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La factura de la luz se encareció un 10,28% en 2017, lo que supuso un mayor gasto de 77,39 euros

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Europa Press.- Un consumidor doméstico medio pagó 830,48 euros en su factura de la luz de todo el año 2017, por lo que esta factura se encareció en un 10,28% respecto a los 753,09 euros de 2016, lo que supuso un mayor gasto en el recibo de 77,39 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 830,48 euros abonados en los 365 días del 2017, 181,09 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable, congelada, respecto a 2016. Del resto de la factura de 2017, 471,88 euros obedecen al consumo, 33,38 euros al impuesto eléctrico y 144,13 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras al alza respecto a los 407,13 euros de consumo de 2016, 30,27 euros de impuesto eléctrico y 130,7 de IVA para totalizar los 753,09 euros de la factura del año anterior.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia media con dos hijos. Eso sí, por primera vez la factura de la luz de un mes de 2017 fue más barata que la de un mes de 2016: la factura en el mes de diciembre de 2017 fue de 74,27 euros, un 0,67% menos que los 74,77 euros registrados en diciembre del 2016, lo que supone un ahorro en el recibo eléctrico de 0,50 euros.

De los 74,27 euros abonados en los 31 días de diciembre del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de diciembre, 43,01 euros obedecen al consumo, 2,99 euros al impuesto eléctrico y 12,89 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Asimismo, la factura de la luz de diciembre respecto al mes anterior, noviembre, permaneció prácticamente invariable con una subida del 0,42%, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en diciembre respecto a los 2,39 euros de noviembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

Así, el recibo eléctrico sube por cuarto mes consecutivo después de dos meses de estabilidad tras la ligera caída de junio que siguió a tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró febrero y marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero. El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad,13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 9%.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. La fuerte sequía que sufren los embalses, que ha hecho que la producción hidroeléctrica se haya visto mermada con respecto a los ejercicios anteriores, así como una menor presencia de renovables, han mermado, al igual que en los últimos meses, la presión de ambas fuentes de energía baratas en el mix. Esto implica la entrada de las fuentes fósiles, ciclos combinados y carbón, para la generación, lo que presiona al alza los precios de la electricidad, el conocido como pool.

El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que disponen de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el PVPC y disponen de estos aparatos.

Por su parte, la asociación de consumidores Facua denuncia «la pasividad» del Gobierno ante la escalada tarifaria, que denota «su escandalosa complicidad con las eléctricas para ayudarles a seguir engordando beneficios anuales milmillonarios a costa de mantener unos escandalosos índices de pobreza energética«. Asimismo, critica que, además de no actuar para reducir unas tarifas que están entre las más elevadas de la Unión Europea, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital haya recortado el descuento que representa el bono social, «además de establecer limitaciones desproporcionadas para acceder a él».

El Gobierno congela los peajes de electricidad y gas para 2018 y reduce el alquiler de los contadores de gas

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Europa Press.- El Ministerio de Energía publicó las órdenes ministeriales en las que se adopta la congelación de los peajes de electricidad y de gas para 2018, por quinto y cuarto año consecutivo respectivamente. Estos peajes, fijados por el Gobierno, recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía.

El Ministerio de Energía señaló que se estima un equilibrio económico en los sistemas eléctrico y gasista para los próximos años, que permite la congelación de esta parte regulada de las facturas. Asimismo, considera que no incrementar los peajes redundará «en un impacto positivo tanto en la competitividad de la economía española como en la actividad económica». Adicionalmente, en el caso del gas natural, se reduce el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas. Así, se estima que la rebaja supondrá un ahorro medio de ocho euros al año y por cliente, para unos 7,8 millones de consumidores domésticos.

El Supremo admite a trámite el recurso de la CNMC contra Energía por las últimas funciones arrebatas por el Ministerio

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Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso.

