Entradas

Las organizaciones ecologistas piden al Gobierno en Madrid que apruebe el autoconsumo para luchar contra la pobreza energética

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- ONG sociales y ambientales se concentraron en Madrid para reclamar al Gobierno que apruebe cuanto antes el Real Decreto del Autoconsumo que habilitará mecanismos para luchar contra la pobreza energética con energías renovables. Así, un conjunto de organizaciones se movilizó contra la pobreza energética, que aseguran que afecta al 10% de las familias españolas, que no pueden calentar sus viviendas en invierno.

Para las ONG, la lucha contra la pobreza energética es una «necesidad social y ambiental que no se puede bloquear ni ignorar«. En este contexto, Greenpeace pide que se apruebe cuanto antes el Decreto de Autoconsumo e insta a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas estructurales para poner a las personas y el planeta en el centro del sistema energético.

En concreto, Greenpeace considera necesario aprobar medidas urgentes y estructurales en España porque esta es una de las «muchas caras de la pobreza» y supone una disfunción de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como bien de primera necesidad ni la capacidad de las energías renovables para abaratar el precio de la luz. El citado Real Decreto habilitará mecanismos para que las administraciones públicas puedan luchar contra la pobreza energética con renovables.

Greenpeace considera «imprescindible» cambiar el modelo energético hacia un sistema eficiente, inteligente, 100% renovable y en manos de la gente para mitigar la contaminación y el cambio climático e insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes empresas eléctricas integradas verticalmente. En la movilización participaron Amigos de la Tierra, ATTAC, CCOO, la Coordinadora de Vivienda Madrid, Ecologistas en Acción, InspirAction, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Greenpeace.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) denuncia a España ante la Comisión Europea por los pagos por capacidad

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por considerar ilegales los pagos por capacidad que reciben las centrales eléctricas. Según indicaron ambas entidades, si la Comisión Europea admite a trámite la denuncia, las compañías eléctricas podrían tener que devolver más de 3.000 millones de euros percibidos por estas ayudas solo durante el periodo 2011 a 2015.

En la actualidad, estas ayudas suponen unos 700 millones de euros anuales que pagan los consumidores y aprueba el Estado para garantizar el suministro. La directora de IIDMA, Ana Barreira, señaló que los pagos por capacidad «violan el derecho de la Unión Europea» relativo a las ayudas de Estado. «Además, no hay constancia de que el Estado las notificara a la Comisión, estando obligado a ello. Son contrarias a derecho, pues no son de interés general y son desproporcionadas», asegura.

En concreto, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y el IIDMA han denunciado ante Bruselas los pagos correspondientes al incentivo a la inversión y el servicio de disponibilidad. A este respecto, Piet Holtrop, abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, consideró que se tratan de «ayudas ilegales recibidas principalmente por las centrales de gas o carbón desde 1997 para que sigan funcionando, en un contexto de sobrecapacidad de nuestro sistema eléctrico».

UNEF, Anpier, Px1NME y ecologistas piden al Gobierno un cierre progresivo de las centrales de producción eléctrica no renovable

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Organizaciones sociales y empresariales como los fotovoltaicos de UNEF y Anpier, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Fundación Renovables, Amigos de la Tierra o Greenpeace exigen al Gobierno «el cierre progresivo de todas las centrales eléctricas no renovables». Las organizaciones consideran que la reciente subasta de energías renovables demuestra un importante interés por invertir en estas tecnologías a precios de mercado, sin incentivos y consideran que el volumen de inversión podría ser mucho mayor con un plan de subastas.

La planificación del Gobierno, indican, debe contemplar la total descarbonización y desnuclearización del sector eléctrico, impidiendo la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y de carbón, y garantizando su sustitución con renovables a través de un calendario de subastas periódicas de renovables. Según dicen, el plan debe incorporar la implantación de tecnologías sostenibles de generación renovable, almacenamiento, redes inteligentes y gestión de la demanda, ya disponibles a cada vez menor precio. «Resulta esencial establecer criterios adicionales a los puramente económicos en la subasta, como cupos para proyectos con participación ciudadana o impacto positivo en el empleo», señalan.

