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José Luis Navarro, consejero del Gobierno de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)

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EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atendido las peticiones del presidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara: el extremeño José Luis Navarro, hasta ahora consejero de Economía e Infraestructuras del gobierno autonómico de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), entidad pública encargada de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto de España.

Navarro ha estado al frente de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura desde julio de 2015 y formó parte del anterior Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011. Enresa, como empresa pública, está sometida al control regulador de diversos organismos de la Administración General del Estado, que validan la planificación de sus actividades y controlan sus actuaciones. Es también su cometido garantizar la seguridad a las personas y al medio ambiente de los residuos radiactivos, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas en desuso, así como la restauración ambiental de las minas de uranio.

Vara ve cumplidos sus deseos

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha confesado que cuando Pedro Sánchez conformó su nuevo gobierno él, como presidente de la Junta y líder regional del PSOE, tenía «muy claro donde quería que hubiera dos extremeños: en Cetarsa y Enresa», tal y como ha ocurrido. Por ello, Vara ha indicado que ahora que ya han sido nombrados José Andrés Tovar y José Luis Navarro como presidentes de Cetarsa y Enresa, respectivamente, puede decir «con toda claridad» cuáles eran sus preferencias con respecto a la cuota extremeña en el nuevo Gobierno.

Fernández Vara ha destacado la importancia de la toma de decisiones en Enresa para Extremadura por todo lo relacionado con la energía nuclear y la central de Almaraz. En este sentido, ha puesto de relieve la importancia de que el Gobierno haya decidido poner al frente de Enresa a quien ha sido hasta ahora su consejero, José Luis Navarro, una persona «enormemente capaz y conocedora desde el minuto uno de lo que tiene entre manos»

Vara hizo hincapié en lo que significa «colocar a un extremeño con pleno conocimiento de causa en el núcleo de decisiones que tendrán que tomarse en los próximos años en nuestro país» en relación con la política energética. En ese sentido, reiteró la necesidad «de abrir un diálogo sincero y franco de todas las partes afectadas para que este país no legisle a golpe de intuición ni de invención, sino que defina cuál va a ser su mapa energético de futuro y en base a eso se establezca un calendario adecuado de finalización de la vida de las centrales nucleares».

«Son energías del pasado, pero a las que habrá que buscarles alternativa de futuro», ha dicho Vara, quien se ha mostrado «plenamente convencido y decidido a que en ningún caso permitiremos que eso ocurra hasta que no haya alternativas claras» para suplir la actividad económica y el empleo que genera Almaraz en el norte de la provincia de Cáceres. Por ello, recalcó que le da «bastante tranquilidad» que Navarro vaya a estar en la toma de decisiones en ese ámbito.

Denuncian el “premio” a Navarro

Desde la oposición, el PP ha dado un «suspenso» a la gestión de José Luis Navarro por sus decisiones económicas y por dejar esta consejería como la que menos ejecuta sus presupuestos de la Junta de Extremadura. De hecho, el portavoz de Economía e Infraestructuras del PP de Extremadura, Víctor del Moral, ha criticado que «el consejero de la no economía y las no infraestructuras» haya sido premiado con un «sueldazo» en Enresa. Finalmente, Del Moral ha recordado que Navarro se opuso en su momento al almacén temporal de Almaraz que permitiría alargar su funcionamiento.

Jordi Sevilla, exministro socialista de Administraciones Públicas, es nombrado presidente de Red Eléctrica de España en sustitución de José Folgado

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EFE.- El consejo de administración de Red Eléctrica ha aprobado el nombramiento del exministro socialista Jordi Sevilla como presidente no ejecutivo de la compañía en sustitución de José Folgado, según comunicó Red Eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, el consejo de administración aceptó la dimisión de Folgado, que accedió al cargo en 2012 tras la llegada del PP al Gobierno, así como su cese como presidente no ejecutivo del consejo de administración y de la compañía.

Folgado había sido reelegido por un plazo de 4 años el 15 de abril de 2016 y su puesto en el consejo y como presidente no ejecutivo será ocupado por Jordi Sevilla. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), tiene un 20% del accionariado de Red Eléctrica, mientras que el 80% del capital restante cotiza libremente. Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007 y coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Pedro Sánchez. Entre los asuntos pendientes de Red Eléctrica, destaca la posible compra de la compañía de satélites Hispasat a Abertis.

