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Unas 1.500 personas de España y Portugal piden el cierre de Almaraz

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EFE.- Unas 1.500 personas de España y Portugal reivindicaron el cierre de la central nuclear de Almaraz, en una jornada en la que participaron 40 organizaciones del Movimiento Ibérico Antinuclear y representantes del Bloco de Esquerdas, presente en el gobierno luso y eurodiputados de Podemos e Izquierda Unida. Bajo los gritos de «Chernóbil, Almaraz, Fukushima nunca más», proclamaron un manifiesto para pedir el cierre de la central nuclear de Almaraz en 2020 y que no se amplíe su vida.

El diputado de la Asamblea de la República de Portugal, Pedro Soares, que ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Descentralización y Desarrollo local en el parlamento de Portugal, señaló que «el gobierno de Portugal ha aprobado por unanimidad una moción para pedir al Gobierno español que cierre Almaraz lo antes posible». Para el diputado portugués, «en el caso de que ocurriese un accidente, afectaría también a Portugal y el Tajo sería su vehículo, por lo que es un problema de ambos países».

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, fue más allá e indicó que «es un problema europeo». También aseguró que «en Europa se está avanzando en política antinuclear y España no se puede quedar atrás». Así indicó que, a raíz de Fukushima, Alemania tiene previsto cerrar todas sus centrales nucleares en el 2022 y en Austria se prohibieron en la Constitución.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, ha destacado la importancia de que «dos países que muchas veces han estado de espaldas se unan para defender el río y las energías limpias». A este respecto indicó que «el futuro de los territorios vinculados a las nucleares pasa por cambiar el modelo de producción y apostar por las energías renovables; en Extremadura por suerte cuentan con mucho sol«.

Una de las coordinadoras del Movimiento Ibérico Antinuclear, Paca Blanco, resaltó que la central «ya ha superado su vida útil con más de 30 años y tras una primera ampliación hay que impedir una segunda». Por ello ha pedido que «el reactor 1 se cierre en 2020 y el reactor 2 en 2021 para dejar de correr riesgos innecesarios«. Blanco indicó que cuenta con un informe del físico nuclear Francisco Castejón que avala el cierre y ha incidido en que «el cierre no supondrá pérdida de riqueza para la zona».

La comarca del Campo Arañuelo, a pesar de contar con la central nuclear, «es una de las más pobres de la región y con más paro», destacó. «Las energías renovables son suficientes para mantener el suministro y sólo se está favoreciendo a las compañías eléctricas con el mantenimiento de Almaraz», según el Movimiento Ibérico Antinuclear. Entre las organizaciones que acudieron agrupadas en el Movimiento Ibérico Antinuclear han asistido entre otras PAN (Personas-Animales-Naturaleza), PEV (Partido Ecologista los Verdes), Anticapitalistas, ProTejo, Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace y Equo, así como Podemos, IU, Pacma, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, CGT y CNT.

Álava insta al Gobierno central a retirar su recurso contra la ley antifracking del País Vasco

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EFE.- Las Juntas Generales de Álava instaron al Gobierno central en funciones a retirar su recurso contra la ley vasca antifracking, después de que varios artículos hayan sido suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional con motivo de este recurso. El pleno de las Juntas Generales de Álava aprobó una moción transaccional presentada por EH Bildu, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se opuso al entender que corresponde al Tribunal Constitucional retirar la suspensión sobre esta ley.

La Cámara foral ha urgido también a la Diputación de Álava a adoptar una «actitud proactiva» en la defensa de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica. Asimismo, los grupos han emplazado al Gobierno del País Vasco a utilizar «todas las herramientas jurídicas» reconocidas dentro del Estatuto de Autonomía para defender la ley antifracking. En este sentido, instó al Ejecutivo autonómico a comprometerse con «no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi ni a participar en ningún proyecto» de este tipo fuera del territorio.

