Entradas

El Gobierno estudia condicionar al mantenimiento del empleo las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste energético

Europa Press.- El Gobierno estudia condicionar las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste de la energía al mantenimiento del empleo, según ha afirmado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. «Estamos valorando condicionar estas medidas al mantenimiento del empleo», ha señalado la ministra.

Maroto anunció el pasado noviembre que el Gobierno lanzará antes de final de año un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía. La ministra indicó entonces que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros Ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en España». El Gobierno ha puesto sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva, antes de finales de este año.

Costes indirectos de emitir CO2

De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó en noviembre que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria del país en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que se va a trabajar por este sector».

El PP solicita que no se pierda la inversión de 150 millones en Cuenca si se paraliza el ATC nuclear

Europa Press. – El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha solicitado al Gobierno de la región que, en el caso de que se paralice el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares previsto en Cuenca, exija formalmente al Gobierno de Pedro Sánchez que los cerca de 150 millones de euros previstos para la obra repercutan igualmente en el desarrollo de la provincia; propuesta que el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha valorado como un «cambio de postura» que ha agradecido.

En un primer momento, Nuñez hacía estas declaraciones  en rueda de prensa tras mantener su primera reunión institucional desde que asumió la Presidencia del PP con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

De esta manera, ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la paralización de la construcción del silo en Villar de Cañas. Pero aún así, ha solicitado al presidente regional que no renuncie a que esos casi 150 millones que tenía asignados esta infraestructura en los presupuestos generales se reinviertan en Cuenca en generación de empleo.

«Eso es lo que prometió García-Page y en el PP no estamos dispuestos a que esa cantidad tan importante de dinero se vaya de la provincia» en caso de que la decisión del PSOE sobre este almacén nuclear sea otro, subrayó Nuñez.

 

Celebración de Hernando

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha dado la «bienvenida» a la postura Núñez , y ha querido recordar que esa postura ya ha sido exigida por el propio Emiliano García-Page. «Lo celebro, porque antes decía que el ATC era irrenunciable y ahora parece que empieza a virar. Parece que el presidente le ha convencido de que esta infraestructura no es buena para Cuenca», ha asegurado.

Como conclusión, ha insistido en que García-Page «ya planteó que esos 145 millones contemplados en los Presupuestos Generales del Estado tenían que ir para promocionar el empleo en Cuenca y para el Estado del Bienestar de la región».

El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto, según la novena liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador indicó que este resultado de la liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 393,9 millones de euros y de la actividad de la distribución en 220,9 millones de euros. Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta liquidación alcanzó los 167.541 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 69,4% de la demanda prevista para 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (68,2%).

Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 85,83% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.622 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el 31 de septiembre asciende a 5.414,5 millones de euros (antes de impuestos).

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 614,026 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,177 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 326 millones de euros, frente a un déficit de 396 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 17,8%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.012 millones de euros, un 5,8% superior al 2017 debido al incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución.

En esta novena liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.122 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 31 de septiembre ha ascendido a 7,88 millones, con un aumento interanual de 103.366 consumidores (+1,3%), de los que 1,6 millones se suministran con tarifa de último recurso.

El Gobierno elaborará un estatuto para ayudar a la industria electrointensiva en la transición energética

Europa Press.- El Gobierno elaborará un estatuto de la industria electrointensiva con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a superar el periodo de transición energética, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, Ribera indicó que su objetivo será explorar «distintas herramientas y medidas para evitar que nos encontremos con situaciones no previstas». Este anuncio se produce en un momento en el que empresas como la multinacional Alcoa o Cemex han anunciado el cierre de varias plantas en España.

Las empresas de la gran industria vienen reclamando el pago de las ayudas que estaban previstas en los Presupuestos de 2018, pero que no se materializan. Además, cuentan con la interrumpibilidad, un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro o por cuestiones económicas. Por otra parte, Ribera se comprometió a traer «en breve» al Congreso de los Diputados una respuesta para los inversores que antes de 2013 invirtieron en renovables y se vieron afectados por los recortes aplicados por el Ejecutivo en aquella época.

Un inversor interesado en Alcoa

Por otro lado, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha trasladado en el Congreso a los trabajadores el interés de un inversor por una de las dos plantas españolas que la empresa Alcoa tiene previsto abandonar. Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, Sergio Sobrido, que ha seguido junto a otros representantes de la plantilla la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que la ministra ha sido preguntada por el PP y Unidos Podemos por las actuaciones del Ejecutivo al respecto.

En todo caso, Maroto no ha especificado por cuál de las plantas se habría interesado este posible inversor. Durante su intervención ante el Pleno, la ministra afirmó que «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas». Al respecto, los trabajadores entienden que ambas plantas, la de Avilés y la de La Coruña, son viables económicamente y que deben continuar con su producción y mantener los puestos de trabajo que actualmente hay en ellas. La decisión de Alcoa supone prescindir de 692 empleos.

