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La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.

El Gobierno eleva las ayudas mineras mientras Castilla y León pide una transición de hasta 50 años para las cuencas

Redacción / Agencias.- La Junta de Castilla y León defiende un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria». Mientras tanto, el Gobierno autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, entre 2017 y 2020, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El objetivo del acuerdo es posibilitar la concesión de ayudas destinadas a cubrir costes excepcionales derivados del cierre de unidades de producción de carbón no competitivas incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del carbón no competitiva. Con la autorización, el compromiso máximos de adquisición ascenderá a 2,4 millones para 2017, lo que supone un 400% de sobrecrédito inicial, frente a los 1,23 millones de 2018 (un 200% más), 1,23 millones de 2019 (un 100% más) y 616.666 euros de 2020 (un 100% más).

La aprobación de este acuerdo permitirá continuar con la convocatoria de ayudas, actualmente en fase de evaluación de solicitudes, con las que se pretende paliar los efectos perjudiciales que el cese de la actividad minera ocasiona en el entorno social y regional. La medida complementa además la autorización extendida por el Gobierno recientemente para que esta convocatoria de ayudas se considere una excepción a la convocatoria de la orden de cierre de ejercicio presupuestario 2016.

Los sindicatos critican las ayudas

Precisamente, los sindicatos CCOO y UGT denunciaron que estas ayudas complementarias a las minas de carbón de 36,1 millones de euros aprobadas por el Gobierno recientemente se limitarán al año 2016, como consecuencia del mecanismo que rige su aplicación. Por ello, ambos sindicatos tachan de «burla» del Ejecutivo ante el sector dichas ayudas. A este respecto, explican que la aplicación efectiva de la norma introduce un «truco» que limita su alcance únicamente a este año y no permitirá su aplicación en 2017 y 2018. En consecuencia, piden la convocatoria de la Comisión de Seguimiento para corregir esta situación, además de poner al día toda la serie de incumplimientos con el sector para evitar su desaparición.

Transición para próximos 50 años

Por su parte, el Comité Económico y Social (CES) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León defienden un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria«. Se trata de una conclusión del dictamen del CES sobre la minería del carbón, presentado por el sindicalista rumano Dumitru Fornea, quien ha advertido sobre la necesidad de «establecer diálogos políticos, cívicos y sociales», puesto que la transición energética impuesta por la Unión Europea requiere del «acuerdo de todas las partes» para poder lograr los cambios exigidos.

En este sentido, Fornea señaló que «el Plan de apoyo a la transición debe animar a las regiones a que emprendan transformaciones, promuevan el desarrollo innovador y creen empleo». Al respecto recordó que en Castilla y León «hay unas 4.000 personas que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón», una cifra que alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de Europa, de ahí que sea necesario «que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo».

Dimitru Fornea recordó que «las ayudas del Estado para la industria se terminan en 2018» y se pregunta «qué va a hacer el Gobierno de España» y los diferentes gobiernos de los países afectados, «que hasta ahora se han callado bastante, pero es momento de defender los intereses de sus comunidades». Este dictamen pretende ser «un primer paso para abrir el debate» y presentar un acuerdo coherente en Europa, puesto que existe, según indicó, «un fuerte interés de las corporaciones internacionales involucradas en las renovables». Por ello Fornea incidió en que «las cuencas mineras deben prepararse para la supresión progresiva de la producción del carbón».

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado que el dictamen plantea «un período de transición de 25 o 50 años» que permitiría poder realizar los cambios necesarios y, al respecto, recordó que la Junta de Castilla y León ya impulsa «un Plan de Dinamización de los municipios mineros». Eso sí, Del Olmo ha mostrado su confianza respecto a que este informe «permita revertir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la industria en 2018» y poder abordar un «régimen transitorio con diferentes medidas para adaptar la minería, lo que, a su juicio, sería perfectamente compatible con el Acuerdo de París sobre cambio climático».

El Gobierno aprueba 36,1 millones para conceder ayudas de 10 euros por tonelada de carbón nacional

Redacción / Agencias.- El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo para autorizar la convocatoria de ayudas adicionales al carbón por 36,1 millones de euros, que suponen una ayuda adicional de 10 euros por tonelada, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, que explicó que se trata de ayudas aprobadas por la Unión Europea para compensar las pérdidas de producción sufridas por el sector del carbón por las caídas de precios del mineral de importación, que agravaron la situación del sector en España.

