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El PP y Foro Asturias pactan destinar 10 millones de euros a reducir las emisiones contaminantes en las centrales térmicas

Europa Press.- El PP y Foro Asturias alcanzaron un acuerdo para la promoción por parte del Gobierno de mecanismos de apoyo para la reducción de emisiones medioambientales en las centrales térmicas por valor de 10 millones de euros. La enmienda, incluida en el proyecto de Presupuestos a través de una nueva disposición adicional, recoge así el acuerdo entre PP y Foro, que pactaron dotar con hasta 10 millones de euros en los Presupuestos las subvenciones para reducir la contaminación en estas centrales.

El Congreso acepta usar el superávit eléctrico para el pago de las indemnizaciones a las renovables por los arbitrajes adversos

Europa Press.- La Comisión de Presupuestos del Congreso ha incorporado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias contra empresas en litigios derivados de la normativa del sector eléctrico.

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional el dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales. Sin embargo, esta aplicación se amplía para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP, autor de la iniciativa, en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a Presupuestos». Esta enmienda se registró cuando España perdió su primer arbitraje internacional, por los recortes aplicados a las renovables.

Estas disposiciones con rango de ley suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

El Gobierno quiere obligar a subastar desde «un euro» las térmicas de carbón si se decide su cierre

Europa Press.- El Gobierno quiere obligar a subastar «desde un euro» las centrales térmicas de carbón si sus propietarios deciden su cierre, para lo que ha elaborado un decreto ley que llevará al Congreso, donde reclama el apoyo del PSOE que permita su aprobación. Así lo ha explicado la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, antes de reunirse con el Comité de Empresa de Endesa Generación UPT Compostilla, central cuyo cierre ha anunciado Enel, actual propietaria de Endesa.

A este respecto, la consejera ha recordado que la Junta ha hecho «todo lo posible» en defensa de la extracción y quema de carbón autóctono, con cuyo mantenimiento está de acuerdo el Ministerio de Energía, pero para ello incide en que la única manera es mantener la central abierta, dado que es «muy importante» en España (tiene una potencia de más de 1.000 megavatios) y habría razones de «seguridad en el suministro» para su mantenimiento.

Pilar del Olmo ha asegurado que el Ministerio ha elaborado el citado decreto ley con el que pretende que continúen todas las centrales por seguridad del suministro y competitividad y recogería que, una vez que se comunique la intención de cerrar la central, algo de lo que tienen obligación, se abriera un procedimiento de subasta «baratísimo», ya que se podría subastar hasta «por un euro«.

La consejera, quien asegura que sería «rentable», ha apelado a la «responsabilidad» del PSOE para que apoye este decreto ley en el Congreso y continúen las centrales más allá de 2020, aunque entiende que la formación se encuentra ahora en un debate interno. Además, ha aclarado que se lo pide a los socialistas porque no conoce la opinión al respecto de otras formaciones y, por ejemplo, Podemos no se manifiesta.

Asimismo, subrayó la importancia del carbón y de las centrales térmicas, que en el mix de generación supusieron en 2016 el 16%, pero los pasados diciembre y enero llegaron al 20% de aportación, con precios de 50 euros por megavatio hora frente a otras energías que alcanzaron los 90. El propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya pidió el apoyo del PSOE en el último pleno del Senado para que el carbón esté en el mix energético nacional y espera su apoyo al decreto ley.

El objetivo de todo esto, insistió la consejera de Economía, es que Compostilla siga y se permita a Endesa o a otras empresas realizar las inversiones para que tengan continuidad. Pilar del Olmo señaló que el problema de Endesa es que depende de la italiana Enel, cuyo principal accionista es el Gobierno, por lo que atiende a los intereses italianos. En este sentido, recordó que todas las centrales tienen que hacer inversiones para adaptarse a la normativa medioambiental y ya en una primera fase hicieron procesos de desulfuración y en una segunda tienen que abordar la desnitrificación, para continuar su funcionamiento más allá de 2023.

