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Pedro Linares señala que el reto de la transición energética es el transporte y no el sector eléctrico

EFE / Europa Press.- El coordinador de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, Pedro Linares, que ha formado parte del comité de expertos sobre transición energética, considera que los grandes retos para afrontarla no están en el sector eléctrico, sino en el del transporte. De hecho, el transporte supone un 40% de los usos finales de la energía en España y representa un 28% de las emisiones, ha recordado Linares durante la presentación de la undécima edición del Observatorio de Energía y Sostenibilidad de BP.

Pedro Linares subrayó también que el sector del transporte es el que más energía consume y más emisiones produce en España, y resalta que no está mejorando demasiado en eficiencia energética. El informe, que utiliza datos de 2016 porque son los únicos definitivos, señala que en España la demanda energética primaria se ha sujetado, al crecer ese año un 0,3%, aunque el consumo de energía final aumentó un 2%. Eso sí, permanece la dependencia energética del exterior en valores muy elevados. Por eso, según Linares, las mejoras vienen por la manera en que se produjo la energía en 2016: con buena pluviosidad, con más hidroeléctrica que generación a partir de carbón, y no por un cambio en los usos finales.

«La sostenibilidad del sistema depende por si le da por llover ese año», ha lamentado Linares, que considera que a España le queda mucho por recorrer en mejora de la eficiencia energética, pues el sistema mejora su sostenibilidad «por elementos que no están bajo nuestro control», como el año hidráulico o los precios de las materia primas. Asimismo, ha destacado que en España en ahorro y eficiencia se está empeorando, como demuestra que crece el consumo final de energía, y lo ha achacado a que no se está siendo suficientemente ambicioso en este asunto, al igual que en las renovables.

Mejorar diseño de subastas renovables

Respecto a las dos subastas para la instalación de nueva potencia renovable celebradas el año pasado, ha señalado que habrá que esperar a ver cuánto se construye finalmente y, aunque considera que su diseño se puede mejorar, sí considera que demostraron que las tecnologías renovables son competitivas. Respecto al nuevo bono social, considera que se tendría que haber ampliado su ámbito más allá del sector eléctrico y ha criticado que sigan incluidos entre los beneficiarios colectivos que no son vulnerables.

En cuanto al real decreto sobre el cierre de centrales de generación eléctrica, ha dicho que tiene problemas de compatibilidad con la normativa europea y ha manifestado que sería mejor hacer un diseño correcto de las señales del mercado de capacidad y que a partir de ahí se decida qué hay que cerrar y qué hay que mantener. En su opinión, el decreto del Gobierno «viene a ser un parche» ante la falta de una regulación de mercado y tarifas.

Por su parte, Jorge Aragón, que participó en el grupo de expertos sobre transición energética a propuesta de CCOO, ha denunciado que la liberalización no ha mejorado significativamente la competencia en el mercado eléctrico, pues sólo han entrado operadores «pequeñitos y muy marginales». También considera que se debería reflexionar sobre la presencia de capital público en las eléctricas, como hay en Alemania y Francia, pues son las que fijan las estrategias de inversión, y ha recalcado que en un conflicto como el que hay entre Siemens Gamesa e Iberdrola el sector público debería decir algo.

Datos del Observatorio de Energía

El informe señala que en 2016 el sector energético español consumió 6,3 exajulios (EJ) de energía primaria y emitió 306 millones de toneladas (Mt) de CO2, generando un valor añadido (sin descontar los costes externos) de 51.300 millones de euros, lo que equivale a un 4,6% del PIB. No obstante, pese al aumento de la demanda ya reflejado, cayó un 2,9% la intensidad energética primaria, incluso más que los países del entorno, y un 2,4% las emisiones de CO2 y otros contaminantes. Como ya se ha apuntado, esta mejoría se debió fundamentalmente a la reducción en el uso de carbón de un 24% en favor de la energía hidráulica, por lo que la meteorología sigue siendo el factor más influyente.

De hecho, la intensidad energética final aumentó un 1,2%. Por lo tanto, el informe ve necesario apostar por una mayor contribución de las energías renovables y, sobre todo, por el ahorro y la eficiencia energética. A este respecto, recuerda que, pese a la mejoría del último año, España sigue presentando una intensidad energética muy superior a otros países del entorno.

