Energía afirma que una auditoría de las centrales nucleares «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad que cuestiona Iberdrola

Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que una auditoría de costes de la energía nuclear y la hidráulica, prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad o no de estas tecnologías en el actual marco regulatorio.

Así se pronunció Navia sobre las manifestaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a su voluntad de no reabrir Garoña debido a la falta de rentabilidad del negocio nuclear. En este sentido, Navia aseguró que «responder a esta cuestión sobre la base de la declaración de una empresa, que es una empresa de las muchas que hay y hay otras que no están diciendo lo mismo, no tendría sentido». «Es una cosa que hay que echar cuentas», añadió al respecto. Así, consideró que hay que cumplir el pacto con Ciudadanos y hacer esa auditoría de las energías no replicables (nuclear e hidráulica). «Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto», indicó.

Navia considera que el cierre definitivo de Garoña «no supondría un cambio respecto a la situación actual», ya que está parada desde hace años. «Esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso sobre cuál es la mejor fórmula. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear», añadió al respecto. Asimismo, Navia aseguró no tener conocimiento de que Nuclenor haya remitido ningún informe al Ministerio sobre la inviabilidad de Garoña ni de que la empresa haya solicitado la retirada de la licencia.

En lo que se refiere al bono social, el secretario de Estado afirmó que, una vez que se remitió a las comunidades autónomas el borrador del reglamento, espera que próximamente se pueda dar el siguiente paso, su remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda llevar a cabo su informe y, posteriormente, al Consejo de Estado y, «en paralelo, a Europa». Así, prevé que a principios de verano esté en vigor el reglamento del bono social, aunque dependerá de si se mantiene abierto más tiempo el plazo de aportaciones de las distintas partes.

No obstante, cree que superado el trámite con las comunidades autónomas, a las que corresponden en gran parte la gestión del bono social y con las que hay que discutir los umbrales de ingresos de las diferentes clases de beneficiarios, ya que muchas de ellas cuentan también con sistemas propios de ayuda al consumidor vulnerable, despejará la parte más importante para sacar adelante el reglamento.