Entradas

Las Cortes de Castilla y León dan el primer paso para retirar la normativa que prohibía las gasolineras desatendidas

EFE.- Las Cortes de Castilla y León han dado el primer paso para volver a permitir que haya gasolineras desatendidas en la comunidad autónoma, después de prohibirlas en octubre de 2016, debido a los avisos al respecto de la Unión Europea y a algunos avances en seguridad y accesibilidad. Se trata de una propuesta del PP que apoya Ciudadanos, el único grupo que se opuso a que se prohibieran esas gasolineras desatendidas, y la abstención del PSOE, Podemos y el grupo mixto.

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha detallado esa proposición de ley, presentada en un «ejercicio de pura responsabilidad», para derogar la modificación del Estatuto del Consumidor que se aprobó en octubre de 2016 y que, en la práctica, implicó la prohibición de la existencia de gasolineras desatendidas en esta comunidad. Cruz ha argumentado la derogación en 4 cambios que se han producido desde que se aprobó la ley, entre ellos la normativa estatal que ha regulado los objetivos de seguridad y de accesibilidad para personas discapacitadas y la amenaza de sanción europea que pesa sobre España en esta materia.

También la iniciativa legislativa popular impulsada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL) para que se haga una excepción a la hora de que pueda haber gasolineras desatendidas en los casos en los que el titular sea una cooperativa o ésta tenga mayoría. Esta iniciativa ha cumplido con todos los requisitos de firmas y representación, lo que sólo ha sucedido en otra ocasión en la comunidad, aunque Cruz entiende que, de aprobarse la ley para la que ha pedido el PP la toma en consideración, no tendría sentido seguir con la tramitación que pide URCACYL.

Evitar un procedimiento de infracción

El cuarto argumento procede del expediente informativo que ha anunciado la Unión Europea, que podía dar paso a otro de infracción, en la línea de lo que ha sucedido en Grecia o Italia, y Cruz ha recordado que otras autonomías, como Aragón o Valencia han derogado los decretos que también prohibían esas gasolineras desatendidas, lo que también han anunciado Navarra y Castilla-La Mancha, y en Asturias no se va a seguir con la regulación prevista.

El único grupo que respaldó este primer paso para la vuelta atrás fue Ciudadanos, que ya votó en contra del cambio anterior, ya que según el procurador David Castaño si de lo que se trataba era de proteger a los discapacitados no hacía falta prohibir las gasolineras desatendidas sino que quitaran los obstáculos y se adaptaran. Castaño ha reprochado al PP que legislara la prohibición de esas gasolineras «cuando ya había alertas» desde Europa y se conocían esas nuevas normativas para la mejora de la seguridad y acceso a las gasolineras y ha vuelto a pedir «prudencia» también ahora para dar seguridad jurídica al sector.

Por el contrario, desde Podemos, Félix Díez ve este nuevo cambio como «un paso atrás», y se ha preguntado si la libertad de mercado que esgrime la Unión Europea puede estar por delante de los derechos de las personas con discapacidad. De «ridículo» ha calificado el procurador del PSOE, José Francisco Martín, la vuelta atrás normativa que ha atribuido a las «presiones de las estaciones desatendidas», ya que la propia Comisión Europea ha calificado de «rumor» las sanciones y ha precisado que «no tenía intención de multar a las comunidades». Martín se preguntó si las estaciones de servicio de la comunidad, incluidas las de las cooperativas agrarias, cumplen esos nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

PP, PSOE e IU se unen en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras frente a la instalación de una planta fotovoltaica

EFE.– Todos los grupos municipales del ayuntamiento de Puerto Lumbreras se oponen a la instalación de una planta de energía solar fotovoltaica de 400 megavatios en la localidad al considerar que perjudicará el desarrollo del sector primario en el municipio. PP, PSOE e IU se han puesto de acuerdo y respaldan a la Comunidad de Regantes en su petición de que la planta no sea construida.