Folgado, que fue secretario de Estado de Presupuestos entre 1996 y 2000, entre 2000 y 2002 de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, y entre 2002 y 2004 de Energía, Desarrollo Industrial y de la PyMe, percibirá tras su salida de Red Eléctrica la cantidad correspondiente a una anualidad, como pactó en 2012 cuando llegó a la compañía y aprobó ese año la junta de accionistas. Folgado ganó 546.000 euros en 2017, según el informe de retribuciones de la compañía publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El nuevo presidente de Red Eléctrica, José Sevilla, considera un reto asumir la presidencia de una empresa que debe «compaginar la garantía de un buen servicio de suministro eléctrico con la asunción de los nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada». Red Eléctrica obtuvo un beneficio de 189,1 millones de euros en el primer trimestre de 2018, un 4% más que en el mismo periodo de 2017.

Sevilla (Valencia, 1956), actualmente vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca, es licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983. Militante del PSOE, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general.

A lo largo de su carrera profesional en la Administración fue el subdirector territorial en Valencia en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985). Entre 1985 y 1990 fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno y jefe de gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, con quien también fue jefe de gabinete 1993 como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996. También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).

Ha sido miembro del comité de redacción de la revista Debats (1984-1985), consejero de la Sociedad de Desarrollo Industrial de Extremadura (Sodiex) (1987-1988) y del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (1988-1990). En marzo del 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras. Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.

Adrián Barbón, líder del PSOE en Asturias, defiende una negociación para la transición energética «con calma y tiempo»

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Europa Press.- El secretario general del PSOE en Asturias, Adrián Barbón, ha demandado una negociación para la transición ecológica que se aborde «con calma y tiempo» y no de manera precipitada. Barbón, que ha participado en la Fiesta de la Rosa de Sahagún (León), ha cargado contra quienes «se escandalizaban» tras la reunión entre el presidente de Asturias, Javier Fernández, y el de España, Pedro Sánchez, porque «no hubieran resuelto el problema de la transición energética en 20 minutos».

«Todas las negociaciones son procesos abiertos que exigen calma y tiempo», ha añadido Barbón para señalar que, si se rechaza una «transición expréss», este rechazo tiene que extenderse también a una negociación precipitada. Barbón reiteró la posición del PSOE de Asturias respecto a la transición energética, defendiendo que sea «justa para personas y territorios» y que en su negociación se hable con todos los agentes implicados. El dirigente del PSOE de Asturias criticó además a «los que ahora no callan» en defensa de las térmicas, aludiendo al PP asturiano, al que ha reprochado que estuvieran «callados» durante los 7 años de gobierno de Mariano Rajoy.

Ribera ve necesario definir “cuántos residuos y en qué condiciones se pueden almacenar» antes de avanzar con el ATC nuclear

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó la petición del Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para paralizar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en que se desconoce el volumen de residuos nucleares que se generará en un futuro ya que hay centrales pendientes de solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses.

«Uno se pregunta hasta qué punto sabemos cuánto, qué y en qué condiciones, en materia de residuos nucleares, debemos almacenar. Por tanto, la petición al CSN, por ahora, ha sido un discúlpeme, pero yo no sé cuál es el volumen de residuos«, ha señalado la ministra, al tiempo que justifica también esa petición en que tampoco se conoce «en qué condiciones de seguridad» se deben almacenar esos residuos, por lo que considera que la petición es «cauta» y «neutra» por esa falta de información. Así lo ha expresado tras la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Para la responsable del Ministerio, «una de las cosas más sorprendentes» que se han encontrado los socialistas tras su llegada al Gobierno es «la práctica ausencia de escenarios que permitan entender cuál es el desafío» al que se ha de enfrentar España en materia de generación de residuos nucleares. «Esos escenarios me parecen absolutamente críticos en el ejercicio responsable de una cierta capacidad anticipatoria», agrega.

