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Pablo Iglesias se concentrará contra la pobreza energética mientras Podemos propone que las compañías paguen la implantación de precios sociales

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Servimedia / Europa Press.– En Comú pide que las compañías suministradoras de energía se hagan cargo de todo el coste que supondría la implantación de precios sociales para las personas con más dificultades para hacer frente a estos pagos, y “evitar así que este coste repercuta en administraciones públicas y usuarios”. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participará en una concentración en Madrid el próximo lunes, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, para protestar contra la pobreza energética.

La concentración tendrá lugar en la Plaza Dos de Mayo de Madrid. Pablo Iglesias asegura que más de 5 millones de personas van a pasar frío este invierno por no poder pagar la factura de la luz. Para informar del acto, Podemos difundió un vídeo en el que aparecen los rostros más visibles de la formación, entre ellos el del secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, que denuncia que las políticas del PP y del PSOE «han impuesto la ley del salvaje oeste de las eléctricas triplicando la pobreza energética desde 2007».

Por su parte, la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, dice en el vídeo, en el que aparecen los dirigentes de Podemos encendiendo bombillas, que «mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las compañías eléctricas, lo que supone el mayor caso de puertas giratorias que hemos vivido en España«. También aparece el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, diciendo que «las grandes compañías eléctricas y sus socios políticos han creado un modelo ineficaz, opaco y especulativo que han provocado que tengamos una de las facturas eléctricas más caras de toda Europa».

Por su parte, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, defiende que «seguirán luchando para recuperar los 3.500 millones de euros de dinero público que las eléctricas se han apropiado ilegítimamente en concepto de costes de transición de la competencia». Por último, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanza el siguiente mensaje: «No se puede consentir que se deje sin luz y sin calefacción a familias sin recursos. Por eso, porque llega el invierno, nos movilizamos contra la pobreza energética», dice para hacer un llamamiento a acudir el próximo lunes a esta concentración en un acto que quieren impulsar en redes sociales a través del hashtag #Nadiesinluz.

Que las compañías lo paguen

Según plantea la formación catalana del grupo de Unidos Podemos en una proposición no de ley registrada en el Congreso, la Asociación de Ciencias Ambientales expone que un 17% de los españoles sufre pobreza energética. La confluencia catalana reclama que el Gobierno tome medidas ante esta situación, máxime cuando “2 millones de familias sufrieron cortes en su suministro en 2015 por no hacer frente a sus recibos”. La electricidad que pagan los españoles es, según datos de Eurostat recogidos por En Comú, la cuarta más cara de toda Europa. En este sentido, denuncian que las tres grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han acumulado durante la crisis unas ganancias de 56.624 millones.

Otra de las medidas propuestas es el establecimiento de tarifas progresivas e incluir así la renta como principal criterio a la hora de establecer el precio social. Con ello también se conseguiría, razonan en En Comú, incentivar el ahorro y castigar el «consumo ineficiente«. También impulsar una auditoría sobre el sector eléctrico llevada a cabo por «actores independientes y con acceso a todos los datos» que cuantifique «los costes reales» del sector, y otra específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.

Asimismo, piden también establecer garantías para que todos los hogares puedan mantener «unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo» y prohibir, aplicando el principio de precaución, los cortes de suministro hasta que no existen informes previos emitidos por servicios sociales que determinen el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica. En Comú también llama a aplicar un IVA del 4% para el gas y la electricidad, que las empresas publiquen trimestralmente el número de usuarios que no pueden hacer frente a las facturas y el apoyo a toda iniciativa que impulsen las comunidades autónomas y los ayuntamientos en este sentido.

Moción ya aprobada en Comisión

Precisamente la Comisión de Industria, Energía y Turismo acaba de aprobar, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, una iniciativa en la que se instaba al Gobierno a impedir los cortes del suministro energético para personas «vulnerables» y a crear fondos con capital público y privado para afrontar la pobreza energética. En esta última también se incluyó, como pide Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la obligación de contar con la valoración de los servicios sociales antes de interrumpir el suministro, aunque el resto de enmiendas presentadas por la formación morada, como la citada auditoría o analizar los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no fueron incluidas. Finalmente, Unidos Podemos se abstuvo en la votación.

