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El PSOE reclama un plan de transición energética con alternativas económicas para Cofrentes ante el posible cierre de la nuclear

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Europa Press.- El grupo socialista en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Consell y al Gobierno de España a diseñar y aprobar «un programa plurianual de actuaciones de transición energética en el área de influencia de la central nuclear de Cofrentes» que tenga como objetivo «anticiparse y evitar los posibles efectos negativos» que podrían conllevar el cierre de la misma previsto para 2021, cuando finaliza su permiso de explotación.

Así, el PSOE ha pedido que este plan sirva para «dotar de alternativas industriales y económicas en una zona cuyo empleo y actividad económica depende en gran medida de la central».

La diputada socialista Noelia Hernández ha señalado que «ni España ni la Comunidad Valenciana cuentan con un programa que garantice una transición justa en los territorios más vulnerables» por lo que «sería conveniente alcanzar un acuerdo que implicase a todos los organismos y administraciones implicados para conseguir anticiparse y evitar cualquier efecto no deseable de la transición energética».

En esta línea ha recordado que el área de influencia de esta central tiene una alta dependencia económica de la misma, ya que la zona carece de alternativas industriales y gran parte de los empleos están ligados de forma directa o indirecta a la central.

«Es muy importante que las administraciones se pongan en marcha para que de forma coordinada aborden desde ya y se anticipen al cierre fomentando alternativas para la diversificación de la economía en la zona«, ha señalado Hernández.

Por todo ello la iniciativa presentada desde el grupo socialista recoge establecer incentivos para «favorecer la inversión privada en este área» así como medidas específicas de I+D+i «tanto ligadas al cambio climático o que fomenten la diversificación a la transición energética». También se señala la «aplicación de fondos europeos y programas de financiación del Banco Europeo de Inversión para fomento del emprendedurismo como alternativa a la transición energética».

Otra de las políticas que se reclama en la PNL es establecer «una planificación energética sustitutiva que sea equiparable a la capacidad de producción eléctrica de la central nuclear», que 2017 produjo el 3% de la producción eléctrica nacional y el 13’19% de la producción eléctrica de origen nuclear, «así como implantar las medidas que faciliten y agilicen las instalaciones renovables».

Por último, desde el grupo socialista proponen «solicitar al Gobierno de España su participación financiera y estratégica» y «derogar normas que dificulten la transición energética hacia un modelo más sostenible».

En este sentido, la diputada socialista ha recordado que la Ley del Sector Eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2013 «no supuso ningún avance en materia de cambio climático y tuvo consecuencias nefastas» como fue la pérdida de unos 70.000 empleos en el sector de las energías renovables así como las pérdidas cuantiosas de muchos pequeños inversores.

El Parlamento de Cataluña crea una comisión para investigar “las posibles negligencias” en la explotación e indemnización del almacén Castor

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Europa Press / EFE.- El Parlamento de Cataluña ha aprobado crear una comisión de investigación sobre las «posibles negligencias» en el almacén de gas Castor, tanto al concederse la explotación como en la gestión posterior y la indemnización que concedió el Gobierno. Es una iniciativa de JxCat, ERC, En Comú Podemos y la CUP que ha prosperado con los votos de todos los grupos: 131 a favor y 1 en contra, ya que el diputado del PSC, Jordi Terrades, se ha equivocado al votar.

Los impulsores han expuesto que el fin es «evaluar las causas, los antecedentes, las incidencias directas e indirectas y las posibles negligencias o incluso actuaciones dolosas» de esta polémica infraestructura. Ven «muchas sombras» en la adjudicación del proyecto, critican que las inyecciones de gas en el depósito submarino provocaron centenares de movimientos sísmicos en la costa y recuerdan la polémica que rodeó la indemnización posterior.

El trabajo del almacén fue paralizado y suspendido definitivamente, y el Gobierno central decretó una compensación de 1.350 millones de euros para las empresas adjudicatarias, que luego el Tribunal Constitucional anuló. La comisión deberá constituirse en las próximas semanas y tiene previsto citar a expertos, responsables políticos de la época, ya que el proyecto va de 1996 a la actualidad, y movimientos sociales que alertaron de los riesgos del proyecto.