En este sentido, vincula esa falta de información al desconocimiento de los planes de futuro de las centrales, pues ha recordado que hay determinadas plantas que tendrán que solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses lo cual tiene, para Ribera, «una incidencia importante en el conjunto del parque nuclear pero también en términos de seguridad y gestión de residuos». Asimismo, ha recordado que España está inmersa en un «procedimiento de infracción muy avanzada» por la ausencia de un Plan de Residuos Nucleares que debería haber tenido disponible en 2002.

La Diputación de Cuenca reclama

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto (PP), instó al actual Gobierno central a que siga adelante con el ATC de Villar de Cañas «por responsabilidad ya que ningún informe ha determinado que el sitio no reúna las condiciones«. Así se expresó tras la aprobación por parte del pleno del CSN del plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del almacén de residuos.

En su opinión, gracias a este proyecto en los últimos 8 años se han mejorado 40 kilómetros de carreteras y se ha hecho un vivero de empresas: «además de un silo nuclear se contemplaba un Centro Tecnológico para investigar el combustible nuclear gastado, algo que nos iba a convertir en referente a nivel internacional y que demuestra que caben las dos posiciones, en pro y en contra de las nucleares».

Según ha indicado, el ATC «es un recurso necesario tanto si tienes una postura pronuclear como antinuclear», al tiempo que ha ratificado que la Diputación mantiene que no se pare. «Sería una pérdida de tiempo, de recursos, y no se está poniendo sobre la mesa ninguna otra alternativa para esta zona de Cuenca animando a otro desarrollo. El ATC es una cuestión que sí o sí hay que incorporar, no es un antojo de nadie, es una necesidad», ha puntualizado.

Sobre la resolución que podría emitir en breve el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el recurso que se interpuso contra la ampliación de la zona ZEPA, Prieto se ha mostrado convencido de que será contraria a esa ampliación. «Si no es así respetaremos las decisiones judiciales, pero es algo que no quieren los vecinos y que se hizo con un abuso de poder y autoridad por parte del Gobierno regional», ha apuntado.

Ciudadanos no ve «serio» que el Gobierno paralice el ATC nuclear, respaldado con consenso parlamentario, mientras Equo celebra esta decisión

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Europa Press.- Mientras el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde, ha valorado positivamente la paralización, por parte del Gobierno, de los trámites para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos (ATC), lo que ha considerado el «principio del fin» de este proyecto, desde Ciudadanos han criticado la decisión del Gobierno. Para los naranjas, «no es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados» cuando había un consenso parlamentario en este sentido.

Ciudadanos ve «imprescindible» que España cuente con un ATC «por motivos de seguridad y eficiencia» y «sin perjuicio de una localización que debería elegirse por consenso». «España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo Plan general de Residuos», indicaron. Para Ciudadanos, el país necesita este plan porque las piscinas de residuos de las centrales españolas se están desbordando, y porque enviar los residuos de una sola de estas centrales a Francia cuesta más de 40.000 euros al día.

«El almacenamiento de residuos nucleares es un tema lo suficientemente grave como para que Sánchez se dedique a dinamitar consensos», denuncian los naranjas, para quien el Gobierno «no puede reconocer que no tiene un mix energético cerrado mientras la ministra adelanta cierres de centrales nucleares». «No puede ser que el Congreso instara al Gobierno de Zapatero a poner en marcha el ATC y que luego llegue Sánchez y lo paralice para lograr un titular. El PSOE debe dejar de jugar con las nucleares», ha concluido.

Equo arremete contra el ATC

Por su parte, López de Uralde ha recordado que la aprobación del ATC fue «una decisión mal tomada desde el comienzo» porque la localidad elegida para su ubicación, Villar de Cañas (Cuenca), era la cuarta opción en cuanto a condiciones técnicas. «La decisión de ubicar el almacén en Villar de Cañas fue política, por presiones de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha», ha señalado, para apuntar que, si hubiera sido una decisión técnica, no se hubiera decidido llevar el ATC a un lugar «alejado» de las centrales nucleares. «No era el más adecuado porque se estaba nuclearizando otra región», ha insistido.

