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Px1NME denunciará ante Bruselas el «exceso de compensación» a las compañías eléctricas por los CTC

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Servimedia / Europa Press.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) presentará una denuncia ante la Comisión Europea para solicitar que se ordene a España recuperar el «exceso de compensación» a las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC) y cuya devolución, según Px1NME, no fue exigida aunque lo cierto es que la última liquidación no llegó a realizarse.

Px1NME recuerda que se trata de las compensaciones acordadas entre el Gobierno y las eléctricas en 1997 ante la «pretendida» liberalización del sector, justificadas en la previsión de que ésta devendría en precios de la electricidad inferiores a los que se consideraron en el momento de realizar las inversiones en centrales eléctricas. Sin embargo, apunta Px1NME, los precios «resultaron ser muy superiores a los previstos, por lo que, además de recibir pagos compensatorios, el balance ha sido claramente favorable a los intereses de las eléctricas y desfavorable para los ciudadanos».

A pesar de que la Ley del Sector Eléctrico de 1997 contemplaba expresamente que «el Gobierno establecería el procedimiento que asegurara la compensación procedente, en su caso, a los consumidores», los sucesivos Gobiernos «optaron por no exigir la devolución y dejar que la obligación de hacerlo, según criterio de la Abogacía General del Estado, prescribiera». Como consecuencia de esto, tras el archivo del caso por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción por no apreciar indicios de delito penal, la iniciativa de Px1NME se dirige ahora a «recuperar el dinero» instando a la Comisión Europea a que declare «ilegal» el «exceso de ayudas concedido».

El director general de la empresa Geoatlanter, Jorge Morales de Labra, asegura que, según cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) realizados en 2007, el reparto del «exceso de cobro» a 30 de junio de 2006 por empresas ascendía a 3.588 millones de euros. En concreto, «se reparten entre Endesa (1.563 millones), Iberdrola (1.160 millones), Viesgo (434 millones), Unión Fenosa (275 millones) y HC Energía (156 millones)». Esta cifra es 192 millones superior a la considerada hasta la fecha debido a que, según recogía la propia CNE en sus cálculos, Elcogas, a diferencia del resto, no tenía excedente de cobro de compensaciones, sino déficit, cuantificado precisamente en esa cantidad.

Morales explicó que el problema no se limita a los 3.588 millones de euros a junio de 2006, sino que «se extiende hasta la actualidad», debido a que la mayoría de centrales eléctricas que disfrutaron de CTC siguen produciendo electricidad hoy en día, por lo que «gozan de beneficios extraordinarios» que aumentan «sustancialmente» la deuda. En este sentido, recordó que, según un estudio elaborado recientemente por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), se calcula que los beneficios «llovidos del cielo» de las centrales hidroeléctricas y nucleares entre 1998 y 2013 asciende a 10.583 millones de euros, que equivaldrían a más de 22.000 millones a precios de 2013.

Por ello, Px1NME reclama una «regularización» de esta situación para «mejorar la competencia» en el mercado eléctrico y eliminar la mayoría del déficit de tarifa acumulado en los anteriores. «El impacto en la factura eléctrica de los españoles sería inmediato y supondría rebajas del entorno del 10% del importe de la misma, muy superior a, por ejemplo, el derivado del «hachazo» a las renovables aprobado por el actual Gobierno y que reforzaría la seguridad jurídica en lugar de dinamitarla», dijo.

Por su parte, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, remarcó la importancia de que «la ciudadanía organizada marque el paso a los políticos, llegando incluso a asumir iniciativas que, como en este caso, debieran haber promovido ellos». A este respecto, señaló que el próximo 30 de septiembre la Plataforma tiene previsto celebrar una reunión con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea en Bruselas para explicar la denuncia y someterse a las preguntas de los funcionarios europeos.

SEO/BirdLife presenta alegaciones al borrador del real decreto de autoconsumo

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Servimedia.- La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), como parte de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ha presentado alegaciones al borrador de real decreto de autoconsumo publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La organización señala que el borrador de Industria haría que el consumidor pagase más peajes sobre la misma energía si la autoconsume desde fuentes renovables autónomas , que si la saca de la red eléctrica.

