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Fenasdismer alerta del impacto en las exportaciones de la posible subida del impuesto al gasóleo para equipararlo con la gasolina

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Europa Press.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha advertido de que una subida del impuesto sobre los carburantes afectaría negativamente a las exportaciones españolas, en respuesta al posible incremento del impuesto de hidrocarburos que estudia el Gobierno.

La organización ha expresado su rechazo a la propuesta del Gobierno de equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina, lo que supondría una subida de casi 10 céntimos por litro, que se sumarían a los 4,8 céntimos de incremento previstos para 2019 por la armonización del impuesto autonómico sobre los carburantes en su nivel máximo. Fenadismer considera que esta medida repercutiría «muy negativamente» en las exportaciones españolas, ya que el destino «principal» de las mercancías son los países europeos, que representan el 66,3% del total, las cuales son transportadas «principalmente» por carretera.

De esta manera, Fenadismer ha destacado que cualquier aumento en el precio final del carburante repercutirá de forma «importante» en el valor final de los productos españoles destinados a la exportación, «por lo que perderían competitividad en los mercados europeos». Por su parte, si el Gobierno finalmente introduce esta medida «recaudatoria«, la asociación exigirá que la subida del impuesto no se aplique al sector del transporte por carretera, a través del mecanismo de devolución del gasóleo profesional, aunque ello solo paliaría «parcialmente» el impacto, ya que a dicho régimen no se pueden acoger los vehículos de transporte de menos de 7,5 toneladas. Por ello, Fenadismer también exigirá la inclusión de este segmento en el régimen.

Más inversión en transporte público

Por su parte, la asociación del transporte urbano colectivo ATUC pide que al menos una cuarta parte de lo que se recaude al equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina se destine al sistema de transporte público, tanto para su financiación como para inversiones. En este sentido, ATUC reclamó que más de 500 millones de euros se inviertan en el sistema de transporte público, teniendo en cuenta que desde el Ministerio para la Transición Ecológica estiman que igualar ambos impuestos se traduciría en aumentar los ingresos en 2.100 millones.

La asociación recalcó que, de esta manera, se contribuiría a que cada vez más usuarios opten por el transporte público para sus desplazamientos diarios y a reducir el número de coches en circulación, disminuyendo así la contaminación. «El tráfico rodado origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden al tránsito de coches», subrayó. Según ATUC, la financiación del sistema de transporte público cuesta unos 5.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente la mitad se cubre con los ingresos por billete y la otra se sufraga con recursos públicos.

«La fiscalidad puede ser un instrumento de enorme ayuda para forzar el cambio en los hábitos de desplazamiento. Aumentar la fiscalidad al diésel y equipararla con la de la gasolina ayudará a reducir la contaminación, puesto que debido a la menor carga fiscal que soporta el gasóleo, tenemos un parque automovilístico dieselizado, pese a que los coches diésel emiten aproximadamente un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que uno con motor de gasolina«, señaló el secretario general de ATUC, Jesús Herrero.

El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

Teresa Ribera promete que el Ministerio para la Transición Ecológica trabajará buscando alcanzar el mayor «consenso» a través del «diálogo»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha prometido que su Ministerio trabajará con «ilusión» y «ganas», buscando «consenso» y «diálogo» para «sentar las bases de una sociedad más justa y ajustada a los límites ambientales», unos propósitos que también suponen, en su opinión, «romper inercias» y «enfrentamientos también«.

