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Transición Ecológica busca «acelerar» las alternativas a la minería mientras Castilla y León pide al Gobierno que defienda al carbón

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Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha rogado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que defienda el carbón tanto en España como ante la Unión Europea. Por su parte, Ribera mantiene que el compromiso del Gobierno es «buscar como acelerar» las actividades alternativas a la minería en las comarcas que vivían de este sector, una labor que ha criticado que se encontró «descuidada» cuando asumió el Ministerio.

La ministra socialista reitera la necesidad de buscar alternativas para las personas y las comarcas que viven de la minería. Asimismo ha explicado que, cuando llegó al Ministerio hace poco más de 100 días, se encontró una situación un «tanto complicada», que ha asegurado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero trabajó para fijar el horizonte en 2018 para anticipar y construir alternativas, pero ha reprochado que después, con el Gobierno del PP, ha habido un «descuido importante«. En todo caso, ha insistido en que el Gobierno trabaja con sindicatos y alcaldes de las zonas mineras para «buscar como acelerar» la generación de oportunidades a la minería del carbón.

«La prioridad del Gobierno, con un compromiso muy grande del presidente, pero también con un entendimiento absoluto por parte del Ministerio que dirijo y del Ministerio de Trabajo, es buscar y construir esas alternativas en las comarcas, que como digo históricamente han vivido muy conectadas a la actividad minera«, ha reflexionado la titular de Transición Ecológica. Pero ha matizado que considera «responsabilidad» de las instituciones anticipar el proceso para que esas alternativas se materialicen, de modo que ha reiterado el «compromiso absoluto» del Gobierno y que así trabaja para buscar esas alternativas «de modo inminente».

El Gobierno y el carbón

Mientras tanto, desde Castilla y León, Del Olmo se ha mostrado en total desacuerdo con la intención de la ministra de finalizar «ya» con el carbón y ha avanzado que el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros acordó que se remita al Ministerio el documento con el posicionamiento «claro» de la comunidad de que se continúe con la actividad del carbón por ser una «reserva estratégica». Así, la consejera ha explicado que en casos como el actual con un incremento del recibo de la luz, el repunte actual deriva, como ha señalado, de la falta de generación eólica. «El carbón baja la factura», subrayó.

Tras esta explicación ha reseñado que no hay duda de que Castilla y León es una comunidad «verde», ya que produce el 25% del total de la energía eólica y el 20% a través de renovables. «No creo que la culpa del cambio climático lo tengan cuatro minas de carbón o las térmicas en zonas mineras», ha aseverado. «Por razones sociales y de competitividad le ruego a la ministra que defienda el carbón aquí y en la Unión Europea», concluyó.

Transición Ecológica también pierde empleos en León: Ribera no consigue evitar el cierre de Vestas y culpa al anterior Gobierno

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Redacción / EFE.- Los trabajadores de las cuencas mineras no están solos. A ellos ya se les pueden sumar los más de 300 trabajadores de la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo (León), una provincia a la que los tiempos de cambio que corren en el sector energético amenazan con agravar el mal de la despoblación que ya padece desde hace décadas.

Una provincia que se vacía como vacíos suenan los anuncios del Gobierno de que se abre una línea de negociación permanente con Vestas durante los próximos días «al más alto nivel» con el fin de trabajar en la búsqueda de alternativas industriales para la comarca leonesa tras el anuncio de cierre de la factoría del grupo danés. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Vestas ha manifestado su compromiso de seguir invirtiendo en las plantas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real) para convertirlas en referentes de producción para Europa. Un compromiso que no esconde el fracaso del Ministerio para la Transición Ecológica: donde antes había 2 factorías, ahora solo habrá 2.

Además, y tras la reunión mantenida por el Gobierno con representantes del fabricante de aerogeneradores, ambos departamentos han criticado la política energética del anterior Gobierno y han subrayado que «es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León». Asimismo, han insistido en que ante el anuncio de cierre de la planta de la empresa en León se trabajará para minimizar el impacto en la zona con alternativas industriales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo un encuentro con representantes de Vestas al que ha acudido también el secretario general de Industria, Raül Blanco, y el director general de Industria, Galo Gutiérrez. El encuentro, según indicaron ambos Ministerios, forma parte del proceso de reuniones que el Ejecutivo mantiene con la empresa desde que se conoció su decisión de abandonar la provincia leonesa.