Para López de Uralde, los análisis del suelo en el que se iba a construir tampoco eran los más adecuados, según los informes realizados. Además, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha habido conflictos entre municipios y la población por la protección del espacio natural de la zona. «El retraso que llevaba era muy notable, debía estar funcionando en 2015 y ni siquiera en 2018 hay visos de que entre en funcionamiento. Esto abre una cuestión muy relevante sobre si realmente hay que dejar de producir residuos radioactivos», ha declarado.

Aún así, cree que estos residuos no supondrán un problema en un futuro próximo si no se construye el ATC. El coportavoz ha explicado que todas las plantas tienen su almacén temporal individual (ATI). «La problemática sería si se alarga la vida de las centrales y no hay espacio para los nuevos residuos. Es ahí donde puede haber conflictos«, concluyó.

El PSOE contra el PP

En lo que respecta al PSOE, se han felicitado por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar los trámites del ATC recordando que fue el PP el que «se empeñó en instalar en Castilla-La Mancha lo que nadie quería, pese a que los informes técnicos lo desaconsejaban». Así se expresó la diputada autonómica socialista Ana Isabel Abengózar.

«Estamos de enhorabuena», indicó Abengózar, que añadió que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «ha sido sensible con las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y de García-Page sobre la no idoneidad de ese basurero nuclear» en Castilla-La Mancha. Una infraestructura que «el PP se empeñó en instalar» en la región, demostrando que «es verdad que para ellos lo primero es el partido y después los castellano-manchegos». A su juicio, los populares «nos han tratado como ciudadanos de segunda».

El PP opta por esperar

Por su parte, el diputado autonómico del PP, Carlos Velázquez, ha preferido esperar a ver «en qué se materializa» el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha destacado que las cosas «que están diciendo que van a hacer» desde el Gobierno central «al final no las hacen», siendo el de Pedro Sánchez un Ejecutivo «que está caracterizado por hacer muchos anuncios pero no poder hacer nada con poco más de 80 diputados».

“Buena noticia” para Izquierda Unida

Finalmente, Izquierda Unida de Cuenca ha valorado la suspensión de la tramitación del ATC como una «buena noticia, trabajada durante años por la ciudadanía conquense y castellano-manchega que, por fin, encuentra recompensa al esfuerzo«. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cuenca, Jacobo Medianero, señaló que desde su formación están «contentos porque es una victoria sin duda, un paso muy grande hacia el olvido definitivo de una infraestructura negativa para la zona donde se instale».

Medianero explicó que coincide con la Plataforma contra el ATC, «como no podía ser de otra manera, en que es preciso que se deniegue la autorización previa o de ubicación lo que daría carpetazo final«. «Y es que esta paralización, a pesar de ser un paso hacia el fin del proyecto, no significa de por sí el final definitivo», indicó.

Por otro lado, Medianero cree que el Ministerio debe trabajar ahora «en el cierre paulatino de las centrales nucleares para poder seguir avanzando en el camino de las energías renovables, sostenibles y sin residuos que no sabemos cómo gestionar». Además, ha añadido que ese cierre «es la única opción para saber con seguridad cuantos residuos tenemos y que soluciones existen a su almacenamiento». Medianero ha indicado que, tras registrar una pregunta sobre esta cuestión en el Congreso, esperarán para registrar la Proposición No de Ley que su grupo parlamentario tiene preparada «hasta analizar bien la paralización y ver los siguientes pasos del Gobierno del Estado».

El PP acusa al Gobierno de paralizar el ATC «de tapadillo» y pedirá explicaciones a la ministra en el Congreso

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Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, criticó la decisión «de tapadillo» del Gobierno de paralizar los trámites para la construcción en Villar de Cañas (Cuenca) del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) y ha asegurado que su grupo pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique esta decisión.

Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando, según ha recordado, existe en la Cámara baja una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión. De hecho, ha señalado que Ribera «hurtó al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

En cuanto a la paralización del ATC, el diputado ha mostrado su preocupación porque desconoce cómo va a garantizar el Ejecutivo la seguridad y la protección radiológica del país sin un almacén así. «Y si la pueden garantizar, me gustaría saber cuáles son las alternativas», ha apuntado. Del mismo modo, alerta del sobrecoste que supondrá que, sin ATC, todas las centrales nucleares tengan que tener su propio Almacén Temporal Individual (ATI) para los residuos nucleares.