La CNMC ha decidido judicializar el enfrentamiento abierto entre el organismo regulador y el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. El organismo dio este paso después de que el Ministerio respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle estas funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En el fondo de este recurso por estas competencias entre la CNMC y el Ministerio de Energía se encuentra la pugna por la fijación de los peajes de acceso a redes eléctricas. En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador a España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

La CNMC se subleva

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Los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el último mes vienen incorporando una inusitada oposición a las directrices del Ministerio de Energía. Oposición que se muestra sin eufemismos ni medias tintas y que ha causado sorpresa en los medios de comunicación especializados. Es lo que ha pasado con el plan invernal del Ministerio de Energía para aumentar las obligaciones de reservas de gas que tendrían que realizar las empresas, derivado de su consideración de la garantía de suministro para eventuales momentos de frío extremo.

La CNMC considera que esta propuesta incidía al alza en las tarifas a los consumidores gasistas, además de señalar que el departamento que dirige Nadal no había evaluado los costes para el sistema de pasar de contar con un almacenamiento obligatorio de 2 días a uno de 3 días y medio. Medida que seguramente también tiene que ver con la resolución que obliga a los operadores principales de gas a ser creadores de mercado obligatorios por cuatro años. Energía quiere presionar para que haya abundancia de gas garantizada más allá de los mecanismos de mercado.

Además, la CNMC le recordaba al Ministerio de Energía las posibilidades existentes de aprovisionamiento basadas en el abastecimiento en los mercados nacionales e internacionales gracias a la red de regasificadoras, la gestión de los almacenamientos subterráneos y la intervención del propio gestor del sistema gasista Enagás, posibilidades que hacen innecesaria una medida coactiva de estas características con el consiguiente efecto en los precios al consumidor.

Remontándonos más atrás, pero también recientemente y de una forma especialmente explícita, la CNMC se pronunció contra los mecanismos de gestión de la demanda a través de la subasta de interrumpibilidad propuesta por Energía y sus pagos. Dado que los informes de la CNMC no son vinculantes,  la importancia de este informe estribaba en su posicionamiento: un cuestionamiento abierto y desnudo de este mecanismo por su elevado coste y ausencia de justificación de la necesidad.

Además, en una lectura de su contenido, este informe cuestionaba la práctica totalidad de mecanismos de subsidios cruzados existentes en los costes de acceso al tiempo que, descarnadamente, enunciaba todos los procesos de investigación que la Comisión Europea tiene sobre España en materia de energía y que podrían estar relacionados con unas tarifas de acceso que quieren absorber decisiones políticas discrecionales, junto con su misión imposible de su irreal contención por vías «creativas» o heterodoxas.

Ahora, como en las películas de vampiros, se reabre un ataúd con otra latente controversia entre CNMC y Ministerio, consistente en la oposición que este organismo mantiene contra el mejoramiento de las tarifas de acceso a las industrias radicadas en el País Vasco, medida resultante de las componendas del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde 2014 y que este año el Ejecutivo había comprometido con el PNV.

Hablemos del escenario. El momento temporal también es importante. Crítico. Estas diferencias se transparentan mientras se producen las «negociaciones» con la Comisión Europea por la atribución de competencias en materia de fijación de los peajes de acceso que el Ministerio quiere retener a toda costa y que la CNMC se atribuye. La concepción de la política española de que la CNMC debe ser dependiente del regulador principal es un ejercicio vertical que no comprende el papel de estos órganos independientes en los países occidentales con sistemas de contrapesos más eficientes.

Finalmente, en la crisis relacional y diplomática entre los dos reguladores, se apunta a la disminución de la influencia de la vicepresidenta María Fernández dentro del organismo. Hasta el momento todas las fuentes confirman el papel que ha tenido Fernández como gozne entre los intereses políticos de Nadal y los pronunciamientos que éste necesitaba de la CNMC. Algo que parece normal en la vertical política española, dónde la representación política llega a los extremos técnicos y económicos. En todo caso, esa debilidad y pérdida de ascendencia sobrevenida es un elemento que está agudizando este desencuentro.

En resumen, la CNMC está reivindicando su papel como organismo independiente, sublevándose de forma cada vez más explícita. Energía, mientras tanto, cada vez tiene más frentes abiertos, tanto en su relación con la Comisión Europa como con los organismos independientes.