El PP se compromete con un Renove para la cogeneración mientras Ciudadanos lo encuadra en un pacto de Estado energético

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Javier Angulo.- Los partidos que lograron suscribir un pacto de investidura el pasado agosto han ofrecido una perspectiva esperanzadora para la cogeneración en caso de formarse Gobierno. El Plan Renove, aspiración del sector que está contenida en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 pero aún no desarrollada, parece contar con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos, aún con las manifiestas diferencias entre sus representantes. En el lado contrario Podemos, que no varió su aspiración 100% renovable.

La mesa política del Congreso Anual de Cogen España (Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración) no contó con la presencia de la portavoz socialista de Energía en el Congreso de los Diputados, Pilar Lucio. Una ausencia totalmente comprensible e incluso esperada dado como bajan las aguas por Ferraz. A pesar de la ausencia del principal partido de la oposición, no faltó la tensión política en algunos momentos. Frente a las críticas de Ciudadanos y Podemos a las medidas puestas en marcha por el Gobierno popular en los últimos años, el PP volvió a justificar sus decisiones en la necesidad de atajar la generación de más déficit de tarifa.

Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, resaltó que su partido fue el único que llevó en su programa electoral el compromiso de llevar a cabo un Plan Renove para la cogeneración. No comprometió cifras ni plazos, pero mostró su convencimiento de que el gas natural “es el futuro a corto y medio plazo” al tiempo que resaltó la infraestructura gasista existente en España. Por ello cree que, una vez logrado “un marco jurídico estable” en el sistema eléctrico, es el momento de apostar por la cogeneración y la eficiencia energética, pensando en los objetivos comunitarios para 2020. La cuestión es conocer si la sintonía será absoluta entre lo expresado desde el grupo popular y los actuales y futuros responsables ministeriales.

Su homóloga en el Congreso por Ciudadanos, Melisa Rodríguez, priorizó un pacto de Estado en materia energética para que el país defina cómo quiere garantizar su suministro. En este sentido, reprochó al PP haber tomado medidas que “han sido un palo para el sector” así como otras como la regulación del autoconsumo, “ambas realizadas desde la improvisación después de no escuchar a nadie”. Asimismo reconoció que la eficiencia energética es clave para la economía de un país y ratificó el compromiso de Ciudadanos con los objetivos comprometidos con la Unión Europea en la materia, pero no quiso respaldar explícitamente un Plan Renove para la cogeneración, algo que circunscribió a la conveniencia de alcanzar un pacto de Estado en materia energética.  

Elena Méndez, coordinadora del Área de Trabajo Territorial del grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, se limitó a exponer el objetivo de un suministro energético 100% renovable como el objetivo a alcanzar en el futuro. Dentro de este discurso, si bien reconoció que es necesaria una transición para llegar a ese punto, no ofreció una solución mejor a la cogeneración para las industrias que precisan de gran cantidad de energía térmica (calor o frío) para sus procesos productivos, limitando su discurso al sector eléctrico y a un plan de ahorro energético centrado en la rehabilitación de edificios y el sector del transporte. “Hay que subordinar los intereses económicos a los intereses sociales”, sentenció respecto al cambio climático.

Punto de vista de autonomías

Los representantes de los partidos políticos también protagonizaron otros momentos del Congreso Anual de Cogen. Mención especial merece Aitor Oregi, director de Energía del Gobierno del País Vasco, que asistió a todas las sesiones del Congreso e incluso lanzó una pregunta a los diputados. El dirigente vasco lamentó que la incertidumbre que rodea al plan Renove de cogeneración esté retrasando las inversiones en un sector en el que no se ha invertido nada desde 2012. A la espera también se expresaron otras comunidades como indicó el representante de Aragón, Fernando Rivera, que señaló que el Plan Energético a 2020 prevé una potencia instalada en cogeneración de 850 megavatios, lo que supondría un incremento del 30%.

Desde la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Juan Jiménez Luna destacó que la cogeneración es una herramienta “básica” para el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética. En términos parecidos se expresó Esther Marín, directora de Energía de la Región de Murcia, que aspira a aprobar próximamente una regulación específica para el autoconsumo. Otro representante murciano, el diputado del PP en el Congreso, Teodoro García Egea, apuntó que, “después de asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico”, es momento de dar un paso adelante y plantear otras cuestiones como si deben financiarse mediante la tarifa eléctrica todos sus componentes actuales o favorecer a la industria “haciendo justicia” con la cogeneración.

