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El Gobierno veta la ley de la oposición contra los cargos al autoconsumo porque el Estado perdería 172 millones

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Europa Press.- El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La proposición de ley, registrada en el pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía autoproducida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión. Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el 24º  que registra en lo que va de legislatura.

El escrito concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico. Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían y detalla que, sin ellos, se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

El Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del pool energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico. Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa sobre autoconsumo, el Gobierno recalca que «la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores», por lo que considera «imprescindible» contar con un registro administrativo de instalaciones.

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, generando «una situación de inestabilidad». Compensar este déficit de ingresos «implicaría necesariamente», advierte, «una subida de peajes que afectaría a todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables». «Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía«, apostilla a renglón seguido. También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo «tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico».

Por último, el Gobierno concluye aseverando que «el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos». «Es evidente que el consumo del autoconsumidor es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo», defiende. Asimismo, considera que el marco vigente es «estable» y «no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico».

Greenpeace: el Gobierno “se equivoca”

Greenpeace denuncia que el Gobierno «se equivoca» cuando deja fuera el autoconsumo energético y lamenta que la política energética del país está hecha «a la medida de las grandes empresas» porque el Ejecutivo insiste en no calcular los beneficios económicos del empleo del autoconsumo para centrarse en inflar sus posibles costes. La ONG advierte de que el Gobierno «pisotea» el derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética al tumbar la propuesta de ley de autoconsumo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados menos el partido del Gobierno, PP, y Foro Asturias.

Con ello, critica que el Gobierno está admitiendo que no acepta el derecho a disfrutar de los beneficios de las energías renovables sino que tampoco aceptará «ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje la factura de la luz para la ciudadanía». A su juicio, esto es una declaración «en contra del ahorro», la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y autoabastecimiento con energías renovables.

Para la responsable de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, el Gobierno seguirá contando «solo» con las grandes empresas eléctricas para el nuevo modelo energético y «se equivoca». «El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan a tres grandes fallos de nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello», ha declarado. Greenpeace asegura que el Gobierno «no ha realizado ningún análisis serio» sobre costes y beneficios del autoconsumo y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para el Estado y evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla.

El Supremo admite a trámite los recursos de Gas Natural Fenosa contra los peajes de 2017 de electricidad y gas

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Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite dos recursos de Gas Natural Fenosa en contra de las dos órdenes ministeriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017 y la que revisa los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasísticas para 2017.

En lo referido a la orden del gas, Energía recoge una congelación para 2017 de la parte regulada del recibo, de modo que el precio solo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización. Energía considera que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La memoria económica reconoce además un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

5.800 industrias sufren una «discriminación eléctrica» de 350 millones, según una plataforma molesta por el trato favorable al País Vasco

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Europa Press.- Un total de 5.800 industrias sufren una «discriminación tarifaria eléctrica» consistente en el pago de un sobrecoste anual de 350 millones por estar encuadradas en un tramo tarifario diferente al que consideran que les corresponde, según la Plataforma Energética kV 25/30. El Gobierno bajó los peajes en 2014 a las tarifas con una tensión mayor o igual a 30 kilovoltios (kV) y menor de 36.

Esta plataforma está liderada por SEA Empresarios Alaveses, Grupo ASE, Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona, y presentó sus reivindicaciones en el Senado, acompañada por responsables de Confemetal. Estas empresas denuncian una «incoherencia regulatoria» y piden que se les ubique «en la tarifa eléctrica que les corresponde, evitando así un inexplicable sobrecoste». El promotor de la plataforma y gerente de ASE, Ramón López, indicó ante la Comisión de Energía de la Cámara Alta que estas empresas sufren una «incoherencia regulatoria que supone una arbitrariedad que origina inseguridad jurídica, discriminación y, en definitiva, un sobrecoste».