El Gobierno congelará en 2018 la parte regulada del recibo de la luz mientras defiende los creadores de mercado gasista

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha defendido las medidas del Gobierno para obligar a los grandes operadores del gas, como Gas Natural y Endesa, a participar en el mercado mayorista del gas durante todo el año para acumularlo en sus almacenes y poder utilizarlo durante el invierno. Asimismo, Nadal anunció que el Gobierno congelará en 2018, por cuarto año consecutivo, la parte regulada del recibo de la luz, los denominados peajes eléctricos, que representan aproximadamente un 60% del recibo.

«Para 2018 vamos a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno», ha anunciado Nadal, que ha señalado que con la congelación de ese 60% que suponen los peajes se pretende mantener el precio de la factura eléctrica. Nadal ha señalado que el resto de la factura depende del coste de la energía, donde influyen el precio del petróleo y el resto de materias primas y también la meteorología. Así, Nadal ha recordado que el Gobierno ha congelado la parte fija del recibo en los últimos tres años y que bajó un 2,8% la regulada en 2015.

Acumular gas durante el año

Nadal ha recordado que el precio de la electricidad está liberalizado y el Gobierno solo puede actuar sobre la parte regulada del recibo. De cara al invierno, el Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas con las que se pretende acumular gas cuando es más barato para usarlo en los momentos más fríos del año, para lo que se ha creado el operador obligatorio del mercado del gas, que en este caso serán Gas Natural y Endesa, para impulsar los intercambios de esta materia prima.

El ministro ha señalado que tras la última reforma del sector energético, siempre que haya condiciones meteorológicas que propicien la generación hidroeléctrica y el viento, la electricidad será más barata. Asimismo, resaltó que cuando España haya pagado las hipotecas que acumula y que no tienen otros países europeos, una de 7.000 millones anuales por la instalación de renovables en el pasado a precios «altísimos» y otra de 2.500 millones al año por el déficit de tarifa acumulado, habrá un precio más bajo de la electricidad.

Defiende el mercado eléctrico español

El ministro ha recordado que durante el invierno el precio del gas aumenta debido a que en el hemisferio Norte «todos los países compran gas», por lo que defiende las medidas que ha tomado el Gobierno para obligar a los operadores de gas a acumularlo. El creador de mercado es una figura que el Gobierno introdujo este año y que existe tanto en los mercados de gas europeos como en los financieros, que actúa vendiendo y comprando de manera continuada y asegurando que hay capacidad de responder a las peticiones de otros operadores en todo momento para evitar que surjan situaciones en que el número de oferentes o demandantes en el mercado sea temporalmente insuficiente.

Por otro lado, ha reprochado a Podemos que solicite el cierre de centrales de carbón, cuando esa medida subiría el precio de la luz en un 40%, y les ha acusado de enviar «mensajes de color de rosa que al final pagaría el consumidor, la competitividad industrial y los puestos de trabajo». Finalmente, el ministro ha resaltado que el mercado eléctrico español «no es el más caro». «Ahora tenemos precios eléctricos mucho mejores que otros países como Francia, Reino Unido o Italia», ha añadido, para recordar que el mercado español funciona de la misma manera que 24 de los 28 países de la Unión Europea.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.555,2 millones de euros hasta julio, 304,5 millones menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de las actividades reguladas son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.555,2 millones de euros en los siete primeros meses del año, 304,5 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación mensual del sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y del sector del gas natural, realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según Competencia, esta reducción en el déficit se debe a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos en 50,3 millones de euros y de la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 261 millones de euros. En concreto, el consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 122.825 gigavatios hora (GWh), un 2,1% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 7.124 millones de euros, un 0,7% superiores al valor promedio histórico, esos 50,3 millones de euros. En este sentido, los costes regulados fueron 231,5 millones de euros inferiores a los previstos.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 81,62%, frente al 81,63% de la anterior, a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables y al sector de la cogeneración, en la liquidación de julio la CNMC gestionó la liquidación de 63.638 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en los 7 primeros meses del año, con cargo a las Liquidaciones de las Actividades Reguladas del Sector Eléctrico, se elevó hasta los 4.146,2 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la cantidad a pagar a cuenta a los productores de renovables en la séptima liquidación asciende a 506,14 millones de euros, antes de IVA.