Los grupos suscribirán un manifiesto de los regantes en el que se explica que la instalación de la planta supondrá la pérdida de la consideración de regadío para los terrenos del perímetro de la central, lo que los convertiría en tierra de secano y se perderían las concesiones de agua de la Confederación Hidrográfica del Segura. El proyecto, que estaba previsto construir en la pedanía de Almendricos con una inversión privada de 238 millones de euros, prevé levantar en Puerto Lumbreras una planta de energía solar fotovoltaica de 400 megavatios.

Los regantes citan el anteproyecto de la planta para explicar que ocuparía a unas 50 personas, 0,038 empleos por hectárea, en contraposición a los 0,45 empleos directos por hectárea y año de la actualidad con el tipo de cultivo realizado en la zona. El cálculo de los regantes indica que se perderían 780 empleos agrícolas en la zona afectada por la planta y proponen que esta se ubique en otra zona con menos posibilidades agrícolas.

La Junta de Castilla y León defiende su plan de reindustrialización de Garoña y el impuesto a los residuos radiactivos

EFE.- La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido la actuación de la Junta para reindustrializar Garoña y precisó que está en proceso de información pública hasta el 13 de abril un anteproyecto de ley para regular un impuesto a residuos temporales radiactivos en la zona. Así respondió Del Olmo a Virginia Jiménez Campano, procuradora socialista, quien ha preguntado cuáles son las actuaciones que ha realizado la Junta tras el cierre definitivo de la central nuclear.

Del Olmo insiste en que hay un plan de reindustrialización para la zona y que se estudia el referido impuesto a residuos radiactivos para destinar sus fondos a la comarca. La consejera recordó que en 2009 «ya había un acuerdo del consejo de ministros que hablaba de un plan de reindustrialización y que entonces se vendió humo con este asunto, ya que el PSOE tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo». Del Olmo ha señalado que los trabajos de desmantelamiento pueden durar 10 años y ha concluido precisando que la Junta va a «ayudar decididamente a la reindustrialización».

Lambán (Aragón) se muestra convencido de que el PSOE apoyará la ley para evitar el cierre de las centrales térmicas

EFE.- Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado en León el compromiso del Gobierno y del grupo parlamentario popular con la minería del carbón, como demuestran sus iniciativas, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se ha mostrado «prácticamente convencido» de que el PSOE apoyará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para regular el cierre de las centrales térmicas anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Lambán ha explicado que los responsables socialistas de Asturias, Castilla y León y Aragón se han reunido con la dirección del partido para abordar este asunto. Sobre este encuentro, Lambán constató una «predisposición bastante favorable» por parte de su partido a apoyar la proposición de ley anunciada por el Gobierno para regular el cierre de las centrales térmicas, en el caso de que finalmente se lleve el texto al Congreso de los Diputados. En este sentido, el Gobierno de Aragón apoya «sin fisuras» que el Gobierno pueda intervenir para evitar el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel). «Y estoy prácticamente convencido de que si el ministro Nadal lleva esa ley al Congreso, el PSOE la apoyará», ha resaltado.

El PP y el carbón

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha criticado la postura de la oposición en el Congreso en lo que respecta al carbón y al mantenimiento de las centrales térmicas, y ha lamentado que no se les haya visto preocupados por este asunto. «Nuestro compromiso como grupo parlamentario está ahí y contamos con el apoyo, entre otros, del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera», ha precisado la vicepresidenta. «Ahora lo que nos gustaría es tener el apoyo del resto de grupos políticos a los que no hemos visto muy interesados por esta cuestión, pero trabajaremos para tener su apoyo en el Congreso«, ha apuntado.

Ha recordado que el grupo parlamentario popular, en contacto con el Ministerio de Energía, tiene previsto presentar una iniciativa para la pervivencia del sector a través del mantenimiento de las centrales térmicas. «Creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante y con una gran sensibilidad hacia un sector clave y en el ámbito de lo que es el futuro de nuestra energía podemos encontrar mecanismos para poderle dar la solución que siempre hemos buscado», concluyó.