El problema, explica la plataforma, se originó en 2008, cuando se modificó el Reglamento de Líneas y las redes de 25 y de 30 kilovoltios (kV), clasificadas como de segunda categoría, pasaron a pagar como de tercera categoría. La solución que reclama esta plataforma es que las redes entre 25 y 30 kV se trasladen al nivel de tensión 2 de la tarifa, en concreto a la tarifa 6.2, cuyos peajes eléctricos son inferiores. Este nivel de tensión contempla unos peajes eléctricos inferiores de los que se beneficia buena parte de la industria vasca, cuya tensión es de 30 kV. En todo caso, estas reivindicaciones también beneficiarían a empresas vascas.

El sistema eléctrico evoluciona 542 millones de euros mejor de lo previsto a falta de dos revisiones de 2016

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Europa Press.– El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 1.506 millones de euros en la duodécima liquidación de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que, a falta de las últimas liquidaciones, arroja una evolución 542 millones de euros mejor a la prevista.

El escenario de costes e ingresos del regulador contempla para el conjunto del ejercicio un leve superávit, de apenas 24 millones de euros, que, de consolidarse la evolución actual, podría ser significativamente superior. El Ministerio de Energía previó en el borrador de la última orden ministerial de revisión de peajes eléctricos un superávit de cerca de 100 millones para 2016.

El déficit de tarifa provisional de 2016, que se produce porque los ingresos vía peajes son aún insuficientes para cubrir los costes regulados reconocidos, fue inferior a lo previsto gracias entre otras cosas a un incremento de la demanda del 0,9%, superior al valor promedio de años anteriores. El mayor consumo contribuyó a que los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendiesen a 12.887 millones de euros, un 0,7% por encima del promedio histórico.

Por contra, los costes regulados fueron 393,3 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a los menores incentivos a la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos, por importe de 313 millones, y a los menores pagos por capacidad, por 90,8 millones. De forma adicional, se produjo un desvío acumulado para la actividad de transporte de 54,4 millones de euros menos de coste, así como otro para la actividad de distribución de 93,6 millones más de coste.

El coeficiente de cobertura de la liquidación provisional 12/2016 se ha situado en un 89,43%, frente al 90,16% en la Liquidación 11/2016, debido a la falta de ingresos procedentes de los impuestos eléctricos. En cuanto a las renovables, la liquidación provisional a 6.395 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a los productores en la Liquidación 12/2016 ascendió a 397,8 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de tarifa de 430 millones en la duodécima liquidación, un 37% más que los 312 millones registrados en 2015. El total de ingresos declarados por las empresas por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.526 millones de euros, un 0,4% menos que en el mismo periodo del 2015. La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.762 millones de euros, un 0,2% superior a la del 2015. La demanda nacional de gas fue un 1,8% mayor en 2015.

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».

Energía congela los peajes de electricidad y gas a pesar de las advertencias de la CNMC sobre el déficit gasista

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Europa Press / Servimedia.- El Ministerio de Energía publicó en el BOE sendas órdenes ministeriales en las que se adopta la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. El mantenimiento de los peajes se produce tras haber recibido los informes elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que se advierte de que, en el caso del gas, las previsiones de demanda pueden ser demasiado optimistas y provocar un desajuste en el sistema.

Los peajes deberían recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. En los últimos tres años, los peajes, que dependen del Gobierno, se han mantenido constantes para gas natural y descendieron un 2,8% para la electricidad. Según el Ministerio, esta congelación es consecuencia de la reforma de los sistemas energéticos, que ha logrado alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y costes. La otra parte de la factura, correspondiente al coste de la energía y que no depende del Gobierno, varía en función del precio de las materias primas (gas y petróleo principalmente) y la climatología. A los peajes y al coste de la energía hay que sumar los impuestos.

Según los cálculos de Energía, el consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en 2016 con respecto a 2015, mientras que el del gas experimentó un abaratamiento del 9%. El Gobierno destaca además que «la congelación de la parte regulada del recibo contribuirá de manera significativa a amortiguar el impacto de las recientes subidas de las materias primas sobre las facturas de los consumidores en general».