Según han expresado, en el marco de la reunión Vestas ha valorado el proceso de transición energética iniciado por el Ejecutivo. De hecho, antes de finales de año el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá listos el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En ambos, han explicado, se establece la senda para la transición hacia un sistema energético más limpio que vendrá acompañado por un «rápido» incremento de la generación mediante las renovables, entre ellas, la eólica, y el desarrollo de unas reglas del mercado «previsibles y estables«.

En este sentido, el Gobierno ha recordado que el sector de las renovables tiene perspectivas positivas en España y que este «cambio de rumbo» tiene como objetivo dar cumplimiento con los acuerdos internacionales firmados por España en la lucha contra el cambio climático. Esta política, han señalado ambos Ministerios, contrasta con la liderada por el anterior Gobierno «que no apostó por el desarrollo de energías renovables ni anticipó la necesaria transición hacia un nuevo modelo». «Es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León», han asegurado ambos departamentos.

Piden formar una comisión negociadora

Por su parte, ya antes de la reunión con el Gobierno, la multinacional danesa Vestas decidió posponer la entrada en vigor de su ERE de extinción para su planta de Villadangos aunque paralelamente comenzó a pedir a sus empleados que constituyan la comisión negociadora de este ERE. Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, que denunció que la multinacional «vetó» a la Junta en esa reunión, «quizá» por ser «demasiado beligerantes».

Asimismo, la consejera ha explicado que Vestas aún no ha contestado a la petición formal de reunión que la semana pasada los Ejecutivos nacional y autonómico trasladaron con carácter de urgencia a la sede de la empresa en Dinamarca, por lo que Del Olmo ha insistido en que aún esperan una respuesta por parte del consejo de administración de Vestas.

Por ello, la consejera ha aseverado que «seguirán peleando» a «todos los niveles» para impedir que la multinacional lleve su planta a China o Rusia, pues esto es un «problema» que concierne a toda Europa, pues «no tiene ningún sentido» que la Unión Europea permita estas deslocalizaciones y luego tenga que importar estas mercancías de países que no cumplen los mismos requisitos laborales y de emisiones que en la Unión Europea. Finalmente, si la empresa decidiera quedarse, Del Olmo admitió que la Junta extendería la «alfombra roja», aunque de cerrar, Vestas quedaría «proscrita» de «Castilla y León, de España y de la Unión Europea», amenazó.

Izquierda Unida contra las multinacionales

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión, ha afirmado que parte de la culpa de la situación por la que atraviesan los trabajadores de Vestas, en León, se debe a que «España ha puesto la política energética en manos de multinacionales con capital extranjero». A su juicio, eso provoca una «falta de sensibilidad con la tierra» que es lo que motiva que empresas como Vestas opten por la deslocalización de su producción a países como India o China «basándose únicamente en criterios económicos» y «cargándose a unos empleados que han demostrado ser capaces».

El dirigente de Izquierda Unida ha visitado el campamento que los trabajadores instalaron hace casi una semana a las puertas de la multinacional danesa en el polígono de Villadangos del Páramo. Sarrión ha calificado de «heroica» la actitud de estos trabajadores, de quienes ha dicho que son un ejemplo «de lucha por la defensa de sus derechos y su dignidad». Además, ha avanzado que Izquierda Unida llevará esta situación tanto al Congreso como al Senado y también al Parlamento Europeo para tratar de darle una solución a un conflicto del que dependen 370 empleos directos y más de 2.000 indirectos.

Los Gobiernos Central y de Castilla y León plantearán subvenciones a posibles compradores de la empresa metalúrgica Isowat Made

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EFE. – Los Gobiernos central y de Castilla y León plantearán las subvenciones disponibles en ambas administraciones a los posibles compradores de la empresa metalúrgica Isowat Made de Medina del Campo (Valladolid), además de estudiar si el Fogasa se puede hacer cargo de pagar los sueldos que se deben a los empleados.

Así, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, han informado de la reunión que han celebrado en Valladolid para abordar la situación de la empresa Made, en concurso de acreedores y con posibles compradores.

La ministra ha recordado que hace unos días mantuvo un encuentro con el Comité de empresa de Made y se comprometió a hablar de su situación con la Junta de Castilla y León, tras lo que ha celebrado una reunión de trabajo con Del Olmo, que ha considerado satisfactoria.

Ambas administraciones trabajarán conjuntamente para garantizar la actividad de la empresa y el mantenimiento de sus puestos de trabajo, ha dicho Maroto, quien ha recordado que hay «varias» empresas interesadas en comprar la compañía.