Organizaciones sociales piden al Congreso ir más allá del decreto de PP y PSOE contra los cortes de luz

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press / EFE.- La Plataforma por un nuevo Modelo energético y la Alianza contra la Pobreza Energética trasladaron a los grupos parlamentarios sus propuestas para «mejorar» y conseguir un decreto de bono social y protección contra los cortes de suministro «más garantista», que incluya una definición de consumidor vulnerable y la obligación de las compañías eléctricas de solicitar información sobre los consumidores antes de efectuar un corte de luz.

Las organizaciones sociales se han reunido ya con Ciudadanos, Podemos y partidos del Grupo Mixto, que se han mostrado «muy receptivos» a sus propuestas ante la «inquietud» compartida por el problema de la pobreza energética, que afecta al 11% de la población española. Así lo ha asegurado el portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Rodrigo Irurzun, que considera que el decreto ley pactado entre el PP y el PSOE es «totalmente insuficiente» por «muchísimos motivos», como el hecho de que solo protege contra los cortes de luz y no afecta a los suministros de gas o agua.

Ante la convalidación del decreto, Irurzun ha pedido «voluntad política» para su tramitación y ha denunciado que no hay una definición correcta del consumidor vulnerable, ya que hay «muchos consumidores que necesitan bono social y no están atendidos y otros que están con bono social y no tienen una necesidad económica». De esta forma, precisó que sus peticiones pasan por que la definición del consumidor vulnerable sea «lo más garantista posible», de forma que se valore el número de personas que convivan en la vivienda, sus situaciones agravantes como pueden ser la convivencia de alguna persona en situación de gran dependencia, mayores de 80 años, discapacidad del 75% o superior, o motivos de salud que requieran un elevado consumo energético.

Las organizaciones entienden por hogares en situación de vulnerabilidad aquellos que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), si se trata de personas que viven solas, cifra que se incrementará en 0,25 veces el IPREM por cada persona adicional. Para una persona, la propuesta de las organizaciones sociales contempla unos ingresos de 1.331,28 euros, para dos 1.464,4 euros y para tres 1.597,53 euros. En el caso de hogares vulnerables severos contemplarían ingresos menores: para una persona, 1.065,02 euros, para dos 1.198,15 euros y para tres 1.331,28 euros.

Antes del corte de suministro

La propuesta de las organizaciones sociales establece el principio de precaución para evitar los cortes de suministro a aquellos consumidores que no pueden pagar los recibos por falta de medios económicos. La portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, María Campuzano, ha subrayado la importancia de que se aplique el principio de precaución para evitar que se vuelvan a repetir casos como el de la mujer fallecida en Reus por un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse como consecuencia de un corte de suministro por impago.

De esta forma, las organizaciones piden que las empresas suministradoras tengan la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales antes de efectuar un corte de suministro por impago, para asegurar que el hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad severa. En cuanto al bono social, las entidades consideran que el mecanismo de financiación planteado el mes de diciembre penaliza a las comercializadoras con mayor número de clientes de consumo reducido, aquellas que cuentan con más contratos en el sector doméstico y a las pymes. Por ello, exigen una forma de financiación que no sea «discriminatoria, desproporcionada e injusta». Asimismo, solicitan que el reglamento proteja más allá de quienes están en el PVPC y seguidos por servicios sociales.

Más allá de estas propuestas, las organizaciones sociales ven necesario una ley estatal de mitigación y reducción de la pobreza energética que contemple la totalidad de los suministros básicos (agua, luz, gas y otros combustibles) y que garantice un derecho universal a su acceso, en un contexto de 7.000 muertes al año por causas vinculadas a la pobreza energética. Irurzun califica de «indecente» que en España haya personas que no puedan calentar sus hogares a unos niveles «mínimos» de habitabilidad y se produzcan situaciones en las que las familias tienen que «iluminarse con velas, haya niños bañándose con agua fría y no se calienten alimentos».