2016: 61,4 millones en ayudas

En este contexto, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea en mayo para poder otorgar una ayuda adicional para el periodo 2016-2018, tanto para las minas subterráneas como de cielo abierto. La nueva ayuda adicional supone 10 euros por tonelada de carbón para 2016 y es compatible con la normativa europea, que limita las posibilidades de apoyo de los Estados Miembros a las minas no competitivas hasta el 2018, con el objetivo de un cierre ordenado de dichas minas. El acuerdo alcanzado con la Comisión Europea, según indicó el Ministerio de Industria, también incluye la autorización del Plan de Cierre de España, lo que supone que todas las ayudas otorgadas desde 2010 a las compañías mineras son válidas.

Dentro del plan de cierre de las instalaciones mineras no rentables, se contemplan diferentes mecanismos entre los que se incluyen otra partida de ayudas ordinarias a la producción, adicionales a las ayudas por el mismo importe ya previstas en el Plan de la Minería, por valor de 25,3 millones de euros y cuyo acuerdo para tramitación también se aprobó, con lo que se elevan a más de 60 millones las ayudas para el ejercicio 2016.

De la cuantía total de la ayuda, cerca de 1,6 millones van destinados a la empresa pública Hunosa (1,3 millones en 2016 y 260.000 euros en 2017) y 34,4 millones a empresas privadas (28,7 en 2016 y 5,7 en 2017). Esta ayuda excepcional se suma a la ayuda ordinaria de 2016, que estaba dotada con 25,3 millones de euros. Con estas decisiones «se facilita el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea sin menoscabar el desarrollo de las comarcas mineras», indicó Sáenz de Santamaría.

Castilla y León: “Da oxígeno”

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, aplaudió la rapidez con que el Gobierno central aprobó las ayudas adicionales a la extracción de carbón autóctono porque suponen «un balón de oxígeno» para el sector minero. En este sentido, Del Olmo recordó la reciente reunión entre el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien asumió las funciones de Energía tras la dimisión de José Manuel Soria. Precisamente este relevo es lo que, según Del Olmo, ha podido motivar el cambio de posición del Gobierno central.

Del Olmo destacó que estas ayudas se aprueban en un momento en el que el Gobierno central tiene sobre sí un cierre presupuestario que dificulta las autorizaciones de gasto, por lo que recalcó que «añade un valor» a la decisión adoptada y revela que el Ejecutivo es consciente de que se trata de un problema «importante y urgente». La consejera destacó que, además de esta medida, existen otras de ámbito autonómico como el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros y el acuerdo para que el Gobierno desbloquee otros 152 millones de euros de ayudas, que van en la misma dirección de apoyo al sector.

Industria agilizará nuevas ayudas a la minería y firma un convenio marco de apoyo a las comarcas mineras en Castilla y León

EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha anunciado la inminente modificación de las bases reguladoras de las ayudas a las empresas mineras para que pueda convocarse la nueva ayuda adicional habilitada por la UE en un plazo de un mes, previa autorización preceptiva del Consejo de Ministros.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha entrevistado con el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha asumido también las competencias del Ministerio de Industria, para tratar sobre la problemática de la cuenca minera.

Tras el encuentro y en rueda de prensa, Herrera ha explicado que esas ayudas adicionales consistirán en diez euros por cada tonelada «en favor de los carbones nacionales».

Ha precisado que está autorizada por la Unión Europea y que Guindos le ha garantizado «que de forma inmediata» se procederá a la firma de las bases de la convocatoria, «incluso, en este mismo año», ya que cuenta con «recursos presupuestarios reservados», así como para 2017 y 2018.

Con esta modificación se trata de dar respuesta a la Decisión de la Comisión Europea, de 27 de mayo de 2016, en la que se declaran compatibles con la normativa comunitaria las ayudas a la producción concedidas a las empresas mineras, según ha informado hoy el Ministerio y la Junta de Castilla y León en un comunicado conjunto tras la reunión de ambos.

En dicha decisión se posibilita además una nueva ayuda adicional para las producciones de carbón, tanto de minería subterránea como a cielo abierto, para el periodo 2016-2018.

Convenio Marco entre Castilla y Leóy y el Ministerio para el desarrollo de las comarcas mineras

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, han firmado un convenio marco para el impulso económico de las cuencas mineras.