«Lleguemos hasta donde lleguemos, debemos hacerlo sobre la base del consenso del diálogo, de escucharnos, de encontrar aquellas soluciones que nos permitan que todos nos mostremos cómodos y copartícipes en ese proceso de cambios», ha comprometido la ministra durante el discurso con el que ha concluido el acto de toma de posesión, celebrado en Madrid, de los altos responsables del Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, han tomado posesión Hugo Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente, José Domínguez Abascal como secretario de Estado de Energía, Juana Lázaro como subsecretaria del Ministerio, Álvaro Abril como director del gabinete de la ministra, María Jesús Martín Martínez como directora general de Política Energética y Minas, Francisco Javier Cachón de Mesa como director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental, y Ana María Oñoro como directora general de Sostenibilidad en la Costa y el Mar. “Este Ministerio es responsable de la gestión y protección de los bienes públicos globales del patrimonio de todos más allá de fronteras y océanos», ha reivindicado Ribera.

Después, Ribera ha tenido palabras de agradecimiento a las personas que «han formado parte del equipo directivo» del Ministerio con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. «Todas ellas merecen respeto y agradecimiento por un servicio público que es complejo, denso y habitualmente poco agradecido», ha subrayado. Del mismo modo, ha dado las gracias a los funcionarios del Ministerio y a los nuevos cargos por ofrecer «su tiempo, cerebro y energía en algo que forma parte ya de los grandes desafíos de nuestro tiempo», en palabras de la ministra. «No va a ser sencillo, se trata de hacer mover la balanza mirando al futuro sin dejar a nadie atrás», concluyó Ribera.

Vara asevera que no va «a permitir que se cierre» la central nuclear de Almaraz «si no hay una alternativa»

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseveró que no va «a permitir que se cierre» la central nuclear de Almaraz «si no hay una alternativa», tras lo que señaló que «obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora«.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta al líder del PP, José Antonio Monago, sobre «las medidas previstas por la Junta de Extremadura para la comarca de Campo Arañuelo ante la confirmación del nuevo Gobierno de España de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida». En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha señalado que «la moción de censura trae» como consecuencia que «Almaraz cierra», ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge «en su programa electoral el no a la energía nuclear«.

Ante esta situación, Monago ha criticado a Fernández Vara porque «en este tema lleva 3 años de siesta, no ha hecho nada» cuando «la central se va a cerrar porque cumple los 40 años de vida, y Sánchez ha dicho que a los 40 años se cierran las centrales nucleares». Monago ha recordado que el PP ha «ofrecido alternativas», como que el impuesto sobre la incidencia en el medio ambiente, que tiene un importe de 98 millones de euros, se destinara a la comarca de Campo Arañuelo en la que radica la central, mientras que ha lamentado que el presidente extremeño «no ha planteado nada«.

Con esta actuación, Monago ha alertado que el Gobierno «va a hacer una moción de censura al Campo Arañuelo y al norte de Cáceres», una «moción de censura en definitiva a nuestra tierra y a los trabajadores de la planta». Así, Monago ha señalado que Vara «sigue así, sin hacer absolutamente nada en esta materia», tras lo que «llegará el cierre y no hay alternativa».

En su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró que el cierre de Almaraz «no va a ocurrir», ya que «primero, el Gobierno no lo va a plantear, porque no lo puede plantear» porque existen factores como la posición de las empresas propietarias, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o del Parlamento, entre otras cuestiones.

«Obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora, y eso se lo puedo asegurar, porque eso no lo ha dicho el Gobierno de España», ha reafirmado el presidente de la Junta, quien ha explicado que «hay por medio muchos factores que influyen», como que él no va «a permitir que se cierre si no hay una alternativa«.

Además, el presidente extremeño ha recordado que la central nuclear «tiene unos dueños» que tienen que pedir la continuidad o no de la planta, por lo que su cierre «dependerá» de factores como qué dicen los dueños de la empresa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la ley de cambio climático. En cualquier caso, Vara considera «razonable y obvio que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares», para que esto se haga «de una manera armónica y habiendo alternativas energéticas y económicas», y «en definitiva, para que las cosas se hagan bien».

Almaraz realiza su simulacro anual

Por otro lado, Almaraz ha realizado su simulacro anual de emergencia, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior, con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias del CSN. El ejercicio se inició con la declaración de una emergencia en el emplazamiento debido a la parada automática del reactor y la pérdida de refrigeración del reactor en la unidad II.