La industria pide a Iberdrola elevar la tensión de la red de distribución en Comunidad Valenciana para beneficiarse del euskopeaje

EFE.– El euskopeaje, la bajada del precio de la electricidad a las redes con una tensión entre los 30 y 36 kilovoltios, es una medida que beneficia fundamentalmente a las industrias de País Vasco después de establecerse en la negociación de Presupuestos entre el PP y el PNV. En este marco, la Confederación de Organizaciones Empresariales Industriales de la Comunidad Valenciana (Confeindustria CV) demanda a Iberdrola tarifas más económicas que compensen las inversiones necesarias en las empresas de consumo eléctrico intensivo.

Para ello, insta a realizar actuaciones que contemplen elevar la tensión de la red de 20 a 30 kilovoltios para evitar sobrecostes energéticos a aquellas empresas, territorios y/o áreas industriales intensivas en consumo eléctrico de la Comunidad Valenciana que vean lastrada su competitividad y supongan agravios comparativos respecto a otras autonomías como el País Vasco. Confeindustria reclama que se respeten las reglas de unidad de mercado para que todas las empresas, territorios y sectores «tengan la oportunidad de operar en las mismas condiciones», según reivindicaron.

Repotenciar las redes de industrias

La energía eléctrica es uno de sus costes de producción más relevantes y su precio es uno de los factores decisivos de la competitividad de las empresas, según el presidente de la confederación, Vicente Lafuente, que defiende que cualquier medida relacionada con la disminución del coste de la energía es «bienvenida». Solicita a Iberdrola que repotencie sus redes de 20 a 30 kilovatios para los sectores muy intensivos en consumo de electricidad y potencia contratada; en aquellas zonas con alta concentración de empresas industriales; y en áreas geográficas con mayor deslocalización de empresas cuya suma de costes energéticos sea elevada.

Por otro lado, y para mantener la unidad de mercado, pide que, en caso de eliminación de peajes eléctricos consecuencia de pactos políticos a nivel estatal, las empresas valencianas no se vean desfavorecidas en relación a otras autonomías, máxime cuando ya de por sí se están abonando tarifas más elevadas como consecuencia de la diferencia de potencia de la red.

Gas Natural Fenosa construye en Plasencia el primer parque eólico de Extremadura y los políticos pugnan por apuntarse el tanto

EFE.- La construcción del parque eólico Merengue, promovido por Gas Natural Fenosa Renovables en el término municipal de Plasencia (Cáceres), el primero de estas características que se levantará en suelo extremeño. El futuro parque eólico contará con 15 aerogeneradores, una potencia de 40 megavatios (MW) y producirá alrededor de 155 GWh anuales, equivalentes al consumo eléctrico anual de 44.000 viviendas, lo que supone el doble del consumo eléctrico anual de Plasencia.

La inversión del proyecto alcanzará los casi 40 millones de euros y el parque eólico supondrá la creación de unos 250 puestos de trabajo entre las fases de construcción y operación y mantenimiento. Se prevé que los trabajos de construcción concluyan a finales de este año. Estos son los datos de un proyecto que ha echado a andar con la celebración del acto de colocación de la primera piedra del futuro parque eólico, en el que ha participado un nutrido grupo de representantes políticos extremeños, encabezados por el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara.

En su intervención, el presidente extremeño, que ha apostado por el protagonismo de Extremadura en el presente y el futuro de las energías renovables, ha apuntado que estas obras marcan un nuevo «hito» en la implantación de las renovables en la región. Fernández Vara ha afirmado que «los pueblos invencibles son los que son capaces de convertir el tú y el yo en nosotros», ya que este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre diferentes administraciones y el esfuerzo de la empresa. Por último, ha abogado por ponerse de acuerdo «entre todos» para decidir «qué fuentes energéticas queremos, ya que esto influirá en el futuro del país y de la región«, ha aseverado.

Por su parte, la directora general de Personas y Recursos de Gas Natural Fenosa, Rosa María Sanz, ha subrayado que gracias a este proyecto Plasencia se convertirá en una ciudad que consumirá 100% energía renovable este año. «En la actualidad solo existen 101 ciudades en el mundo, entre ellas Oslo o Vancouver, que disponen de un suministro de iguales características, por lo que la capital del Jerte podrá formar parte de esta exclusiva lista en apenas 9 meses», comprometió Sanz.