También se analizará la documentación referente al proyecto y de «dictámenes, auditorías o contra-informes», y se valorarán «los posibles daños, consecuencias y responsabilidades» así como «una posible vulneración del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica«. Finalmente, la comisión de investigación estudiará «el coste y el impacto medioambiental del proyecto, así como de las fases de sellado y desmantelamiento».

“Que Florentino devuelva el dinero”

Mònica Sales (JxCat) ha recordado todas las molestias y agravios que el almacén causó para los habitantes de la comarcas del sur de Cataluña, con terremotos incluidos, y ha advertido: «Queremos llegar hasta el final». El diputado de ERC, Lluís Salvadó, cree que la historia del almacén no ha acabado, porque queda desmantelarlo, y ha pedido que «por salud democrática, Florentino Pérez, presidente de ACS, una de la adjudicatarias, devuelva todo lo que ha cobrado».

David Cid (CatECP) ha dicho que Castor es «uno de los fracasos más sonados de la política de infraestructuras del Estado», y ha recordado que la responsabilidad recae tanto en ministros populares, Josep Piqué y José Manuel Soria, como socialistas como José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián. La cupaire Maria Sirvent ha asegurado que la historia del almacén de gas está repleta de corrupción y prácticas mafiosas, y ha criticado que fue la futura ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, quien, como secretaria de Estado, dio «luz verde a la estafa del proyecto Castor».

Marina Bravo (Cs) ha coincidido en que el caso Castor es «vergonzoso», pero también ha recriminado a los impulsores de la comisión que las políticas energéticas del PP y el PSOE se han hecho históricamente gracias a los votos de los partidos nacionalistas en el Congreso. Jordi Terrades (PSC) ha admitido que la cuestión merece ser investigada, y ha recordado a los impulsores de la comisión que ahora se muestran indignados que no olviden que previamente hubo consejeros de ERC en el Gobierno catalán «que estaban a favor del proyecto».

Pese a anunciar el voto a favor de su grupo a la iniciativa, se ha equivocado al votar y ha sido el único diputado en hacerlo en contra, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ironizó: «Pese a la oposición de un diputado, la comisión se ha aprobado». Santi Rodríguez indicó que el PP ve con buenos ojos la comisión, pero le vaticina dificultades porque el almacén de gas «no es competencia de la Generalitat» y esto supondrá un obstáculo para el Parlamento de Cataluña.

Ribera agradece a Sánchez su «confianza» para afrontar la descarbonización de España tras ser nombrada ministra para la Transición Ecológica

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Europa Press.- Teresa Ribera, la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, regresa al Gobierno de la mano de Pedro Sánchez como nueva ministra para la Transición Ecológica, un gran ministerio que aglutinará todas las competencias energéticas y medioambientales con el que pretende acelerar la senda de la descarbonización de España para un futuro próximo.

En este sentido, la nueva ministra para la Transición Ecológica ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «confianza» después de que este anunciase la nueva composición de su Ejecutivo. «Gracias Sánchez por la confianza, gracias a los que cada día trabajáis por un mundo más justo, en el que prosperidad no esté reñida con equidad ni límites ambientales. #TransiciónEcológica #ConstruyendoUnFuturoComún», ha sido el mensaje que Ribera ha compartido en la red social Twitter. La nueva ministra de Transición Ecológica fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, además de directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y entre 2008 y 2011.

Ribera, que presidía en el PSOE el Consejo Asesor para la Transición Energética hasta ahora, sentará las bases de acuerdo a las propuestas socialistas en esta materia que pasan por, entre otras cuestiones, abandonar el carbón y cerrar las centrales nucleares a medida que cumplan sus 40 años de vida útil. Recientemente, Ribera ha manifestado que la transición ecológica es un desafío «complejo» puesto que requiere visión de conjunto coherente en «todos los ámbitos» de la vida, tanto en el marco constitucional y financiero como en el sistema fiscal y en las políticas de empleo.