Por otro lado, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 39,875 millones de euros, antes de impuestos. La CNMC indicó que al cierre de la liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación séptima asciende a 5,860 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado fue de 249 millones de euros, frente al déficit de 240 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 85,1% de la retribución acreditada. Los ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.561 millones de euros, un 1,6% más que en el mismo periodo del 2016, con un descenso de ingresos por término de conducción y, en sentido contrario, con el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 28 millones de euros, un 30,7% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se obtuvieron unos ingresos netos declarados de 1.533 millones de euros.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 1.649 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acreditó en esta liquidación una retribución variable de 17 millones de euros. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 1.666 millones de euros, un 2,1% inferior a la del año anterior.

Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta el 31 de julio, ascendió a 168,9 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (6,2 TWh), lo que supone un descenso del 1%. El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras al cierre del pasado 31 de julio fue de a 7,76 millones, con un aumento interanual de 80.940 consumidores, un 1,1% más, de los que 1,63 millones se suministraron con tarifa de último recurso.

La autoridad catalana de Competencia denuncia desequilibrios territoriales en los peajes eléctricos que consiguió el PNV para el País Vasco

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Europa Press.- La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) denuncia que la modificación de los tramos de peaje de las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV acordada entre el Gobierno central y el PNV, en el marco del debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, altera la competencia entre las empresas y comporta desequilibrios entre territorios.

La Acco ha asegurado que esta medida «aparentemente neutra, que se aplica nacionalmente sin excepción, genera en la práctica un claro desequilibrio», remarcando que parten con ventaja los operadores ubicados en aquellos lugares en los que las líneas eléctricas tienen una tensión superior.

Ha concretado que la red energética instalada en el País Vasco cuenta con tensiones comprendidas entre los 30 y los 36kV, mientras que en Catalunya son inferiores a los 30 kV, y que la regulación existente contempla distintos peajes a pagar en función de la tensión.

Así, las líneas inferiores a 30 kV se les asigna el peaje 6.1A y a las de tensión iguales o superiores a 30 kV en inferiores a 36 kV les corresponde la tarifa 6.1B, y la Acco ha destacado que la reforma pactada tendría como objetivo la desaparición del segundo peaje y su incorporación en una tarifa superior (6.2).

Según la Acco, la desaparición de la tarifas 6.1B supondrá efectos diferentes entre las empresas en función del territorio donde estén implantadas, y «se agudiza el desequilibrio que ya existía» en base a la regulación actual.

Ha añadido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su contrariedad ante una rebaja de los peajes a los usuarios a los que se les aplica el peaje 6.1B.

 

La OCU reanuda la campaña Quiero pagar menos luz, con el objetivo de ahorrar 150 euros al año

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EFE.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reanuda la campaña Quiero pagar menos luz, en la que han participado más de 600.000 familias en los tres últimos años y que obtuvo descuentos medios de 150 euros al año en la factura eléctrica.

La OCU ha denunciado que el mercado de la electricidad es opaco, cerrado e insuficiente para las necesidades de los consumidores, por lo que un cambio «es más necesario que nunca». La organización de consumidores ha realizado un estudio de los diferentes cargos que se ocultan en la factura de los consumidores y sus conclusiones apuntan a la necesidad de una auditoría completa del sistema eléctrico. La organización considera que el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) «deberían actuar inmediatamente» para fijar una metodología transparente con el fin de asignar la contribución que los diferentes consumidores hacen para cubrir los costes del sistema.

Según la OCU, el Ministerio «oculta una metodología que provoca que los pequeños consumidores asuman históricamente el 75% de esos costes, pese a su bajo consumo, así como la aparición de nuevos costes que exigen la necesidad de una asignación más justa, que pasaría por reducir ese porcentaje”. Revisar el impuesto de la electricidad y reducir determinados costes del sistema, como los pagos de capacidad (compensación que reciben ciertos productores por cubrir los picos de máxima demanda) son otras demandas.

El Gobierno tendrá en «breve» el borrador de desarrollo del bono social, que podría aplicarse antes de verano

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Europa Press.- El Gobierno contará en «breve» con el borrador del reglamento para desarrollar el bono social eléctrico, que podría así estar listo para antes de este verano, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que destacó que el texto recogerá como «requisito fundamental» la consideración de la renta para acceder al bono social. Hasta ahora, al bono social accedían las familias numerosas, los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), las pensiones mínimas y los desempleados.