De igual forma, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha insistido en que el futuro parque eólico tendrá un impacto «muy positivo» en la ciudad, sobre todo en lo que a creación de empleo se refiere. En este sentido, ha recordado que el Consistorio ha aprobado recientemente un canon de 782.000 euros que la sociedad Gas Natural Fenosa Renovables tendrá que abonar como requisito previo a la licencia de construcción del parque. El alcalde resaltó que la capital del Jerte «vaya a hacer historia» al ser la primera ciudad de Extremadura en albergar un parque eólico en su término municipal. «La consecución de este proyecto viene precedido de un trabajo duro e intenso», aseguró Pizarro.

En Extremadura “gracias al PP”

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la construcción de un parque eólico en Extremadura ha sido posible «gracias a una reforma» que hizo su gobierno autonómico durante la pasada legislatura. Tras mostrar su «confianza» en que se pongan más proyectos de este tipo en marcha, Monago ha recordado que el proyecto que se está construyendo ya «se venía gestando» durante la legislatura pasada con el PP.

«Y ha sido posible gracias a una reforma que hicimos y que suavizó algunas trabas que existían, como la exigencia de creación de 3 puestos de trabajo por cada megavatio», señaló el líder del PP. Monago ha insistido en que la reforma que impulsó el PP es la que ha permitido que el proyecto del parque eólico placentino sea «viable económica y técnicamente». «Es un día importante para una comunidad que tiene vocación energética pero en la que faltaba una energía como la eólica«, indicó.

Por ello, el presidente del PP ha mostrado su satisfacción porque se trata de proyectos que conllevan «una creación de puestos de trabajo importante» y también una tributación tanto para las arcas municipales como regionales, «y eso significa más oportunidades de desarrollo para la comunidad”, ha agregado. También se ha referido a las palabras de Fernández Vara, sobre la necesidad de ponerse de acuerdo «entre todos» para decidir «qué fuentes energéticas queremos, ya que esto influirá en el futuro del país y de la región». Monago ha señalado que «lo que tiene que hacer es hablar con Pedro Sánchez porque en las Cortes hacen justo lo contrario, el PSOE está en el me opongo permanentemente«.

Ciudadanos habla del retraso eólico

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, lamenta que Extremadura «haya perdido empleo e inversiones» al incorporarse «con años de retraso» a la energía eólica. En este sentido, ha precisado que «debe ganar ese tiempo perdido porque el desarrollo de las renovables es un activo para el empleo y las inversiones como pone de manifiesto este proyecto«, ha dicho Domínguez. La portavoz reiteró que Ciudadanos siempre ha defendido la necesidad de «impulsar el cambio de modelo energético», de apostar por el desarrollo de energías renovables y por hacer «esa transición hacia las energías limpias como parte de la estrategia contra el cambio climático, de acuerdo con los objetivos marcados por la Unión Europea».

Nadal anuncia que el Gobierno propondrá regular por ley el cierre de centrales eléctricas y defiende la térmica de Andorra

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado que el grupo parlamentario del PP en el Congreso va a presentar una proposición de ley para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica con una norma «de rango de ley» que evite “la tentación de algún gran operador de cerrar una central rentable para aumentar los precios”. El ministro ha confiado en el diálogo con los demás grupos parlamentarios para sacar adelante esta normativa.

Nadal ha señalado que el Gobierno ha emprendido una reforma laboral, financiera, energética y administrativa-tributaria, y ve “sorprendente que se le diga al Gobierno que no hay que hacer estas reformas, que hay que revertirlas», lo que considera un error, lamentando que no se proponen reformas alternativas, solamente «críticas». En materia energética, ha sostenido que es necesario reducir las emisiones de CO2 pero sin encarecer el precio de la energía, especialmente en un país como España «que no tiene grandes fuentes energéticas» y que necesita importar la energía que consume.