En base a esta concepción, a finales de marzo, hace apenas 2 meses, el Consejo Asesor presentó su esquema a este respecto, que pasa por alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y reducir las emisiones de CO2 según los compromisos del Acuerdo de París.

Además, quiere promover un «gran Pacto de Estado» de la Energía que permita una política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. Para ello, el documento contempla aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización. Además, se prevé modificar la Ley de Contratación Pública para que ésta incluya los nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.

Entre las medidas energéticas más concretas, según la propuesta socialista, también está prohibir el fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos así como el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas vayan cumpliendo 40 años de vida útil. Apuesta igualmente por el autoconsumo energético y reformar el denominado Impuesto al Sol, así como acometer una reforma del mercado eléctrico que incluya una auditoría de los costes regulados que están integrados en la tarifa eléctrica, así como el nuevo mercado gasístico.

Por otro lado, plantea la creación de un Fondo Verde para la transición energética que se alimente con parte del nuevo impuesto al CO2 y que se destine a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. En cuanto a las ciudades, el consejo ve necesaria la aprobación de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos en el sector.

Los geólogos ya ponen deberes

Por su parte, el Ilustre Colegio de Geólogos ha celebrado la creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de Transición Energética y Medio Ambiente a cuyos titulares, Pedro Duque y Teresa Ribera, pide que impulsen la descarbonización en España. En este sentido, el colectivo profesional celebra la creación de ambos Ministerios con los que espera que se impulse «con decisión» las energías renovables, la descarbonización y que se apueste por un pacto por la energía. Además, desea al nuevo Gobierno que apoye a la energía geotérmica a la que considera que es «la gran olvidada hasta ahora» por «todos» los responsables políticos.

Los geólogos piden a Ribera que impulse «decididamente» las energías renovables y aproveche para firmar un pacto por la energía para cumplir con los compromisos ambientales europeos. Además, el Colegio espera de Ribera que muestre su apoyo por la energía geotérmica que en la actualidad se cita «muy de pasada» en el informe de expertos sobre la descarbonización de la economía española. En ese sentido, los geólogos esperan que se revierta esta situación porque la geotermia es además una «energía cuyos costes de implantación son asumibles y no debería dejar de considerarse en ningún proyecto de construcción que requiera de suministro energético limpio y continuado».

Teresa Ribera deberá conjugar la reducción de emisiones con la competitividad económica mientras en Asturias preocupa el futuro del carbón

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EFE /Europa Press.- Izquierda Unida y Foro Asturias han trasladado su temor a que el nuevo Gobierno socialista acelere la transición energética con Teresa Ribera al frente del Ministerio encargado de gestionar las áreas de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Ribera llega al Ejecutivo en un momento clave, en pleno proceso de diseño de la ruta hacia una economía más limpia, por lo que deberá encontrar un equilibrio entre la lucha contra el cambio climático y la competitividad de las empresas españolas.

Las competencias en materia energética, que hasta ahora recaían en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, un departamento con marcado cariz económico, pasarán a la órbita medioambiental. Ribera deberá desarrollar un plan de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y definir el papel que tendrán las tecnologías de generación eléctrica, en especial las centrales nucleares y de carbón. En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que decidir si alarga la vida útil de las nucleares.

De momento, ya cuenta con el informe elaborado por el comité de expertos en transición energética, que apuesta por la fiscalidad medioambiental y por eliminar de la tarifa eléctrica los costes no asociados a su producción y distribución. Ribera se encontrará con una proposición de ley presentada por el PP para ampliar los criterios que se pueden valorar para autorizar el cierre de las centrales eléctricas. El objetivo de su antecesor, Álvaro Nadal, era evitar que la decisión quedara exclusivamente en manos de las empresas.

Ribera deberá impulsar los proyectos de nueva potencia renovable derivados de las subastas realizadas por el Gobierno del PP. Los proyectos ya están identificados y deben ponerse en marcha antes de 2020. El Ministerio de Energía también había anunciado su intención de traspasar a las compañías los costes por el desmantelamiento de las centrales nucleares que ahora recaen en la empresa pública Enresa, y de revisar la retribución de las redes de gas y electricidad.