Durante el ejercicio se ha simulado, además, un incendio en cuya extinción han resultado heridos dos trabajadores, de los que uno ellos ha sido dado de alta en el momento y el otro atendido por el servicio médico de la planta para proceder a su descontaminación, y posteriormente trasladado al Hospital de Navalmoral de la Mata para tratar las quemaduras de su brazo izquierdo. A lo largo del simulacro se ha llegado a declarar la «Emergencia General» (Categoría IV) del Plan de Emergencia Interior (PEI) debido a la pérdida temporal de capacidad de refrigerar el reactor de la unidad II.

El CSN ha participado en dicho ejercicio, tanto desde la Sala de Emergencias (SALEM) como desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cáceres, «realizando el seguimiento de la instalación y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad y para la adopción de medidas de protección radiológica». Siguiendo criterios radiológicos, el CSN ha recomendado a la Subdelegación del Gobierno de Cáceres la evacuación de las poblaciones situadas en un radio de 3 kilómetros de la central, ampliado hasta 5 kilómetros para las que están localizadas en el sector preferente en la dirección del viento al oeste de la planta.

Para esta última zona se ha recomendado la preparación de profilaxis radiológica, mientras que en el resto de la zona 1, que supone el entorno a los 10 kilómetros de la central nuclear, se ha llevado a cabo el confinamiento de la población y el reparto, pero no ingesta, de profilaxis. Como medida adicional el CECOP ha activado en este simulacro, las Estaciones de Clasificación y Descontaminación y el CSN activó los apoyos externos para la realización de los controles radiológicos pertinentes, y además, la crítica situación en la que se vería la instalación obligaría al titular a evacuar a todo su personal no imprescindible.

Durante el ejercicio el CSN ha llegado a activar su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) llegando hasta el modo 3, que implica la activación de los grupos operativos de SALEM y de los apoyos externos. Explica el CSN que sucesos de esta naturaleza habrían sido clasificados como Accidentes de consecuencias de mayor alcance de nivel 5 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

El SOMA-UGT rechaza la transición energética rápida del Gobierno mientras el líder de los socialistas asturianos exige que sea justa

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EFE.- El secretario general del PSOE de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que desde su cargo va a pedir «exactamente lo mismo» que reclamaba cuando presidía la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), una transición energética «justa». Sin embargo, el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ha defendido la continuidad en el uso del carbón autóctono para producir electricidad y ha rechazado el desarrollo de una transformación energética «muy rápida» como la defendida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Además, Alperi ha evitado, no obstante, pronunciarse sobre las afirmaciones de Ribera en las que aseguraba que el carbón no tiene futuro hasta que no se reúnan. «Del dicho al hecho hay mucho trecho», apuntó el dirigente del sindicato minero, que ha considerado quela ministra puede tener la idea de hacer políticas «en pos de una transición energética muy rápida», pero que ahora mismo España no tiene energías renovables tan desarrolladas para atender la demanda energética de la industria.

El PSOE defenderá al carbón

«Mi historia está ahí y ésa es la posición política del PSOE de Asturias», ha asegurado Barbón, que admitió que sabe que «flota en el ambiente» la preocupación por la transición energética tras los planteamientos realizados desde el nuevo Gobierno central. El dirigente socialista hizo estas afirmaciones durante su intervención en la apertura del congreso del Soma-Fitag-UGT que reeligió como secretario general a José Luis Alperi, uno de los principales dirigentes junto a Barbón que respaldaron en las primarias socialistas la candidatura de Pedro Sánchez.

Además, se ha mostrado sorprendido de que haya actores que ahora se acuerdan de que hay un conflicto con la transición energética y que hablen de carbón «sin ponerle apellido» ya que, a su juicio, la prioridad debe ser el autóctono. En un congreso tras meses de negociaciones para el futuro del SOMA-FITAG-UGT, Barbón señaló que es «motivo de alegría» que se hayan mantenido las siglas del sindicato minero «por lo que representan en la historia y para el futuro».