Dicho cargo, además, sería «todavía más elevado» si hace uso de baterías, lo que a su juicio resulta «inaceptable» ya que el almacenamiento de energía es un importante elemento de gestión de la demanda que, además, proporciona más autonomía y flexibilidad al consumidor. Además, critica que el borrador de Industria no contiene una Memoria del Análisis de Impacto Normativo elaborada de acuerdo a la ley, que «habría sido fundamental para poder valorar, entre otras cosas, el impacto del borrador de autoconsumo sobre el empleo y la economía». La organización conservacionista recuerda el autoabastecimiento de electricidad podría cubrir el 50% de la demanda energética de los municipios del Estado para 2050, y crear 136.000 empleos de calidad en solo diez años.

Px1NME y 17 organizaciones aseguran que el borrador de autoconsumo vulnera directivas europeas

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Europa Press / Servimedia.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y otras 17 organizaciones de consumidores, sectoriales y ambientales, han promovido la recogida de alegaciones en Internet de miles de particulares acerca del borrador de decreto de autoconsumo y diseñaron un documento propio en el que consideran que la norma elaborada por el Ministerio de Industria vulnera tres directivas comunitarias. En concreto, las alegaciones presentadas ante el Ministerio de Industria por estas asociaciones consideran que la norma vulnera las directivas europeas sobre renovables, eficiencia energética y eficiencia en edificios.

Entre las alegaciones genéricas a la norma figuran denuncias como la ausencia de un procedimiento específico que regule la tramitación simplificada de las instalaciones de autoconsumo o la inexistencia del balance neto. También se critica que se penalice a los autoconsumidores que tengan almacenamiento de energía o que se produzca la pérdida del derecho a la tarifa PVPC y al bono social. Además, también se apela al concepto de «inseguridad jurídica», al dejar al criterio del Ministerio de Industria la determinación de la cuantía de los «peajes de acceso» y «otros cargos asociados a los costes del sistema» y cargos de «otros servicios del sistema».

Compleja, discriminatoria y sin transparencia

Las asociaciones señalan que la norma «penaliza con carácter retroactivo» y tiene carácter «discriminatorio» para las instalaciones de energías renovables frente a la cogeneración, que tienen una exención hasta el 31 de diciembre de 2019. También lamentan que se niegue o no se reconozca la contribución de los sistemas de autoconsumo con fotovoltaica a reducir las emisiones y la dependencia energética y producir con renovables. Aparte de la Px1NME, en el documento de alegaciones han participado asociaciones como ADICAE, Amigos de la Tierra, ASGECO, ATTAC, CECU, Ecologistas en Acción, Ecooo, EnerPlus, Facua, Fundación Renovables, Goiener, Greenpeace, Holtrop SLP, SEO/Birdlife, Som Energía, UNEF y WWF España.

«La propuesta de autoconsumo basa sus restricciones y cargos en el hecho de que el sistema presta un respaldo y unos servicios a las instalaciones de generación eléctrica, cuando más bien es al revés», apuntan las organizaciones. En concreto, explican que son las instalaciones de generación, incluidas las de autoconsumo, las que prestan un servicio al sistema, especialmente al consumir de forma instantánea la energía generada, al reducir la demanda del consumidor-generador, pero también al generar excedentes, ya que en general disminuyen la demanda total del sistema, reduciendo las pérdidas y evitando la emisión de gases de efecto invernadero, además de no tener en cuenta los beneficios de la generación distribuida, tal y como establece la directiva comunitaria de renovables.

Por último, la «extrema complejidad» de los procedimientos administrativos que define, así como «la muy deficiente redacción de la norma, confusa y hasta en ocasiones inteligible, provoca, según criterios jurisprudenciales, incidencias en el principio de seguridad jurídica y vicios de competencia«. Además, estas organizaciones también consideran que la propuesta del Ministerio de Industria «adolece de falta de transparencia y participación social activa de los ciudadanos».