Así, a excepción del carbón, todas las energías fósiles aumentaron su contribución al mix energético primario en 2016, mientras que las energías renovables en su conjunto mantuvieron una contribución similar a la del 2015. Sin duda, la caída continuada de los precios de los combustibles fósiles y los precios bajos del CO2 explican en parte la falta de cambios significativos en el mix energético español. En lo que respecta a la demanda de productos petrolíferos para el transporte, siguió recuperándose, tanto para el transporte de mercancías como el de pasajeros. En ambos casos, el transporte por carretera continúa representando en torno al 90% del total.

El informe destaca que todos estos factores parecen indicar que la mejoría observada en los indicadores de sostenibilidad se debe principalmente a los cambios coyunturales en el mix de producción eléctrica. En un escenario de largo plazo, «parece poco razonable fiar la sostenibilidad del sector energético de las precipitaciones, más aún en España, que se enfrenta a un importante riesgo de bajada de las precipitaciones debido al cambio climático«, señala.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la Cátedra BP considera que el modelo español continúa presentando «importantes desafíos» respecto a la eficiencia energética, la dependencia energética exterior o al impacto medioambiental. Para ello, ve necesario contar con una política energética estable, «que proporcione señales adecuadas a los agentes, y que contribuya a avanzar hacia la sostenibilidad del sector».

Economics for Energy advierte del riesgo para rentabilizar las inversiones en nuevas instalaciones de gas natural más allá de 2030

Europa Press.- El centro de investigación Economics for Energy advirtió del riesgo que puede representar rentabilizar más allá de 2030 las inversiones en nuevas instalaciones de potencia eléctrica alimentadas con gas natural dentro de la transición energética que afronta España hacia un objetivo de descarbonización en 2050.

En su informe Escenarios energéticos para España 2030-2050, Economics por Energy considera que aunque la senda de reducción de emisiones puede ser coherente con un escenario más ambicioso de descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión Europea, las inversiones requeridas para alcanzar estos objetivos pueden no serlo. El think thank, del que son socios grupos energéticos como Gas Natural Fenosa o Iberdrola y compañías como Acciona, señala que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos para 2030 «no va ser muy complejo», según Pedro Linares, director de Economics for Energy, aunque advirtió de que a partir de ese horizonte habrá energía fósil que «no se va a usar, ya que se quiere descarbonizar», como los ciclos combinados.

A este respecto, cree que se plantean «importantes retos» desde el punto de vista de la remuneración de estas inversiones y de la coherencia en costes de los escenarios. Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes considerados «es fundamental» el diseño de un sistema de señales económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño «adecuado del mercado eléctrico y también de los precios de la energía, que marquen la dirección correcta de evolución del sistema energético español«.

El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eficiencia energética para lograr los objetivos de descarbonización a un coste razonable, da un papel «central» al sector eléctrico. A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una electrificación creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos significativos de la demanda eléctrica. Respecto a la generación de electricidad, se apunta a una descarbonización totalmente en 2050, con la desaparición de la generación con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050. A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear «no entra nunca» debido a los costes de inversión más baratos de las renovables y solo aparecería si la demanda «crece muchísimo».

En su informe, Economics for Energy analiza cómo sería la transición energética en España bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos, el de la descarbonización, pasa por ser «el más agresivo», ya que asume que el compromiso de reducción de emisiones es firme tanto por parte de los países de la Unión Europea como de otros con más reticencias. En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el mix energético, mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza totalmente a las renovables (eólicas y solar).

El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que supone cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, lo que en España supondría la imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050. Los otros escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico acelerado, con una economía en crecimiento que llevaría a una demanda más del doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030 a contar con más gas para suplir la limitación de las renovables, así como por otro en el que se produce un estancamiento económico a largo plazo, lo que conduciría a continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en 2050.

Nombrados los 14 expertos de la comisión sobre transición energética con las críticas de Ciudadanos y el ausente sector gasista

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía aprobó la designación de los 14 expertos que compondrán la comisión encargada de elaborar un informe sobre los diferentes escenarios de transición energética y las alternativas de combinación de las distintas fuentes de energía. Estos expertos son Jorge Aragón, Javier Arana, Luis Atienza, Jose Luis de la Fuente O’Connor, Miguel Duvison, Cristóbal José Gallego Castillo, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Pedro Linares, Diego Rodríguez, Txetxu Sáenz de Ormijana, Josep Sala i Prat, Jorge Sanz y Guillermo Ulacia.