La ministra ha destacado la importancia de mantener la actividad de la empresa, con 94 trabajadores en la actualidad, en Medina del Campo, y tratar de que la zona siga siendo referente en industria y energía.

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

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EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.

Castilla y León buscará convencer a los socialistas de Asturias y Aragón para que apoyen la propuesta sobre las térmicas

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha avanzado que buscarán una alianza con las comunidades autónomas de Asturias y Aragón para evitar que antes de que se cierren las térmicas se vendan, para no incidir en el empleo en las comarcas mineras. Del Olmo presidió, en la sede de la Diputación de León, una reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

La consejera señaló que, en defensa de la minería, la Junta va a apoyar la proposición de ley que ha presentado el PP en el Congreso para evitar el cierre de las centrales térmicas. «Me parece fundamental, cuando hay anuncios de que las eléctricas quieren cerrar alguna térmica en la comunidad, estar con el Gobierno y, sobre todo, con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que antes de cerrarlas se vendan a quien pueda estar interesado, para el mantenimiento del empleo», añadió Del Olmo.

Asimismo, ha subrayado que en los próximos días se pondrá en contacto con los consejeros de Asturias y Aragón para promover entre las tres comunidades que se vendan las térmicas antes de que se cierren. Además, del Olmo ha recordado que España se ha adherido al programa de Regiones Europeas Carboníferas en Transición y que el Gobierno ha designado a Asturias, Aragón y Castilla y León para que presenten proyectos con el objetivo de conseguir fondos para sus comarcas mineras.

Diversificación de la actividad económica

«En ese sentido estamos trabajando también con Asturias y Aragón para incentivar la I+D+i en relación con las energías más sostenibles y para ello vamos a contar con proyectos para la Ciudad de la Energía, que dispone de un buen equipo de investigación», ha explicado. Del Olmo ha precisado que dentro de esa plataforma de la Unión Europea hay otros proyectos de diversificación de la actividad económica de las comarca mineras, y ha indicado que en ese ámbito también se trabaja con Asturias y Aragón.

La consejera recordó que las tres empresas mineras que operan en Castilla y León tienen firmados contratos para la venta de carbón, lo que calificó de «buena noticias» porque «va a suponer el mantenimiento, al menos, del empleo en esas compañías». También advirtió de la importancia que para la minería tiene que se aprueben los presupuesto generales del Estado porque contemplan recursos para los convenios MINER. Además, destacó que hay dos proyectos de diversificación «muy avanzados» en las comarcas mineras, uno de ellos el de Forestalia, con una creación de 50 empleos directos y 400 indirectos. «El otro proyecto va a dar empleo a más de cien personas. Por discreción no puedo decir su nombre pero esta bastante avanzado», indicó.

Asturias lo debatirá el viernes

Por su parte, el pleno de la Junta General del Principado de Asturias debatirá el viernes una iniciativa del PP que respalda el contenido del proyecto de ley tramitado por esta formación en el Congreso para modificar la normativa que regula el sector eléctrico y evitar el cierre de centrales térmicas como la de Lada. La iniciativa, que aún debe ser debatida en comisión en la Cámara baja, plantea condicionar el cierre de una instalación, como el que ha solicitado Iberdrola para la central asturiana y para la de Velilla (Palencia), a los posibles efectos que tendría sobre el incremento del precio de la electricidad.

Así, el PP defiende en el Congreso, con el respaldo del Gobierno central, que los cierres de instalaciones de producción eléctrica con una potencia superior a 50 megavatios requieran de tres dictámenes previos aunque no vinculantes de la CNMC, la Oficina del Cambio Climático y del IDAE. Tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos han mostrado su rechazo en el Congreso a esta propuesta aunque el Gobierno asturiano que preside Javier Fernández sí ha defendido que el Ejecutivo central disponga de mecanismos para evitar que las compañías eléctricas puedan decidir de forma unilateral cierre de plantas de producción de energía.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del parlamento asturiano, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, se mostró confiada en obtener «el apoyo unánime» de la Junta a esta iniciativa para promover, ha apuntado, un sistema eléctrico «ordenado» a partir de criterios de defensa del interés general. «Los criterios de las empresas no pueden suponer una alteración del sistema eléctrico en su conjunto», ha apuntado Fernández tras incidir en la importancia de que la Junta se pronuncie políticamente sobre esta cuestión pese a que el Principado no cuente con competencias en el ámbito de la regulación del sector energético.