Sobre esto último, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, criticó al PNV por mantener una postura «esquizofrénica» en este tema, ya que apoya estas mociones en las instituciones pero sigue «adelante» con sus planes a favor del fracking, en concreto, en los pozos de Enara (ubicados próximos a Vitoria) y en Angosto (Burgos). El nacionalista Roberto González señaló que la postura del PNV en torno al fracking es «clara» y aseguró que su partido no defiende «ni exploración ni explotación». Además, recordó que ha sido el PP quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca.

Por su parte, el portavoz popular, Borja Monje, criticó que «se ve lo que dice y hace el PNV» con el fracking y denunció su «ambigüedad» en la cuestión. El socialista Jon Pablo Nogales trasladó la preocupación de su grupo no sólo por el recurso del Gobierno central, sino también por la «falta de definición del Ejecutivo de Urkullu». Por su parte, Asela Ortiz de Murua, procuradora de Podemos, advirtió del impacto negativo y la incompatibilidad de la fractura hidráulica con otras actividades económicas, así como del escaso retorno económico y eléctrico que supone la inversión en esta técnica extractiva.

El Gobierno de Baleares garantiza que no se está cortando la luz a nadie por razones económicas

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EFE.- El consejero de Energía, Territorio y Movilidad, Marc Pons, asegura que no ha habido cortes de luz a las familias que no pueden pagarla por situación de pobreza durante el año que lleva gobernando el actual ejecutivo balear y recordó que para evitarlo existe un fondo de 200.000 euros. Pons respondió en el Parlamento al portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, que preguntó sobre si han existido cortes de luz por pobreza energética durante este invierno.

Jarabo esgrimió que el dinero público no se debería destinar a cubrir facturas de servicios como el energético, sino que éstas las tendrían que afrontar las empresas, debido a que la luz se incrementó un 72,3% en los últimos 10 años, lo que supone uno de los precios más caros de Europa. En su respuesta, Pons señaló que son los servicios sociales de los ayuntamientos los que «fijan y certifican» esta pobreza energética, en base a la cual el Gobierno autonómico actúa para evitar cortes de energía por cuestiones económicas. Asimismo, indicó que se solicitó a las empresas que aporten recursos para evitar cortes energéticos.

Podemos pide que el Gobierno en funciones no decida ahora el futuro de la central nuclear de Garoña

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EFE.- Miguel Vila, diputado de Podemos en la legislatura que acaba de finalizar, exigió al Gobierno en funciones que no aproveche esta situación de transitoriedad para decidir sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el norte de la provincia de Burgos.

Vila considera que un Gobierno en funciones «no debería de ninguna manera tomar este tipo de decisiones que pueden tener unas consecuencias muy graves», y ha expresado su temor a que intente «una maniobra de este tipo». La autorización de una prórroga en la actividad de la central supondría, en su opinión, un «serio problema» para el siguiente Gobierno, porque revocar una decisión de ese tipo podría implicar el pago de cantidades económicas muy importantes a la propietaria de la central nuclear «por lucro cesante».

El Gobierno autonómico asegura que el gas natural es necesario para Canarias porque las energías renovables no garantizan el suministro

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EFE.- El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, considera que es necesario introducir el gas natural en Canarias como fuente de energía porque las energías renovables no son suficientes para garantizar el suministro eléctrico. Ortega respondió así a la diputada de Podemos, Concepción Monzón, quien le instó a centrarse en las renovables para evitar más dependencia energética, pero el consejero aseguró que con la tecnología actual no se garantiza el suministro. «Por eso necesitamos el gas», añadió Ortega.

Si en un futuro, por el avance de las renovables, «sobra el gas, pues sobrará el gas», a pesar de las inversiones realizadas, sostuvo el consejero. Precisamente la necesidad de amortizar las inversiones en las infraestructuras portuarias y plantas regasificadoras de gas, que cifró en 192 millones de euros sólo en Granadilla, será para Podemos una de las principales trabas para el avance de las energías renovables en las islas. La amortización de esas instalaciones tardará entre 10 y 50 años, alertó, y no hay garantía de que el precio del gas se vaya a mantener en los niveles actuales.