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético recaba más de 9.000 firmas para apoyar las alegaciones al decreto de autoconsumo

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Europa Press.- Más de 9.000 personas han suscrito las alegaciones al proyecto de real decreto que regula el autoconsumo eléctrico, iniciativa impulsada por organizaciones de consumidores, sectoriales y ambientales en el marco del trámite de audiencia pública, según informó la plataforma Nuevo Modelo Energético. Según el texto de las alegaciones, el proyecto del Gobierno desincentiva totalmente la práctica del autoconsumo en España y vulnera las directivas europeas de eficiencia energética y de fomento de las energías renovables.

A juicio de estas organizaciones, se impone un peaje por la energía autoconsumida, lo que denominan como impuesto al sol. Además, prohíbe que los consumidores acogidos a tarifa regulada PVPC o bono social puedan tener una instalación de autoconsumo, «lo que impide al autoconsumo convertirse en una herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de siete millones de personas en nuestro país y cuya solución debería ser prioritaria para el Gobierno», señala la plataforma Px1NME. La iniciativa para recabar apoyos a estas alegaciones se prolongará, mediante una campaña online, hasta este miércoles, cuando concluye el periodo de información pública.

Plataformas energéticas, partidos políticos y asociaciones llevan a la Fiscalía el recorte a las renovables

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Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a más de treinta organizaciones y partidos políticos, presentaron a la Fiscalía Especial contra la Corrupción una denuncia para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables.

En concreto, el escrito, avalado también por la firma de más de 100.000 ciudadanos, denuncia un recorte de 3.000 millones de euros anuales caracterizado por «la arbitrariedad y falta de respeto técnico», así como «la manipulación» del Gobierno a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger, a las que se destinó más de 600.000 euros para elaborar unos informes con los que no se contó a la hora de redactar la normativa, indicó la coordinadora estatal de la Plataforma, Cote Romero.

Asimismo, Romero indicó que el conocido como hachazo a las renovables, que representó «un varapalo a la retribución que estaba pactada», es una «demostración palpable» de que el Gobierno tiene abierta «una guerra contra las tecnologías energéticas eficientes». «El Gobierno legisla sólo para preservar el statu quo de las grandes corporaciones», añadió. Además, subrayó que a «los graves hechos» que las organizaciones presentan ante la Fiscalía Anticorrupción, se suma el proyecto de Real Decreto para la regulación del autoconsumo recién publicado para alegaciones por el Ministerio de Industria, que «supone un nuevo golpe antidemocrático» al derecho de los ciudadanos a elegir la energía que consumen.

Mientras, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que de este recorte sólo ha permitido «cerrar en falso» el problema del déficit de tarifa, ya que en cualquier momento un tribunal, nacional o extranjero, puede «echarlo atrás y lo pagaremos todos en la factura con intereses«. Así, recordó que el Gobierno de España ya ha recibido un total de 14 demandas ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables, y las probabilidades de que un tribunal acabe «echando atrás estos recortes son altas».

En la denuncia, se considera que en los hechos pudo haber existido un delito de presunta «prevaricación» y se apunta «como autor, fundamentalmente», al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. En el acto de entrega del escrito de denuncia en la Fiscalía estuvieron presentes, junto a las organizaciones denunciantes, representantes de los partidos políticos que han suscrito la denuncia: Álvaro Abril (PSOE), Carolina Bescansa (Podemos), Carolina Punset (Ciudadanos), Chuse Inazio Felice (CHA), Juantxo López de Uralde (EQUO), Joan Baldoví (Compromís), Joan Coscubiela (ICV e Izquierda Unida) e Inés Sabanés (Ahora Madrid).

Bescansa destacó que los hechos que recoge la denuncia demuestran que la corrupción «es el gran enemigo de la ciudadanía» y que con unos «parámetros corruptos es imposible cambiar el modelo energético y transitar hacia un modelo más sostenible». Para Alvaro Abril, este tipo de políticas energéticas «en blanco y negro» aplicadas por el Gobierno del PP suponen que España «vuelve a quedarse fuera de la transición energética, mientras otros países «están muy adelantados».