El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, ha detallado que los grupos III, IV y V de Compostilla y los grupos II de Robla y Guardo se han sometido a desulfuración y con una adaptación a la directiva de Emisiones Industriales sería suficiente potencia para quemar todo el carbón que se extrae en Castilla y León (dado que los grupos I de La Robla y Guardo y Anllares no han llevado a cabo adaptaciones). En cualquier caso, ha recordado que el plazo para adaptarse se extiende hasta el 2020 y hay tiempo, aunque hay que tomar decisiones.

El Senado insta al Gobierno a impulsar el sector forestal y la gestión sostenible y promover los productos forestales

Europa Press.- El pleno del Senado ha aprobado por unanimidad una moción en la que se insta al Gobierno a desarrollar un programa con medidas para impulsar el sector forestal y la gestión sostenible y que promueva los productos forestales para aumentar su consumo responsable con el objetivo de activar la gestión forestal en España. La iniciativa aprobada subraya la importancia de los bosques para la cohesión territorial, el desarrollo rural y su papel para frenar la despoblación.

Asimismo, se debe fomentar la investigación de nuevos productos forestales, como biomateriales innovadores, biocombustibles a partir de residuos forestales, obtención de compost a partir de los residuos, entre otros. La iniciativa ha sido aprobada tras ser transaccionada por todos los grupos parlamentarios con la excepción del PNV. Los senadores del PP, Salomé Pradas y Juan Carlos Álvarez, mostraron su satisfacción por el consenso logrado y que ha dado origen a una moción que incluye casi la totalidad de las enmiendas presentadas, dando lugar a una amplía baterías de medidas para impulsar al sector forestal. Pradas subrayó que este sector permite cubrir el 5% de la energía primaria consumida en España.

La propuesta solicita revisar el Plan forestal, según la Ley de Montes de 2003 para adecuarlo a las exigencias medioambientales actuales en el escenario de compromiso de lucha contra el cambio climático y de apuesta real por la biodiversidad, la economía y el empleo verde, la economía circular, la construcción sostenible y el consumo responsable. Por último, propone al Ejecutivo que en el futuro proyecto ley de cambio climático y transición energética el sector forestal tenga un papel predominante que permita un desarrollo sostenible del medio rural desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental.

Nadal asevera que el almacén de gas Castor «no tenía sentido» por «faraónico» y lo desmantelará cuando sea seguro hacerlo

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que el proyecto de almacén subterráneo de Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) aprobado por el anterior Gobierno socialista «no tenía sentido» porque «no hacía ninguna falta» y era «faraónico», al tiempo que el contrato eximía a la empresa de «cualquier responsabilidad«.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Nadal ha confirmado la intención de desmantelar el almacén cuando sea seguro hacerlo pero antes «habrá que estudiar mucho la situación» ya que es «tan peligroso» volver a meter gas como extraerlo. El ministro comparó la situación con un globo, que al inflarse ha movido unas paredes que al desinflarse también se pueden mover, aunque la situación en la actualidad «es estable». «El Gobierno está tratando esto con mucha prudencia y cuidado, teniendo todas las garantías de que no se van a repetir los movimientos sísmicos y cuando tengamos claro en qué condiciones se va a producir esto», ha apuntado.

Por otro lado, ha alabado al anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, porque asumió su «responsabilidad política» y pidió «perdón» por el desarrollo de Castor así como por los efectos que produjo a la población. «Tuvo la capacidad política y la honradez de pedir perdón y yo creo que eso está muy bien», ha defendido el ministro de Energía que, en cuanto a las responsabilidades judiciales, ha dicho que «el tema» está judicializado y que por tanto hay que esperar al pronunciamiento de los jueces.