Incrementar precio de la energía

Por su parte, el secretario de Organización de UGT Asturias, Abel Suárez, que ha afirmado que las declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre el futuro del carbón no le gustan «ni gota», ha abogado por hablar de carbón autóctono y de un mix energético que permita contar con una industria competitiva. «Nos encontraréis en esa lucha mano a mano porque ayuda a la cohesión de la región y porque las cuencas no merecen más que una transición justa y no es momento de incrementar el precio de la energía», ha advertido el dirigente ugetista.

Javier Fernández buscará una posición común en Asturias sobre el carbón y las térmicas antes de reunirse con Pedro Sánchez

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, comparecerá en la Junta General en julio durante un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para explicar la postura del Gobierno y buscar una posición común ante el riesgo de cierre de las centrales térmicas y el futuro del sector del carbón.

La comparecencia fue solicitada por PP, Izquierda Unida y Foro después de que no fuese posible sacar adelante la declaración institucional propuesta por el PP en defensa de la presencia del carbón en el mix energético nacional y de la continuidad de las centrales térmicas. Previsiblemente, la comparecencia se llevaría a cabo antes de que Fernández mantenga su primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de reuniones con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos.

Para el diputado y secretario general del PP, Luis Venta, aunque Fernández ha expresado ya su criterio contrario a la postura defendida por el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser «que lo diga y lo pelee» dado que la postura «radicalmente ecológica» del nuevo gabinete conllevaría un adelanto del cierre de las térmicas. «Es el Gobierno socialista y no vale con decir que Pedro Sánchez conoce muy bien Asturias y que ponga a ministros para cerrar las térmicas», ha apuntado tras reiterar sus críticas a Podemos, y en especial a Ciudadanos, por impedir la aprobación de una declaración institucional conjunta.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, en este asunto y en todo lo relacionado con el sector minero el PP y el PSOE «juegan a la cerilla» de forma que los socialistas pensaban que se la quedaría los populares y viceversa «y la cerilla es cada vez más corta«. A su juicio, el PP ni siquiera ha aportado las cantidades previstas en el último Plan de la Minería para afrontar la situación de un sector cuya desaparición paulatina requiere previamente de «un plan de choque» que genere empleos alternativos.

Para la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, la comparecencia de Fernández debería servir para fijar una posición común y que pueda defenderla ante el Gobierno central mientras que Ciudadanos reprocha a PSOE y PP «lanzarse la pelota» mutuamente en torno al futuro del carbón dada la «imparable» transición ecológica del sector energético que requiere de un pacto de Estado.

Monago pide «certezas» a Pedro Sánchez y al presidente extremeño Vara sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz

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Europa Press / EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ofrezcan «certezas» a los extremeños, especialmente a los que residen en la comarca de Campo Arañuelo, sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Así lo ha indicado teniendo en cuenta que el PSOE de Pedro Sánchez llevaba en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares, por lo que ha preguntado, en caso de llevarse a cabo, si tiene una «alternativa» a la planta de Almaraz para la generación de riqueza y empleo en la zona. «Los municipios del norte de Cáceres necesitan certezas en este tema y conocer la alternativa de Sánchez y Vara, y no valen los casinos», espetó Monago.

«Tiene que haber una planificación de futuro», ha remarcado sobre esta cuestión Monago, que resaltó además que la central ha puesto en marcha recientemente el almacén temporal de residuos nucleares. Asimismo, ha subrayado que el cierre de las nucleares supondrá un incremento del 20% de la factura de la luz, porque las energías verdes «no están produciendo las 24 horas y las aventuras del socialismo ecologista tienen su repercusión en el recibo«. Monago se refirió a este asunto en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde cuestionó qué está haciendo el presidente de la Junta sobre el futuro de la comarca ante el «horizonte negro» que se le avecina a las nucleares con el nuevo Gobierno.