Otra cuestión espinosa es el pago de los costes derivados del cierre del almacén gasista Castor. El Tribunal Constitucional anuló varios artículos del decreto que permitió pagar la indemnización a la sociedad gestora del almacén, controlada por ACS. Los derechos de cobro fueron adquiridos por un grupo de bancos, que dejaron de percibir las cantidades que se cargaban a la tarifa del gas. Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones de euros.

El carbón preocupa en Asturias

Para el diputado regional de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, el nombramiento de Teresa Ribera es preocupante porque su posición en torno a la transición energética «no beneficia para nada una salida justa, equilibrada y no de ruptura» para la industria y comarcas mineras asturianas. La nueva ministra, que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue secretaria de Estado de Cambio Climático, es una reconocida defensora de la descarbonización de la economía.

De hecho, Zapico ha pedido al presidente del Principado, Javier Fernández, que lidere una «mayoría parlamentaria sólida en defensa de una transición energética no exprés y equilibrada en los territorios mineros«. «Si no logramos explicar a Pedro Sánchez y sus nuevos ministros la importancia que tiene para Asturias y sus comarcas mineras afrontar todo lo que tiene que ver con la planificación energética de una forma sosegada y consensuada con los territorios va a ser muy difícil poder abordar la situación con optimismo«, ha advertido el parlamentario de Izquierda Unida.

El diputado nacional de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, también incide en que con Ribera como ministra encargada de Energía, «Asturias se enfrenta a un programa de desertización escondido bajo el eufemismo de la descarbonización que ella lidera desde hace años». En su opinión, mientras Foro defiende el progreso de las cuencas mineras, Ribera será la defensora de las posturas del PSOE, coincidentes con Izquierda Unida y Podemos, «que ya votaron conjuntamente en el Congreso de los Diputados para adelantar en cierre de las térmicas».

Equo ve positivo el nombramiento

Por su parte, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha valorado tanto el «giro político» que supone la creación de un Ministerio de Transición Ecológica como la elección de Teresa Ribera para dirigirlo y ha dicho que espera que el cambio climático centre sus políticas. «Teresa Ribera es una persona solvente con una trayectoria relevante en la lucha contra el cambio climático aunque tenga algunas decisiones cuestionables, como Castor», apuntó el diputado y portavoz de Medio Ambiente en el Congreso de Unidos Podemos.

Eso sí, López de Uralde ha advertido de que estarán vigilantes para que «no sea el oligopolio energético quien acabe dominando la política de cambio climático, sino al revés». En este sentido, el diputado vasco considera «fundamental» impulsar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero, además, Equo avisa de que la ausencia de esta norma no impide que «se puedan aprobar por fin algunas reformas urgentes» como la eliminación del impuesto al sol, y que se aborde el cierre nuclear y del carbón.

Teresa Ribera apunta a ministra de Transición Energética y Medio Ambiente con el cambio climático en el punto de mira

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Europa Press / EFE.- La ex secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, ha aceptado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para encargarse del área de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del nuevo Gobierno, según han confirmado fuentes de la dirección socialista.

Este nuevo gran Ministerio aglutinará las áreas de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Falta por perfilar el nombre definitivo de la cartera ministerial; se barajan dos alternativas: o bien Transición Ecológica o bien Transición Energética y Medio Ambiente. Teresa Ribera fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y ocupó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático desde 2008 hasta 2011. En la actualidad, Ribera es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede en París, desde junio de 2014 y es una gran conocedora de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático y medio ambiente.

Las organizaciones ecologistas valoran a Teresa Ribera como una persona adecuada para este puesto. Así, las principales organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o SEO/BirdLife han acogido con agrado la propuesta para esta cartera. Entre otros, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, destaca que Teresa Ribera es «sensible» a los temas ambientales y «muy competente«. «Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor«, ha manifestado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha valorado su experiencia como secretaria de Estado; su visión internacional «única en España» y el hecho de que ha trabajado con Pedro Sánchez en el diseño de la transición energética. «Es respetada por todos los sectores y creo que sería un buen comandante para este barco. Es idónea para dar un giro y cuenta con el suficiente apoyo para hacer cambios necesarios con gran respaldo«, sentencia. Finalmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado su «capacidad de sobra para trabajar en cambio climático».