En todo caso, Sobrido ha reclamado que el Gobierno realice las gestiones pertinentes para garantizar que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierte, en el caso de que la empresa decidiera finalmente abandonar la actividad, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», asevera.

Por ello, ha reclamado a la empresa que continúe con la actividad y que, en caso de que no siga interesada en mantenerla, inicie un período de diálogo con la plantilla y las autoridades con el fin de encontrar una solución que garantice tanto la producción como los puestos de trabajo en ambas plantas. Sobrido también mantuvo encuentros con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, de los que saca «valoraciones positivas», al constatar que las diferentes formaciones respaldan las reivindicaciones de la plantilla y «coinciden en la defensa de los empleos».

Eso sí, si bien Sobrido ha dicho que les «congratula saber que para la ministra de Industria es una situación importante», ha reclamado el mismo interés, «atención y énfasis» en la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Entendemos que es un problema que compete a ambas y ahora nos gustaría saber que va a poner todo su esfuerzo para el mantenimiento de la actividad industrial y los empleos», ha dicho.

El Gobierno, cerca de acordar con la CNMC la devolución de las competencias sobre los peajes eléctricos arrebatadas en 2014

Europa Press.- El Gobierno está cerca de acordar con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el traspaso de las competencias para fijar los precios de los peajes del sistema eléctrico, una atribución en manos del Ejecutivo desde 2014. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el decreto ley aprobado con medidas dirigidas a combatir la escalada de precios de la tarifa energética.

Entre las medidas incluidas en este decreto ley, hay cambios en las tarifas de acceso, en línea con lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, como parte del acuerdo del anterior Gobierno con el PNV. Sin embargo, Ribera ha avanzado que «estas competencias van a serlo del regulador», de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria.

«Estas competencias van a dejar de ser una atribución del Gobierno para serlo de la CNMC, con la que estamos a punto de culminar un acuerdo en este sentido», explicó la ministra, que avanzó al Congreso que remitirá este cambio normativo a la Cámara Baja próximamente como modificación de la Ley del Sector Eléctrico. La ministra ha subrayado que «no deben existir agravios comparativos» en el acceso al sistema eléctrico, pues el coste de la energía es «clave» tanto para el consumidor doméstico como para la competitividad del tejido industrial.

Podemos ve «tímida» la ampliación del bono social y reclama revisar la retribución a las eléctricas para aprobar los Presupuestos

Europa Press.- Unidos Podemos exige al Gobierno «compromisos claros y explícitos» para «acabar con los beneficios caídos del cielo» de las centrales eléctricas y nucleares si quiere el apoyo de su grupo a la ampliación del bono social y a los Presupuestos de 2019. En este sentido, Podemos cree que la ampliación del bono social «es un tímido avance», considerando que «se debe ir más allá» en su cobertura y en «conseguir una bajada mucho mayor» en la factura de la luz.

Fuentes de la formación morada han explicado que «la factura se puede reducir mucho más» que el 5% que estima que se puede abaratar el Gobierno con las medidas aprobadas como, entre otras, la anunciada suspensión del impuesto a la generación eléctrica a las empresas. «Es buena noticia que la factura de la luz baje un 5%, pero se puede conseguir mucho más», han aseverado, avanzando que, por ello, «seguirán presionando al Gobierno». Además, han insistido en que no comparten que la factura se abarate reduciendo los impuestos a las compañías eléctricas y, por tanto, la recaudación del Estado. «Se puede hacer de otra forma, se pueden tocar esos beneficios caídos del cielo que tienen las empresas eléctricas», han insistido.

En este sentido, recuerdan que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «ha dicho que el Estado está sobrerretribuyendo a las eléctricas y regalándoles dinero público». «Abordando estos beneficios de las eléctricas se podría conseguir una bajada mucho mayor y que además no la paguemos entre todos los españoles, sino que repercuta en las eléctricas», aseguran.

Por otro lado, Podemos resalta que la derogación del impuesto al Sol era una exigencia al Gobierno y que así se lo habían hecho saber en la negociación que mantienen con vistas a sacar adelante el proyecto de Presupuestos de 2019. «De hecho, Podemos ha conseguido mejorar el planteamiento», apostillan estas fuentes, que cita en este sentido la retribución a los ciudadanos que aporten un exceso de energía en la red de estos kilovatios sobrantes.