En la transición hacia las energías renovables y limpias, Nadal apuesta por «evitar correr demasiado», como cree que hizo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que con «prisa» puso la ideología sobre el elemento práctico desarrollando renovables de forma previa al desarrollo total de estas tecnologías. “Pero tampoco quedarse atrás», matizó el ministro, “asumiendo los avances tecnológicos «sin precipitarse, para que el coste no acabe repercutiendo en el consumidor. No obstante, Nadal ha asegurado que las renovables van a ser el «centro» del sistema y que deberán incrementar su peso entre un 27% y un 35%, pero no pueden ser la energía «base» porque no son las que están siempre «sí o sí».

En este sentido, ha apostado por mantener el mix energético, en el que la nuclear, el gas y el carbón suponen un 20% cada una, dejando el resto a las renovables. Estas primeras son las únicas que pueden dar servicio en cualquier momento, especialmente en las «puntas», con la nuclear como la más barata, la que no lanza emisiones de CO2, pero que sí que genera residuos difíciles de eliminar; el carbón como la segunda más barata, aunque la más contaminante; y el gas, que es la más cara y emite CO2, si bien en menor medida que la anterior. En este punto, ve como inconveniente que la energía renovable no garantiza el suministro las 24 horas todos los días.

«El Gobierno quiere mantener el carbón, el gas y la nuclear mientras sean rentables», porque suprimir el carbón conllevaría un incremento de los precios de entre el 18% y el 25%, prescindir de la nuclear aumentaría entre un 13% y un 26% los precios y eliminar ambas incrementaría el recibo entre el 38% y el 65%. Por ello, para evitar que se cierren las centrales, el PP presentará en el Congreso una ley para regular el cierre de estas instalaciones, de modo que el cierre de las centrales sea «ordenado, en función de objetivos y garantizando la competencia y el precio». En todo caso, recordó que el PP cuenta con 135 diputados y para aprobar este texto «se necesitan 176».

La proposición de ley está concebida para recoger las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto ya elaborado por el Gobierno, entre las que destaca la de dotar de rango de ley a la normativa. Está ahora, por tanto, a la espera de la posición del resto de grupos, porque «una cosa es predicar y otra, dar trigo», ha apuntado. Nadal ha defendido que, si el hipotético cierre de una central puede distorsionar el mercado, «se pueda parar».

Asimismo, considera que las centrales de carbón son «imprescindibles hasta que no haya cambios sustanciales en el mercado del gas» y ha asegurado que la térmica de Andorra es competitiva, eficiente y es «necesaria para el sistema», aunque ha admitido que Europa no está a favor de ofrecer ayudas directas a estas instalaciones y que su continuidad no depende exclusivamente del Gobierno. Ha advertido nuevamente de que si se cerrasen centrales como Andorra, Compostilla o las nucleares «habría subidas de precios más que sustanciales», apuntando que las centrales de carbón han asumido las puntas de consumo eléctrico y han permitido que no se encarezca más el recibo de la luz.

El ministro, que se encontraba en Zaragoza, ha asegurado que Aragón «se está convirtiendo en una potencia energética» tras las subastas de energías renovables. Asimismo, Nadal ha resaltado el cambio experimentado por España en las dos últimas generaciones, al pasar de ser un país «muy pobre» a situarse «en la media de Europa», y ha señalado que para que un país tenga éxito debe producir los bienes y servicios que otros quieren. Ha recordado, además, que tras la primera y segunda revolución industrial, ahora se está viviendo una tercera revolución energético-climática que consiste «en producir no más energía, sino mejor».

Satisfacción evidente en Izquierda Unida

Por su parte, la alcaldesa de Andorra (Teruel), Sofía Ciércoles (Izquierda Unida), ve el anuncio del ministro «gratificante» pero ha urgido al acuerdo porque «cada vez tenemos menos tiempo». En este sentido, Ciércoles se ha congratulado de que haya dicho que la central térmica de Andorra es «imprescindible», habida cuenta de que el carbón sigue siendo un factor «importantísimo» y «competitivo» y de que la planta es «eficiente» y tiene el suministro «a puerta». Por ello, se ha mostrado satisfecha por la apuesta por el carbón, que «sigue siendo de las energías más económicas», aunque falta que la proposición de ley que ha anunciado el ministro sea aceptada para evitar el cierre de la central.

