carmonita (Cáceres), mientras que en próximas fechas comenzarán las otras dos líneas, la de Cañaveral y Sagrajas. «De esta manera, se cumplirá en tiempo y forma el compromiso adquirido por el Gobierno de España para terminar la electrificación del tramo del AVE extremeño en 2020«, ha señalado. Por el momento, todos los tramos de obras del propio tramo, así como la electrificación, con la publicación de los trámites para la construcción de las subestaciones eléctricas, se están llevado a cabo de forma puntual para cumplir con los compromisos adquiridos.

Herrera aseguró no entender que la Junta de Extremadura haya reclamado el inicio de los trámites para las líneas de electrificación «cuando la propia Junta recibió recientemente» la comunicación de que este proceso ya se había iniciado. «No queremos pensar que a la Junta de Extremadura le sienta mal que todo el mundo esté comprobando que el Gobierno de Mariano Rajoy es el que trae el AVE», ha añadido Herrera.

La portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña, había criticado que «vienen las subestaciones pero no vienen las líneas», explicando que la Consejería de Economía se había puesto «en contacto con el Gobierno para plantearle las dudas que suscita a la Junta lo publicado» en el BOE. Por ello Herrera «ha recomendado» a Gil Rosiña que «antes de realizar declaraciones que no se ajustan a la realidad pida la información a la Delegación del Gobierno, cuyas puertas están siempre abiertas, como hemos demostrado, para resolver todo tipo de dudas sobre esta cuestión o cualquier otra».

Ya están iniciados los trámites de la línea eléctrica de alta tensión Alarazaz-San Serván/SE Carmonita, los cuales no requieren de publicaciones puesto que ya tiene autorización administrativa y Declaración de Utilidad Pública. En cuanto a las otras infraestructuras, la línea eléctrica de alta tensión Sagrajas-San Serván y la línea eléctrica de alta tensión JM Oriol-Arañuelo/SE Cañaveral, próximamente se iniciarán los trámites necesarios, una vez que ya disponen de autorización ambiental.

Los socialistas de Gran Canaria rechazan el gas ciudad en favor de las renovables

EFE. – La militancia socialista de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la instalación de una red de aire propanado en la ciudad, en una consulta en que de los 182 afiliados que votaron 174 lo hicieron en sentido negativo al uso de este modelo energético.

Según ha informado el PSOE, a la consulta estaban convocados un total de 764 militantes de la Agrupación Local de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que la participación fue del 23,8%. Así, de los 182 electores que votaron, el 95,6% (174) dijo no a la instalación de la red de gas, el 2,7% se decantó por el sí (5) y tres optaron por votar en blanco.

El PSOE señala que con este proceso de información, debate y participación la organización ha dado un paso adelante y sin retorno en la garantía de dar voz y voto a su militancia, configurándose las consultas como un instrumento fundamental de participación de los afiliados como desarrollo «de los más altos niveles de democracia interna».

 

La alternativa: las renovables

Así,  el secretario general del PSOE en Gran Canaria, Sebastián Franquis, ha insistido en la oposición de su partido a la implantación del gas en la isla y en su apuesta por las energías renovables. «La implantación del gas es un paso atrás por lo que se debe hacer un esfuerzo por desarrollar las energías limpias y renovables, que es por lo que apuesta la mayoría de la sociedad grancanaria, según una encuesta de opinión», ha indicado Franquis.

Franquis además se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha anulado parcialmente el decreto del Gobierno de Canarias que establece los criterios de adjudicación del gas propanado, lo que a su juicio ha provocado una situación positiva porque ha frenado el proyecto.

Sobre el pronunciamiento del TSJC, ha añadido que «una vez más el Ejecutivo toma iniciativas de este tipo que no se ajustan a la legalidad», ya que, según Franquis, las actuaciones de esta naturaleza de la Consejería de Industria «acaban en los tribunales y, además, las pierde».

El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, ha valorado la consulta celebrada por la militancia socialista para que se posicione, si bien ha considerado «estéril» el debate sobre el gas ciudad ante el recurso presentado por uno de los competidores que ha bloqueado todo el procedimiento.

«Ahora hay un bloqueo legal y hay que ver qué ocurre», si bien ha recordado que la consulta es una declaración política, pero la competencia en materia energética es regional, por lo que dependerá del Gobierno canario, aseguró el edil.

Pola confía en que el PSOE asuma la posición del Gobierno de Asturias sobre el carbón

EFE. – El consejero de Industria, Isaac Pola, piensa que la dirección del PSOE asuma la postura del Gobierno asturiano sobre el futuro del carbón y de las centrales térmicas y no la reflejada en el documento encargado a un consejo de expertos sobre la transición ecológica de la economía.

En el nombrado borrador de recomendaciones, elaborado tras siete meses de trabajos, plantea el cierre del carbón en 2025 e incide en que, para cumplir con el Acuerdo de París, se requiere del cierre ordenado de las centrales térmicas en esa fecha y de las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, con alternativas para las zonas en las que se encuentran.

Así, el consejero ha recordado que en el Principado las dos terceras partes de la energía que se genera procede del carbón; exporta entre un 15 y un 20 por ciento de la electricidad que produce y casi el 50 del consumo se realiza en la industria, circunstancias que se no producen en otras comunidades autónomas.

De esta forma, ha asegurado, una transición energética no adecuada «tendría consecuencias particularmente importantes», en especial sobre la industria electrointensiva por el incremento del precio de la energía, lo que hace imprescindible que el proceso hacia la descarbonización sea «inteligente, planificado y ordenado» y que se lleve a cabo de forma «justa» con los territorios afectados.