Herrera ha dicho que ese acuerdo contempla 28 convenios de inversión alternativa en la cuencas mineras de la comunidad en infraestructuras básicas, mejora de carreteras, polígonos industriales o actuaciones en reforestación, con una inversión pública estimada de 150 millones de euros, de los que el 25 % los aportará la Junta y el resto el Gobierno central.

Ha agregado que se trata de proyectos propuestos por los ayuntamientos de las comarcas mineras y ha precisado que habrá otros acuerdos bilaterales con el resto de las comunidades mineras próximamente.

Respecto al precio del carbón nacional para hacerlo más competitivo, Herrera ha recordado que Castilla y León insiste en que la forma más eficaz es el establecimiento de una bonificación fiscal al carbón europeo y nacional como elemento estratégico para garantizar el suministro energético y una menor dependencia exterior, si bien ha reconocido que su puesta en marcha depende del Ministerio de Hacienda.

El presidente castellanoleonés ha expuesto al ministro el plan autonómico de dinamización de los municipios mineros para 2016-2020, ya que necesitan que el Gobierno central participe en su desarrollo y puesta en marcha y ha recibido «una valoración muy favorable».

Ha reconocido que Guindos le había advertido de que en este momento no puede señalar una figura concreta en la que poder integrar este plan, «pero ha entendido que existen razones suficientes y líneas de apoyo» del Ejecutivo central, que posibilitan su integración.

Sobre la normativa de emisiones de la UE, ha señalado que exige que para continuar en actividad las centrales térmicas deben hacer unas inversiones costosas y, además, son muy exigente con respecto a los apoyos públicos y las obligaciones medioambientales.

El Gobierno les ha confirmado, ha indicado Herrera, que las ayudas públicas vinculadas a esas inversiones con el compromiso de las térmicas de comprar el carbón nacional «no es admitida por la autoridad europea».

A su juicio, una empresa propietaria de una central energética no puede tomar la decisión unilateral de cerrar o no, lo tiene que plantear al Gobierno, «lo que aún no está decidido» y «ahí podría actuar el Ejecutivo y podrían llegar a algún tipo de acuerdo o de compensación» para que Endesa no lleve a cabo «la amenaza de cierre».

Ambas partes han acordado proseguir las reuniones de la Comisión de Cooperación para analizar la situación de los convenios específicos entre ambas administraciones correspondientes a los Planes de la Minería 1998-2005 y 2006-2012. Y han valorado el refuerzo del sistema de protección para los trabajadores de la minería, mediante ayudas por prejubilaciones y bajas indemnizadas, llevado a cabo durante esta legislatura.

La agrupación de municipios minero Acom, la patronal Carbunión, los sindicatos y representantes de las diputaciones de León y Palencia, en una reunión previa celebrada hoy en Valladolid, le han instado al presidente Herrera a que reclame del ministro una posición clara del Gobierno en favor el futuro de la minera y el cumplimiento del Plan del Carbón.

Castilla y León incide en que Endesa aún no ha decidido que vaya a cerrar Compostilla en 2020

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, insistió en que Endesa, con quien tienen conversaciones constantes, todavía no les comunicó «que vaya a cerrar inevitablemente» en 2020 la central térmica de Compostilla, en León, ya que es una decisión que no está adoptada.

En este sentido, Del Olmo reconoció que «existen dificultades objetivas ya que están produciendo en torno al 30% de su capacidad» y recordó que el «futuro de Compostilla es un futuro ligado al del sector de la minería del carbón, están claramente interrelacionados«. «El mejor cliente que tienen muchas de las minas de la comunidad, de León y de Palencia, especialmente las de León, es Compostilla, por lo que si no tienes ese cliente que te compra el carbón, no se ya de que estamos hablando. Las minas no podrían continuar sin ese cliente«, argumentó.

La Junta luchará con Industria

Los contactos con Endesa son «continuos» por parte de la Junta, el último con el consejero delegado, José Bogas, en el que se le insistió en que la decisión no está adoptada, según detalló del Olmo. La consejera ha abogado por «luchar» y, junto con el Ministerio, intentar solventar algunas «cuestiones y obstáculos» que ve Endesa, antes de que adopte la decisión que sea. En ese sentido, ha sostenido que «es muy importante que el Gobierno sea sensible a los intereses de la minería y eléctricas», que están claramente relacionados.