Así ha respondido al senador de Esquerra Republicana, Miguel José Aubá, que ha pedido el desmantelamiento «inmediato» del almacén «con las máximas garantías de seguridad y de transparencia» y ha reiterado la petición de su grupo parlamentario de crear una subcomisión de investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades. En este sentido, el ministro ha sacado pecho por la actuación del Ejecutivo en torno a Castor, “un problema creado por gobiernos anteriores». Nadal recordó  que cuando asumió las responsabilidades, el Gobierno pidió la nulidad al Supremo, que no la concedió «porque el Gobierno socialista al que ustedes apoyaban, fue el que firmó ese contrato e hizo ese real decreto».

Por el contrario, ha añadido que se buscó una solución financiera y que estableció el cierre del proyecto y la elaboración de un estudio para conocer exactamente lo ocurrido. De este modo, ha defendido el «esfuerzo» de negociación del Ejecutivo porque si Castor estuviera funcionando, en la actualidad los consumidores estarían pagando 214 millones anuales pero se llegó a un acuerdo con las partes para bajar la rentabilidad, lo que permite pagar 95 millones de euros en su lugar. El ministro obvia que se pagarían 214 millones por un almacén de gas y sin embargo se van a pagar 95 millones por una instalación fallida.

Por su parte, el senador ha solicitado al ministro que desmantele «de manera inmediata» con un calendario de actuaciones «público» y que se traslade la información «a los afectados», porque los consumidores están pagando 4.700 millones de euros y un coste anual de 15,7 millones más por mantener Castor en hibernación. En ese sentido, ha deseado que el Gobierno hubiese mostrado exigencia en el desmantelamiento del almacén y en «depurar responsabilidades» de quienes tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor. Sin embargo, ha lamentado que «nadie» ha asumido responsabilidades técnicas, políticas ni económicas ni administrativas, mientras los consumidores de gas están pagando «el desastre» con el aumento del gas en su factura.

El Congreso, sin el PP, pide al Gobierno la reducción inmediata de la contaminación y una revisión del modelo energético

Europa Press.- El Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP, instó al Gobierno a tomar medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético nacional. Entre ellas, una revisión de todas aquellas normativas actuales que impiden crecer a las energías renovables, el impulso de la rehabilitación de viviendas o la puesta en marcha de incentivos para aumentar el uso del coche eléctrico.

El texto votado, una moción consecuencia de una interpelación urgente a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, es una iniciativa del PSOE pactada con Unidos Podemos, en la que se llama al Ejecutivo a apostar por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética eliminando las barreras administrativas y económicas que «impiden» transitar hacia un modelo energético de producción descentralizada, con la ciudadanía en el centro del proceso de producción y consumo de electricidad. «Todo ello, mediante incentivos y ayudas al autoconsumo, con el objeto de contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico«, apunta la propuesta.

Otra de las medidas que plantea la moción es realizar cambios en los patrones de movilidad, apostando por el uso del transporte público y del vehículo eléctrico como «claves». En este sentido, se insta al Gobierno a impulsar la aprobación de una ley de movilidad sostenible; a desarrollar una estrategia industrial y de inversiones en I+D+i para el desarrollo de baterías y motores eléctricos y a consensuar medidas que reduzcan el tráfico de vehículos convencionales.

También en materia de transporte, se pide una «mejora y refuerzo del servicio ferroviario de cercanías y regionales y potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril», así como aprobar una ley de financiación del transporte público e incrementar la financiación del mismo, permitiendo un servicio de proximidad sin emisiones contaminantes, incluyendo actuaciones para la habilitación de BUS VAO en los accesos a grandes núcleos urbanos.

Por otra parte, se llama a implementar las medidas necesarias para impulsar planes de rehabilitación de viviendas: revisando las normas de edificación y aplicando requisitos máximos de consumo energético o mínimos de eficiencia energética en edificios. Además, se pide un plan de rehabilitación y construcción con criterios de eficiencia energética que permita fomentar la creación de empleo.También proponen la aprobación, durante el año 2017, de un Plan específico para la transición del modelo energético para la industria; el impulso de una fiscalidad medioambiental real próxima a la media europea; crear un informe anual de evaluación del aire; implantar de forma inmediata un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares; o impulsar subastas de electricidad renovable, entre otras medidas.