«El gas no soluciona los problemas de Canarias, nos hace más dependiente, tendrá serias repercusiones al impedir la diversificación de las fuentes de energía e incumple los protocolos del cambio climático», argumentó Concepción Monzón. Además, agregó, las elevadas inversiones “concentran el capital en muy pocas empresas”, mientras que las energías renovables y el autoconsumo tienen el efecto contrario, al “extender la participación de pequeñas empresas y particulares en la producción de energía”. El proyecto para introducir el gas en Canarias es de 1988, pero «estamos en 2016» y la tecnología permite el autoconsumo a partir de energías renovables, afirmó Concepción Monzón. Podemos también aludió a «problemas de seguridad» del gas.

Ortega se mostró de acuerdo en que las energías renovables son preferibles, pero afirmó que hay que garantizar el suministro y eso no es posible con la tecnología actual, por lo que concluyó que en Canarias se necesita el gas. El consejero señaló que las islas ya cuentan con plantas de generación de electricidad de ciclo combinado, pero aún no llega el gas a ellas porque no se han materializado las plantas regasificadoras previstas en Granadilla y Arinaga, instalaciones planeadas para construirse en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

El consejero insistió en que «apuesta al 100% por las energías renovables» pero «el gas nos acompañará en el viaje y, si llega un momento en que se tiene que eliminar, se eliminará”. Para subrayar el compromiso del ejecutivo con las renovables, recordó que ha defendido recientemente el autoconsumo en Bruselas, que el ejecutivo desbloqueó los concursos eólicos y que va a convocar las mesas de geotermia y energía fotovoltaica. «Pero hay que garantizar el suministro, y con la tecnología actual no se puede, por eso necesitamos el gas, que contamina menos que el petróleo y es más barato», insistió.

El PSOE y Podemos tachan de «electoralista» el anuncio del preacuerdo del PP con la Unión Europea sobre el carbón

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EFE.- Podemos acusó al PP de utilizar a las comarcas mineras y a sus ciudadanos como moneda de cambio de cara a las elecciones y les acusa de buscar el desmantelamiento del sector. También cargó contra el PSOE, que a su vez calificó de «electoralista la intención del Gobierno central del PP de presentar «in extremis» un preacuerdo con la Comisión Europea para dar nuevos incentivos al carbón, cuando «no ha materializado» ninguna propuesta a favor del sector en esta legislatura.

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Jesús Gutiérrez, recalcó que «lo único que se ha cumplido durante el mandato del PP ha sido el cierre de explotaciones mineras». «Estamos en campaña electoral y el PP nos tiene acostumbrados a mover ficha pero difícilmente en este contexto van a hacer creíble este preacuerdo. Ojalá el Tribunal de la Unión Europea de alguna manera diese el visto bueno a esta propuesta», subrayó. Por último, Gutiérrez apostó por que tras las elecciones se instale un nuevo gobierno de izquierdas en España que cambie la actual situación y, en especial, abogó por que sea el PSOE el que lo lidere.

Podemos contra PP y PSOE

Por su parte, Podemos señaló que la proposición no de ley que rechazó en el último día de sesiones del Congreso propuesta por Foro Asturias “ era papel mojado por el momento en el que se presentó y buscaba un uso interesado del desmantelamiento de la minería que ellos mismos provocaron». «La propuesta era más efectista que eficaz, y lo único que buscaba era hacer campaña electoral con un tema que no se puede dejar para el tiempo de descuento de una legislatura acabada. Las cuencas necesitan propuestas serias y creíbles y no declaraciones de intenciones que se queden guardadas en un cajón», recalca Podemos.