La comisión de expertos «independientes y de reconocido prestigio», que será presidida por Sanz, fue nombrada tras consultar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales. El objetivo de este grupo es analizar las posibles alternativas de política energética, para lo cual tendrán en consideración su impacto medioambiental y económico, así como que permitan cumplir con los objetivos establecidos. Su informe recogerá alternativas sobre la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) para que se pueda llevar a cabo «una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono«, según explicó el Ministerio.

El Gobierno aprobó en julio la creación de este grupo para elaborar un informe en 6 meses. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

Ciudadanos denuncia falta de independencia

La portavoz de Energía del grupo parlamentario Ciudadanos, Melisa Rodríguez, envió una carta al ministro Álvaro Nadal en la que lamenta la «falta de independencia» de los integrantes del grupo de expertos. En su opinión, la composición del grupo cuenta con un peso «notablemente político», en lugar de caracterizarse por la independencia de sus miembros, como exigen los requisitos aprobados en el Congreso. «Dudamos de que con la composición propuesta por el Ejecutivo se pueda consolidar esa imparcialidad», ha apuntado.

Melisa Rodríguez ha apostillado que la iniciativa aprobada en el Congreso exige que este grupo esté compuestos por «especialistas de reconocido prestigio» que aseguren la independencia y la pluralidad de opiniones. Por ello, ha instado al Gobierno a que asegure «la mayor independencia y rigor posibles» en la elaboración del grupo de expertos y en el conjunto del proceso normativo para el cambio climático y la transición energética, con el fin de garantizar que las decisiones que se tomen en política energética estén avaladas de manera suficientemente objetiva e informada.

De los 14 miembros que conforman esta comisión, 4 debían ser designados por el Gobierno, (7) uno por cada grupo parlamentario y 3 por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Ante las objeciones de Ciudadanos, cabe recordar que son Luis Atienza, exministro de Agricultura durante el último Gobierno de Felipe González y expresidente de Red Eléctrica de España; el actual director general de Operación de REE, Miguel Duvison; el expresidente de Carbunión, Oscar Lapastora; y el actual presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE y expresidente de Gamesa, Guillermo Ulacia.

Junto a Atienza, Ulacia, Duvison y Lapastora, también forman parte del grupo Jorge Aragón Medina, elegido por CCOO; Pedro Linares, profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería ICAI y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y propuesto por Ciudadanos; Cristóbal José Gallego, investigador en energía eólica, miembro del Observatorio de la Energía y elegido por Podemos; Txetxu Sáenz de Ormijana, director del Ente Vasco de la Energía y opción del PNV; y Josep Sala i Prat, empresario del sector de renovables y propuesto por ERC.

Además, figuran Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de la secretaría de Energía en la época de Alberto Nadal y actual director de la Asesoría Jurídica de REE; Jorge Sanz Oliva, exdirector general de Política Energética y Minas; José Luis de la Fuente O’Connor, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola; y Diego Rodríguez, exconsejero de la CNMC.

Ausencia del sector del gas

Por su parte, el sector gasista ha lamentado su ausencia del grupo de expertos. En este sentido, fuentes del sector indicaron que su presencia en esta comisión de expertos es «fundamental» con el fin de «poder trasmitir su conocimiento en esta fase preparatoria de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética». Por ello, subrayaron que es «esencial» contar con la visión de expertos «en todas aquellas energías limpias que van a ocupar, ineludiblemente, un papel importante en la futura Ley». «Y el gas es una de ellas», añadieron.

Así, lamentaron que el sector del gas no esté representado en un grupo donde sí que tienen presencia a través de sus miembros otros sectores implicados en la transición energética, como el carbón, la electricidad, el petróleo o la nuclear. De esta manera, consideran que el sector podría aportar para ese comité a expertos como María Sicilia, directora de Estrategia de Enagás y que anteriormente trabajó en el Ministerio de Energía, en Iberdrola Renovables o en la Agencia Internacional de la Energía; o Marta Margarit, que ocupa desde hace 10 años el cargo de secretaria general de la patronal Sedigas.

La volatilidad de los precios energéticos tiene un coste para la economía española de hasta un 1% del PIB

Europa Press.- La volatilidad de los precios de la energía, especialmente del petróleo y del gas, representa un coste para la economía española de hasta un 1% del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe del Centro de Investigación Economics for Energy, presentado por sus directores, Pedro Linares y Xavier Labandeira, en el Club Español de la Energía.