El sistema eléctrico, si se cumplen las previsiones de Energía, cerrará de nuevo 2017 sin déficit de tarifa, después de haber registrado un superávit de 110 millones en 2016, que se suma a los cerca de 470 millones en 2015 y a los 55 millones de 2014. Para 2017, el coste del transporte y la distribución de electricidad se mantendrá en cifras parecidas, mientras que el de las renovables y la generación aumentará de 6.403 a 6.987 millones. La retribución a las renovables aumentará al haberse acometido la primera revisión trienal de precios de referencia del mercado fijada en la reforma eléctrica. Además de los 6.987 millones, se les reconocen otros 176 millones por importes recibidos de menos en 2015.

Los consumidores eléctricos deberán afrontar además en 2017 una anualidad de 2.838 millones de euros para amortizar la deuda generada por el déficit de tarifa. También se retocan aspectos técnicos de las subastas de interrumpibilidad para mejorar su funcionamiento. La tarifa eléctrica asumirá de nuevo en 2017 un total de 740 millones de euros correspondientes al 50% de los extracostes de la actividad extrapeninsular, mientras que los otros 740 millones recaerán sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los PGE, como ya está establecido, aportarán además a la tarifa 450 millones procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2 y lo recaudado con los distintos impuestos eléctricos, por un importe previsto en 2017 de 2.704 millones de euros.

En cuanto a los peajes de gas, Energía asegura que serán suficientes para cubrir los costes del sistema y considera que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La orden ministerial reconoce además un déficit de tarifa del gas acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

Los costes totales del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más que lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1% de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. Así, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto. El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones. También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral acerca de los costes del gas importado desde Argelia, asumiendo 163 millones en cinco años por este concepto.

La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que ya había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a apenas 7,1 millones de euros. Energía adopta esta decisión para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 en la que se ratifica lo dispuesto dos años antes, en 2013, por la Audiencia Nacional. En aquel momento, la Audiencia invalidó una decisión del Gobierno de 2009 en la que se eximía al proyecto de informe sobre impacto ambiental. Asimismo, los bancos que disponen del derecho de cobro por el almacenamiento de Castor recibirán en 2017 un importe de 80,6 millones.

La CNMC reprocha a Energía que 335 millones ingresados para pagos por capacidad se destinen a financiar otros costes regulados

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Redacción / Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Energía de que, en su borrador de peajes eléctricos para 2017, está «financiando» costes del sistema mediante un exceso de recaudación de 335 millones de euros en la partida de pagos por capacidad, unos incentivos a las centrales de respaldo, generalmente térmicas de carbón o de gas, por estar disponibles en los momentos en los que falla la aportación de tecnologías no gestionables como la eólica.

En su informe sobre el borrador de peajes de electricidad, el organismo presidido por José María Marín Quemada advierte de que los ingresos previstos para 2017 destinados a los pagos por capacidad ascienden a 725 millones, a pesar de que esta partida generará unos costes de 390 millones. De esta forma, se registra un saldo positivo de los pagos por capacidad de 335 millones que se destinará a financiar los costes regulados “distintos al transporte y la distribución”, entre los que figuran, especialmente, los incentivos a las renovables o la amortización de la deuda eléctrica.

«Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema», afirma. La CNMC aprovecha para reclamar a Energía «una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente«.

Justifica congelar los peajes eléctricos

El borrador de orden ministerial de peajes eléctricos contempla un escenario de equilibrio entre costes regulados e ingresos procedentes de los peajes para 2017. Tras más de una década de déficit de tarifa, el sistema eléctrico ha arrojado superávit en 2014 y 2015, y lo hará previsiblemente en 2016. La CNMC considera en todo caso que los ingresos regulados previstos para 2017 son suficientes para cubrir los costes y, en consecuencia, está justificada la decisión de mantener congelados los peajes.