El diputado de Foro, Pedro Leal, que anunció la presentación por parte de su grupo de una iniciativa similar, ha incidido en la necesidad de que los distintos partidos tengan la misma postura «en Madrid, en Bruselas o en Asturias» y ha apuntado que esta votación constatará «el peso de cada uno en sus respectivas organizaciones». «En todo país serio la decisión de cerrar una central térmica dedicada a la producción de electricidad no puede adoptarse de espaldas al Gobierno y en contra del interés general», apuntó, para rechazar una medida «que encarecerá el precio de la luz y abrirá la puerta al aumento de las horas de funcionamiento de las centrales nucleares, que desempeñarán el papel de las térmicas».

La Junta de Castilla y León defiende su plan de reindustrialización de Garoña y el impuesto a los residuos radiactivos

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EFE.- La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido la actuación de la Junta para reindustrializar Garoña y precisó que está en proceso de información pública hasta el 13 de abril un anteproyecto de ley para regular un impuesto a residuos temporales radiactivos en la zona. Así respondió Del Olmo a Virginia Jiménez Campano, procuradora socialista, quien ha preguntado cuáles son las actuaciones que ha realizado la Junta tras el cierre definitivo de la central nuclear.

Del Olmo insiste en que hay un plan de reindustrialización para la zona y que se estudia el referido impuesto a residuos radiactivos para destinar sus fondos a la comarca. La consejera recordó que en 2009 «ya había un acuerdo del consejo de ministros que hablaba de un plan de reindustrialización y que entonces se vendió humo con este asunto, ya que el PSOE tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo». Del Olmo ha señalado que los trabajos de desmantelamiento pueden durar 10 años y ha concluido precisando que la Junta va a «ayudar decididamente a la reindustrialización».

Asturias defiende en el Parlamento Europeo no acabar con el carbón mientras Castilla y León pide ayudas a las cuencas

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EFE.- Mientras la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, defendió que se «reprogramen» los fondos europeos actuales para poder destinar más dinero a los municipios con fuerte implantación de la minería de carbón para revitalizar su economía, el consejero de Empleo e Industria de Asturias, Isaac Pola, reivindicó en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con «el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico».

Pola participó en Bruselas en la reunión de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición celebrada en la Eurocámara. «La postura de Asturias es completamente equiparable a la de Castilla y León. Siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera; así se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea», explicó. Pola afirmó que aunque esta visión no es «la corriente principal» en la Unión Europea, es algo «perfectamente compatible con el cumplimiento de sus objetivos»

Por otro lado, Pola pidió que las zonas mineras reciban más fondos de los instrumentos financieros de la Unión Europea. «Hemos planteado a los miembros de la Comisión Europea y la dirección general de energía, no sé si fondos adicionales, pero sí la necesidad de priorizar aquellos proyectos que se vinculen a través de esta plataforma«, expuso. El consejero aseguró que la Comisión Europea ha recogido la iniciativa y confió en que se puedan aplicar «más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras». «Estos proyectos pasan por una parte por el mantenimiento de una minería del carbón competitiva y por otra parte complementando con otras actividades de diversificación«, concluyó.

La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la Unión Europea donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, celebró su primera ronda de trabajo en Bruselas. La iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea en diciembre en Estrasburgo y está integrada por 41 regiones de 12 estados miembros de la Unión Europea. En las jornadas se debatió sobre el cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras del carbón, así como la transformación estructural y el diálogo social en esas mismas zonas.

Castilla y León pide ayudas

Del Olmo también participó en Bruselas en la primera reunión de trabajo de la Plataforma. La consejera incidió en la necesidad de crear instrumentos financieros en el próximo presupuesto de la Unión Europea que ayuden a las zonas mineras en su transición energética y palien los costes socioeconómicos. La consejera advirtió durante su intervención en la Eurocámara de las «dificultades» que sufren los municipios que integran las zonas mineras de Castilla y León debido a las condiciones orográficas, procesos de despoblación y falta de inversiones.