Por su parte, Coscubiela aseguró que el Gobierno «ha sobrepasado todos los límites en su afán por defender al lobby eléctrico», falsificando expedientes para imponer unas medidas que no son justificadas y aseguró que hasta que el ministro José Manuel Soria «no esté sentado en el banquillo» como acusado no pararán. Mientras, Carolina Punset subrayó que «cargarse las renovables supone un error histórico» y dejar pasar la oportunidad de «una energía más barata y de generar empleo«. Asimismo, Inés Sabanés pidió una «transición» hacia a un cambio de modelo energético y el cese «inmediato» de Soria después de haberse confirmado que ha trabajado «de parte, para la minoría».

Entre las asociaciones que se han unido a la denuncia figuran: Adicae, AEBIB, Algamar, Amigos de la Tierra, ANAE, APPA Fotovoltaica, Asgeco, ATTAC, CB Arquitec Bioconstrucción,  CIFV, Coeser, CSolar, Eco-Event, Econactiva, Ecologistas en Acción, Ecooo, Energía Activa, EuroBalaguer, Eurosolar, Federación Arcoiris, Fundación Renovables, Goiener, Greenpeace, Larmendi, OCE, Patrimonial Serrana Solar, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/Birdlife, SolarWeb, Som Energía, UNEF, WWF España.

El Gobierno prevé aprobar esta semana el mecanismo de facturación horaria de la luz

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo prevé que el mecanismo para la puesta en marcha de la facturación eléctrica esté aprobado para la «semana que viene como muy tarde», según indicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que se mostró muy tranquilo ante la denuncia anunciada que se presentará en su contra por el recorte renovable ya que considera que no tiene «ninguna base» y que sólo tiene por objetivo «hacer ruido».

Nadal señaló que la aprobación «está ya a punto», ya que se trata de «procedimientos técnicos y están ya». En este sentido, indicó que el retraso con respecto a la fecha inicialmente prevista del pasado abril se ha debido a «cuestiones técnicas de última hora». En concreto, este nuevo mecanismo requiere una coordinación especial entre la distribuidora, que es la que debe calcular el consumo realizado, y la comercializadora encargada de emitir la factura. Los usuarios con esta nueva factura han de disponer de un contador digital y telegestionado. Esta normativa desarrollará el decreto que creó el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), en el que la facturación horaria quedaba condicionada al pertinente desarrollo regulatorio.

El nuevo mecanismo establece que los consumidores paguen la electricidad en función del precio al que esta cotice en el mercado mayorista en ese momento, un importe que varía cada hora. Inicialmente y de forma transitoria mientras se aprobaban los procedimientos, se determinó que se aplicarían unos perfiles de consumo, es decir, una distribución media de las horas de demanda para asignar las tarifas, que todavía continúan vigentes. Sin embargo, la próxima semana se aprobarán los procedimientos necesarios para que las eléctricas facturen a cada cliente lo que realmente está consumiendo al precio que cotiza en ese momento. Así se abrirá un periodo transitorio de unos tres meses para que las eléctricas adapten sus sistemas.

Por otra parte, respecto al anuncio por parte de la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de presentar una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria por el recorte a las renovables, aseguró que estas acusaciones «no tienen ninguna base» y que sólo tienen por objetivo «hacer ruido». «La legislación sobre renovables la hace el Gobierno», señaló, con el asesoramiento del IDAE, mientras que los informes encargados a las consultoras tenían por fin «chequear algún punto«.

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético consideran que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el propio Nadal, considera que el Gobierno «legisló mal al atacar a ciertas tecnologías a sabiendas» y al encargar unos informes a dos consultoras independientes, de los que finalmente el de Roland Berger uno se entregó tras la aprobación de la normativa mientras que con Boston Consulting se rescindió el contrato.