El criterio de respetar la singularidad de cada territorio coincide con el expresado por la Unión Europea, ha apuntalado Pola tras incidir en que el Gobierno ya ha hecho constar a la dirección del PSOE su desacuerdo con el documento elaborado por el comité de expertos y que confía en que asuma sus planteamientos

Las Cortes de Castilla y León dan el primer paso para retirar la normativa que prohibía las gasolineras desatendidas

EFE.- Las Cortes de Castilla y León han dado el primer paso para volver a permitir que haya gasolineras desatendidas en la comunidad autónoma, después de prohibirlas en octubre de 2016, debido a los avisos al respecto de la Unión Europea y a algunos avances en seguridad y accesibilidad. Se trata de una propuesta del PP que apoya Ciudadanos, el único grupo que se opuso a que se prohibieran esas gasolineras desatendidas, y la abstención del PSOE, Podemos y el grupo mixto.

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha detallado esa proposición de ley, presentada en un «ejercicio de pura responsabilidad», para derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicó la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta comunidad. Cruz ha argumentado la derogación en 4 cambios que se han producido desde que se aprobó la ley, entre ellos la normativa estatal que ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas y la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

También la iniciativa legislativa popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL) para que se haga una excepción a la hora de que pueda haber gasolineras desatendidas en los casos en los que el titular sea una cooperativa o ésta tenga mayoría. Esta iniciativa ha cumplido con todos los requisitos de firmas y representación, lo que sólo ha sucedido en otra ocasión en la comunidad, aunque Cruz entiende que, de aprobarse la ley para la que ha pedido el PP la toma en consideración, no tendría sentido seguir con la tramitación que pide URCACYL.

Evitar un procedimiento de infracción

El cuarto argumento procede del expediente informativo que ha anunciado la Unión Europea, que podía dar paso a otro de infracción, en la línea de lo que ha sucedido en Grecia o Italia, y Cruz ha recordado que otras autonomías, como Aragón o Valencia han derogado los decretos que también prohibían esas gasolineras desatendidas, lo que también han anunciado Navarra y Castilla-La Mancha, y en Asturias no se va a seguir con la regulación prevista.

El único grupo que respaldó este primer paso para la vuelta atrás fue Ciudadanos, que ya votó en contra del cambio anterior, ya que según el procurador David Castaño si de lo que se trataba era de proteger a los discapacitados no hacía falta prohibir las gasolineras desatendidas sino que quitaran los obstáculos y se adaptaran. Castaño ha reprochado al PP que legislara la prohibición de esas gasolineras «cuando ya había alertas» desde Europa y se conocían esas nuevas normativas para la mejora de la seguridad y acceso a las gasolineras y ha vuelto a pedir «prudencia» también ahora para dar seguridad jurídica al sector.

Por el contrario, desde Podemos, Félix Díez ve este nuevo cambio como «un paso atrás», y se ha preguntado si la libertad de mercado que esgrime la Unión Europea puede estar por delante de los derechos de las personas con discapacidad. De «ridículo» ha calificado el procurador del PSOE, José Francisco Martín, la vuelta atrás normativa que ha atribuido a las «presiones de las estaciones desatendidas», ya que la propia Comisión Europea ha calificado de «rumor» las sanciones y ha precisado que «no tenía intención de multar a las comunidades». Martín se preguntó si las estaciones de servicio de la comunidad, incluidas las de las cooperativas agrarias, cumplen esos nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

Nadal apunta ahora que la Ley de Transición Energética no estará lista hasta que se apruebe la normativa europea

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no se presentará hasta que se apruebe la normativa europea al respecto. «Una vez que esté aprobada, se llevará a cabo la transposición a nuestro ordenamiento jurídico«, ha apuntado, para señalar que las leyes «siempre se han hecho así en el país» y que ahora no se va a cambiar la forma de hacerlo.

Nadal explicó que la Ley de Cambio Climático pretende crear en España un marco normativo que, junto al resto de la Unión Europea, contribuya a la lucha contra el cambio climático y la transición energética en la próxima década. En respuesta al portavoz socialista de Cambio Climático, Ricardo García Mira, Nadal expuso que esta norma está compuesta de tres paquetes, uno climático, otro energético y un tercero de movilidad sostenible y que estas tres acciones llevan diferentes ritmos de tramitación en la Unión Europea. Algunas están en «mayor o menor grado de tramitación», como es el caso “de la reducción de emisiones, que está más adelantada que la transición energética y tenemos bastante retraso en el de movilidad sostenible», aclaró.

Una ley anunciada múltiples veces

Estas palabras no satisficieron a García Mira, quien ha reprochado a Nadal que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, hayan anunciado en varias ocasiones esta norma. «Y a día de hoy no tenemos la ley», ha insistido. El diputado resaltó que los ciudadanos son quienes sufren la ausencia de un texto que reduzca las emisiones.

Según denunció, cada día viven en ciudades «más contaminadas» que afectan a su salud, mientras las empresas y el sector productivo vive la situación «con incertidumbre». El diputado socialista ha imputado a Nadal «inflamar a la opinión pública con sus propuestas en relación al carbón y a las nucleares», en vez de seguir las recomendaciones del paquete de invierno de la Unión Europea para elaborar una estrategia de actuación de cara al 2030 y 2050.

El ministro respondió a estas críticas señalando que su departamento ha apostado por unas renovables que «compiten, que bajan el precio y permiten cumplir con los objetivos climáticos y al mismo tiempo ayudar a la economía española». En este sentido, ha acusado a los socialistas de que España tenga actualmente «un facturón de 10.000 millones de euros al año en energía eléctrica», que el país se podría «haber ahorrado». «Favorecieron intereses que a ustedes les interesaba favorecer», ha acusado Nadal, para señalar que el Ejecutivo de Rajoy apuesta por la energía nuclear porque emite menos.