Por último, Irurzun ha dicho que «no se puede entender» que las compañías eléctricas obtengan beneficios millonarios que «reparten entre accionistas» y que se esté cortando la electricidad a familias por su situación económica. Igualmente, Campuzano reprocha a las eléctricas que «las que no se benefician son las familias que hacen equilibrios para poder pagar sus facturas», y advierte que estas dificultades las sufren muchas familias que aún pagando sus recibos no encienden la calefacción para no encarecer su factura.

La Plataforma Px1NME lamenta el encarecimiento de la factura de la luz en su cuarto aniversario

/1 Comentario/en , /por

La Plataforma ciudadana por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), que agrupa a más de 400 organizaciones y casi 4.000 particulares, ha lamentado el «encarecimiento progresivo» de la factura de la luz, así como la normativa relativa al autoconsumo eléctrico, que considera «la más restrictiva del mundo».

Así se recoge en un comunicado con motivo del cuarto aniversario de su nacimiento, «en un momento en el que se atisbaban políticas energéticas muy desfavorables para las renovables, el medio ambiente y el empleo».

La plataforma Px1NME también critica el incumplimiento en tiempo y forma de la transposición de las directivas europeas de eficiencia energética, así como de las energías renovables, además de la inseguridad jurídica y los recortes a la retribución de las plantas basadas en fuentes limpias.

No obstante, la Px1NME  celebra el cambio producido en la «errónea percepción» que muchos ciudadanos tenían sobre el sistema energético y considera que «en este momento de acuerdos, de pactos y de consensos, queremos que estas cuestiones estén presentes en el debate político y se tengan en cuenta las opiniones de todos los actores del sector», concluye

Industria no llega al 6% en la subida del margen de comercialización que la CNMC cifraba en el 31%

/0 Comentarios/en , , /por

Redacción / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo reconoce un impacto de más de 26,11 millones de euros en los ingresos de las comercializadoras de referencia de electricidad por la regularización del margen de comercialización dentro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en los últimos tres años. Esta subida, más pronunciada para 2015 que en 2014 y 2016, apenas llega al 6% en su nivel máximo frente al 31% que pidió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la propuesta de real decreto, el Gobierno cifra un impacto de 4,48 millones de euros por la regularización de los ingresos en 2014, de 12,71 millones de euros en 2015 y de 8,91 millones de euros en 2016, estimando en este ejercicio una potencia facturada igual que en 2015. En concreto, el margen de comercialización será para 2014 de 4,08 euros por kilovatio, 4,24 €/kW para 2015 y 4,17 €/kW para el presente año.

Según consta en la propuesta de Industria, que ha sido puesta en trámite de audiencia, para los años 2017 y 2018 el valor del término fijo de potencia será de 3,09 euros por kilovatio (kW), el mismo que en 2016. Asimismo, el valor del término variable del margen comercial a aplicar en 2016 será de 0,001699 euros por kWh. El pasado mes de mayo, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo emitió un auto en el que obligaba al Gobierno a aprobar antes de que finalizara junio una metodología para calcular el margen de las comercializadoras de referencia de electricidad dentro del PVPC.

En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por este precio regulado, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, esto es, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Este margen de comercialización, que estaba fijado por el Gobierno en 4 euros por kW al año, ronda el 3% del recibo final y había sido denunciado por las compañías eléctricas por ser insuficiente y abocar a sus comercializadoras a operar en pérdidas. Así, el fallo obligaba a revisar el margen de comercialización desde la implantación del PVPC, esto es, abril de 2014.