Son “un parche totalmente insuficiente”

Por su parte, el portavoz del grupo confederal en la Comisión para la Transición Ecológica, Josep Vendrell, ha asegurado que las medidas aprobadas son «un parche totalmente insuficiente» pues apenas tendrán «escasos efectos en el bolsillo de la gente». «No es el plan de choque que exigíamos», ha criticado. «Emplazamos al Gobierno a negociar. Sabe que para que nosotros aprobemos los Presupuestos, para convalidar este decreto, si quiere nuestro apoyo, tendrá que tomar compromisos claros y explícitos para acabar con los beneficios caídos del cielo, con los privilegios del oligopolioy para cambiar la estrategia contra la política energética», asevera.

En este sentido, Vendrell subrayó la necesidad de fijar un precio máximo a la generación de energía hidráulica y nuclear, ya que sus centrales están totalmente amortizadas y, por tanto, su retribución supera ampliamente el coste de generación. «El diseño del mercado, consecuencia de una mala regulación de los distintos Gobiernos, hace que el precio de la electricidad sea el mismo para todas las fuentes de energía. Y es la más cara la que marca el precio para todas», ha explicado. Es por ello por lo que Unidos Podemos quiere fijarles un precio máximo o bien imponer un cargo impositivo a esta sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz.

Por otro lado, Vendrell ha apostado por un cambio en la tarifa, con el fin de hacerla más progresiva en función del consumo, y ha criticado que los cambios en el bono social «no abandonan el modelo que dejó Álvaro Nadal», predecesor de Ribera al frente de las responsabilidades de Energía, pues mantiene los beneficios a familias numerosas. «No tiene sentido que una familia numerosa con renta alta acceda al bono social», ha denunciado, y sus umbrales de renta son, a su juicio, «excesivamente bajos».

Además, también ha criticado que se limite a las comercializadoras de último recurso este bono social, dejando fuera a pequeñas empresas de carácter municipal, y que la Administración financie parte de ese bono, como el nuevo bono social térmico. «Las empresas deben asumir el coste», esgrime el diputado catalán, que también ha pedido que, como en Portugal, sea una ayuda automática, en función de los datos de la renta y así «se dé sin el calvario de las trabas burocráticas».

La única medida celebrada por Vendrell ha sido la derogación del impuesto al Sol, una medida aplaudida también por otra formación integrada en Unidos Podemos, Equo, que espera que su eliminación contribuya al desarrollo «sin trabas» de la energía fotovoltaica «y a la consiguiente reducción de emisiones de CO2». En todo caso, considera que «quitar el impuesto al Sol es necesario, pero no suficiente», tal y como ha recalcado el portavoz de la formación ecologista en el Congreso, Juan López de Uralde, que ha urgido al Gobierno a poner en marcha un Plan Nacional de energía renovable. «El potencial de la energía solar es impresionante» en el país, ha destacado.

El déficit del sistema eléctrico asciende a 2.044 millones de euros hasta julio, 579 millones menos de lo previsto

Europa Press / EFE.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 2.044,3 millones de euros hasta julio, 579 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación provisional de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los ingresos por peajes de acceso fueron de 7.213 millones de euros, mientras que los costes regulados se elevaron a 9.515,3 millones de euros. El regulador señaló que este resultado de liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 321 millones de euros, a la menor retribución específica en 28,2 millones de la producción renovable, cogeneración y residuos del sistema peninsular y a la menor retribución de la actividad de distribución en 171,8 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (124.399 GWh) fue un 1,9% superior al valor promedio observado en años anteriores. Dado que los ingresos no fueron suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 75,82% y se aplica a cada uno de los costes a pagar en esta liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.608 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada entre enero y julio ascendió a 4.184,3 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Como consecuencia de estos desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 519,23 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ascendió a 42,8 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Según la CNMC, a la fecha del cierre de la liquidación se recibieron ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,34 millones de euros, antes de IVA o impuesto.

149 millones en el gasista

Respecto al sector gasista, el déficit provisional del sistema fue de 149 millones de euros, frente a los 232 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 36%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 91,1% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados fue de 1.677 millones, un 3,6% superior a los ingresos previstos para la liquidación y un 7,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

En esta séptima liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas ascendió a 1.672 millones de euros, que es un 0,4% superior a la del 2017. Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden ETU/1283/2017, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

El Gobierno actuará a golpe de Decreto en favor del autoconsumo si no logra consenso parlamentario para aprobar una Ley

Europa Press / EFE.- El Gobierno aprobará un Real Decreto de Acceso y Conexión antes de final de año en el que se recoge el apoyo expreso al autoconsumo energético, en caso de que no salga adelante en el Congreso de los Diputados la proposición de ley presentada en mayo por varios grupos parlamentarios. En este sentido, la ministra Teresa Ribera subrayó que «el compromiso con el autoconsumo del Gobierno es muy claro» y que por eso se regulará antes de que acabe 2018.