«Es muy difícil atraer nuevas empresas a los municipios mineros, porque la intensidad de las ayudas en esa zona es la misma que en otras áreas de Castilla y León. La aplicación de una discriminación positiva haría posible atraer compañías tractoras a las zonas mineras», incidió en referencia a la necesidad de un enfoque particular para estas regiones. Además, la consejera pidió que se permitan «excepcionalmente» las ayudas a grandes empresas que cubran una amplia tipología de sectores. Finalmente, también señaló la importancia de mantener un 5% de carbón dentro del «mix» energético y aseguró que esto «no afectaría al medio ambiente» porque mediante la investigación se puede conseguir que el carbón «sea más limpio».

Los colegisladores de la Unión Europea están inmersos actualmente en la negociación final sobre energías renovables para 2030, donde el Consejo defiende una tasa mínima del 27% de energías limpias y el Parlamento Europeo del 35%. Además, se espera que el acuerdo final avale los «mecanismos de capacidad», que permiten mantener centrales convencionales «de guardia» para que entren en funcionamiento en caso de que las renovables no sean capaces de abastecer la red por sí solas. Sin embargo, organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática consideran que el carbón debe desaparecer de la generación energética de la Unión Europea.

Castilla y León pide en Bruselas fondos para una transición energética «justa» para las regiones mineras de la Unión Europea

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, pidió en Bruselas que la Unión Europea se implique más y con «más fondos» para que las regiones carboneras europeas tengan una transición energética «justa y equilibrada».

Del Olmo participó en las jornadas organizadas por Plataforma de Regiones Carboneras en Transición de la Unión Europea, donde defendió un proceso de descarbonización «que no deje costes socioeconómicos por el camino» y que ofrezca soluciones a todas las personas que trabajan actualmente en el sector. «Se debe atender las necesidades de los territorios carboneros y que las personas que trabajan en la minería y en todo lo que arrastra la minería tengan una buena colocación en otros sectores», aseguró.

La consejera manifestó que Castilla y León seguirá siendo una región con producción de carbón y con centrales térmicas, pero que a su vez apostará por la diversificación de la industria y de la actividad económica, algo que a su juicio, coincide con los objetivos en materia energética de la Unión Europea. Del Olmo incidió en la necesidad de lanzar proyectos de investigación en captura de carbono o en nuevas tecnologías para la quema de carbón y pidió ayuda comunitaria para su financiación. «Vamos a hablar de cómo se pueden financiar esas actividades alternativas», afirmó.

La consejera advirtió de que la reestructuración en la región ha sido «brutal», donde se ha pasado de tener «2.000 trabajadores a 400». «Hay que mantener lo que queda e ir hacia una transición justa y ordenada desde un punto de vista socioeconómico. No puedes dejar un territorio tan grande sin actividad económica», indicó. La responsable de la economía castellanoleonesa explicó que hay 41 regiones en transición en el carbón de distintos Estados miembros que comparten que “la producción de carbón ha tenido un peso esencial. Hay regiones donde la alternativa son las energías limpias y olvidarse del carbón pero no es nuestro caso, que compartimos junto con otras regiones la pervivencia del carbón«, concluyó.

Castilla y León planea reducir un 32,45% su consumo de energía y un 30,24% sus emisiones de CO2 en 2020

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Europa Press.- La Junta de Castilla y León pondrá en marcha una nueva Estrategia de Eficiencia Energética, la tercera desde 2002, con un «ambicioso objetivo» que busca rebajar un 32,45% el consumo de energía final y reducir un 30,24% las emisiones de CO2 en 2020, sin alterar el mix autonómico de generación eléctrica en el que el carbón mantiene un hueco «por razones estratégicas» con un «papel preponderante» para las energías renovables.

Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras aprobarse la nueva Estrategia de Eficiencia Energética, que contempla 79 medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones hasta un 12% por encima de los objetivos marcados por la Unión Europea. «Es mucho más ambicioso», ha destacado la consejera, que ha recordado que no es tan fácil rebajar consumo y emisiones contaminantes en una etapa de crecimiento económico. Dicho esto, ha significado los resultados de los dos planes de eficiencia energética puestos en marcha en 2002-2007 y 2008-2012 con un ahorro energético del 20,89% en Castilla y León en relación a los indicadores de 1990 que fija la Unión Europea.

«Este dato implica que Castilla y León ha cumplido 7 años antes las metas marcadas por Europa, que instaba a las regiones a aumentar la eficiencia energética en el 20% en 2020 respecto a 1990 y a reducir en el 20% las emisiones de CO2 en el mismo horizonte», precisó la consejera, quien destacó la «importante mejora» de la competitividad empresarial que aportan estas medidas.