La CNMC aprovecha para pedir a Energía que apruebe de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las que tienen el resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria. También lamenta no haber podido valorar los ingresos por peajes de acceso a consumidores y generadores, y considera «inadecuado» el mecanismo de financiación con cargo a los Presupuestos del 50% del coste de las instalaciones de producción renovable ubicadas en territorio insular. Junto a esto, insiste en la necesidad de que Energía apruebe una metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución.

A propósito de esta metodología, el regulador indica que su aprobación servirá para contribuir a la transparencia del sistema en su conjunto y, en el caso del autoconsumo, para dotarlo de mayor certidumbre para su desarrollo. Competencia también advierte del incremento de los cargos transitorios por energía consumida para los subsistemas de Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera incluidos en la orden ministerial, sin que se justifique suficientemente el motivo de dicha variación.

Para el conjunto de autoconsumidores, se producirá una rebaja del 6,2% en el término fijo de los cargos para potencias contratadas no superiores a 10 kW. Entre 10 y 15 kW, la rebaja será del 3,6%. En cuanto a los términos variables, registran reducciones comprendidas entre el 3% y el 16,3% para los consumidores de baja tensión y entre el 8,4% y el 16,7% para el resto de los consumidores.

Energía remite a la CNMC su propuesta para congelar la parte regulada del recibo de electricidad y gas en 2017

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las propuestas de órdenes por las que se congelan los peajes de acceso de gas y electricidad para 2017, como viene ocurriendo desde la aprobación de las reformas energéticas, que suponen alrededor de la mitad de los recibos de luz y gas y con los que se pagan los distintos costes reconocidos al sistema.

El resto del recibo, tanto en el mercado libre como en las opciones reguladas (PVPC en electricidad y TUR en gas), lo conforman impuestos y el coste del componente energético, muy vinculado a la evolución de las materias primas, que viven un repunte en las últimas jornadas. Así, Energía reconoce que con esta decisión de congelar los peajes «los hogares verán amortiguado» el impacto de las fluctuaciones alcistas en el coste del gas y el petróleo en los mercados internacionales.

Una vez calculados los costes regulados previstos de los sistemas y el escenario de demanda estimado por el Ministerio para 2017, se tomó la decisión de mantener los peajes en los mismos niveles que en 2016, anunció el Ministerio. Según Energía, las previsiones a futuro apuntan a una “situación equilibrada” entre los ingresos y gastos «que permite la contención de la parte regulada de los precios de electricidad y gas».

Sube remuneración a las renovables

En el caso del sector eléctrico, la propuesta de orden refleja una previsión “moderada” de incremento de demanda eléctrica, en el entorno del 0,7% respecto a 2016. La remuneración del régimen retributivo específico para las instalaciones de producción a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos se incrementa en casi 600 millones de euros respecto de la del año anterior, como consecuencia de la revisión de parámetros retributivos que se llevará a cabo para el segundo semiperiodo retributivos 2017-2019. Además de mantener los peajes de acceso, se congelan los precios unitarios de aplicación a los consumidores eléctricos para la financiación de los pagos por capacidad, es decir, lo que cobran determinadas centrales por estar disponibles.

Incertidumbre en la demanda gasista

En lo que se refiere al sector del gas natural, “a pesar de la incertidumbre en la previsión de la demanda, fuertemente condicionada por la temperatura, se prevé un ligero superávit gracias al mantenimiento de los peajes para 2017”, señala Energía. Además, se proponen nuevos peajes de recarga de buques con gas natural licuado, con objeto de “incentivar el cambio hacia combustibles alternativos con menores emisiones de gases invernadero, así como para incrementar la utilización de las plantas de regasificación”.

El Gobierno no subirá la parte regulada de la tarifa eléctrica en 2017

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no subirá en la próxima revisión para 2017 la parte regulada de la tarifa eléctrica, los denominados peajes eléctricos que representan aproximadamente un tercio del recibo.