Más renovables y mayor eficiencia

Por su parte, la Fundación Renovables ha pedido al nuevo Ejecutivo que haga avanzar a España hacia un cambio de modelo energético en el que las energías renovables y la eficiencia deben tener el papel protagonista. La Fundación declara que la situación energética del país es «insostenible«. Según sus datos, ha afirmado que España padece un 83% de dependencia exterior de la demanda final energética, que registra un aumento del 20% de las toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2) entre 1990 y 2015 y ha sufrido un parón en la instalación de potencia renovable entre 2013 y 2018.

Fundación Renovables resalta que estos datos muestran cómo España «no sólo ha perdido el liderazgo que mantuvo hasta el 2010», tanto en el desarrollo de las energías renovables como en la creación de un tejido industrial del sector. Por ello, la organización aseguró que sería imprescindible que España se sume a la «senda» de los Estados miembros que están liderando la transición energética en la Unión Europea y apruebe la Ley de Cambio Climático, alcanzando un pacto político que permita al sector renovable «recuperar la legalidad y la seguridad jurídica».

Asimismo, Fundación Renovables ha instado a llevar a cabo una reforma real del sistema eléctrico que permita reducir el coste de la electricidad, eliminando y modificando las distintas partidas que lo forman con racionalidad y transparencia, como por ejemplo haciendo desaparecer el impuesto del 7% para la generación de electricidad con fuentes de energías renovables. Además, ve necesaria la puesta en marcha de una política fiscal activa con herramientas que favorezcan aquellas prácticas que aceleren y faciliten un cambio de modelo energético y penalicen las que lo ralentizan u obstaculizan.

De la misma forma, la Fundación defiende un cambio de modelo energético que ha de ser también social y económico y que conlleva la democratización de la energía, colocando al ciudadano como actor principal. En este sentido, ha declarado que para llegar a la descarbonización consensuada a nivel mundial para 2050, es «imprescindible» plantearse ya metas a 2030 y actuar «de forma prioritaria» sobre la demanda. En cuanto a la oferta, la Fundación Renovables insiste en que la tecnología renovable está lista para asumir el papel que le corresponde en un modelo sostenible y que «nadie tiene dudas sobre su competitividad», tras el «espectacular» descenso de costes que ha experimentado..

El sector renovable espera cambios

En este sentido, el Clúster de la Energía de Extremadura ha expresado la «esperanza» que tiene depositadas el sector de las renovables en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, para que las impulse con un cambio de rumbo, y ha pedido medidas contundentes que lleven a su desarrollo. Según expone su presidente, Vicente Sánchez, el sector tiene puestas sus miras en la promulgación de una ley que ponga en valor las energías renovables, para que éstas sean un motor económico, tal y como acontece en la mayoría de países occidentales.

A tenor de lo que han venido diciendo los partidos políticos en relación con este sector durante los últimos meses, cree que el PSOE no debería tener problemas para encontrar la mayoría suficiente para impulsar las energías renovables y el autoconsumo, ámbito este último que generaría una gran riqueza y puestos de trabajo en la comunidad extremeña. En su opinión, si se tiene en cuenta que el PSOE buscará algunas leyes de impacto durante este tiempo, y a tenor de las dificultades con las que se encontrarán los socialistas en otros ámbitos, las energías renovables debieran ser uno de sus objetivos, a juicio de Sánchez.

Por este motivo, el sector extremeño estará «expectante» e instará a la Junta de Extremadura, que ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo a las renovables, a que ponga este tema sobre la mesa en sus reivindicaciones al nuevo Gobierno. Sin embargo, Sánchez ha reconocido que al inicio de la legislatura de Mariano Rajoy también se pensaba que se abría una nueva etapa en el ámbito de las renovables y luego se «quedó en nada».

El temor a que se repita la situación, unido a la «inestabilidad» del nuevo Gobierno, hace que el sector extremeño sea «prudente», según Sánchez, aunque «es verdad que el PSOE posee más interés que el PP, que tiene cero en este ámbito». «Pese a las trabas puestas hasta ahora, el sector que más empleo genera en España hoy son las renovables y la eficiencia energética, y por este motivo es fundamental que se impulse», insiste.