Portugal pide a España una reunión sobre la construcción del ATI en Almaraz, que Unidos Podemos quiere parar

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EFE.- Unidos Podemos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno a que rechace la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz y a que no conceda en ningún caso la autorización para que se construya. Asimismo, el Gobierno de Portugal solicitó una reunión, con carácter de urgencia, con responsables de los ministerios de Energía y Medio Ambiente españoles, para abordar la construcción del ATI.

Así lo anunció el ministro de Ambiente de Portugal, Joao Matos Fernandes. El Estado portugués intervendrá en esta cuestión para «garantizar el cumplimiento escrupuloso de todas las reglas de seguridad», dijo el ministro. La solicitud se produce después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) español emitiera un dictamen favorable sobre la construcción de un (ATI) de combustible gastado en la central de Almaraz. No obstante, su ejecución aún debe recibir el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Industria españoles.

Unidos Podemos contra el ATI

En la iniciativa, difundida por Izquierda Unida-Extremadura, se recuerda que el permiso de explotación de los dos reactores de Almaraz acaba, tras una primera prórroga, en 2020, con lo que cumplirán 40 años de funcionamiento en 2021 y 2022, respectivamente. Según Unidos Podemos, existen cálculos basados en los propios datos del CSN que indican que las actuales piscinas de los dos reactores pueden seguir almacenando los residuos hasta enero de 2022 y 2023, con lo que no sería necesario construir el ATI, salvo que lo que se pretenda es alargar la vida útil de Almaraz.

Por ello, a juicio de Unidos Podemos, si el Ministerio de Medio Ambiente autoriza a Industria a que entregue el permiso definitivo para construir este almacén, «el Gobierno estaría actuando para favorecer los intereses del oligopolio del sector eléctrico, empeñado en mantener sus enormes beneficios, ya que el kWh de origen nuclear se paga al triple de su coste por producirlo cuando la central ya está amortizada». Por otra parte, esta formación política ha presentado también una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer si la construcción del ATI en Almaraz supone alargar la vida útil de la central y si esto es compatible con un modelo de economía sostenible para la región.

Podemos pide cerrar la puerta al carbón de importación «manchado de sangre» así como auditar los fondos mineros

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EFE / Europa Press.– El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha reclamado «cerrar la puerta» al carbón de importación «manchado de sangre» que «está estrangulando la minería» en España. Unidos Podemos presentó una proposición no de ley en el Congreso que apuesta por la reactivación económica de las cuencas mineras y reclama una auditoría de los fondos mineros que analice el conjunto de las ayudas e inversiones realizadas para reactivar las cuencas.

«El debate no es si se consume o no carbón. Se está consumiendo más, y eso es un problema con nuestros compromisos internacionales para la reducción del CO2, pero al mismo tiempo se está estrangulando de forma inaceptable la minería española», aseveró Mayoral, que ha criticado la importación masiva de mineral procedente de países que no cumplen con la normativa laboral o medioambiental. Según sus datos, sólo el carbón importado que entra cada año por el puerto de Gijón duplica ya al de producción nacional. Por ello, pide que los presupuestos generales del Estado graven con un impuesto especial el consumo de carbón que se produzca «en condiciones sociales y medioambientales menos garantistas» que las que disfruta la Unión Europea.

El diseño de ese impuesto debe adecuarse según Podemos al objetivo de que se aumente el consumo de carbón autóctono «sin menoscabo de una disminución global» de la participación de este combustible en el mix energético. Podemos solicita también la elaboración de un plan «público y transparente» de reactivación económica para las comarcas mineras consistente en garantizar la inversión de las administraciones públicas «hasta reducir el diferencial en desempleo respecto a la media». Finalmente Podemos denuncia el «incumplimiento» de los acuerdos cerrados en 2013 entre el Gobierno y los trabajadores del sector y que, mientras se reduce la producción nacional de carbón, está aumentando la importación de este recurso natural.

Asimismo, también ha reivindicado la necesidad de que se produzcan cierres ordenados de las minas, y puso como ejemplo la ausencia de esto en el cierre de la explotación de Vasco Leonesa, sin tener en cuenta los riesgos de tipo ecológico para los pueblos colindantes. «No entendemos que el Gobierno esté mirando para otra parte ni que la Junta de Castilla y León no haya adoptado las medidas oportunas. La situación es de locura», señaló.