Podemos negocia con el PSOE

Unidos Podemos condicionó su apoyo a la negociación de un texto transaccional. Entre las peticiones que la formación morada planteó, se encontraba la de exigir un «calendario real» para que España pueda llevar a cabo una «verdadera» transición energética, con potentes políticas autonómicas y estatales para que esta labor sea «más efectiva», según apuntó el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell. En la iniciativa original, el PSOE reclamaba al Ejecutivo que cumpla con las directivas europeas relacionadas con una atmósfera limpia en Europa y a colaborar con las administraciones que incumplen con esta directiva a tomar las decisiones necesarias para llegar a los niveles que se le exigen.

Además, se sugería el impulso a medio plazo a la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de los planes de rehabilitación de viviendas; llevar a cabo campañas de concienciación; fomentar la reducción de consumo energético en los edificios de organismos públicos. La portavoz del PSOE en materia de energía, Pilar Lucio, ha exigido también que el Ejecutivo apueste, con incentivos fiscales, por el vehículo eléctrico. Para ello, el PSOE pide que se defina un modelo por el que se incentive la adquisición de coches eléctricos «a un precio razonable», según matizó Lucio, y que se facilite un sistema de recargas de acceso público.

Tras las peticiones socialistas, la portavoz del PP en esta materia, María Teresa de Lara, ha mostrado su «sorpresa» por esta iniciativa ya que «se insta al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo» y «le obliga a cumplir lo que ya cumple«. Así, asegura que muchos de los puntos que se incluyen en la moción estarán dentro de la nueva Ley de Cambio Climático que ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de investidura.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, se mostró a favor de la moción del PSOE al considerar que recoge muchas de las necesidades que el país precisa en esta materia. Pero además, llama a crear un Pacto de Estado de Energía e insiste en la necesidad de un nuevo Plan Nacional del Aire y de una Ley de Cambio Climático. «Me abruma todo lo que necesitamos», reconoció ante el Hemiciclo, en donde ha defendido la educación en el medio ambiente «sin crear impuestos», sino en «las aulas y hablando con la sociedad» del tema.

España pierde su primer arbitraje internacional en el Ciadi por los recortes a las renovables ante la firma británica Eiser

Europa Press.- El Estado español perdió el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, según indicaron fuentes cercanas. El laudo, notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que contó en el proceso con el asesoramiento de Allen&Overy.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. La inversión comprometida en estas centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero con el PSOE en el poder, y el último con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP. El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor de España.

España acumula ante el Ciadi casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables. Eso sí, a nivel nacional, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años. Los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje.

El cambio de tarifas eléctricas por el acuerdo PP-PNV beneficiará a 1.250 empresas, ahorrando 50 millones a la industria vasca

EFE / Europa Press.- Unas 1.250 empresas de 6 comunidades autónomas se beneficiarán del cambio de tarifas eléctricas acordado por el PNV y el PP en la negociación para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Estos datos fueron divulgados por la Plataforma kV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión de toda España, que lleva tiempo reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad que pagan en función de la tensión en la que se ubican.

Esta plataforma calcula que el sobrecoste tarifario que históricamente han pagado esas 1.250 empresas en toda España se eleva a unos 100 millones de euros de más al año. En este sentido, el acuerdo beneficiará, según los cálculos de esta plataforma, a 790 empresas vascas, a 357 andaluzas, a 42 navarras, a 33 firmas castellanoleonesas, a 17 cántabras y a 11 asturianas. Con el pacto alcanzado para aprobar los Presupuesto, el Gobierno central se compromete a eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1b y a englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2 en 2018. El PNV considera que este pacto supondrá un ahorro para las empresas vascas afectadas de 50 millones de euros.