«Estamos hablando de una instalación promovida por el PSOE y que contó con el acuerdo casi unánime de ambas Cámaras», ha recordado Mariscal, para señalar que el Ejecutivo socialista ha contravenido ahora el acuerdo parlamentario para tomar una decisión que, a su juicio, «carece de argumentos» y que se toma «por motivos políticos«. El portavoz popular quiso responder, además, a los que rechazaban el ATC por ser contrarios a las centrales nucleares. Para el diputado, el ATC «no tiene relación directa con el futuro o no» de estas plantas, sino con la gestión de residuos.

“Para hacer las cosas bien”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, destacó, sobre la decisión del Ejecutivo central, que es una «gran noticia» y que a partir de este momento se analizará la situación «para hacer las cosas bien». En este sentido, ha señalado que hay que analizar las posibilidades de «presente y futuro de los residuos nucleares«, al tiempo que ha considerado necesario que se cumpla la declaración de impacto medioambiental del proyecto. Asimismo, criticó que la decisión de elegir Villar de Cañas para almacenar residuos nucleares fue «política», algo que tocó «los corazones de los castellano-manchegos», a los que ha reconocido su «tesón» en la voz del presidente regional, Emiliano García-Page.

“Insuficiente” para la plataforma anti-ATC

Por otro lado, la Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) ha señalado que la decisión del Gobierno central de suspender la tramitación del ATC «es insuficiente para acabar definitivamente con el proyecto». Según reiteró la plataforma, «los terrenos no son los adecuados, como atestiguan los informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y del Colegio de Geólogos», es por ello que para la plataforma, estos son argumentos suficientes «para dar el carpetazo definitivo al proyecto inmediatamente».

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería, a juicio de la plataforma, denegar la «autorización previa o de ubicación», para así «impedir que un nuevo Gobierno salido de las urnas pueda reactivar el almacén nuclear en Villar de Cañas». El Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado al CSN suspender temporalmente la tramitación de la «autorización de construcción» del ATC. Pero «nada ha decidido», sobre la «autorización previa o de emplazamiento, cuyo expediente completo tiene la ministra encima de su mesa y que solo precisa de su firma para acabar definitivamente con el cementerio nuclear de Villar de Cañas», apuntaron desde la plataforma.

Para la plataforma, Ribera tiene «un argumento de peso» para cerrar el proyecto, el voto particular de Cristina Narbona contra el informe favorable al ATC, cuando era consejera del CSN. Este texto, «se podría utilizar para una orden ministerial que diera el carpetazo definitivo al almacén radiactivo«. Para la portavoz de la plataforma, María Andrés, «la ciudadanía movilizada ha dado un paso más hacia la paralización definitiva del cementerio nuclear, demostrando que se pueden cambiar las cosas cuando la población lucha de forma unida». Por ello indicó que están «satisfechos, pero este anuncio no es suficiente, toca seguir peleando y exigiendo a la ministra que acabe definitivamente con este proyecto».

Cañete pide a España ser «ambiciosa» en materia de Clima y Energía y espera cerrar pronto los procedimientos de infracción

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, demandó a la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «ambiciosa» a la hora de redactar el plan integrado de energía y clima que todos los países miembro tienen que presentar a Bruselas antes de final de año para alcanzar el objetivo europeo de reducir las emisiones de gases invernadero en un 40% para 2030 y que debe servir de hoja de ruta para la descarbonización.

Arias Cañete ha reflexionado sobre las principales líneas de actuación de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para iniciar una transición ecológica global. Tal y como ha comentado, en la reunión con la ministra le trasladó la «visión global» de la Unión Europea y le ha reclamado que establezca planes ambiciosos, con la pretensión de actualizarlos cada 5 años, para que cumplan la legislación comunitaria. «No tiene sentido iniciar una revolución energética, si no se cumple», ha indicado Cañete. Sobre la posición del nuevo Gobierno socialista, el comisario europeo ha apostillado que, cuando se han estado «discutiendo los objetivos sobre renovables» para buscar un consenso entre todos los país, España «apoyó objetivos ambiciosos».