En este sentido, ha recordado que el PP planteó un plan de regeneración, que superaba los 90 millones de euros, que se recaudan a través del impuesto de instalaciones que incidan en el Medio Ambiente. También ha apuntado que el PP presentó enmiendas a los últimos presupuestos por valor de 2,5 millones de euros «pero el PSOE y Podemos las rechazaron», ha criticado. «Caminamos hacia el cierre de la central nuclear que genera bienestar en la zona y no hay un plan alternativo», ha añadido.

Ribera da 2025 como fecha «orientativa» para el fin del carbón y se muestra contraria a prorrogar las centrales nucleares

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en 2025 la fecha «orientativa» para el fin del carbón en España, para lo que ve necesario impulsar «alternativas» para las comarcas afectadas y ha mantenido su voluntad, también expresada en el programa electoral del PSOE, de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años.

Ribera ha señalado que es una «cuestión prioritaria» tener un compromiso para generar alternativas «reales» y voluntad de diálogo con las comarcas mineras y con centrales térmicas y nucleares que ven con «legítima» preocupación el fin en el medio plazo de su actividad. Así, ha puesto como fecha orientativa al fin del carbón el año 2025, aunque precisó que no hay una «decisión cerrada», y en 40 años de vida útil el cierre de las centrales nucleares. Para Ribera, en este escenario de caída de peso paulatino del carbón en el mix, es preciso un compromiso «muy serio» sobre las alternativas que requieren un régimen de flexibilidad para acomodar a las personas en el territorio.

«No puede dejar a nadie atrás en el camino», indicó Ribera, que considera necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Ribera ha destacado que «no es ningún secreto para nadie» que, como consecuencia de la normativa comunitaria y de la decisiones ya tomadas por el Gobierno anterior, la actividad de las centrales térmicas que se alimentan de carbón «es algo que irá decayendo«. «Se necesita mostrar que una sociedad moderna, una sociedad solidaria entiende la preocupación concentrada en esos espacios y ofrece alternativas para esos espacios», ha recalcado y lamentó que hasta ahora ese compromiso por buscar alternativas «no ha estado presente».

En cuanto a las nucleares, ha llamado a preguntarse qué significaría una extensión del funcionamiento de las centrales «desde los puntos de vista de los costes del cierre», un aspecto en el que considera que hay «distorsión» ya que, matiza, «nada apunta a que va a ser más barato cerrar más tarde que más pronto» frente a los «otro tipo de riesgos» que supone alargar su actividad que requeriría otra inversión adicional que deberá ser analizada. También ha instado a plantearse «cuál es la capacidad técnica de sustitución de ese parque» y cómo percibe la población el mantenimiento o el cierre de esas centrales. Asimismo, reiteró que figura en el programa electoral de PSOE su cierre a los 40 años.

Primas renovables y moratoria nuclear

En este contexto energético, la nueva ministra se ha comprometido a hacer «un esquema» que permita «entender» el recibo de la luz, lo que se paga o no en el recibo de la luz, lo que se está dispuesto a pagar y los riesgos e hipotecas que se está dispuesto a asumir y, en base a esto, decidir en qué momento se quiere impulsar un proceso de cambio «sumamente eficiente» que, si es renovable, augura que tendrá un coste más reducido y precios más estables en el medio y largo plazo pero con una inversión mayor. «El gran desafío será entender el negocio«, ha manifestado.

Respecto al «bolsillo» del consumidor, el recibo, según la ministra, depende de las reglas del sistema de fijación de precios de la factura, en la que ha restado importancia a las primas de las renovables y subrayó, por ejemplo, el pago por capacidad, la moratoria nuclear (que no se paga desde 2015) o el pago por la gestión de los residuos nucleares o el pago por kilovatios de origen hidroeléctrico. «Hay que repasar un poco de qué estamos hablando», asumió.