Discriminación para los 25 kilovoltios

Gracias al acuerdo, las empresas que estén conectadas a la red en tensiones de 30.000 a 36.000 voltios abonarán una tarifa más barata. La plataforma kV25/30, en la que están la patronal alavesa SEA, la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona junto a otro centenar de empresas asociadas, ha mostrado su «satisfacción» por este acuerdo ya que recoge una de las cuestiones que viene reclamando «desde hace meses ante distintas instituciones y partidos políticos».

No obstante, la plataforma advierte de que «el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros anuales por estar mal encuadradas«. Según sus cálculos, en Cataluña hay 3.277 empresas que no se beneficiarán del acuerdo porque la tarifa aplicada es la de 25 kilovoltios. Lo mismo ocurre con 365 empresas de Extremadura, 290 de Aragón, 6 de Murcia y 3 de Castilla-La Mancha.

Nadal señala que Castor se desmantelará «cuando se pueda garantizar la seguridad” mientras el PP culpa a Zapatero

Europa Press.- El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, asegura que las disculpas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Vinaròs por el almacén Castor «se quedaron cortas» tras el informe por el que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que el almacén no se reabrirá y que su desmantelamiento se producirá tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener «las garantías» de que esta decisión «no va a suponer ningún problema».

«Cuando se pueda hacer se hará», fue la respuesta de Nadal sobre el desmantelamiento del proyecto Castor. Según ha explicado, el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y a la Universidad de Harvard relaciona la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos y reconoce que la decisión del Gobierno de parar la actividad de la plataforma fue la correcta. Actualmente, según dicen los expertos, la situación es estable.

Aprovechando esta estabilidad, Industria encargará nuevos informes para determinar el futuro de Castor, según indicó Nadal. Y es que, igual que existe un riesgo para la zona con la inyección de gas, también lo existe a la hora de desmantelar el proyecto. «Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad», explicó.

El MIT, “la mejor técnica”

Otra de las novedades que aparecen en el informe del MIT es que la falla que se pensaba afectada hasta ahora no es la que ocasionó los problemas, sino otra que está muy cercana: la falla de Amposta. Por este motivo, el Ejecutivo también «deberá hacer estudios de todo tipo, técnicos y geológicos, para ver cómo se hace con el futuro con esta instalación» que, para Nadal, «está claro que no puede volver a funcionar».

Finalmente, Nadal apunta que desde el MIT se ha reconocido la buena labor de los técnicos del Ejecutivo, tanto antes como después de la puesta en marcha de la plataforma aunque señalan que estas instalaciones tan complejas requieren un estadio de desarrollo tecnológico superior al que es obligatorio actualmente. Por eso llaman a incluir un trabajo como el que ellos realizan a partir de ahora. Concretamente, ha explicado que este centro tiene «la mejor técnica que existe a nivel mundial» porque unen tres tipos simultáneamente: la técnica de los sismólogos, la de los geólogos y las de los ingenieros. «Por eso el Gobierno eligió este sitio, porque se sabía que tenían las técnicas más avanzadas a nivel mundial», ha concluido.

El PP recuerda a Zapatero

Por su parte, el diputado popular Miguel Barrachina ha recordado que el expresidente socialista Zapatero hizo una visita a Vinaròs en la que aprovechó «para pedir perdón pero, después del informe de los expertos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) es evidente que aquellas disculpas se quedan cortas«. Según considera, el «contundente» informe muestra el «grave error» que los socialistas cometieron cuando impusieron el Castor en Vinaròs «y que ha acabado por ser un desastre que debemos pagar entre todos en nuestros recibos del gas».

Asimismo, el PP ha pedido celeridad a la justicia, «ya que hay 18 altos cargos, todos del PSOE, imputados por este atropello a los intereses de los consumidores y que además ha sido toda una agresión a la provincia de Castellón». El PP ha recordado que el almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo de 1.300 millones, así como otras compensaciones incluidas en un real decreto del PSOE.

El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y «defendió» los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012, nada más entrar en el Gobierno y, además, con una orden ministerial del mismo año «inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa», ha añadido el partido, que ha añadido que «gracias al PP se han conseguido reducir los intereses y gastos financieros de esta decisión del PSOE, se ha ampliado el periodo de amortización y se ha garantizado que no se van a extinguir las responsabilidades».