Lejos del planteamiento de Competencia

A mediados de junio, la CNMC presentó un informe en el que advertía de que el margen actual de la tarifa eléctrica regulada no cubría los costes de comercialización en que incurren las empresas, y que para hacerlo debería subir al menos un 31%. De este modo, estimaba que el margen de comercialización debería subir al menos a 5,24 euros por kW contratado y año. Esto supondría para una familia media una subida de 5 euros anuales. No obstante, la CNMC también consideraba que debía incluirse un margen de retribución de la actividad, para lo cual se habían analizado distintos escenarios y se habían determinado los costes de captación y retención de los clientes por si fuera procedente su inclusión.

En lo que respecta a los costes de captación, Industria señala en su propuesta de decreto que no deberían incorporarse ya que «no existe tal coste para los comercializadores de referencia y, además, el PVPC pretende ser un producto básico, un contrato mínimo de garantía, por lo que es preciso ser especialmente cuidadoso con los costes que incluye» y no estaría en absoluto justificado que se cargara al consumidor”. En la propuesta, Industria, según datos de la CNMC, señala que el número de consumidores con derecho a acogerse al PVPC era de 15 millones en enero de 2014 y en enero de 12,45 millones, por lo que se ha reducido en más de 2,5 millones.

“Ocultar” subida de la luz

Por su parte, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) ha denunciado la «irresponsabilidad política» del Gobierno por haber esperado «hasta el último momento, con criterios claramente electoralistas», para establecer una metodología para el cálculo del margen de comercialización dentro del PVPC, como exigía el Supremo. La asociación Px1NME estima que este impacto supondrá un incremento medio del 0,2% del recibo de la luz y una facturación de atrasos de unos 2 euros por familia, «muy inferior al propuesto inicialmente por la CNMC, aunque considera que el efecto retroactivo del ajuste será, «sin duda, relevante a efectos de incrementar la enorme confusión que existe actualmente con la facturación eléctrica».

La Plataforma subraya que la propuesta «dista mucho de eliminar la permanente incertidumbre que se cierne sobre el recibo de la luz» y se trata de la tercera vez desde 2012 en la que se efectúan refacturaciones sobre consumos de energía pasados, «complicando aún más la de por sí difícil interpretación del recibo y abonando el terreno para los abusos de comerciales de las eléctricas, aprovechando la complejidad reinante para engañar al consumidor haciéndole creer que debe aceptar unas ofertas comerciales supuestamente muy ventajosas; pero que, según Competencia, finalmente resultan en un coste mayor que la tarifa oficial del Gobierno».

Facua: «una tomadura de pelo»

Asimismo, Facua-Consumidores en Acción considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya «agotado el plazo» para proponer la nueva metodología de cálculo del margen de comercialización dentro del PVPC, «a fin de pasar las elecciones generales y minimizar el impacto electoral» de una nueva subida de la luz. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, consideró que «más allá del ajuste» que supondrá en el recibo de la luz, la medida supone continuar con las actuaciones en la regulación energética «en la última legislatura». Así, Sánchez señaló que, más allá del modelo de PVPC, «habría que revisar el sistema para acabar con las prácticas oligopolísticas».

La Comisión Europea rechaza abrir un procedimiento de infracción a España por los recortes retributivos retroactivos a las energías renovables

/1 Comentario/en /por

EFE / Europa Press.– La representación de la Comisión Europea ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara rechazó iniciar un procedimiento de infracción contra España por los recortes retroactivos en energías renovables aprobados por el Gobierno y la regulación al autoconsumo tras las denuncias que ha recibido de varios ciudadanos españoles. El Ejecutivo comunitario respondió así a las peticiones de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PX1NME) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER).

La Comisión Europea consideró que las demandas de las tres asociaciones sobre la aplicación retroactiva del nuevo régimen retributivo sobre la producción de energía renovable no poseen una “base jurídica suficiente”. En ese sentido, se negó a investigar a España por vulneración del principio de seguridad jurídica y confianza legítima. La representante de la Comisión Europea defendió que «los tribunales nacionales son los más adecuados para hacer una evaluación caso por caso de si estos principios se han respetado o no» y recordó que tanto el Tribunal Constitucional español como el Tribunal Supremo han sentenciado que las modificaciones a estos programas de apoyo no van en contra de estos principios».