Por otro lado, confía en que se pueda desacoplar «rápidamente» el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para lo que cree necesario cambiar el modelo de crecimiento tradicional, que «no es viable», por lo que insiste en que el Gobierno debe emitir «señales económicas adecuadas de valor y desvalor para los inversores» y ser muy eficientes en los consumos energéticos. «Mi objetivo en el tiempo útil que disponemos en esta legislatura es poder orientar esas señales para que todos los operadores económicos, institucionales y la sociedad vayan asumiendo modelos de decisión mucho más coherentes y ese desacoplamiento se haga evidente, obvio de aquí a muy poco tiempo. Hoy esta señal está muy mitigada», apuntó.

Teresa Ribera ha indicado que sus prioridades «en lo que queda» de legislatura serán la aprobación de la Ley de Cambio climático y la estrategia de transición energética, que empezará a elaborar «ya» tras encontrarse con un borrador del Gobierno anterior «interesante» pero con «carencias importantes» y «poco claro» en la forma de involucrar a todos los sectores sociales. La ministra apostará el resto de legislatura por un modelo de energía y clima que permita generar «consensos» sobre las prioridades que «todos» los cambios requieren para acometer la transición a una economía baja en carbono.

La ministra ha reivindicado que el cambio de nomenclatura ministerial ha sido recibido «fantásticamente» porque representa una «mirada al futuro» en el que energía, clima y medio ambiente han dejado de ser cosas contradictorias. De hecho, ha dicho que el futuro se está abordando «casi» a escala global y que el proceso ya está «en marcha» en Europa de modo que los trabajos de la Comisión de Energía y Clima de la Unión Europea están «muy avanzados» y suponen, en su opinión, una señal de modernización de la industria, de la energía y de la sociedad. Finalmente, ha expuesto que en Europa el debate está en ofrecer señales claras que orienten sobre la forma de avanzar en la transición energética.

El PSOE asturiano pide una transición energética justa mientras Izquierda Unida pide frenar los “despropósitos” de Ribera sobre el carbón

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EFE.- El diputado de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, ha emplazado al PSOE a poner coto a los «despropósitos» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el “escaso futuro” del carbón y de las centrales térmicas. Por su parte, el secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado «una transición ecológica de la economía justa», en relación al futuro del sector del carbón, que tenga en cuenta «la situación de los territorios y de las personas».

Barbón ha señalado que, en ese ámbito, el PSOE tiene «un marco claro» como son las resoluciones de su 39º Congreso, en el que Pedro Sánchez fue elegido de nuevo secretario general, y que definen la postura del PSOE «en el pasado y en el futuro teniendo en cuenta la situación que aún tienen miles de trabajadores». En este sentido, ha indicado que el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, «conoce bien la realidad» del sector minero y energético y las consecuencias de ese proceso de descarbonización. El dirigente socialista ha respondido así a la advertencia de la ministra para la Transición Ecológica sobre el escaso futuro del carbón y la necesidad de avanzar en el cierre de centrales térmicas.

«Nuestra posición en defensa de los intereses de Asturias es y será nuestra seña de identidad como socialistas», añade Barbón que incide en que desde el PSOE asturiano no valorarán «posiciones, sino decisiones» y que, cuando se adopten, «será el tiempo de analizarlas y de posicionarse». Además, el secretario general del PSOE asturiano considera «una absoluta vergüenza» que el PP quiera alzarse «como defensor del carbón autóctono» tras casi 7 años de gobierno en los que no invirtió «ni un solo euro» en las cuencas mineras, que dejó endeudados a sus ayuntamientos por impagos de fondos comprometidos y que no negoció «nada» ni siquiera para lograr que a las empresas rentables no se les obligue a devolver las subvenciones recibidas.

