La pobreza energética en España se triplicó durante la crisis y afecta a uno de cada diez hogares

Redacción / Agencias.- El índice de pobreza energética en España casi se triplicó entre 2007 y 2013, hasta alcanzar uno de cada diez hogares españoles, según el informe Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación, realizado por el centro de investigación Economics for Energy. El estudio recomienda sustituir el bono social por una subvención económica fija con cargo a los presupuestos públicos.

En concreto, la evolución de la pobreza energética desde el inicio de la crisis económica en 2007 hasta 2013 se incrementó del 3,6% al 9,88%, hasta los 1,8 millones de hogares, lo que supone casi el triple. Estos datos consideran la renta mínima necesaria para evitar la exclusión social lo que evita los «falsos positivos» del indicador más usado en Europa, que considera que existe pobreza energética cuando el gasto en energía supera el 10% de los ingresos. Por ello, la consideración de la renta en el cálculo de la pobreza energética es «especialmente relevante» ya que los datos confirman que la crisis económica contribuyó a intensificar las diferencias entre las rentas más altas y las más bajas en España.

Así, dado que la pobreza energética, como faceta de la pobreza general, afecta en gran medida a los hogares con menos ingresos, se trata de un indicador claro de que la pobreza «se ha incrementado de forma importante». Además, al incremento de la brecha entre rentas se suma como agravante el considerable aumento de los precios de la energía, que en el periodo 2007-2014 hicieron que la factura eléctrica de un hogar medio en España creciera un 76% y un 35% en el caso de la factura de gas natural.

Los expertos reseñaron que ciertas características del hogar pueden aumentar la probabilidad de caer en pobreza energética.  Así, «los hogares con ingresos bajos, menores a su cargo, inestabilidad laboral y viviendo en régimen de alquiler representan el perfil de mayor vulnerabilidad», según indicó Pedro Linares, director de Economics for Energy. Por autonomías, Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%), Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%) son las que cuentan con mayor pobreza energética, mientras que País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%) son las que menos.

Respecto a las alternativas para combatir la pobreza energética, los autores del informe proponen sustituir el actual bono social, un descuento sobre la factura eléctrica que pagarían el resto de los consumidores, por una ayuda fija o cheque para afrontar todo tipo de gastos de energía (electricidad, gas, carburantes) financiada con cargo al presupuesto público, y no por las eléctricas, como ocurre actualmente con el bono social. Asimismo, proponen el mantenimiento de una garantía de suministro básico de electricidad y combustibles con la imposibilidad del corte eléctrico como una medida subsidiaria que, de todas maneras, «no sería necesaria si el bono social estuviera bien planteado y los hogares dispusieran de fondos para abonar las facturas», señalaron desde Economics for Energy.

A su juicio, el bono social presenta debilidades: sólo es aplicable a la factura eléctrica, que representa el 60% de los gastos energéticos de los hogares. Además, no protege a los consumidores «más vulnerables», ya que el 78% de los hogares que actualmente se benefician del bono social lo hacen por tener una potencia inferior a 3 kW, «lo que no implica vulnerabilidad a la pobreza energética», añadió Linares. Otras alternativas planteadas contra la pobreza energética reclaman medidas de eficiencia energética, de información y que las tarifas energéticas recojan únicamente sus costes, sin incluir otros conceptos relacionados con decisiones políticas.