«La Comisión públicamente ha manifestado críticas a estas modificaciones a los programas de apoyo que se han producido en varios Estados miembro, entre ellos España, puesto que tienen un impacto muy negativo en la confianza de los inversores», ha zanjado la funcionaria comunitaria, que recordó que el Ejecutivo comunitario insiste en sus orientaciones para que los Gobiernos diseñen los nuevos regímenes de apoyo defienden que «deberían evitarse» los «cambios retroactivos o no anunciados» porque «impiden y obstaculizan la inversión futura«. La representante del Ejecutivo comunitario ha dejado claro que la directiva europea sobre energías renovables «da a los Estados miembro el derecho de discreción en cuanto a cómo diseñar y planificar los planes de apoyo«.

No obstante, el Ejecutivo comunitario reconoció que sus servicios jurídicos supervisan si España cumple la directiva comunitaria de energías renovables, que obliga a los Estados a extraer el 20% de energías renovables en el 2020, si bien admitió que «España parece que va a poder cumplir con los objetivos» a la luz de los datos más recientes de Eurostat que indican que en 2014 España consiguió una cuota de renovables del 60%, «lo cual hace que la trayectoria haya sido superada, que era del 12,5%». También aseguró que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y su equipo preparan un nuevo marco regulador sobre las energías renovables más estable y que evita la retroactividad.

Pese a la negativa del Ejecutivo comunitario a investigar a España, la Comisión parlamentaria se comprometió a mantener abiertas las peticiones y a supervisar el diálogo entre el país y el brazo ejecutivo de la Unión. Asimismo, los eurodiputados acordaron enviar una carta a las autoridades españolas para solicitar información sobre los cambios en la regulación de las energías renovables. Igualmente, a propuesta del parlamentario de Los Verdes, Ernest Urtasun, se acordó plantear a los coordinadores de la Eurocámara la redacción de una resolución sobre las peticiones de la sesión.

Respecto a la regulación española sobre el autoconsumo, la representante explicó que los servicios de la Comisión «están en estos momentos realizando una evaluación jurídica para determinar si el reglamento está quebrando la legislación comunitaria o no» en materia de energías renovables, eficiencia energética y la directiva del mercado único tras recibir «varias quejas». «Si hay incumplimiento nos pondremos en contacto con las autoridades españolas y adoptaremos las medidas oportunas para garantizar una correcta aplicación de la legislación comunitaria», zanjó.

Durante su intervención, el director general de UNEF, José Donoso, ha reclamado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de infracción contra España por violar el principio de seguridad jurídica y denunció que la actual regulación, vigente desde 2014, «desconfía» del empresario y del libre mercado, “penaliza a las plantas eficientes” y es “un problema europeo”. «Perpetúa la inseguridad jurídica, ya que cada 3 y 6 años el secretario de Estado de turno podrá modificar las variables sobre las que se establece la retribución», criticó Donoso, que reclamó a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que «cierre» su investigación sobre la supuesta «sobreretribución» del sector renovable.

También cuestionó que Bruselas crea que España va a cumplir el objetivo del 20% renovable cuando «no se ha introducido ni un solo megavatio» en los últimos años y la mejora del ratio se produjo por una caída en la demanda provocada por la crisis. Además, Donoso criticó el llamado impuesto al sol y las barreras administrativas al autoconsumo. «El autoconsumidor ya contribuye por lo que consume», argumentó, insistiendo en el «derecho cívico» de tener instalaciones fotovoltaicas «sin tener que pagar ningún tipo de peaje» y en el principio de «que se paga por utilizar la red». Finalmente, Donoso solicitó la elaboración de un informe sobre el impacto real del autoconsumo en el sistema eléctrico.