La Junta de Extremadura, los movimientos ecologistas y la izquierda extremeña critican el visto bueno al ATI de Almaraz

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EFE.- Tanto Podemos como Izquierda Unida han manifestado estar en contra de la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) si ello supone alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, cuya licencia de explotación expira en 2020. Por su parte, la consejera extremeña de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, criticó que el Gobierno central está en funciones para unas cosas y para otras no.

Así se pronunció después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable a la construcción de un ATI de combustible gastado en Almaraz, si bien su ejecución aún debe recibir el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Industria. «Para algunas cosas el Gobierno está en funciones y para otras no. Dicho queda», ha manifestado la consejera. García recordó que Extremadura ya presentó en su momento escritos contra la creación de este almacén.

Podemos contra ampliar vida útil

Por su parte, la portavoz de Podemos en el parlamento extremeño, Jara Romero, aseguró que su formación «está completa y absolutamente en contra» del ATI en Almaraz si ello supone alargar la vida útil de la central nuclear. En este sentido, Jara Romero ha indicado que la central nuclear «debe ser cerrada cuando termine el período de vida planteado» por lo que ha añadido que si ese almacén temporal es para los residuos que se generen en el período de vida que le queda les parece «correcto», pero si es para alargar la vida de la planta, están en contra.

IU también rechaza el ATI

Asimismo, el coordinador de IU Extremadura, Joaquín Macías, ha mostrado la oposición de su organización a la construcción del ATI ya que entiende que supondrá alargar la vida de la central nuclear de Almaraz pues «abre la puerta a la prolongación de la vida de la central más allá de los 40 años», cuando el permiso de explotación de Almaraz expira en 2020, por lo que esta nueva instalación podría facilitar que los propietarios soliciten una nueva prórroga del permiso.

Para Macías, «es incompatible» permitir la prórroga de Almaraz y hablar de un nuevo modelo de economía verde y renovable para Extremadura como anunció el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el Debate del Estado de la Región. Por ello, insiste en que es necesario que «Vara éste a la altura de sus palabras, porque es incomprensible pensar que un gobierno en funciones pueda dar el permiso que falta para la construcción del ATI desde el Ministerio de Medio Ambiente», lo que significará hipotecar el futuro de Extremadura «y dejarlo en manos del oligopolio eléctrico»

Para Izquierda Unida de Extremadura, es necesario un plan económico y de desarrollo de la Comarca de Campo Arañuelo que permita que el cierre de la central nuclear no tenga un impacto negativo en la economía de la comarca. Macías ha recordado que Ecologistas en Acción presentó un plan para el desmantelamiento sostenible de Almaraz que suponía una importante creación de empleo y sería una actividad con una duración prevista de más de 15 años.

Los ecologistas, contra el ATI

Según Ecologistas en Acción, la construcción del ATI de la central nuclear de Almaraz servirá para prolongar la vida de esta planta más allá de los 40 años, en vez de para su desmantelación, lo que consideran algo «inaceptable». Aunque todavía faltan los permisos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el de Industria y Energía, resulta «obvio» que ambas autorizaciones se otorgarán, a juicio de la asociación ecologista.

Así, Ecologistas en Acción ha afirmado que, según los plazos, los responsables de Almaraz esperan tener el ATI disponible para 2018, antes de que expire el permiso de explotación, para facilitar así la consecución de la prórroga del mismo. En este sentido, la explotación de los dos reactores de Almaraz expira en junio de 2020 y se cumplen 40 años de su funcionamiento en 2021 y 2022, respectivamente, aunque las piscinas pueden funcionar hasta enero de 2022 y 2023, sin necesidad de construir un ATI.

A su juicio, éste es el «caballo de batalla» de la industria nuclear española, ya que el verdadero negocio de las centrales nucleares para el sector eléctrico radica en mantenerlas en funcionamiento el mayor tiempo posible. Según Ecologistas en Acción, Almaraz produce unos beneficios de 1 millón de euros diario, lo que explica el empeño en mantener la central abierta «contra viento y marea», incluso con «deficientes» condiciones de seguridad. A su juicio, el sector nuclear no desea la puesta en marcha de nuevas centrales, puesto que el elevado coste de su construcción las convierte en «ruinosas sin subvenciones públicas».