Asimismo, responsabiliza al PP de haber dejado entrar en crisis a la gran mayoría de empresas mineras y de haber sido la causa de cientos de despidos de trabajadores y la reprocha que ahora pretenda decir «que apoya al carbón» por lo que subraya que en este tema la credibilidad de los populares «es cero». Según la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, el Principado «tiene que plantarse con una sola voz» en defensa del sector del carbón y de una transición «ordenada» para el cierre de las centrales térmicas que utilizan la hulla para la generación de electricidad.

Fernández ha recordado que el parlamento de Asturias, con la única abstención de Ciudadanos, respaldó la iniciativa del PP en el Congreso para condicionar los cierres de centrales a su efecto sobre el aumento del precio de la electricidad, a la que se oponían PSOE y Podemos en la Cámara Baja. Para la líder del PP «quienes nombraron a la ministra y quienes estuvieron de acuerdo con ese nombramiento sabían muy bien que era contraria al carbón» dado que Ribera «tiene biografía, currículum y muchos discursos en su haber y ninguno era favorable» al sector.

Por su parte, el diputado de Foro por Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, que ha acusado al PSOE de haber cometido «un grave fraude democrático» al anunciar medidas en relación con la minería del carbón tras llegar al Gobierno que no figuran en el programa con el que se presentó a las elecciones generales en 2015 y 2016. Por ello, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de las ministras para la Transición Ecológica y de Industria para que expliquen su programa de gobierno. Según Oblanca, la sociedad se está enterando de sus propuestas «en los platós de televisión» y plantean medidas preocupantes y objetivos contrapuestos «que generan incertidumbre en un sector vital para la economía de Asturias».

Barbón ha señalado que en el nuevo Gobierno aún faltan determinados nombramientos que tendrán conocimiento de la situación que atraviesan las cuencas ante el inminente fin de la actividad extractiva y la posibilidad de cierre de las centrales térmicas. El dirigente socialista ha incidido en que, de cara a este proceso, no se puede «negar lo evidente» y lo que es necesario es defender un hueco para el carbón nacional. «Se está entremezclando todo, una cosa apostar por las renovables y yo no me opongo porque no se puede ir en contra del signo de los tiempos y otra es luchar para que la transición sea justa y se defina el hueco que queda para el carbón autóctono», ha añadido.

Los Gobiernos de Asturias y de Castilla y León llevan meses defendiendo la necesidad de que el Ejecutivo central tenga la última palabra en el cierre de instalaciones de generación eléctrica como el planteado por la empresa Iberdrola para sus plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Según ambos ejecutivos regionales, su clausura determinaría un incremento del precio de la electricidad, lo que en Asturias condicionaría la continuidad de industrias de gran consumo energético radicadas en el Principado como la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o la aluminera Alcoa. Asimismo, el traslado del carbón importado para su uso en dichas instalaciones genera el 20% de los tráficos del puerto gijonés de El Musel y mueve anualmente unos 200.000 camiones.

Izquierda Unida arremete contra Ribera                                               

Según Izquierda Unida, tras las afirmaciones de Ribera los socialistas «deben dar explicaciones y trasladar un mensaje inequívoco, claro y rotundo de tranquilidad a las comarcas mineras, a los trabajadores de la minería de carbón y a los de la industria electrointensiva, cuya continuidad podría verse afectada por un aumento de la tarifa eléctrica derivado del cierre de las térmicas.

«El PSOE debe aclarar qué políticas va a llevar a cabo, si las que dice defender su vicesecretaria y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, a la que hemos oído muchas veces decir que defiende el carbón, o si van a primar las de la nueva ministra», añadió. A su juicio, «en un alarde de irresponsabilidad», Ribera ha acelerado la transición energética «a unos términos que ya no son ni exprés sino que tienen carácter inmediato» lo que ha generado «una alarma social innecesaria» en Asturias «y alguien debería decirle que así no se empieza un mandato».