«Para este año, va a haber subida 0% en la parte que depende del Gobierno», afirmó Nadal en una entrevista en ‘Los Desayunos’ de Televisión Española.

El ministro, que señaló que el resto de la factura depende del coste de la energía, donde influyen la meteorología, y el precio del petróleo y el resto de materias primas, subrayó que tampoco se piensa tocar los impuestos sobre la electricidad, «ya son lo suficientemente altos y no hay ninguna intención de modificarlos».

En lo que se refiere al bono social, Nadal indicó que «es mejorable» el sistema como actualmente está planteado, aunque afirmó que, a pesar del consenso entre las fuerzas políticas, no es fácil que se pueda ligar a la renta.

A este respecto, defendió la idea de una tarjeta social para estos colectivos vulnerables que sirva para otros aspectos, además del energético, y que ya figuraba en el acuerdo de investidura y en el programa electoral.

Bono Social, asumido por las empresas

Igualmente, el ministro de Energía defendió que el bono social siga siendo asumido por las compañías, tal y como ocurría hasta ahora. «Todas las formaciones políticas llevábamos la mejora del bono social. Estaba puesto en la ley que lo pagaban las matrices de las comercializadoras y una sentencia del Supremo decía que era discriminatoria. Estas son el 94% del mercado, había un 6% que no contribuía, y estamos negociando que en vez de ese 94% sea el 100% y lo sigan pagando exactamente los mismos que lo estaban pagando hasta ahora», manifestó.

Nadal señaló que «la obligación del Gobierno es hacer que a los cinco millones de personas con dificultades energéticas en el país le salga más barata la energía«, para lo que, según su opinión, es necesario mejorar la relación entre la política energética y la política social «para aquellos que están en una situación peor», pero siendo «respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas».

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.599 hasta agosto, 342 millones menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.599 millones de euros hasta agosto, un 17% por debajo del escenario previsto. Las previsiones apuntan a una reducción progresiva del déficit provisional que propicie el equilibrio entre ingresos y costes a cierre del ejercicio. De hecho, la tendencia apunta a un nuevo superávit en 2016, tras los de 2014 y 2015.

La cifra de 1.599 millones de euros, incluida en la octava liquidación del sistema eléctrico de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es 342 millones inferior a la prevista. Ya en la liquidación de julio, el sistema eléctrico evolucionaba 249,5 millones mejor de lo previsto. El organismo presidido por José María Marín Quemada explica que la mejor evolución del sistema eléctrico se debe al buen comportamiento de los ingresos por peajes de acceso de consumidores, que fueron 135 millones superiores, y a los menores costes de las renovables y la cogeneración, inferiores en 151 millones a lo previsto.

La demanda en consumo registrada en la liquidación fue un 0,5% inferior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores resultaron un 1,7% superiores al valor promedio histórico. El déficit hasta agosto es resultado de que los ingresos totales del sector eléctrico fueron de 9.837 millones mientras que los costes sumaron 11.436 millones. El coeficiente de cobertura de esta liquidación se ha situado en el 83,38%. Este porcentaje recoge la proporción de retribución que van cobrando los agentes del sector en función de la entrada de ingresos en el sistema eléctrico.

En cuanto a la retribución a las renovables, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.688 instalaciones con derecho a retribución específica en agosto. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada por estos productores desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2016 ascendió a 4.332 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 577 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Por otro lado, los ingresos netos liquidables del sistema gasista fueron de 1.607 millones de euros, lo que supone una disminución del 6,4% respecto a los ingresos netos liquidables del mismo periodo del 2015. La retribución fija acreditada a las empresas ascendió a 1.936 millones de euros, un 1,7% superior a la del 2015. El déficit provisional se situó en 329 millones y el índice de cobertura se ha situado en el 83% de la retribución acreditada. La demanda de gas natural facturada hasta agosto, ascendió a 193,5 teravatios hora (TWh), lo que representa un descenso del 0,7% respecto al 2015 al reducirse la demanda de gas para generación eléctrica.