Además, el comisario europeo habló con Ribera sobre los procedimientos de infracción abiertos a España en materia climática y energética, para poder cerrar los 5 relativos a Energía y así no tener que acudir a los tribunales de Justicia europeos. Arias Cañete se ha mostrado confiado en poder cerrar «en los próximos 6 meses» los 5 procedimientos de infracción abiertos a España en materia de energía. Según indicó, en estos momentos hay abiertos 1.819 procedimientos de infracción en la Unión Europea por no cumplir con las actuaciones relacionadas con el Clima en el ámbito europeo, de los cuales 116 afectan a España, mientras que en materia de Energía, hay abiertos a nivel comunitario 104 procedimientos, 5 de ellos en España.

Dentro de estos cinco procedimientos abiertos por la Unión Europea a España se encuentra el correspondiente a las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que éste se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas. A este respecto, Ribera ya ha mostrado su intención de desactivar estas medidas, aunque Arias Cañete consideró que esperará a «ver cómo quedan plasmadas las competencias del legislador en una norma».

A este respecto, Cañete subrayó que, al igual que hace con el resto de países, transmitió a Ribera la necesidad de que los países miembros «cumplan con la legislación comunitaria», aunque señaló a Ribera que se cuenta con «poco» tiempo para cerrar estos frentes ya que España está «a punto» de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Estoy seguro de que se resolverá», confió Cañete, que espera que al menos se cierre 1 procedimiento. Por otro lado, Cañete se ha mostrado convencido de que la Unión Europea puede incrementar su objetivo de reducción de emisiones hasta el 45% en 2030 y convertirse en el primer firmante del Acuerdo de París que revisa sus objetivos al alza.

Además, ha recalcado que el Acuerdo de París «no es una aspirina para un dolor de cabeza que se te quita en 4 horas», sino un sistema «dinámico«, y ha recalcado que él ya afirmó que con la aprobación del Acuerdo no se estaría en condiciones de evitar que el aumento de la temperatura media del planeta suba menos de 2 grados centígrados a finales de este siglo. Pero, ha insistido, cada 5 años se van a reunir para procurar subir el nivel de ambición.

«No hemos diseñado un sistema estático. Tenemos estas contribuciones, pero cada 5 años nos vamos a reunir, vamos a tener un sistema de transparencia y vamos a ver dónde estamos y propondremos subir el nivel», apuntó Arias Cañete, para después destacar que el Acuerdo de París ha sido firmado por más de 190 países y ratificado por más de 179.

En este sentido, se ha mostrado «muy contento» de que la Unión Europea pueda incrementar sus compromisos hasta el 45%. «Se lo dije a la ministra. Si España, Francia, países ambiciosos, pueden liderar, hagamos formalmente lo que de facto ya tenemos. De facto, tenemos legislación para reducir emisiones un 45%, formalmente las podemos considerar», añadió. A su juicio, en este contexto, «lo fundamental» es que la Unión Europea tenga un liderazgo tecnológico, que financie a los países en vías de desarrollo para que caminen en la misma dirección. «Y que nosotros mismos vayamos marcando el camino», recalcó, al tiempo que destacó que, por eso, se va a realizar la estrategia de descarbonización a largo plazo.

«La lucha contra el cambio climático es a lo largo de todo este siglo, y supone revoluciones tecnológicas, revoluciones de la movilidad, transición energética. También cambiar los pactos sociales de esta transición, cambiar totalmente la formación profesional. Es un reto que afecta universalmente y a todos», recalcó. Sobre si el Acuerdo de París seguirá siendo válido si Estados Unidos lo abandona, Arias Cañete aclaró que «el Gobierno Federal está de vacaciones climáticas, pero Estados Unidos está haciendo la transición energética«.

Finalmente, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía apuesta por que las empresas cotizadas hagan un informe anual de evaluación de riesgo climático y carbono de su actividad. «Es bueno para las empresas saber cuál es su grado de exposición y cuál es el impacto que puede tener», ha apuntado. El encuentro tuvo lugar en Madrid con la asistencia de numerosas autoridades, cargos públicos y presidentes de empresas, embajadores, ONG y asociaciones. Entre ellos, destacan los secretarios de Estado de Energía y de Medio Ambiente, José Domínguez y Hugo Morán, respectivamente; o el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín.