No obstante, no ha obviado que la planta de Andorra está en una situación «crítica» ya que no ve que Enel o Endesa tome una decisión o que el Gobierno central haga una apuesta «decidida«. Por ello, considera «importante» esta intervención del ministro, al que ha instado a poner en marcha ya las medidas para evitar el cierre y, entretanto, se va trabajando por diversificar la economía y por una transición «justa» que evite el monocultivo actual en la zona.

La alcaldesa ha lamentado también que «la pelota se la van pasando de un tejado a otro», porque Madrid pone las medidas sobre la mesa, pero decide Bruselas. En ese sentido, ha insistido en que «si España lo tiene claro, lo que tiene que hacer es luchar para que así sea», dado que, además, todos los grupos tienen representantes en Bruselas para defender el carbón.

3 asociaciones civiles se querellan contra cuatro exministros de Zapatero, uno de Rajoy y Florentino Pérez por el almacén Castor

Europa Press / EFE.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) han presentado una querella criminal ciudadana ante la Audiencia Nacional contra cuatro exministros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del popular de Mariano Rajoy por sus supuestas responsabilidades en la construcción del almacén Castor.

La querella se presenta contra los exministros de Industria, Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), así como el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP), y a las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa. También acusan al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; así como a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria con más de un 60% de la mercantil Escal UGS, quien tenía la concesión del almacén de gas; al presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro; yal exsecretario general de Energía del PSOE, Ignasi Nieto.

A todos ellos les atribuyen delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Castor de almacenamiento submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón). Según los responsables de las asociaciones demandantes, esta querella se presenta porque «presuntamente ha habido enriquecimiento ilícito» de ciertas personas y porque tanto en los trámites administrativos, de contrato y de indemnizaciones a la empresa concesionaria del proyecto, consideran que hay «anomalías» con políticos implicados “que podrían constituir un delito”. «Se tiene que investigar», sentencian.

El objetivo de la querella es exigir responsabilidades a los dirigentes políticos vinculados al proyecto y evitar que los ciudadanos tengan que pagar 1.350,7 millones de euros, a través de la tarifa del gas, ha explicado Simona Levi, fundadora de Xnet. El decreto de 2014 que materializó la indemnización fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional a finales de 2017. Tras la decisión judicial, se han dejado de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro. «La ciudadanía no tiene que pagar por los dolos y negligencias, ni por ninguna operación fallida de ninguna empresa», subraya Levi.

El juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional tiene «competencia en el caso ya que se trata de una defraudación que ha producido graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y ha habido perjuicio patrimonial», asegura Levi. Según se desprende de la querella, atribuyen un delito de malversación porque consideran que la «repercusión directa de los gastos de mantenimiento de Castor en los costes regulados del sistema gasista que las empresas comercializadoras de gas acaban repercutiendo al consumidor final debe ser considerado caudal público«.

A su juicio, Enagás, que efectúa actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista y que las comercializadoras acaban imputando al consumidor, «deviene el instrumento para recaudar las cantidades necesarias a través del peaje para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor y, por tanto, el instrumento para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades públicas o de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma, ideada, planificada, construida y mantenida para enriquecer a los querellados».

Con respecto al delito de prevaricación, la querella apunta que uno de los actos administrativos dictados por los funcionarios públicos y autoridades querelladas, se realizaron «en connivencia con los querellados particulares para garantizar el éxito de la operación». «Constituyen decisiones criminales de los poderes públicos adoptadas al margen de la ley, arbitrarias, injustas y contrarias al interés general, y, por tanto, subsumibles dentro del delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», indicaron.

Asimismo, la querella también señala que la conducta de los querellados también es «subsumible en un delito de fraude a la Administración Pública». Así, la querella observa «un componente patrimonial, en cuanto se lesionan los intereses económicos de la Administración». «La concatenación de los hechos descritos no puede responder a la causalidad o al azar; el dictado de tantas resoluciones administrativas arbitrarias con el corolario de la millonaria indemnización, siempre en contra del interés general y solo en provecho de un grupo empresarial, solo pueden ser comprendidas desde el concierto entre responsables públicos de la energía y las empresas denunciadas en los términos descritos en uno de los fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético«, concluye la querella.