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias presentaron entonces en la Cámara Baja una proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético, con la derogación del impuesto al sol como principal medida. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el Ejecutivo tiene «a tiro» un Real Decreto que garantiza la conexión de toda la potencia renovable tras las subastas y que tendrá que ser aprobado en diciembre. «Es un buen espacio para incorporar el autoconsumo», avanzó. No obstante, para Ribera la opción «favorita» del Gobierno es que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley presentada por esos grupos parlamentarios ya que significaría un «respaldo transversal» de la mayoría de fuerzas políticas.

Motivo de mofa en Europa

La ministra ha agregado que esto supondrá «llevar a la práctica un compromiso del Partido Socialista, eliminando trabas burocráticas y eliminando el peaje de respaldo, que se conoce como impuesto al sol«. Un impuesto al sol, que, ha recordado, «ha sido en gran medida un elemento de mofa en el conjunto de los países de nuestro entorno y una distorsión que no tenía ningún tipo de sentido». Además, Teresa Ribera ha señalado que la solución será compatible con las decisiones que se incorporan en el paquete de invierno de la Unión Europea «para que haya un reconocimiento de ese vertido eléctrico que los productores de autoconsumo vuelcan en la red«.

Por otro lado, Ribera afirmó sobre el diésel que tiene un recorrido «limitado» en el medio plazo y que hay que buscar una movilidad sin emisiones, aunque alabó la «extraordinaria» trayectoria de los motores de gasóleo. En este sentido, destacó que la industria de la automoción, que representa el 11% del PIB de España, se enfrenta a un proceso de modernización y transformación, en el que la gasolina y el diésel no tengan un trato fiscal diferente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció que los Presupuestos del Estado de 2019, que el Ejecutivo presentará entre noviembre y diciembre, recogerá una subida de impuestos al diésel, pero que no afectará a los conductores profesionales.

La ministra Reyes Maroto rectifica tras calificar de “globo sonda” el impuesto al diesel anunciado por el presidente del Gobierno

Redacción / Agencias.- La ministra de Industria, Reyes Maroto, asegura que «se han sacado de contexto» las declaraciones que ha realizado sobre el impuesto al diesel y ha rectificado para mostrar su apoyo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incorporarlo a los Presupuestos de 2019.

«Las declaraciones que he hecho se han sacado de contexto. Se me ha preguntado sobre el debate abierto este verano en relación con el diésel y el impacto que estaba teniendo en los concesionarios y en los consumidores, una pregunta que nada tiene que ver con el anuncio que ha hecho el presidente que, por supuesto, apoyo plenamente», aclaró. En este sentido, Maroto ha querido subrayar que «apoyo plenamente el anuncio que ha hecho el presidente de incorporar la fiscalidad del diésel en los Presupuestos de 2019 que estamos elaborando».

La cuestión es que Maroto había afirmado que «se ha hablado mucho del impuesto del diésel, pero el Gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado», y ha considerado que «se ha hecho un globo sonda». «Se ha hablado mucho del impuesto del diésel, pero el Gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado», ha matizado Maroto. «Se ha hecho un globo sonda, pero nosotros estamos trabajando con el sector de forma muy coordinada, pensando en la industria y también en los consumidores. Hasta ahora las medidas que hemos tomado son buenas para el sector», ha añadido.

Reyes Maroto anuncia que el nuevo impuesto al diésel acompañará a los Presupuestos Generales del Estado 2019

Europa Press. – La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno trabaja en un borrador sobre la nueva fiscalidad del diésel, vinculada a la transición ecológica, que acompañará a la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

Maroto ha indicado, en una entrevista a Europa Press, que aunque el Ejecutivo tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el proyecto de PGE, se retrasará «un poco, no mucho» y anunciado que, de la mano de los PGE, vendrán diferentes medidas fiscales.

«Se ha hablado mucho del diésel, pero la realidad es que todavía no se ha puesto encima de la mesa un posible borrador para ver, con los sectores implicados, la letra pequeña de lo que será el impuesto al diésel», ha añadido, al tiempo que ha resaltado que el Ejecutivo tiene que ir «más deprisa» en la transición a la reducción de emisiones, tras dispararse las de dióxido de carbono (CO2).

La ministra ha afirmado que desde el Gobierno están trabajando con un borrador de la nueva fiscalidad al carburante diésel y ha señalado que se analizará junto con el sector del automóvil, con el fin de llegar a un «buen impuesto» que marque la ‘hoja de ruta’ hacia la reducción de las emisiones, pero de una forma que el sector pueda acompasarse a estos cambios.

 

Sin acierto

En otro orden de cosas, Maroto ha sugerido que las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que aseguraba que «el diésel tenía los días contados» no fueron acertadas, tal como reconoció posteriormente la propia Ribera.

En esta línea, ha indicado que el Gobierno está trabajando en una fiscalidad que recoja las peticiones de la Comisión Europea, pero junto con políticas económicas que ayuden a que la transición hacia la reducción del CO2 sea de una forma ordenada».