Para la asociación, esta instalación debería cerrarse cuando expire su permiso de explotación, ya que no tiene sentido realizar el esfuerzo y las inversiones para mantener el funcionamiento un año más, en el caso de la Unidad I, y de dos, en la Unidad II. «El proceso de autorización y construcción del ATI, necesario para vaciar las piscinas y desmantelar la central, podría empezar en junio de 2020», ha agregado. Asimismo, las actividades necesarias para cerrar la instalación, así como la elaboración del propio plan de desmantelamiento, se desarrollarán en un periodo de al menos dos años, por lo que sus responsables tendrán tiempo de poner en marcha el ATI.

Podemos/Equo reivindica en el País Vasco su oposición al fracking y a la reapertura de la central nuclear de Garoña

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EFE.- El coportavoz de Equo y diputado en el Congreso por Podemos, Juan López de Uralde, denunció que «cómo es posible que quien se llama nacionalista haya hecho tanto daño a su territorio», en alusión al Gobierno vasco de Urkullu (PNV).

Los candidatos a las elecciones autonómicas por Álava han explicado que para Elkarrekin Podemos una de las prioridades de la próxima legislatura será impulsar una Ley de Acción contra el Cambio Climático «que apueste por un modelo para Euskadi sustentado en el ahorro y en la eficiencia energética, mediante una sustitución de las energías fósiles por las renovables».  López de Uralde ha criticado la política medioambiental del PNV y del Gobierno de Iñigo Urkullu y ha denunciado que «la agenda vasca» que han impuesto ha sido «tremendamente destructora» para el entorno natural de Euskadi. En este sentido, criticó que el PNV haya seguido apostando por la técnica del fracking para extraer gas natural de roca.

«Ahora se les llena la boca diciendo que están en contra de la puesta en marcha de la central nuclear de Garoña», ha criticado, pero ha advertido de que el PNV ha votado en el Congreso medidas que favorecen la expansión de la industria nuclear en España porque «eso no les pilla cerca». En cambio, «nosotros somos antinucleares aquí, en Madrid y en Berlín«, subrayó.

Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, explicó que la lucha ecologista también permite generar empleos «verdes, de futuro, de calidad y sostenibles». «En Europa hay 20 millones de desempleados y si apostáramos de manera real y eficiente por los empleos verdes, podríamos crear la misma cantidad de puestos de trabajo», aseveró. Marcellesi considera que es el momento de dar «un paso valiente» y apostar por «una Euskadi donde se pueda respirar de forma limpia» y dependa menos de los combustibles fósiles. El eurodiputado de Equo denunció la existencia de una «casta energética» que no piensa en los intereses de los ciudadanos y que aboga por el fracking.

UGT denunciará al Gobierno ante los tribunales por incumplir el Plan del Carbón

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Redacción / Agencias.- La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA–UGT), anunció que denunciará al Gobierno ante los tribunales por incumplir el Plan del Carbón «que se encuentra en una situación límite». Así, UGT-FICA junto con el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA) se pondrán en contacto con todos los firmantes del acuerdo firmado en junio en defensa de la minería del carbón, “para que se unan a la denuncia en bloque”.

Dicho acuerdo fue suscrito por todos los partidos políticos excepto Podemos, Izquierda Unida y el PP, y firmado también por empresarios del sector, sindicatos, excepto USO, y suscrito igualmente por las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Paralelamente, los ayuntamientos mineros asturianos buscarán el respaldo socialista en el Congreso de los Diputados para exigir que el Plan minero se cumpla y el sector del carbón español «pueda sobrevivir a la mayor crisis de su historia, con la mayoría de las empresas en procesos de liquidación».

El marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018 establece que las minas españolas de carbón deberían de producir 6 millones de toneladas de carbón y emplear a 5.500 trabajadores, mientras que «la realidad es que las plantillas apenas llegan a los 3.000 mineros y la producción fue el pasado año de 3 millones de toneladas«, lamentó el sindicato.

Asimismo, el sindicato denuncia que las empresas mineras españolas siguen sin poder vender su producción a las eléctricas, mientras se incrementa la importación de carbón internacional, y añade que «desde el año 2012, año tras año, el Gobierno del PP sigue con su obsesión por cerrar un sector tan primordial como es el del carbón para la seguridad de abastecimiento, para reducir nuestra dependencia energética del exterior y por razones sociales y territoriales» porque «sin el carbón las comarcas mineras y sus habitantes se mueren».