El informe destaca que esta volatilidad y los aumentos bruscos de los precios de los combustibles fósiles son los mayores factores de riesgo económico para la seguridad energética en España. Asimismo, señala que estos factores relacionados con los precios pueden suponer un coste para la economía equiparable en ocasiones al 100% del precio de la propia energía, lo que indica su relevancia. Según los autores del estudio, las soluciones a esta problemática en España no solamente hay que buscarlas en la diversificación de las fuentes energéticas, sino también en flexibilizar la economía para que sea capaz de absorber cambios en los precios de la energía.

Economics for Energy han establecido unos baremos para medir las consecuencias de la inseguridad energética, por una parte, basado en el coste causado por una eventual falta de suministro multiplicado por el riesgo de que esta llegue a ocurrir y, por otro, en el coste de ajuste para la economía de la volatilidad de los precios de la energía multiplicado por la magnitud de esa volatilidad (la desviación con respecto a un precio medio estable).

Por ejemplo, destacan que, a pesar de que el coste de una falta de suministro eléctrico es muy alto por unidad energética, cercano a los 6.000 euros por megavatio hora (MWh), su baja probabilidad, debida a la regulación y a la gestión del sistema, hace que su relevancia en términos absolutos se reduzca a menos de un 1% del coste de la electricidad en España. En el cálculo de este coste se contemplan los impactos económicos y sociales de un corte en el suministro, como la pérdida de producción y los daños en equipos en las empresas o la falta de confort en el hogar.

La principal recomendación de Economics for Energy pasa por progresar significativamente en las políticas que aumentan la flexibilidad del consumo de energía y de la economía y reducen la dependencia de combustibles con precios volátiles. Además, los expertos subrayan la necesidad de que estas políticas sean eficientes, es decir, la garantía de que sus costes sean inferiores a los beneficios que lograrían. En este sentido, las recomendaciones para diseñar el sector energético se centran en fomentar el uso de fuentes menos volátiles en sus precios y estimular el ahorro energético.

Según los expertos de Economics for Energy, con la aplicación de estas medidas, coincidentes en gran medida con las que se derivan de la necesidad de reducir las emisiones de gases invernadero y adaptarse al cambio climático, la economía española reduciría sus costes de inseguridad energética. Así, su perfil estaría marcado por una transición de los combustibles fósiles a favor de las fuentes renovables, siempre garantizando la seguridad de suministro, con un mayor grado de interconexión y coordinación en las políticas de seguridad con los países de su entorno y una economía mucho menos intensiva en el uso de energía.

El consumo de energía crece más rápido que el PIB y de forma menos sostenible, según la Cátedra BP

Redacción / Agencias.- El consumo de energía experimentó un incremento en 2015 más elevado que el crecimiento económico, lo que implica una menor intensidad energética y el regreso a «la senda ya desgraciadamente habitual de empeoramiento de la sostenibilidad energética«. Estas conclusiones aparecen en el informe anual del Observatorio de Energía y Sostenibilidad, elaborada por la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, en la que participan la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y BP España.

El informe muestra que el empeoramiento de la intensidad energética es una tendencia contraria a la que de los países del entorno y recomienda para corregirlo un mayor esfuerzo en renovables y en eficiencia energética, ya que «contrasta con la trayectoria energética del resto de Europa», donde el consumo de energía primaria y las emisiones de gases de efecto invernadero «se han estabilizado», según el vicerrector de Investigación, Pedro Linares. El informe señala que en 2015 el sector energético español consumió 6,28 exajulios de energía primaria y emitió 313 millones de toneladas (Mt) de CO2, al tiempo que generó un valor añadido, sin descontar los costes externos, de 53.200 millones de euros, lo que equivale a un 4,9% del PIB.

El documento también recuerda el «alto grado» de dependencia energética española y, por tanto, el «riesgo importante» a una evolución desfavorable de los precios, a pesar de que el elevado nivel de diversificación de suministradores, tanto de petróleo como de gas natural, «mitiga mucho» este problema. Un dato positivo es que durante 2015 se mantuvo la tendencia de 2014 y la factura energética española volvió a descender «esta vez de manera muy notable» debido a la bajada generalizada de los precios finales de la energía.