Además, Navia destacó que se va a trabajar en la protección adicional del consumidor en las prácticas de comercialización, así como en la regulación de los cortes, estableciendo una categoría de consumidores particularmente en riesgo de exclusión social, «donde los cortes quedarán cubiertos con una contribución de las comercializadoras«. El secretario de Estado de Energía indicó que el Gobierno está ultimando este borrador después de haber mantenido contactos con todos los grupos políticos y contar con «un consenso importante» y avanzó que se procederá a una tramitación acelerada que podría, si todo funciona según lo previsto, «concluir antes de verano».

El texto deberá pasar previamente al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobación, añadió Navia, quien aseguró que la percepción tras las reuniones con los grupos es «muy positiva» y que existe un grado de acuerdo «bastante importante». Por otra parte, el secretario de Energía insistió en que el Gobierno, «en la medida que haya márgenes en el sistema», bajará la parte regulada del recibo. «Está en nuestro programa electoral. No subir la parte regulada y, si se puede hacer de forma prudente, ir reduciendo la parte regulada», aseguró.

UNEF asegura que el autoconsumo genera retornos al Estado y que el veto del Gobierno es «ideológico»

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que la instalación de 100 megavatios (MW) de autoconsumo en España procuraría un saldo positivo de cerca de 68 millones al Estado y considera que el veto del Gobierno a la proposición de ley del Congreso para fomentar esta actividad mediante la eliminación del impuesto al Sol es «ideológico» y no responde a razones de impacto presupuestario.

En un informe, la asociación fotovoltaica considera que los argumentos del Gobierno para vetar la propuesta de ley aprobada de forma mayoritaria por el Congreso son «ideológicos y no jurídicos». El Ejecutivo, señala, «carece totalmente de justificaciones legislativas a las argumentaciones que presenta». El informe de la Secretaría de Estado de la Energía (SEE) trasciende los ámbitos que le corresponde al realizar cálculos que corresponden a Hacienda y se encuentra además «lleno de juicios de valor subjetivos que nada tienen que ver con el verdadero marco del autoconsumo», señala UNEF.

Al abordar el impacto económico de la instalación de 100 MW, la asociación considera que el saldo anual en retornos fiscales y costes evitados ascendería a 73 millones, cantidad que quedaría minorada en un máximo de 5 millones por la pérdida de ingresos, de modo que el Estado, en cualquier caso, tendría un retorno de 68 millones. Adicionalmente, se producirían unos ahorros en eficiencia, emisiones de CO2 e importaciones de combustibles fósiles que, para una potencia instalada de 100 MW, se situarían en torno a los 7,6 millones de euros.

Al estudiar las estimaciones presupuestarias del Gobierno, UNEF considera que, en el escenario supuesto por la secretaría de Estado de un precio medio del pool de 50 euros por megavatio hora (MWh), la pérdida de ingresos en impuestos bajaría desde los 74 millones estimados por el Gobierno hasta 9,5 millones si se consideran todas las tecnologías renovables, y sería solo de 400.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Por otro lado, la pérdida de impuestos recaudados por ingresos por peajes bajaría desde los 14 millones estimados por el Gobierno hasta 1,5 millones considerando todas las tecnologías renovables, y sería solo de un poco más de 67.000 euros si solo consideramos al autoconsumo fotovoltaico.

Además, UNEF calcula que la aportación extra de los Presupuestos Generales del Estado no sería de 10 millones como estimaba el Gobierno, sino de 1,1 millones considerando todas las tecnologías renovables y de solo poco más de 49.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Al margen de estas consideraciones presupuestarias, la asociación aborda el efecto sobre los peajes eléctricos. Según recuerda, las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red pagan los costes regulados del sistema al igual que el resto de los consumidores.

Estas instalaciones, indica, asumen el término fijo completo en función de su potencia contratada, que siempre debe ser mayor o igual que la de la instalación de autoconsumo, y el término variable de la energía consumida de la red, por lo que no dejan de pagar los costes regulados del sistema en función de lo que consumen de la red. La proposición de ley vetada no propone la exención de peajes y cargos a los autoconsumidores, sino a la energía autoconsumida, la que no pasa por la red de distribución.