UGT-FICA achacó al ejecutivo del PP que «sigue sin definirse el hueco térmico del 7,5% para el carbón español que fija el acuerdo; sin implementar el mecanismo de pago por capacidad, que debería llevar más de un año funcionando; sin llevar a cabo medidas de apoyo a las compañías eléctricas para realizar inversiones medioambientales; sin promover la exención fiscal de la parte variable del impuesto especial de la electricidad«. También «están sin convocar ayudas al cierre; sin actuar globalmente para impulsar económicamente las comarcas mineras; sin concretar las materias relativas a formación; sin convocar a la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018», denunciaron desde el sindicato.

Por engañar a los mineros

El SOMA-FITAG-UGT considera que se ha engañado a los mineros y a las comarcas mineras al incumplir el acuerdo marco del carbón, según denunció el secretario de acción sindical de esta organización, Rafael Carrión. Dirigentes de este sindicato se reunieron con alcaldes del suroccidente de Asturias y con el secretario de Organización del PSOE asturiano, Jesús Gutiérrez, para abordar la problemática que atraviesa la minería privada de la zona, especialmente la Astur Leonesa. Esta empresa, inmersa en un expediente de regulación de empleo, «es un hito más en el acoso del Gobierno hacia el carbón nacional» que, según Carrión, se aprecia en que no se está garantizando la entrada de mineral nacional en las térmicas.

El SOMA-FITAG-UGT reclamó el apoyo de los alcaldes asturianos para que exijan a estas centrales que compren el carbón nacional y que se prime éste frente al de importación porque, si no, será el fin de la minería y el declive de las comarcas que viven de su extracción. Además de reclamar el cumplimiento del convenio marco del carbón, el sindicato ha exigido la convocatoria de la mesa de seguimiento del mismo ante unos incumplimientos que consideran reiterados y que les ha llevado a plantearse pedir en los tribunales responsabilidades personales «por esos engaños públicos».

«El Gobierno del PP no puede dar la callada por respuesta; es responsable de esta situación y exigimos la puesta en marcha inmediata de la quema de carbón autóctono y que se reúna comisión de seguimiento«, ha señalado Carrión, para quien los incumplimientos del Gobierno deben tener trascendencia jurídica. En principio, el sindicato tiene previsto iniciar acciones por la vía administrativa, pero tampoco descarta otras.

En cuanto a la propuesta lanzada por Podemos de poner un arancel sobre el carbón de importación para primar al nacional, Jesús Gutiérrez señaló que no es más que un brindis al sol y una iniciativa imposible de conseguir en un mercado libre como es el europeo. Incluso en el caso de que se pudiera explorar esa vía en el seno de la Unión Europea, Gutiérrez asegura que la minería del carbón asturiana no dispone del tiempo que exigiría proceder a su puesta en marcha.

El dirigente socialista también recordó que la formación morada llevaba en el programa electoral de las elecciones del 20 de diciembre una propuesta para eliminar prácticamente las térmicas de carbón que, a su vez, conllevaría el cierre de la minería. «Pedir ahora un arancel en un mercado libre como el europeo suena muy romántico pero del romanticismo no pueden vivir los mineros ni las comarcas mineras», concluyó, tras asegurar que el PP demostró desde el primer día que no tenía voluntad de solucionar los problemas que vive el sector minero.

El soterramiento de redes eléctricas en Arico (Tenerife) se desvincula del proyecto del tren del sur

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EFE.- La organización ecosocialista Sí se puede, ligada a Podemos, «ha convencido» al Ayuntamiento de Arico de que el soterramiento de las nuevas redes eléctricas de alta tensión previstas en Arico sea un proyecto independiente y se desvincule del proyecto del tren del sur. La separación de ambos programas de actuación quedó establecida en el último pleno del Ayuntamiento de Arico, celebrado a finales de julio, a partir de una enmienda de Sí se puede.

El grupo de gobierno presentó una propuesta para soterrar las nuevas líneas de distribución de corriente eléctrica en un trazado distinto al proyectado inicialmente, que contemplaba un recorrido a través del municipio.La propuesta gubernamental planteó varias medidas para corregir el trayecto original de las redes: su soterramiento, un itinerario paralelo a la autopista, y la asociación de las obras a las labores para la creación del tren del sur.

Según explica Sí se puede, esta desvinculación «es necesaria» porque la iniciativa gubernamental supondría «aceptar de facto» el tren del sur, una iniciativa que requiere de una discusión participativa. En cambio, la organización ecosocialista se mostró partidaria del soterramiento de las líneas de alta tensión, y señaló que, además, la asociación de estas labores a las del tren del sur pondría en riesgo el soterrado. «No es seguro que el tren se acabe instalando, incluso, es cuestionable que sea deseable el establecimiento de esta línea ferroviaria», afirmó Sí se puede.