Por ello, aparte de aludir al «empeoramiento de los indicadores de sostenibilidad energética», la cátedra también cita varios elementos positivos en 2015, entre ellos la recuperación de la actividad económica y la bajada de precios de los combustibles. Estos factores, señala, «no han sido aprovechados por el sistema energético español para seguir impulsando la eficiencia energética», lo que choca con el gran margen de mejora en los usos finales de la energía y ha traído consigo una vuelta al crecimiento de la demanda energética en tasas del 5,7% en el caso de la primaria y del 1,4% en la final.

Aumentaron un 16% las emisiones

El incremento fue «poco sostenible«, al apoyarse «fundamentalmente en combustibles fósiles», lo que a su vez provocó un aumento de las emisiones de CO2 del 16% y de otros contaminantes asociados al sector energético y a la intensidad de carbono de la economía, con lo que la bajada de emisiones de gases de efecto invernadero durante la crisis económica fue coyuntural y, en cuanto se ha retomado la actividad económica, los indicadores de sostenibilidad han vuelto a empeorar en España.

Ante el aumento de la demanda, todas las energías fósiles aumentaron su contribución al mix energético en 2015, si bien el dato más relevante fue el aumento del consumo de carbón, del 20%. Destacó especialmente el incremento del carbón importado, que pasó del 86% al 91%, por lo que no puede decirse que esa subida del carbón se derive del apoyo a la minería nacional e incide en su uso de forma “poco sostenible”, según explicó el profesor e investigador de la UPC, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y el Massachusetts Institute, Ignacio Pérez-Arriaga.

El mayor peso del carbón se debió a la caída del precio internacional de este combustible, a un precio muy bajo del CO2 y a la climatología, que estuvo marcada por la falta de lluvias, lo que hizo caer la aportación de la energía hidráulica (un 29% de reducción respecto a 2014), y la sucesión de anticiclones, que incidieron en una menor aportación de la eólica. Esto, unido a la falta de nuevas inversiones en renovables, hizo que bajara la contribución de éstas a la energía primaria y a la producción de electricidad en España.

Por otro lado, la demanda de productos petrolíferos para el transporte siguió recuperándose, tanto para el de mercancías como el de pasajeros. Este sector consumió un 40% de la energía final y contribuyó con un 23% a las emisiones de CO2. El aumento del 7% de las exportaciones de productos petrolíferos y la reducción de las importaciones en un 2% hicieron que el refino creciera.

El estudio también detecta y analiza la falta de regulación del autoconsumo en España, la escasez de inversión por parte del Gobierno en planes de fomento de energías renovables o el aumento del fraude eléctrico, que se situó en 2015 en 150 millones de euros y que «en su mayor parte se produce por malas prácticas de las empresas y los particulares de gran consumo«. La transición hacia una economía descarbonizada es «fundamental para la sociedad», concluyó el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de BP, Enrique González, quien a la espera de un mayor desarrollo de las fuentes renovables ha apostado por emplear a corto plazo otro tipo de energías como el gas natural.

Los edificios pueden reducir hasta un 82% su consumo energético gracias a la domótica y aplicando mejores hábitos

Servimedia.- El EcoBuilding Program Manager de Schneider Electric España, Víctor Moure, considera que existe un potencial de eficiencia energética no explotado del 82% en los edificios, que podría aprovecharse aplicando sistemas domóticos y mejorando los hábitos de consumo. Así lo explicó Moure en el curso Energía, economía y sociedad: modelos energéticos, autoconsumo y pobreza energética. Moure sostuvo que desde la concienciación de la sociedad hasta la automatización existe un gran abanico de posibilidades.

También sobre eficiencia, en este caso en el transporte, versó la intervención del Investigador del Centro de Investigación del Transporte (Transyt) de la Universidad Politécnica de Madrid, Álvaro García, quien recordó que el transporte supone cerca del 30% del gasto energético en países desarrollados y más del 90% proviene del petróleo. García mencionó algunas de las medidas más destacadas para conseguir un transporte más sostenible como la planificación urbanística orientada, el fomento del transporte público y el compartir el coche.

La dimensión social de la tarifa eléctrica estuvo recogida en las ponencias sobre cómo identificar la pobreza energética y cómo responder para mitigarla. El profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas Pedro Linares, autor del estudio Pobreza energética en España 2015, explicó que la pobreza energética es un concepto difícil de medir con precisión. Según apuntó, hay medidas objetivas y subjetivas, cada una con ventajas e inconvenientes, y las más utilizadas no son siempre necesariamente las más apropiadas.