Por otro lado, el secretario general de ANPIER, Juan Castro-Gil, se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo español de principios de junio, que por 4 votos a 3 dio la razón al Gobierno sobre los recortes a las renovables aprobados en 2014. «Cuatro magistrados aseguraron que los inversores tenían que haber previsto que su Estado les iba a engañar», comentó Castro-Gil. Así, criticó los 10 cambios durante los últimos 5 años en las retribuciones por la producción de energía renovable. Tras los recortes a las renovables aprobados en los años 2010, 2012, 2013 y 2014, varias asociaciones han iniciado procesos judiciales ante tribunales nacionales e internacionales por recortes que han alcanzado «hasta el 50% de la retribución comprometida inicialmente».

Por su parte, Alejandro Lorenzo, que ha recabado ya más de 240.000 firmas a favor de la retirada del impuesto al sol a través de Change.org, ha instado a que el próximo Gobierno «sea cual sea deje de poner impedimentos para el correcto» desarrollo de las energías limpias y ha considerado «alarmante» que expolíticos o sus familiares sean «contratados» como consejeros en empresas energéticas, incluido en sus filiales extranjeras «para evadir» la ley sobre incompatibilidades.

El PP se quedó en solitario frente a las críticas del resto de partidos, PSOE, ICV y ERC, por los recortes a las energías renovables en España en un agrio debate. El eurodiputado del PSOE, José Blanco, denunció que «la incertidumbre regulatoria y las barreras administrativas continúan impactando en las inversiones» y criticó que España es uno de los países «con menor avance en megavatios verdes» en los últimos años». «El Gobierno español ha legislado contra el desarrollo del sector», aseguró. Por su parte, la eurodiputada popular Rosa Estarás, recordó que la Justicia española «ha fallado a favor de los cambios aprobados por el Gobierno» y recordó que «el peaje» existe en otros países de la Unión Europea, como Alemania.

Rivera (Ciudadanos) promete acabar con los cargos al autoconsumo mientras las renovables piden voluntad política para cumplir con la COP21

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Redacción / Agencias.- Las principales asociaciones empresariales del sector de energías renovables, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil han reclamado a los candidatos en las próximas elecciones «voluntad política» para cumplir con los compromisos adquiridos en la última Cumbre del Clima celebrada en París (COP21) al tiempo que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, comprometía que su primera propuesta en materia energética si llega al Gobierno es «suprimir el Impuesto al sol» para «apostar por una transición a las energías limpias».

Rivera aseguró que Ciudadanos «suprimirá un impuesto injusto que nadie entendería ni en Alemania ni en ningún otro país europeo» ya que «no tiene sentido que pongan más impuestos y más dificultades a los que van a contaminar menos». En este sentido, el líder de Ciudadanos reiteró la apuesta de su formación por una transición a las energías renovables, como ocurre en otros países donde «ya son una realidad y una cuestión de país, no ideológica». Rivera insistió en que España «es un país con mucho recorrido en las renovables y en los puestos de trabajo que generan», por lo que Ciudadanos «aliviará la fiscalidad a los que lo hacen bien y proporcionan energía limpia».

Renovables piden compromiso con París

En un comunicado firmado por UNEF, Protermosolar, Anpier, Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y Amigos de la Tierra, entre otras, las asociaciones consideran que «la única forma de crear un sistema eficiente, inteligente y basado totalmente en energía renovable es el abandono de las energías fósiles y nucleares para antes de 2050 y así frenar el calentamiento del planeta», de manera que toda la energía utilizada en España sea “limpia” en 2050. Además, recuerdan que las energías renovables y el autoconsumo desarrollan un papel «fundamental» no sólo en el cambio de modelo energético, sino en la democratización y descentralización del sistema.

Asimismo, ponen como ejemplo el reciente caso de Portugal, que se abasteció durante cuatro días solamente con energías renovables, «evidenciando la viabilidad de este sistema». El próximo 21 junio, UNEF, Anpier, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y otras organizaciones que representan al sector renovable y la sociedad, acudirán a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para defender las energías renovables, “denunciar su maltrato en España” y pedir la mediación de las autoridades europeas ante el Gobierno español.