Podemos pide investigar la relación de Felipe González con el proyecto de Gas Natural Fenosa

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EFE.- La secretaria de Acción Institucional de Podemos y diputada por Sevilla, Auxiliadora Honorato, anunció que esta formación pedirá que la comisión antifraude del Congreso investigue la posible relación de Felipe González con el proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana, al que se oponen.

Honorato recordó que este “polémico” proyecto fue aprobado en fechas próximas a la pertenencia de Felipe González al consejo de administración de Gas Natural y a su presidencia del Consejo de Participación de Doñana, el órgano de representación de este espacio protegido. En su opinión, este caso puede ser un buen ejemplo de la política de «puertas giratorias» que conecta a responsables políticos con empresas eléctricas o gasistas y explicaría «la nefasta política energética» que, según la diputada, sufre España.

Tanto Honorato como la portavoz parlamentaria de Medio Ambiente de Podemos Andalucía, Mercedes Barranco, han insistido en que el proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana es irregular, porque se troceó en cuatro partes para enmascarar su aprobación ambiental que, además, no incluyó los informes de riesgos sísmicos. Barranco criticó «la actitud indiferente y ambigua» de la Junta de Andalucía sobre este proyecto, que la administración andaluza dice rechazar pero cuya tramitación ambiental aprueba, y asegura que es competente para paralizarlo pero no lo hace por su «política depredadora» para «convertir Doñana en un espacio industrial». Podemos denunciará en el Parlamento europeo todas las iniciativas “que atenten contra Doñana”.

El independentismo pasa de reivindicar las nucleares como garantía de su suministro futuro a pedir su cierre en el Parlament

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Europa Press / Javier Angulo.- El Parlament aprobó una moción del PSC para instar al Estado a negociar con el Gobierno catalán un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, garantizando el suministro energético fundamentalmente con fuentes renovables. Esta decisión supone un giro radical desde el planteamiento del Libro Blanco sobre la Transición Nacional de Cataluña, que apostaba por las nucleares, hasta los 60 años de funcionamiento, y por el gas como las principales fuentes energéticas de una Cataluña independiente.

La iniciativa prosperó con los votos a favor de JxSí, el PSC, Podemos y Ciudadanos, con 112 votos, la abstención de la CUP y el rechazo del PP, con 9 votos. La moción también insta al Gobierno autonómico a presentar antes de tres meses las bases del Pacto Nacional para la Transición Energética con un paquete de objetivos, entre los que destaca el fomento de las renovables, la reducción de un 50% de la dependencia de los combustibles fósiles y el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho fundamental. Otro de los puntos destacados es la necesidad de potenciar el vehículo eléctrico, rehabilitar los edificios públicos, el autoconsumo eléctrico fotovoltaico y eólico, y mejorar los sistemas de financiación.

El diputado del PSC, Jordi Terrades, urgió a «actuar ya con la vista puesta a medio y largo plazo» para lograr una transición energética, a sabiendas que habrá resistencias por parte de empresas y grandes corporaciones”. Desde las filas del PP, María José García Cuevas, subrayó que Cataluña «no es una isla energética» y que es inútil y fraudulento tratar de gestionar estas políticas sin dialogar con el resto de territorios y el Gobierno central.

La diputada de Podemos, Hortènsia Grau, destacó la necesidad de crear un operador energético catalán para hacer frente a los oligopolios y de garantizar la titularidad pública de la red de distribución, así como de programar cuanto antes el cierre de las nucleares. Ferran Civit, de JxSí, señaló que el actual modelo está «anticuado» por culpa de la legislación española y que la moción es una oportunidad para que Cataluña impulse su propia normativa a favor de la transición energética.

El diputado de Ciudadanos, Antonio Espinosa, ha celebrado la iniciativa y ha destacado que su grupo apuesta por una «transición gradual hacia un modelo basado en las energías renovables» y un mix energético sostenible. La CUP se ha mostrado crítico con la moción porque es «poco ambiciosa e insuficiente», según ha concretado el diputado Sergi Saladié, que también ha asegurado que la energía es una estructura de Estado que deberá abordarse a fondo cuanto antes.