«Tal y como ha defendido el PP en la comisión de Industria, ahora mismo se está investigando qué pasó, mientras el PP busca garantizar que se cumpla la Ley, a la vez que trabaja por reducir el coste de esta hipoteca socialista», ha apuntado Barrachina. No obstante, el diputado ha recordado que el Tribunal Supremo no aceptó la queja del PP «al haber firmado el Gobierno socialista esta compensación para la empresa, lo que ha supuesto una herencia envenenada para los consumidores de toda España». Barrachina ha sentenciado que Castor “fue una apuesta de los socialistas que ahora pagamos todos».

La Fiscalía Anticorrupción presenta una querella por la trama eólica en Castilla y León

EFE.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por la trama eólica en Castilla y León, con 21 acusados por prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias en la instalación de parques eólicos, ante lo que el presidente de la Junta, el popular Juan Vicente Herrera, ha ofrecido la máxima colaboración.

Entre los acusados figura el exviceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, entre otros altos cargos como Alberto Esgueva, y directivos de las empresas que construyeron los parques, como Iberdrola o Collosa, en una trama en las que las comisiones desveladas sumarían en torno a los 80 millones de euros. La querella, tras dos años de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción ante los datos aportados por la Agencia Tributaria, se refiere a hechos de hace 11 años, en el 2006, lo que le llevó al presidente de la Junta a pedir a la justicia a que «actúe cuanto antes».

Herrera insiste en que están a disposición de la Justicia para aportar toda la documentación que se requiera, como han hecho hasta ahora; y reconoce que pudo producirse en la Administración pública algún caso «de actuación irregular», aunque considera que la mayoría de los trabajadores públicos actúan con la máxima honradez en beneficio de los ciudadanos. Herrera señala que «no es algo positivo que se confirmen esos indicios», aunque insistió en que su deseo es que actúe la autoridad judicial.

Desde el PSOE, su líder en Castilla y León, Luis Tudanca, ha exigido la comparecencia de Herrera ante el pleno de las Cortes autonómicas «para dar explicaciones por la mancha de la corrupción del PP en la comunidad«. «Si no va, le pido al señor Alfonso Fernández Mañueco, nuevo presidente del PP de Castilla y León, que le obligue a comparecer para apartarse de verdad de la corrupción de los gobiernos del PP», ha añadido Tudanca. «Son ya demasiadas tramas aisladas de corrupción» en Castilla y León, ha argumentado Tudanca.

El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha «tildado de escándalo y vergüenza» la «inacción y tolerancia» del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con la «corrupción», al bloquear la comisión parlamentaria creada para analizar la conocida como trama eólica en la comunidad. Para el coordinador autonómico de Izquierda Unida, José Sarrión, «hace falta mucho cinismo» para seguir negando desde el PP que «hay corrupción» en la comunidad autónoma y criticó que los populares sigan con su «voluntad de encubrir» los casos de corrupción con «el bloqueo de la comisión eólica».

Por su parte, el diputado de Ciudadanos por Salamanca y miembro de la Ejecutiva nacional de ese partido, Pablo Yáñez, ha sostenido, en un tuit, que «a nadie le extraña que el PP de Castilla y León pudiera comportarse como el PP de Madrid o de Valencia». En ese sentido, el procurador autonómico de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, insiste en que comience a funcionar en las Cortes de Castilla y León la comisión de investigación de la llamada trama eólica.

Finalmente, el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha precisado que no hay ningún imputado en la supuesta trama eólica de la comunidad que sea afiliado a ese partido y ha pedido dejar a la justicia trabajar antes de abordar el asunto en el parlamento. De la Hoz recuerda que no es un caso de malversación de caudales públicos ya que los 80 millones de los que habla la querella de la Fiscalía Anticorrupción son «de comisiones y pagos entre particulares» y no de dinero público.