Equo avisa al presidente Sánchez de que estarán «vigilantes» con la política medioambiental y «darán caña» si no hay cambios

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Europa Press.- Equo ha avisado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que estarán «muy vigilantes» con lo que su Ejecutivo, que previsiblemente se nombrará esta semana, haga en materia medioambiental, aunque aseguran que ofrecen su «mano tendida» para que haya «cambios», ya que se muestran confiados con los socialistas.

«Peor que estábamos no vamos a estar, creemos que el PSOE puede hacer muchos cambios», ha afirmado el miembro y coportavoz del partido ecologista Juan López de Uralde, que apunta que Equo «quiere creer» a Sánchez cuando este les trasladó que escucharía sus propuestas, pero que si, por el contrario, su periodo de mandato es un «lavado de cara», el partido estará «dando caña».

«El medio ambiente no puede esperar, tiene que cambiar desde el minuto uno», ha insistido la también coportavoz de Equo, Marta Santos. Tanto López de Uralde como Santos insisten en que hay «cosas concretas que tienen que hacerse sí o sí» en lo que queda de legislatura con un nuevo Gobierno, como es el caso de la eliminación del impuesto al sol, la creación de un Ministerio específico de Medio Ambiente desligado de Agricultura y la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambos han presentado en Madrid las Diez propuestas ecologistas para frenar la crisis medioambiental de Equo, un documento que en principio se trataba de una «crítica» a las actuaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de medio ambiente y que, ahora, van dirigidas al nuevo Gobierno de Sánchez con el objetivo de que haya «verdaderamente un cambio», según ha manifestado López de Uralde.

De la decena de sugerencias que hace Equo, la «primera prioridad» es la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues critican que hasta la fecha no hay siquiera un borrador de dicha ley. En concreto, Equo reclama que esta Ley sea «ambiciosa», que tenga objetivos concretos, que sea transversal y que implique a todos los sectores afectados. Además, insisten en que se establezca un calendario concreto para el cierre de centrales nucleares y de carbón.

Igualmente, hacen hincapié en la necesidad de electrificar el transporte para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, un mayor control y transparencia sobre las emisiones de vehículos, y que el Gobierno central impulse medidas como las que ya realizan los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o Valladolid de restricción del tráfico.

Izquierda Unida y Equo reclaman al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que paralice los proyectos de Gas Natural en Doñana

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EFE / Europa Press.- Izquierda Unida y Equo han reclamado al nuevo gobierno de Pedro Sánchez que se posicione en contra del proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana y «anule la declaración de utilidad pública» que le concedió el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ambos partidos presentarán para ello una moción en el pleno de la Diputación de Huelva.

El objetivo de esta iniciativa es que la Diputación «acuerde trasladar su rechazo al proyecto de Gas Natural en Doñana a la Delegación del Parlamento Europeo que visitará la provincia los próximos días 19 y 21 de septiembre para comprobar los riesgos que supone este proyecto para toda la comarca y el espacio natural de Doñana«, ha indicado Izquierda Unida, que recordó que esta visita partió de la última ocasión en la que este partido llevó este asunto al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, donde intervino el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, el pasado mes de marzo.

En este sentido, Pepa Beiras, responsable del Área de Medio Ambiente de Izquierda Unida en Andalucía, le ha pedido que «tome todas las medidas necesarias para que este proyecto, por ser inviable y enormemente peligroso medioambientalmente, quede anulado oficialmente y lo paralice de manera definitiva». La representante de Izquierda Unida ha recordado «el posicionamiento contra el proyecto de Gas Natural que ya ha adoptado la Junta de Andalucía«, por lo que ha señalado que «el nuevo gobierno de Pedro Sánchez tiene que tomar todas las iniciativas necesarias para paralizarlo y librar a Huelva y a toda la zona del entorno de Doñana de la grave amenaza que supone la construcción de este almacén de gas».