Podemos reivindica que son claros «desde el primer momento» y defiende «una transición energética basada en energías renovables», aunque precisa que mientras se consuma carbón hay que incentivar el mineral autóctono. Además, precisa que el carbón que viene de países como Colombia e Indonesia importado por Goldman Sachs, y que supone dos tercios del carbón que se consume en España, no sería competitivo económicamente si se tuvieran en cuenta los costes sociales y medioambientales asociados a su producción y transporte.

Podemos rechaza incentivar su consumo mediante bonificaciones que repercuten en ayudas indirectas a las centrales eléctricas y que producen desventajas comparativas para las energías renovables. «Sería más eficaz gravar al que está producido sin estos controles, es decir, sustituir la bonificación por una ecotasa al carbón importado de aquellos países donde no se cumplen condiciones laborales y ecológicas mínimas», explica. Asimismo, Podemos responsabiliza del cierre de las minas al exlíder sindical del SOMA-FIA-UGT José Ángel Fernández Villa y al empresario minero Victorino Alonso, a los que acusa de pactar el cierre de las minas con los gobiernos del PSOE, del PP y con la Unión Europea «a cambio de subvenciones».

La diputada de Podemos por León en el Congreso, Ana Marcello, calificó de «artimaña parlamentaria» la actitud que están usando tanto PSOE y PP «en la caza del culpable del cierre de las minas, cuando son ellos los responsables«. Además, Marcello ha censurado «sus tácticas de iniciativas parlamentarias vacías de soluciones y en el último día de actividad parlamentaria», que, advierte, «detectan su debilidad y sus ganas de buscar culpables de sus mala gestión y querer usar, una vez más, las cuencas mineras en el inicio de su campaña electoral».

Satisfacción en PP de León

El presidente provincial del PP de León, Eduardo Fernández, reivindicó que una vez alcanzado el preacuerdo, «ahora es necesario ver cómo se hace más atractivo el carbón nacional», por lo que reclamó que se ponga en valor el carbón autóctono animando a las eléctricas a su consumo preferente. Asimismo recalcó que el acuerdo es fruto de una negociación «larguísima y complicada» y destacó que servirá para paliar la difícil situación del sector. Además, ha expresado su esperanza en que el acuerdo no llegue tarde dada la difícil situación de un sector sin apenas actividad actualmente.

Fernández insistió en responsabilizar de la situación al anterior gobierno socialista que, según enfatizó, «acordó» el final de la minería para el 31 de diciembre de 2018, y negó que el acuerdo sea electoralista. «Lo que teníamos que perder en las comarcas mineras ya los hemos perdido», añadió. También rechazó que la dimisión del exministro de Industria José Manuel Soria haya tenido que ver con el acuerdo, aunque sí admitió que «es más fácil hablar con unas personas que con otras». Lo importante era encontrar un mecanismo “y ya se han empezado a dar pasos firmes», señaló el político leonés.

Acogen valora el respaldo del Congreso para impulsar la cogeneración con un plan renove

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Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha valorado el acuerdo de los grupos parlamentarios en defensa de la cogeneración, con la aprobación de una proposición no de ley para impulsarla, y ha señalado que el próximo gobierno «tiene una carta ganadora» en la oportunidad que supone este sector para la reindustrialización. La asociación destaca el papel de la cogeneración como «clara aliada de la industria española, y herramienta de eficiencia energética y acción por el clima».

El director general de Acogen, Javier Rodríguez Morales, señaló que «el próximo gobierno tiene una carta ganadora en la industria y en la oportunidad que supone la cogeneración para la reindustrialización y su impulso a la competitividad para las exportaciones de los productos fabricados en España». La Comisión de Industria del Congreso aprobó una proposición no de ley presentada por Democracia y Libertad para exigir al Gobierno que cumpla con el plan renove de instalaciones de cogeneración y residuos previsto en la Ley del Sector Eléctrico de 2013, y para rechazar cualquier revisión o actualización del marco retributivo en tanto en cuanto no se evalúe el potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia.