Organizaciones ecologistas y renovables piden a Rajoy que no ilegalice las instalaciones de autoconsumo a partir del lunes

/1 Comentario/en , , /por

Servimedia / Europa Press.- 11 organizaciones ecologistas, de consumidores y del sector de las renovables enviaron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para expresar su preocupación por «la situación de indefensión» a la que el Ejecutivo somete a gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica, que podrían ser sancionados a partir del próximo lunes, fecha límite para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor de la norma se registren, por lo que piden prorrogar el plazo.

Las entidades son Amigos de la Tierra, Anpier, Asgeco, Asociación Medio Ambiente y Cambio Climático, Ecologistas en Acción, Fundación Global Nature, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/BirdLife y WWF España. Denuncian que miles de instalaciones de autoconsumo eléctrico en España podrían entrar el próximo lunes, 11 de abril, en un limbo legal muy cercano a la ilegalización, ya que es la fecha límite para que las instalaciones se adapten a su articulado, bajo amenaza de ser declaradas ilegales y de exponerse a multas de hasta 60 millones de euros, además de pagar los cargos al autoconsumo.

Las organizaciones consideran que el Gobierno penaliza a quienes pusieron en marcha instalaciones de autoconsumo eléctrico para sus hogares o negocios en los últimos años, algo que «contribuye a la lucha contra el cambio climático y al cambio de modelo energético del país». Además, denuncian que el Ministerio de Industria, que fraguó el decreto contra el autoconsumo, «está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que estableció, ya que a pocos días para que finalice el plazo fijado, Industria aún no ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas.

Asimismo, las entidades piden a Rajoy que resuelva «el caos creado por el ministro José Manuel Soria» y obligue a que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas por «la falta de previsión» del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por otro lado, recalcan que, «en el país del sol, carece de sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad con una fuente renovable, abundante y barata, y que además podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada, y fomentar la creación de empleo y la economía ciudadana». «Por este motivo, resulta incomprensible que Soria siga obstinado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas«, añaden.

Las organizaciones destacan que el decreto de autoconsumo eléctrico «contradice las últimas comunicaciones de la Unión Europea, que remarcan que el papel de una ciudadanía activa y comprometida será imprescindible en el proceso para alcanzar la necesaria transición energética». «La normativa española, sin embargo, está en las antípodas de este propósito, al impedir cualquier posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos de producción energética en manos de las personas», concluyen.

El Supremo admite a trámite dos recursos de Cide y Px1NME contra el decreto de autoconsumo

/1 Comentario/en , , , /por

EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite dos nuevos recursos, de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Cide) y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), en contra del real decreto 900/2015, contra la normativa que regula el autoconsumo. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), los dos recursos se han interpuesto ante la sala tercera del Tribunal Supremo y se admitieron a trámite los pasados 20 y 21 de enero.

En ambos casos van contra el decreto con el que el Gobierno reguló las condiciones y las modalidades de la producción eléctrica para autoconsumo. La normativa, fuertemente criticada por renovables, ecologistas y oposición, prevé el pago de una serie de cargos a los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema.

La Px1NME había anunciado junto a la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones como Greenpeace y CC.OO. la interposición de diversos recursos ante el Supremo contra el decreto de autoconsumo al considerar que «vulnera la Constitución Española». A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedentede fuentes renovables.

Además, entienden que existe una «clara vulneración» de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores». La denuncia de estas organizaciones se suman a otras contra la misma norma presentadas por empresas como Villar Mir Energía o Valoriza Servicios Medioambientales, filial de Sacyr, además de otras de Lasal del Varador, Solares-Solartys, Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, Josep Puig Boix, Lluís Maria Coll i Ripoll, Andrés Montesinos Campos, Alternativa Verda, Dia de la Terra, Grup de Cientifics i Tecnics per un Futur no Nuclear, Eurosolar y Solar Tradex.