Por su parte, Isabel Brito, coportavoz de Equo-Huelva, ha recordado que «el gas es un combustible fósil insostenible y que contribuye a incrementar el cambio climático, por lo que consideramos que todas las infraestructuras que se construyan para su almacenamiento y distribución, sólo sirven para generar una burbuja económica y especulativa para las grandes multinacionales energéticas«, como es el caso de Gas Natural Fenosa. Además, Brito ha exigido al Gobierno central de Pedro Sánchez que tenga en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) que alerta sobre «los graves riesgos sísmicos que acarrea el proyecto de Gas Natural.

La representante de Equo-Huelva tampoco ha dejado pasar la reclamación a la Junta de Andalucía para que sean «transparentes» e informen sobre cómo se está desarrollando el proyecto de Marismas Occidental que, desde mediados de 2016, es la única parte de las cuatro en las que se dividió el proyecto de Gas Natural, que se está ejecutando actualmente. Tanto Izquierda Unida como Equo siguen reclamando que todas las infraestructuras del proyecto de Gas Natural que se puedan realizar, incluida la parte de Marismas Occidental, queden paralizadas y se eviten definitivamente sus amenazas sobre Doñana. En ese sentido, Brito recuerda como Equo recogió 180.000 firmas para reclamar la anulación del proyecto.

La oposición critica la falta de partidas en los Presupuestos para impulsar la transición energética y preparar el cierre nuclear

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Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y ERC han criticado en el Congreso al Gobierno y a los partidos que han mostrado su apoyo al proyecto de ley de los Presupuestos (PGE) de 2018, por la falta de partidas destinadas al futuro cierre de las centrales nucleares, la electrificación del transporte y el impulso a la transición energética.

Estas formaciones han señalado que las cuentas presentadas por el Ejecutivo en materia de Energía demuestran una «falta de compromiso» e «inacción» para que el país cuente con un proyecto «real» de transición energética. Además, han criticado que el PP y sus «socios» hayan rechazado las enmiendas presentadas sobre esta materia. «Los presupuestos, los vetos y la negativa a aprobar enmiendas demuestra que el Gobierno no tiene un proyecto claro en esta materia y hay una completa ausencia de proyectos para abordar la transición energética», ha apuntado la portavoz del PSOE de Energía, Pilar Lucio.

Para la diputada, la «ingente cantidad de dinero que mueve el sector energético» debería destinarse a «otros fines» como cambiar a un modelo más sostenible, mejorar en la competitividad de las empresas o luchar contra la desigualdad. A su juicio, estos puntos son claves para «adaptar la economía española al futuro». En este sentido, ha criticado que no existan presupuestos para «electrificar el transporte» cuando el petróleo y el gas están subiendo sus precios. «También en esto estamos a la cola de Europa», ha advertido la socialista, quien ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo «se adelante» a las necesidades de los usuarios.

El discurso de la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Yolanda Díaz, ha sido similar y ha reprochado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no se hayan hecho unas partidas «serias», invirtiendo en renovables «para crear empleo y modernizar el país». Así, Díaz también se ha referido a la necesidad de electrificar el transporte y ha cuestionado a Nadal acerca de sus intenciones de cambiar este punto. «Todos sabemos que el transporte es el mayor generador de CO2», ha apuntado. En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no se haya previsto en los PGE la Ley de Cambio Climático y se ha dirigido a los «socios» del Ejecutivo, Ciudadanos, para señalar que son «corresponsables» de estas políticas.

Además, la diputada ha echado en cara al responsable de Energía que no se hayan aceptado ninguna de las enmiendas que el grupo confederal ha registrado en relación a la Igualdad en el sector energético. Por su parte, el representante de ERC en este debate, Joan Capdevilla, ha recriminado al ministro que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuente para 2018 con una partida de 47 millones de euros que considera «insuficiente» ante el «presente panorama de cierre de centrales nucleares en los próximos años«. A su juicio, «causa pavor» el hecho de que aún no esté claro «quién pagará» los desmantelamientos de estas plantas.