La iniciativa de los independentistas catalanes cosechó el respaldo del PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención de PP y Foro Asturias (FAC) y sin obtener votos en contra. Su objetivo es que se ponga en marcha de una vez el plan renove previsto en la normativa de 2013 y que más de dos años después aún no se materializó en ninguna convocatoria ni aprobación de programas para renovar instalaciones de cogeneración y residuos.

La iniciativa incorporó también una enmienda del grupo parlamentario socialista para rechazar cualquier revisión o actualización del marco retributivo de la cogeneración hasta que se no publique la evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y se revise el marco de la cogeneración para el marco 2017-2019. La cogeneración consiste en aprovechar el calor producido en un proceso industrial o agrario para que, en vez de disiparse, produzca energía eléctrica.

PSOE y Podemos En Marea vuelven a llevar sus críticas a las subastas de interrumpibilidad al Congreso

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Europa Press.- El PSOE y En Marea, la confluencia gallega con la que Podemos concurrió a las elecciones generales de diciembre, volvieron a plantear en el Congreso sus críticas al sistema de asignación de bloques de interrumpibilidad eléctrica mediante subastas que el Gobierno aprobó en diciembre de 2013, y cuya modificación ya solicitó la Cámara Baja hace aproximadamente un mes.

Con una proposición no de ley, los socialistas critican que el modelo de subastas «no cubre las necesidades de las empresas, genera incertidumbre e imposibilidad de planificar la actividad y la inversión a medio plazo, y genera riesgo de deslocalizaciones», a la par que hace «muy difícil» a la industria electrointensiva española competir «en igualdad de condiciones» en el mercado internacional. Por eso, quiere que el Congreso inste a establecer una fórmula para que este tipo de factorías con alto consumo de energía puedan acceder al mercado de energía «en condiciones similares a las de otros países de la Unión Europea», aunque sin plantear en su texto un procedimiento concreto de asignación de la interrumpibilidad.

Por su parte, la PNL de En Marea, también dirigida a la Comisión de Industria, es más técnica y se centra en los plazos fijados por la orden ministerial que regula el servicio de la gestión de la demanda de interrumpibilidad para informar sobre las subastas. En concreto, la confluencia gallega recuerda que el Ministerio pone el 30 de junio como límite para que el operador del sistema remita su propuesta de subasta, que debe incluir el rango de cantidades adjudicar, el tipo de producto, el precio de salida, las reglas de la subasta, las fechas y el horizonte temporal.

«Considerando que a la incertidumbre intrínseca del servicio de interrumpibilidad actual se une la de un Gobierno en funciones, el Congreso insta al Gobierno a que solicite al operador del sistema que remita la propuesta razonada antes del 30 de abril», pide Podemos. Además, pide al Gobierno que se tengan en cuenta los criterios aprobados el pasado 29 de marzo por la Comisión de Industria que aprobó la PNL que exigía reformas para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios que puedan ser «asumibles» por las industrias electrointensivas, y que se base en la transición a las renovables, la eficiencia energética y la revisión de costes fiscales.

Podemos / Equo presenta una batería de iniciativas en el Congreso para frenar el cambio climático en España

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Europa Press / EFE.- Podemos / Equo presentó 5 iniciativas en el Congreso de los Diputados con el objetivo de instar al Gobierno a implementar una serie de medidas para frenar el cambio climático en España desde distintos ámbitos y que España convierta la lucha contra el cambio climático en una «cuestión estratégica» y se convierta en uno de los países que lidere la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. De no configurarse un acuerdo de investidura antes del 2 de mayo, no serán tramitadas.

Coincidiendo con la celebración este viernes del Día de la Tierra y de la firma en Nueva York del acuerdo del Clima de París por parte de 170 países, la formación que lidera Pablo Iglesias presentó estas iniciativas en la Cámara, tras un trabajo conjunto con las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la tierra y SEO Bird Life. Las diputadas de Podemos, Rosa Martínez (parlamentaria por Equo), Ione Belarra y Sofía Castañón, reivindicaron que las políticas contra el cambio climático deben representar una «prioridad» para los distintos gobiernos y por eso deben abordarse desde distintos ámbitos.