En ese marco se inscribe la «reunión urgente» que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha solicitado al ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, que asumió las competencias de Industria tras la dimisión de José Manuel Soria, y que todavía no tiene fecha, según Del Olmo. Es una reunión que ha solicitado Herrera para «defender una vez más los intereses de la minería de Castilla y León y de las térmicas», y en la carta «se le apremia a que sea urgente», ha sostenido.

El sector minero busca un nuevo pacto nacional para dar viabilidad al carbón autóctono y vincular al futuro Gobierno

EFE.- Los sindicatos UGT y CCOO, junto con la patronal Carbunión, buscan alcanzar un nuevo pacto nacional al que se ha sumado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para dar viabilidad al sector del carbón y vincular políticamente al futuro Gobierno.

La intención es que el próximo mayo representantes sindicales, de la patronal, pero también de los gobiernos autonómicos de Asturias, Castilla y León y Aragón, y de los partidos políticos firmen un acuerdo que desbloquee una situación que nace del incumplimiento del Ministerio de Industria del Plan del Carbón acordado en 2013 y que provoca que el sector esté «agonizando», según indicó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. El representante de UGT, Víctor Fernández; de CCOO, José Luis Villares; y de Carbunión, Óscar Lapastora, agradecieron el apoyo de Herrera, a cuyo Ejecutivo reconocieron que defiende al sector.

«El Gobierno no ha cumplido el acuerdo marco, siempre hemos exigido su cumplimiento y lo vamos a seguir haciendo», ha expresado la consejera, convencida de que el Plan del Carbón hubiera servido para que la minería no estuviera «en la situación que está en estos momentos», con únicamente un centenar de mineros activos y cientos de ellos inmersos en expedientes de regulación de empleo temporales.

Del Olmo ha insistido en que la solución inmediata para las empresas y los trabajadores pasa por la posibilidad de vender carbón a las eléctricas que gestionan las térmicas, para lo que el presidente ofreció su mediación, aunque ha reconocido que es preciso que las compras sean facilitadas mediante el establecimiento de un incentivo fiscal como el denominado céntimo verde, para que el carbón autóctono compita en precio con el que llega desde el extranjero.

Sobre las gestiones realizadas ante la Unión Europea, Del Olmo indicó que esperan una contestación al escrito remitido para reclamar que se permita desarrollar a España nuevas medidas de apoyo al sector, como el caso del céntimo verde, para que no sean tenidas en cuenta como ayuda de Estado. Por otro lado, descarta que vaya a cambiar la situación ahora que el ministro de Economía, Luis de Guindos, haya asumido las competencias del Ministerio de Industria, porque «lo que no han cambiado son los equipos».

Por su parte, el representante de la UGT ha incidido en la necesidad de que Herrera pueda intermediar con las empresas propietarias de las centrales térmicas para que aumenten su compra de carbón autóctono, aunque ha fiado la solución de la situación al pacto que buscan a nivel nacional,en el que esperan contar con el apoyo de todos los partidos. «Esto no puede seguir así», resumió Fernández antes de destacar «lo positivo» de que tanto el presidente castellanoleonés como la consejera de Economía mantengan esta posición ante el carbón, ya que esta iniciativa «tiene que salir adelante porque si no el sector dejaría de tener futuro de por vida».

Asimismo, el responsable de minería de CCOO denunció la situación «crítica y lamentable» del sector, al que ve abocado al cierre «en los últimos meses» del año si no se desbloquea la situación con «voluntad política y cumpliendo lo pactado» para que al menos las minas españolas puedan producir en total unos 5 millones de toneladas de carbón, frente a los 3 actuales. Villares (CCOO) reconoció que la Junta es «de los que más ha reivindicado el futuro del carbón», aunque insistió en la necesidad de que el Gobierno que surja en los próximos meses «no pueda negarse a cumplir» lo pactado en este foro.

Por último, el representante de la patronal Carbunión destacó que del mismo modo que la minería es «muy importante para Castilla y León, Castilla y León es muy importante para la minería», al destacar que en los últimos años «no ha sido fácil» para la Junta de Castilla y León confrontar visiones con un gobierno central del mismo color político y «chocar con la puerta del Ministerio». Los promotores del pacto tienen previsto mantener reuniones con representantes políticos la próxima semana para avanzar en el acuerdo que, hasta el momento, no tiene posiciones en contra.