Respecto a la eficiencia energética, el secretario de Estado de Energía destacó que «es una de las políticas más importantes» que puede hacer un país «enormemente dependiente» como España. A este respecto, Nadal señaló que España está aprendiendo «a mejorar en un uso más eficiente de la energía» y subrayó que el Gobierno «tiene que apoyar este proceso» con medidas tanto de carácter fiscal, como los impuestos medioambientales; así como programas como el PIVE, que está renovando a vehículos más eficientes el parque automovilístico español, y la puesta en marcha del plan de eficiencia energética.

Iniciativa por Cataluña-Verdes (ICV) se suma a la denuncia ante la Fiscalía por el recorte a las renovables

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Europa Press.- ICV se unió a la denuncia que presentó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables ante la Fiscalía Anticorrupción para investigar presuntas irregularidades del Gobierno a la hora de fijar los criterios en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, que supusieron unos recortes de 3.000 millones de euros anuales.

En este sentido, la portavoz de ICV en el Congreso, Laia Ortiz, afirma que la formación desea que se investigue la actuación del Ministerio de Industria ya que considera que han sido recortes «arbitrarios que no se basan en ningún informe técnico» y se trató de «un recorte ideológico que atacó directamente a las pequeñas y medianas empresas del sector».

En la denuncia, ambas asociaciones entienden que hubo en el proceso un delito de presunta «prevaricación» y apuntan «como autor, fundamentalmente», al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, «por ser quien ha tenido el dominio del acto». «Lucharemos en las instituciones y donde sea necesario para defender las energías renovables frente a los ataques del lobby eléctrico», dijo Ortiz.

La Fundación Renovables y la Px1NME denunciarán a Nadal ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación

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EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) planean presentar una denuncia  en las próximas semanas ante la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que el Gobierno legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop.

Las asociaciones presentarán la denuncia en un plazo de dos o tres semanas, una vez que concluya un proceso de recogida de firmas de apoyo que se abre ahora. Holtrop indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, se cumple en este caso de acuerdo con los indicios conocidos hasta ahora, por lo que instará a la Fiscalía Anticorrupción a que abra una investigación «para esclarecer los hechos«.

En concreto, la denuncia se dirige contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías. De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno.

Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demuestran que los «errores» en la normativa, que justifican en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de la aprobación del recorte. Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, señaló que «se ha publicado que el Gobierno llegó a presionar a los consultores», y que afectará al coste de las renovables en el futuro porque los inversores van a exigir «una prima de riesgo».

Otras «contradicciones», según dijo, se basan en que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una serie de contradicciones y falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que considera «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

Además, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, insistió en la necesidad de recabar firmas de ciudadanos y asociaciones, así como de los partidos políticos, con el objetivo de «abrir el debate energético». Aunque la denuncia se dirige por un delito de presunta «prevaricación» contra Alberto Nadal» como su autor, fundamentalmente, por ser quien ha tenido el dominio del acto», no descartan que Anticorrupción decida ampliarla a otros representantes de Industria o del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), al tiempo que abren la puerta a la presentación de una querella.

La Fundación Renovables y la PxNME denunciarán ante la Fiscalía las irregularidades en el «hachazo» a las energías renovables

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Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PxNME) presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si hubo prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria «ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico» a la hora de fijar los criterios en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables.

Las asociaciones, que presentarán su escrito de denuncia este martes, señalan que instarán a la Fiscalía Especial contra la Corrupción a que abra una investigación «para esclarecer los hechos y determinar si hubo posible prevaricación u otras infracciones del ordenamiento jurídico». Asimismo señalan que el Gobierno, con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa del sector eléctrico, dictaminó que éste se solucionara «a costa del esfuerzo» de los consumidores y los productores de renovables, cogeneración y residuos, que vieron mermada su retribución en 3.000 millones de euros anuales»

Ambas asociaciones subrayan que Industria encargó dos informes a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger para avalar el recorte, aunque, posteriormente, se conoció que Industria las «presionó» para que acataran criterios prefijados, llegándose a emitir sólo uno de los informes, cuya fecha es posterior a la aprobación de la orden de parámetros. Además, criticaron que los recortes retributivos no alcanzaran a las grandes empresas eléctricas, cuyas cuentas de resultados no han sufrido menoscabo alguno».