Se trata de 5 proposiciones no de ley que recogen medidas de género e igualdad, de migraciones, de empleo o de energía. En este sentido, la portavoz adjunta de Podemos en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático y diputada por Equo, Rosa Martínez, recordó que el cambio climático afecta en la actualidad a millones de personas en todo el mundo, incrementando la pobreza. Según ha advertido, el impacto de este problema también se está sintiendo en España, las altas temperaturas de los últimos años serán habituales y “supondrá que dentro de 20 años tendremos el clima de Marruecos”.

«Consideramos que las políticas contra el cambio climático deben ser una prioridad para el Gobierno e instamos a introducirlas en todas las políticas y áreas de gobierno, desde la perspectiva de los derechos y la justicia climática», ha agregado. Las iniciativas registradas aluden a la toma de medidas para poner en marcha la transición energética hacia un modelo libre de emisiones de CO2, desarrollar un marco legislativo que ampare a las personas que en el futuro tendrán que desplazarse en España como consecuencia del calentamiento, generar empleo verde o incluir la perspectiva de género en la toma de estas decisiones.

El Congreso pide al Gobierno que bonifique el impuesto sobre el carbón nacional

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Europa Press.- La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para pedir al Gobierno que bonifique el Impuesto sobre el Carbón para la producción nacional en aras a proteger el empleo en las comarcas mineras.

En concreto, el texto de los socialistas pasa por pedir un cambio en la Ley de Impuestos Especiales, de 1992, para establecer «con carácter transitorio y sin menoscabo del cumplimiento de la normativa europea vigente» una bonificación sobre el Impuesto del Carbón.

La propuesta salió adelante con los votos de los diputados socialistas, de Podemos y de Foro Asturias (FAC), y gracias a la abstención de PP y Ciudadanos, mientras que tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como Democracia y Libertad (DL) han votado en contra del texto.

Situación «dramática»

Durante el debate, la socialista Adriana Lastra ha alertado de la «dramática situación» del carbón nacional y el «oscuro futuro que se cierne sobre las comarcas mineras», afectadas por despidos en diversas empresas, a las que les resulta más rentable utilizar carbón procedente de otros países.

«Es obligado rebajar el coste y el precio final de la energía generada con el carbón autóctono», ha reclamado, señalando que «la única medida viable» es bonificar el ‘céntimo verde’, bajo ciertos requisitos medioambientales, para «acercar el precio del carbón nacional al del importado».

Por Podemos, Segundo González ha reconocido que la situación de la industria del carbón es «dramática» y que hace falta tomar medidas, aunque a su juicio lo necesario es aprobar un Plan de Transición Energética a favor de las renovables. «Pero mientras se queme carbón, debe ser nacional», ha admitido.

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, cree que renunciar al único recurso energético propio que tiene España supondría más dependencia energética y mayor gasto público, y por eso coincide en que hay que «salir en auxilio de la crítica situación» del sector para hacer el carbón nacional «competitivo» y evitar la pérdida de empleos.

Sería una ayuda de Estado

El ‘popular’ Juan Bravo ha asegurado compartir la preocupación del PSOE sobre el carbón, pero cree que la medida «no es posible» porque «discrimina» a terceros países, podría suponer un «conflicto directo» con la política comercial de la UE y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), supondría una ayuda de Estado que la Comisión Europea no autorizaría e impactaría en los precios de la energía que pagan los consumidores.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Virginia Millán ha recordado que el sector lleva años recibiendo «enormes ayudas» económicas que han resultado «ineficaces» y ha advertido de que mantener esta línea de actuación podría ser «incompatible» con la normativa comunitaria. «Estas propuestas proteccionistas no van sino a seguir ahondando en el problema», ha insistido, acusando al PSOE de tratar de «disfrazar la realidad» del sector sin tener en cuenta su impacto presupuestario.