Soria ve «buenas perspectivas» de que Bruselas acepte los nuevos incentivos al carbón mientras recibe críticas desde Castilla y León

Redacción / Agencias.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, criticó que el Ministerio de Industria lleva en funciones “desde antes” de las elecciones generales del pasado diciembre y reivindicó nuevamente una solución a los problemas de la minería. Por su parte, el ministro José Manuel Soria asegura que existen «buenas perspectivas» de que la Comisión Europea dé el visto bueno a sus propuestas sobre incentivos a la quema de carbón nacional.

Aunque han llevado tiempo las negociaciones con la Unión Europea para establecer un mecanismo que permita al Gobierno seguir ayudando a las centrales térmicas a comprar carbón nacional al menos hasta el 31 de diciembre de 2018, Soria cree que se ha llegado a una solución, ya que propusieron una alternativa y «hay buenas perspectivas”. “Aunque todavía no han respondido, se espera que lo hagan más pronto que tarde”, apuntó Soria respecto a la posibilidad de “reactivar nuevamente” el sistema de ayudas al carbón nacional.

Industria presentó su propuesta ante la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager. Soria explicó que lo que se solicita no son ayudas de Bruselas, sino que se reconozcan como «ayudas compatibles,» provenientes de recursos públicos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, y no sean declaradas ayudas de Estado ilegales. «El problema es que «Bruselas las autorice o no», señaló antes de explicar que, desde que venciera el marco regulatorio en diciembre de 2014, el Ministerio trató de «arbitrar un mecanismo que pueda sustituir al anterior para garantizar la compra del carbón nacional a las empresas mineras».

En funciones, «antes del 20-D”

Por otro lado, la consejera de Castilla y León criticó que, en lo que atañe al carbón nacional, Industria parece que está en funciones desde hace más tiempo que desde el pasado 20-D.No obstante, Del Olmo añadió que está «insistiendo» ante los responsables ministeriales para que se tome alguna medida inmediata que contribuya a la resolución de los problemas que afectan a las explotaciones mineras y a las propias centrales térmicas de la comunidad.

«Seguimos luchando con el Ministerio», ha resumido la consejera, convencida de que «hay cosas urgentes» como la concesión de las ayudas comprometidas y que se apruebe el establecimiento de algún mecanismo que favorezca el consumo del carbón autóctono, ya que esto daría viabilidad a su extracción.En último lugar, Del Olmo ha dejado caer que si finalmente la opción del Ministerio se alarga, la Junta de Castilla y León es partidaria de que sea la vía parlamentaria, en el Congreso, la que desbloquee la situación, aunque no concretó más allá.

La Junta de Castilla y León recalca que el fracking no figura entre sus prioridades

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, señaló en el Parlamento autonómico que la técnica de la fractura hidráulica o fracking para obtener hidrocarburos «no es una actividad prioritaria» para la Junta. Del Olmo ha contestado así a una pregunta formulada en las Cortes por el procurador burgalés de Podemos, Félix Díez, quien ha considerado que el borrador del Plan de Director de Industria sí incluye a la fractura hidráulica como una prioridad, lo que ha negado la consejera.

El representante de Podemos ha denunciado la existencia de versiones contradictorias entre representantes del PP y de la Junta de Castilla y León sobre esta materia y ha llegado a afirmar que «salta a la vista» que después de un año al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, tras más de una década con Hacienda, a Del Olmo «le viene grande» este departamento. Le ha recomendado que «sepa qué pone en sus informes», que ponga «a gente preparada y solvente» en las direcciones provinciales de Industria y «destituya a quienes amparan» las actuaciones de su antecesor, Tomás Villanueva.

«Está usted muy equivocado, es usted el que no se ha leído el documento», comenzó por decir Del Olmo, convencida de que en las 200 páginas del borrador del Plan Director de Industria no figura la palabra «fracking» o «fractura hidráulica«. La consejera consideró «una frivolidad» que el representante de Podemos la acuse a ella de no haberse leído del borrador y le pidió que aprovechen la mesa de trabajo abierta para mejorar el documento. «Pónganse a trabajar y si hay errores se corregirán», concluyó.