La oposición, a excepción de Ciudadanos, registra su vetada ley para fomentar el autoconsumo energético y eliminar los cargos

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Europa Press.- Todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de PP y Ciudadanos, han vuelto a registrar la proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético y eliminar el llamado impuesto al sol, una iniciativa que el Gobierno llegó a vetar, lo que impidió su debate y tramitación en la Cámara Baja.

La iniciativa es prácticamente idéntica a la registrada en enero de 2017, si bien en esta ocasión Ciudadanos no ha respaldado su presentación, como sí hizo hace más de un año. La iniciativa está respaldada por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias, una mayoría suficiente para garantizar su tramitación. Sin embargo, deberá sortear de nuevo el análisis del Ejecutivo, al que la Constitución le otorga la capacidad de vetar toda ley que tenga afectación en los ingresos y gastos. La oposición argumenta que esta ley no implicaría una modificación de las cuentas. Además, han recordado que el propio Tribunal Constitucional ha dado la razón recientemente al Congreso en el conflicto de atribuciones entre ambos poderes.

Ciudadanos opina diferente en Europa

Acompañando a los diputados de todos los grupos firmantes de la iniciativa, excepto del PNV, EH-Bildu y Nueva Canarias, ha estado el representante de Alianza por el Autoconsumo, David Howell, que lamenta las ausencias de PP y Ciudadanos que «no sólo no apoyan, sino que además bloquean estas iniciativas de autoconsumo». «A nivel incluso europeo el Gobierno intenta frenar el progreso con el autoconsumo, pero curiosamente Ciudadanos vota a favor en el Parlamento Europeo. Y no lo apoya aquí en España», critica Howell, considerando que, por no avanzar en esta materia, «España hace el ridículo».

Sí ha subrayado, por el contrario, el interés mostrado por administraciones autonómicas y municipales por impulsar este tipo de fórmulas de consumo, la cual permitiría, según ha argumentado, una importante fuente de creación de empleo y un avance para lograr un futuro de energía 100% renovable. Además de eliminar el llamado impuesto al sol, la iniciativa impulsa el autoconsumo colectivo y una simplificación administrativa de esta fórmula.Según han comentado durante su presentación los grupos, la única modificación respecto a la iniciativa ya registrada en el Congreso pasa por reflejar el criterio del Tribunal Constitucional al respecto del autoconsumo compartido, que atribuía la competencia para regular a las comunidades autónomas.

El Consejo Insular de Mallorca insta al Gobierno a detener la reactivación de las prospecciones petrolíferas en aguas de Baleares

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Europa Press.- El Consejo Insular de Mallorca aprobó por unanimidad una moción presentada por el PSOE, MÉS y Podemos en la que se insta al Gobierno central a detener la reactivación de las prospecciones en aguas de Baleares, por el proyecto MedSalt-2.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Francisca Servera, ha reiterado la oposición «absoluta» de los socialistas a este tipo de proyectos porque no quieren «ningún proyecto que sirva para distorsionar el medio ambiente, el patrimonio natural y la forma de vida de la comunidad». La propuesta también insta al Gobierno a escuchar el clamor social y político de Baleares y aprobar una ley que declare el Mediterráneo zona libre de prospecciones. Además, se solicita que se desarrolle una moratoria de efectos inmediatos a la presentación de proyectos que incluyan sondeos acústicos con cañones de aire comprimido y prospecciones de hidrocarburos. En este sentido, los socialistas organizan una ofensiva institucional para tratar de paralizar las prospecciones en aguas de Baleares.

En concreto, Servera ha defendido que en el Congreso «se han presentado una batería de preguntas para que el Gobierno explique todos los detalles del proyecto MedSalt-2«; en el Senado «se ha registrado una moción para paralizar la reactivación de los sondeos y para declarar el Mediterráneo zona libre de prospecciones»; y, finalmente, en el Parlamento balear, «todas las fuerzas políticas se han volcado a presentar la Ley contra las prospecciones para que pueda ser aprobada por unanimidad y tramitada en el Congreso». La propuesta también ha sido apoyada por el PP, salvo en un punto propuesto en el que se pide el apoyo de diputados y senadores a esta cuestión, algo en lo que los populares se han abstenido.