La ejecución de las 79 medidas programadas hasta 2020 implicará un esfuerzo inversor de 799,1 millones que serán aportados por el sector privado, con 547,9 millones, y por el público, con 251,2 millones, tanto con fondos de carácter autónomo como estatales y europeos en este caso con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de subvenciones, préstamos a coste cero o a bajo interés, inversiones directas o participación en proyectos estratégicos.

Según ha precisado Del Olmo, el sector industrial absorberá el 51,3% del volumen global de recursos, seguido del sector de edificación (25,1%), del transporte (10,8%), de las mejoras en servicios públicos de las administraciones locales (10%) y de la Administración autonómica (2,4%). Al capítulo de I+D+i se dirigirán el 0,3% de los fondos y el 0,1% a iniciativas de difusión de un consumo responsable. La mayor parte de la reducción de emisiones de CO2 prevista corresponde al transporte, con 1,1 millones, seguidas de la industria (844.500), edificios (447.600), entidades locales (98.800) y Administración autonómica (23.600).

Entre las medidas para mejorar la competitividad de la industria y el sector ganadero, con el reto de conseguir una tercera parte del ahorro estimado para 2020, destacan el fomento de inversiones de eficiencia en los procesos, equipos e instalaciones de las compañías y la diversificación de las fuentes empleadas en la producción a través de la convocatoria de subvenciones. Se pretende introducir también «la mejor tecnología disponible», implantar sistemas de gestión energética UNE-EN-ISO-50001 o aplicar técnicas sobre agricultura de conservación, reducción del consumo de agua e introducción de motores y bombas de mayor rendimiento.

Eficiencia energética en los edificios

El segundo bloque del documento se centra en la edificación, que abarca los subsectores doméstico, comercio y servicios y hostelería. En el ámbito de los hogares se establecen medidas de apoyo para la sustitución de equipos consumidores de energía por otros de alta eficiencia energética además de incentivos para los edificios de energía cero (near zero energy building, en inglés). En lo que se refiere a los inmuebles del sector terciario, persigue fomentar mejoras en los sistemas de climatización, iluminación y aislamiento térmico. La estimación es que la disminución del consumo logrado con estas acciones represente el 17,7% del objetivo total previsto, cifró Del Olmo.

El transporte es el primer sector consumidor de energía final, con casi el 40% del total en Castilla y León, con el objetivo de que asuma el 44% del ahorro proyectado en la estrategia. En este campo se trabajará en la transición hacia modelos de movilidad de personas y mercancías más eficientes a través de planes de transporte sostenibles; en la planificación de infraestructuras que favorezcan la incorporación de vehículos alternativos y en la promoción del uso de combustibles distintos de los convencionales mediante ayudas. Por su parte, la Junta continuará con el plan de desarrollo del coche eléctrico e híbrido enchufable en la Administración.

El cuarto capítulo gira en torno al consumo energético derivado de la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales, tanto en electricidad (alumbrado público y de edificios, además del ciclo del agua), como en gasóleo para edificios y vehículos, gas natural y gasolina. Entre las iniciativas previstas, destacan los programas de colaboración con ayuntamientos y diputaciones para acometer mejoras en edificios, sistemas de alumbrado exterior y de depuración y abastecimiento de aguas ya que el 4% del objetivo de ahorro fijado para 2020 corresponde a este ámbito.

En la Administración autonómica, quinto apartado del plan, se articulan medidas de optimización por la vía de la sustitución de calderas, instalaciones de refrigeración y ventanas, y otras mejoras en los sistemas de iluminación y climatización en oficinas, hospitales, colegios, centros de salud y de servicios sociales. En este ámbito, el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, potenciará el uso de la herramienta OPTE (Optimización de Tarifas Eléctricas), para que la Junta contribuya con el 9,4% al ahorro de energía estimado para el conjunto de Castilla y León al finalizar el periodo de vigencia de la estrategia.

El sexto eje está dedicado a la I+D+i y pretende orientar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación hacia la energía segura y sostenible. Para Del Olmo, merece una mención especial la propuesta de sellar acuerdos entre el EREN y grupos de investigación de las universidades públicas de Castilla y León en materia de eficiencia energética. Finalmente, el séptimo área de la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León planifica acciones informativas, formativas y de sensibilización dirigidas a ciudadanos, grandes empresas, pymes e instituciones, que se canalizarán a través de la web del EREN, de jornadas y de los medios de comunicación.