Discrepancias por las cuencas mineras

En la misma sesión plenaria, la consejera de Economía y Hacienda ha contestado a otra pregunta sobre la enmienda pactada entre Ciudadanos y el PP para incorporar una línea de ayudas para los municipios mineros, que en opinión del procurador Manuel Mitadiel (C’s) no están respondiendo «al espíritu del acuerdo». Mitadiel ha reivindicado la necesidad de centrar los esfuerzos en los 31 municipios afectados directamente por el cierre de explotaciones mineras y en que las actuaciones no se limiten a dotar de infraestructuras, ya que estas inversiones deberían ser ordinarias y no vinculadas a estos planes extraordinarios, y a contratar a parados durante seis meses. La consejera argumentó que el plan aún no está completado.

Precisamente, el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, había indicado previamente que el Ejecutivo autonómico estaba «tergiversando» el acuerdo que alcanzaron para reactivar la actividad económica de los municipios enclavados en las cuencas mineras y se limita a ofrecer una especie de «plan E» de «aceras». En este sentido, Fuentes se quejó de que la Consejería de Economía y Hacienda haya cambiado la intención del plan de dinamización de los pueblos mineros que acordaron en el debate de los presupuestos para 2016.

Fuentes insistió en que lo acordado significaba que la Administración iba a ofrecer facilidades a las empresas que quisieran implantarse en estas zonas afectadas por la disminución de la actividad minera de León y Palencia, pero en opinión de Ciudadanos la Junta lo ha convertido en «un plan E como el de Zapatero» para «hacer rotondas, aceras y arreglar calles». «Eso no es lo que habíamos pactado con el Gobierno», ha insistido antes de recordar que el acuerdo preveía que se dedicarían a estos fines entre 5 y 10 millones de euros y que las acciones se limitarían a los 31 municipios mineros afectados directamente por la crisis del carbón.

Castilla y León propone a Bruselas la creación de un «incentivo verde» para el carbón

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, presentó a la Comisión Europea una propuesta para crear un «incentivo verde» que dote de bonificaciones fiscales al carbón español y europeo, con el objetivo de hacer más competitiva la industria de este sector. Tras reunirse con representantes de Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia, Del Olmo explicó que las consecuencias de esta nueva ayuda serían «efectivas e inmediatas» y darían al sector de la minería «una tabla de salvación donde agarrarse».

Mediante la implantación de este incentivo, explicó la consejera, el precio de la tonelada del carbón, actualmente de 65 euros, recibiría una bonificación de 13 euros que permitiría a las centrales térmicas poder comprar carbón autóctono, «que es de mejor calidad» según la consejera. Del Olmo recalcó que es la primera vez que se propone la implantación de un incentivo verde, y que éste tendría beneficios a largo plazo al hacer que las minas «sean más competitivas», lo que contribuiría al mantenimiento de empleos en el carbón. La consejera aseguró que desde la dirección de Competencia de la Comisión Europea se comprometieron a estudiar esta propuesta «para ver si es compatible con la normativa comunitaria«.

Del Olmo también propuso al Ejecutivo comunitario la imposición de aranceles al carbón de importación, si bien esta iniciativa ha sido planteada «con menor fuerza» debido a que subiría los precios de la energía eléctrica. La titular de Economía y Hacienda recordó que el sector minero ha registrado «una pérdida importantísima» de empleo en los últimos diez años, de casi el 85% según sus datos, por lo que se trata de un área “a revitalizar”.

Lealtad al Ministerio de Industria

Por su parte, el alcalde de León, Antonio Silván, señaló sobre la crisis del sector de la minería que «a veces la voluntad y el deseo no llevan al resultado esperado», aunque reconoció ciertos «logros». El alcalde de León aseguró que la minería es algo que los castellanos y leoneses llevan en su ADN, por lo que es especialmente dura la situación que atraviesa el carbón. Según indicó, desde Castilla y León se está realizando un esfuerzo «permanente y diario» en defensa de este sector en el que participan todas las administraciones y agentes sociales.

Eso sí, según reconoció, a veces se ha interpretado desde la comunidad que no existía mucha «empatía» sobre este asunto por parte del Ejecutivo central, por lo que ha defendido la postura de reivindicación de la Junta, «pero siempre desde la lealtad». De hecho, ha añadido que la solución a la situación del sector minero no pasa exclusivamente por el Gobierno autonómico o el central, ya que la Unión Europea tiene un papel fundamental. Ha insistido en que los mineros están siempre presentes en las negociaciones e indicó que, «a veces la voluntad y el deseo no llevan a los resultados esperados, aunque poco a poco se están produciendo logros».