Esta demanda, registrada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, cuenta con el respaldo de la Red para la soberanía energética (Sxe); Alianza contra la pobreza energética (APE); @15MpaRato (querella ciudadana del Caso Bankia); el Observatorio de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observatorio DESC); y la asociación de afectados de Castor (Aplaca). Levi ha anunciado que se ha puesto en marcha un buzón para que ciudadanos, de manera anónima, puedan aportar información «sensible» sobre el caso. Por el momento, dos personas contactaron ya con las asociaciones, y esperan que más ciudadanos sumen información «interesante e inédita» que ayude a la querella.

El proyecto Castor consistió en la construcción de un almacén de gas aprovechando un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad y bajo el nivel del mar. Cuando se comenzó a inyectar gas se registraron en la zona cientos de pequeños seísmos, lo que llevó al Gobierno, entonces ya del PP, a paralizar las operaciones. En la actualidad, el almacén permanece hibernado y no se desmantelará por ahora ya que los expertos consideran que sacar en estos momentos el gas conllevaría un alto riesgo.

El alcalde de Calzadilla de los Barros (Badajoz) denuncia que la Junta de Extremadura obstaculiza una planta de energía fotovoltaica

EFE.- El alcalde de Calzadilla de los Barros, Antonio Galván (PP), ha pedido a la Junta de Extremadura que no obstaculice la instalación de una planta fotovoltaica en los términos municipales de Calzadilla y Medina de las Torres. En este sentido, Galván, que también es senador por la provincia de Badajoz, reclama a la Consejería de Economía e Infraestructuras «un compromiso firme» de que la Junta no obstaculizará la instalación de los 74 megavatios admitidos por el Ministerio para ambos términos.

El alcalde expresó su «más profunda indignación» por las informaciones que le han llegado a propósito de las reuniones que se han celebrado en despachos de la Junta de Extremadura a lo largo del mes de febrero, según indicó, entre el consejero de Economía, José Luis Navarro, y los promotores de los Proyectos Fotovoltaicos Calzadilla y Núñez de Balboa. Según Galván, esas informaciones apuntan a que en dichas reuniones se estaría alentando la idea de «borrar de un plumazo los 74 megavatios de la planta fotovoltaica Calzadilla III«, que se asentaría en los términos municipales de Calzadilla de los Barros y Medina de las Torres.

Posible supresión de Calzadilla B

Dicha instalación, ha apuntado Galván, ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y todos los permisos pertinentes para su construcción y puesta en funcionamiento. En las citadas reuniones, denuncian, «se habría valorado la supresión» de la planta fotovoltaica Calzadilla III y la promoción de la planta Calzadilla B (en el término de Bienvenida) y de la planta Nuñez de Balboa, en Usagre.

Ante ello, Galván subrayó su «más frontal oposición», pues ello conllevaría una «discriminación» a los ciudadanos de ambas localidades para su acceso al empleo por la supresión de los puestos de trabajo que generaría la mencionada planta. Los técnicos del Ministerio autorizaron 224 MW, con Calzadilla III y Calzadilla B, por lo que Galván cree que «no se entendería» que ahora quede limitado a solo 150 MW (Calzadilla B), «sin ninguna razón que lo explique».

El Congreso insta al Gobierno a incluir a las bicicletas eléctricas en el Plan MOVEA para impulsar la movilidad sostenible

Europa Press.- La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso aprobó, pese a los votos en contra del PP, una proposición no de ley del PSOE para mejorar la fiscalidad de la bicicleta, tanto convencional como eléctrica. Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno a incluir en el Plan MOVEA 2018 a la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería como uno más de los vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adquisición.

Además, pide evaluar la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a las compras de bicicletas convencionales y eléctricas solicitando, en su caso, a las instituciones europeas correspondientes la modificación de la Directiva Europea relativa al sistema común del IVA, para añadir dicho supuesto en la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden estar sujetas a los tipos reducidos del IVA. Igualmente, apunta a la necesidad de analizar la posibilidad de considerar como renta en especie exenta las ayudas que las empresas destinen para la adquisición y/o utilización de bicicletas por parte de sus empleados.