Ribera defiende ante responsables del PSOE la necesidad de presentar cuanto antes un borrador de Ley de Transición Energética

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado en la sede madrileña del PSOE que su primera prioridad es presentar «cuanto antes» un primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según confirmó el PSOE. Ribera ha explicado que el Gobierno quiere para esta Ley un «acuerdo sólido, amplio y participado, que atienda todas las necesidades, de todos los sectores, del ámbito público y del ámbito privado, y que garantice una transición ecológica justa y equitativa».

Así, señaló que esta norma servirá de marco para acomodar las leyes y todas las iniciativas en materia de cambio climático que ya se están adoptando por las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PSOE. La ministra anunció que también se presentará próximamente un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, exigido al conjunto de los Estados Miembros por el Marco de Clima y Energía del Consejo Europeo. Este Plan, según el PSOE, impulsará medidas de eficiencia energética y una alta penetración de las energías renovables.

Transición justa para cada región

La segunda prioridad del nuevo Ministerio es ejecutar un Plan Estratégico de Transición Justa. Para ello, Ribera propone trabajar con agentes sociales y territorios para promover en las zonas vulnerables políticas activas de empleo y de formación, la protección social específica necesaria y planes de transición. «El inmovilismo no crea empleo; al contrario, el inmovilismo supone un lastre para la economía, la competitividad y la modernización«, ha apuntado Teresa Ribera. Según el PSOE, los responsables de gobiernos autonómicos y ejecutivas regionales han dado su respaldo al reforzamiento en las acciones para cumplir el Acuerdo de París a una nueva estrategia de creación de empleo verde.

Susana Díaz pedirá a Pedro Sánchez que paralice el proyecto del almacén gasista de Naturgy (Gas Natural) en Doñana

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Europa Press.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantó que de entre las peticiones que trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro que tendrá lugar en La Moncloa el próximo 23 de julio, estará la petición de que paralice el proyecto de Gas Natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Díaz se pronunció así en el Parlamento andaluz donde el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, le ha preguntado por las propuestas y demandas a trasladar al Gobierno central. Ante esta cuestión, la presidenta ha dejado claro que sus reivindicaciones «no han cambiado» a pesar del cambio de color en el Ejecutivo central y trasladará «las mismas» exigencias a Sánchez que ya trasladó a Mariano Rajoy cuando acudió a Madrid hace 2 meses. En definitiva, la presidenta trasladará a Sánchez las misma reivindicaciones «de justicia» para la comunidad que ya trató con Rajoy el pasado mes de abril.

En este sentido, ha manifestado que espera que el Gobierno de Sánchez «apoye» la «defensa» de la Junta de Andalucía de paralizar el proyecto gasístico que Gas Natural pretende instaurar en el suelo de Doñana. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida ha apuntado que el marco de interlocución con el Gobierno «ha cambiado» pero la situación de Andalucía «es la misma» y en ella está incluida la «amenaza» del proyecto gasístico en Doñana.

El PP considera «una falta de respeto» a expertos y funcionarios que Ribera prepare una nueva Ley de Transición Energética

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Europa Press.- La portavoz de cambio climático del Partido Popular, Belén Bajo, ha defendido su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentada el pasado mes de junio en el Congreso y en la que han colaborado 400 expertos, según la diputada popular, que considera «una falta de respeto» que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prepare otro texto.

«Nos parece una falta de respeto al trabajo que ha había hecho el Ministerio con todos los expertos el hecho de que la ministra anuncie una Ley que no va a dar tiempo a aprobar porque queda poco de legislatura», argumentó la portavoz popular. Ribera confirmó en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Algo que Belén Bajo califica como una «pataleta» de la ministra socialista para tener «una ley firmada por ella».

«Creemos que la lucha contra el cambio climático es muy seria y el PP lo que hace es empezar, a través de la proposición de ley, a hablar con los grupos para que se tramite como una ley que tenga todas las enmiendas, que no sea de nadie y sea de todos. No entiendo ese menosprecio de la ministra con los funcionarios y expertos que han trabajado en esas proposición de ley al anunciar otra ley», sentenció la diputada Bajo.