Zapico se ha mostrado además «preocupado» por la actitud en este asunto de los diputados por Asturias elegidos en la lista de Unidos Podemos, Sofía Castañón y Segundo González, a los que ha recordado que fueron elegidos «con los votos de muchos trabajadores de la minería o de la industria y ahora no pueden esconder la cabeza«. «Deben responder a estos trabajadores y a esos territorios y defender sus intereses ante el Gobierno desde su posición en el Congreso», concluyó el parlamentario de Izquierda Unida.

Podemos rechazará desmantelar centrales térmicas

Por su parte, Segundo González (Podemos) ha emplazado a la ministra para la Transición Ecológica a explicar sus planes para la transición energética y en lo relativo al carbón y las cuencas, y ha avanzado que su partido se opondrá al» desmantelamiento de cualquier industria» sin alternativas que garanticen mantener el empleo. González ha señalado que su grupo ya ha cuestionado los incumplimientos constantes de los planes de reactivación de las comarcas mineras del anterior Gobierno por lo que solicitan un plan integral de reactivación. Dicho plan, afirma, debería empezar por la ejecución inmediata de los 250 millones de los compromisos adquiridos en esta materia.

Teresa Ribera nombra a Juana Lázaro como subsecretaria para la Transición Ecológica y a Álvaro Abril como director de Gabinete

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Europa Press.- El Gobierno aprobó, a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, nombrar a Juana María Lázaro Ruiz como subsecretaria para la Transición Ecológica y como su director de Gabinete a Álvaro Abril Aparicio. La nueva subsecretaria, que encabezará junto a Ribera la transición ecológica, Juana María Lázaro Ruiz, nació en 1950 y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado.

Representaba a España ante OCDE

Hasta su nombramiento, en la actualidad era consejera de Finanzas en la representación Permanente de España ante la OCDE. Lázaro ejerció como subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda de 2004 a 2011 y previamente ha sido inspectora de Hacienda del Estado en Zaragoza; jefa del servicio de Estudios e Informes y consejera técnica en el Gabinete del subsecretario de Economía y Hacienda, así como asesora del ministro de Economía y Hacienda y directora general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. También fue inspectora de Equipo nº 1 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Además, Ribera ha nombrado como director de su gabinete ministerial a Álvaro Abril, quien nació en noviembre de 1969 en Valladolid, donde cursó estudios en los ámbitos del Derecho y la Filosofía en la Universidad de Valladolid y en Contabilidad y Marketing en diversas instituciones. Hasta ahora, Abril era coordinador del área de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Ejecutiva Federal del PSOE desde el año 2004. Asimismo, entre 1999 y 2011 ejerció de concejal del Ayuntamiento de Valladolid y fue miembro del patronato de la Semana Internacional de Cine (SEMINCI) entre 1999 y 2011.

“Preparada para la transición energética”

Por otro lado, Ribera considera que, con las mejoras técnicas y la reducción de costes de las renovables, España está en la actualidad «mucho mejor» preparada para hacer la transición energética porque en los próximos 30 años el consumo «energético tiene que ser sumamente eficiente» pero también renovable y, por ello, ha asegurado que apostará «completamente» por estas energías. Ribera cree que en la actualidad hay soluciones técnicas que permiten acceder a energía de calidad sin incidencia en el entorno o «por lo menos minimizándolo» pero añadió que esto requerirá una visión de conjunto «integrada».

En este contexto, ha admitido que es preciso abordar «lo que ha ocurrido» con pequeños inversores que perdieron sus ahorros a consecuencia del fin de las primas a la energía fotovoltaica. «Es algo que no es estrictamente energético pero si tiene que ver en términos de dar respuesta a los pequeños ahorradores que colocaron sus ahorros en estas inversiones», ha manifestado. En cuanto al recibo de la luz ha apuntado que «hoy refleja cosas que hay que revisar», mientras que respecto al coste del cierre de las centrales nucleares considera que ya está «implícito» desde el momento en que operan.