Por su parte, la responsable de Estudios y Coordinación Regulatoria de Gas Natural Fenosa, Ester Sevilla, explicó que el acceso a una energía asequible y no contaminante es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y que solo la actuación conjunta de instituciones, empresas, regulador y agentes sociales puede dar soluciones efectivas a este problema. Asimismo, sostuvo que en Europa los modelos de ayudas de pago de facturas resuelven las situaciones puntuales, pero en el largo plazo hay que buscar soluciones estructurales.

El curso ha abordado también las diferentes posibilidades de autogeneración y de autoconsumo doméstico, tanto a partir del gas natural (cogeneración) como a partir de la energía solar fotovoltaica. Al margen de la especificidad de cada caso, los expertos coincidieron en que el autoconsumo debe desarrollarse de forma ordenada y coherente para evitar que unos clientes acaben subvencionando a otros.

La pobreza energética en España se triplicó durante la crisis y afecta a uno de cada diez hogares

Redacción / Agencias.- El índice de pobreza energética en España casi se triplicó entre 2007 y 2013, hasta alcanzar uno de cada diez hogares españoles, según el informe Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación, realizado por el centro de investigación Economics for Energy. El estudio recomienda sustituir el bono social por una subvención económica fija con cargo a los presupuestos públicos.

En concreto, la evolución de la pobreza energética desde el inicio de la crisis económica en 2007 hasta 2013 se incrementó del 3,6% al 9,88%, hasta los 1,8 millones de hogares, lo que supone casi el triple. Estos datos consideran la renta mínima necesaria para evitar la exclusión social lo que evita los «falsos positivos» del indicador más usado en Europa, que considera que existe pobreza energética cuando el gasto en energía supera el 10% de los ingresos. Por ello, la consideración de la renta en el cálculo de la pobreza energética es «especialmente relevante» ya que los datos confirman que la crisis económica contribuyó a intensificar las diferencias entre las rentas más altas y las más bajas en España.

Así, dado que la pobreza energética, como faceta de la pobreza general, afecta en gran medida a los hogares con menos ingresos, se trata de un indicador claro de que la pobreza «se ha incrementado de forma importante». Además, al incremento de la brecha entre rentas se suma como agravante el considerable aumento de los precios de la energía, que en el periodo 2007-2014 hicieron que la factura eléctrica de un hogar medio en España creciera un 76% y un 35% en el caso de la factura de gas natural.

Los expertos reseñaron que ciertas características del hogar pueden aumentar la probabilidad de caer en pobreza energética.  Así, «los hogares con ingresos bajos, menores a su cargo, inestabilidad laboral y viviendo en régimen de alquiler representan el perfil de mayor vulnerabilidad», según indicó Pedro Linares, director de Economics for Energy. Por autonomías, Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%), Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%) son las que cuentan con mayor pobreza energética, mientras que País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%) son las que menos.

Respecto a las alternativas para combatir la pobreza energética, los autores del informe proponen sustituir el actual bono social, un descuento sobre la factura eléctrica que pagarían el resto de los consumidores, por una ayuda fija o cheque para afrontar todo tipo de gastos de energía (electricidad, gas, carburantes) financiada con cargo al presupuesto público, y no por las eléctricas, como ocurre actualmente con el bono social. Asimismo, proponen el mantenimiento de una garantía de suministro básico de electricidad y combustibles con la imposibilidad del corte eléctrico como una medida subsidiaria que, de todas maneras, «no sería necesaria si el bono social estuviera bien planteado y los hogares dispusieran de fondos para abonar las facturas», señalaron desde Economics for Energy.

A su juicio, el bono social presenta debilidades: sólo es aplicable a la factura eléctrica, que representa el 60% de los gastos energéticos de los hogares. Además, no protege a los consumidores «más vulnerables», ya que el 78% de los hogares que actualmente se benefician del bono social lo hacen por tener una potencia inferior a 3 kW, «lo que no implica vulnerabilidad a la pobreza energética», añadió Linares. Otras alternativas planteadas contra la pobreza energética reclaman medidas de eficiencia energética, de información y que las tarifas energéticas recojan únicamente sus costes, sin incluir otros conceptos relacionados con decisiones políticas.