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Ecologistas en Acción cree que Nuclenor mantiene Garoña para que sea precedente para extender el funcionamiento del parque nuclear

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EFE / Europa Press.- Mientras desde el PSOE del País Vasco exigen que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) detenga la evaluación de Garoña hasta que haya nuevo Gobierno, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, asegura que la propietaria de Garoña, Nuclenor, está soportando un «gasto notable» para mantener la planta abierta, aunque esté parada, para que sea un precedente en el parque nuclear español.

En su opinión, para Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, el gasto de mantener Garoña (Burgos) abierta con unos 300 trabajadores parece «algo ilógico» pero es «una inversión» «porque no se trata de mantener abierta esta central, sino de prolongar la vida de todo el parque nuclear». En este sentido, ha recordado que hay otras centrales que también están a punto de cumplir los 40 años que se fijaron para que funcionaran cuando se diseñaron, como Almaraz I, que los cumplirá en 2020 y Almaraz II, al año siguiente, y que se podrían beneficiar de una prórroga con «relativa facilidad» siguiendo el ejemplo de Garoña.

Castejón considera que el CSN también está contribuyendo a alargar la vida de la central de Garoña, al seguir la forma atípica de «licenciamientos parciales», en lugar de tratar todo el expediente para resolver la solicitud de prórroga, como se había hecho con anterioridad. De esta manera, considera el portavoz ecologista, se va «estirando» el periodo de resolución y se ganan meses de vida para el resto del parque nuclear. Además, parte de las especificaciones técnicas que se están aprobando para la central nuclear de Garoña son válidas para otras plantas y ya contemplan condiciones para que sigan funcionando más allá de los 40 años.

Castejón considera que la fórmula que está siguiendo el CSN con Garoña está sirviendo para evitar una valoración conjunta de la seguridad de la central burgalesa y el debate sobre una solicitud de prórroga por 17 años, la más larga planteada hasta ahora en España, que permitiría a la central llegar a los 60 años de actividad. Otro efecto del sistema de «resoluciones parciales» de la prórroga de Garoña es que «desmoviliza a los grupos ecologistas y a la sociedad», al convertirse en un tema que se prolonga en el tiempo y en el que se avanza a «pequeños pasos».

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción asegura también que en el caso de Garoña se están «vulnerando principios democráticos» al aprobar una ley «ad hoc» para que la central pueda seguir sin una orden definitiva de cierre tras su parada voluntaria en diciembre de 2012. También considera que el CSN, que es nombrado por el Parlamento y debe dar cuentas ante el Congreso, tendría que haber acatado la petición de todos los grupos parlamentarios salvo el popular para detener toda la tramitación del expediente de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno. Castejón insiste en que la aportación de Garoña a la red eléctrica es «prescindible» porque, a su juicio, España tiene una «sobrepotencia eléctrica de casi 60.000 megavatios-2.

PSOE vasco y el CSN

El PSOE del País Vasco aseveró que un Gobierno en funciones «no tiene legitimidad» para autorizar la renovación de la central nuclear de Garoña y, por tanto, debería ordenar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que detenga el proceso de evaluación hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo. En este sentido, los socialistas argumentan que en la actualidad la composición del CSN no se corresponde a la mayoría del Congreso de los Diputados, que es partidaria de cerrar esta central.

El PSOE considera que el «verdadero objetivo» del PP es «satisfacer los intereses del oligopolio eléctrico» y abrir Garoña «como punta de lanza para conseguir su gran objetivo prolongar la vida útil de las centrales nucleares» porque es «un negocio redondo para las eléctricas«. La formación socialista denuncia que el PP pretende dar un «golpe con premeditación y alevosía» para reabrir la central nuclear de Garoña, y ha animado a la sociedad alavesa a participar en el acto convocado para el 19 de marzo por todas las formaciones alavesas, salvo el Partido Popular, para reclamar el desmantelamiento de la planta.

Foro contra Garoña se concentrará este miércoles frente a la sede del PP en Vitoria para denunciar sus «engaños»

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Europa Press.- El Foro contra Garoña se concentrará este miércoles a las 19.00 horas frente a la sede del PP en Vitoria para denunciar los «engaños» y las «maniobras» para facilitar la «reapertura» de la central nuclear burgalesa, de la que reclaman su cierre definitivo ya que se encuentra muy próxima a varios municipios alaveses, y critican las «fábulas» contadas por los populares alaveses durante la campaña electoral.

Este colectivo critica que el PP y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el que los consejeros designados por el PP suman mayoría, «siguen adelante en su empeño» para propiciar la reapertura de la central, que permanece cerrada desde 2012, pero cuyos propietarios (Endesa e Iberdrola) pretenden reabrir. El Foro contra Garoña ha reprochado al PP y a su «brazo ejecutor» del CSN que hayan «desoído» a todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo el del PP, que han reclamado la «paralización» de toda medida que, en caso de revertirse un eventual permiso de reapertura, pueda dar lugar a una posterior reclamación de indemnizaciones por parte de los propietarios de la central.

Partidos políticos y organizaciones ecologistas lamentan que el CSN no haya atendido su petición de paralizar las decisiones sobre Garoña

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Europa Press.- Representantes de varios grupos del Congreso y de las principales organizaciones ecologistas lamentaron que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya informado favorablemente sobre varias actuaciones para la renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), y «se haya saltado a la torera» así su petición de no seguir con el proceso de evaluación hasta la conformación del nuevo gobierno, tal y como le solicitaron en una misiva todos los grupos parlamentarios, salvo el PP.

La secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Pilar Lucio, lamentó que el CSN no tuviera en cuenta la petición de dos tercios del actual arco parlamentario. «Le pedíamos que no hiciera ningún movimiento mientras la nueva mayoría parlamentaria pueda decidir sobre eso. Es un golpe democrático importante», sentenció Lucio, incidiendo en que la primera comparecencia que pedirán en cuanto se constituya la comisión parlamentaria de Energía será la del presidente del CSN, Fernando Martí, tal y como anunciaban en la misiva. «Tenemos que ver de qué manera revocar esta decisión teniendo en cuenta que el CSN es un órgano independiente pero cuyas decisiones las tiene que sufrir el Gobierno», indicó.

En este sentido, el diputado de Podemos y Equo, Juan López de Uralde, fue más allá y advirtió de que, además de la reapertura, se «abre la puerta a una posible reclamación por parte de Nuclenor (propietaria de la planta) por lucro cesante que podría conllevar, de ser aceptada, una indemnización a cargo de las arcas públicas, como ya ocurrió con el caso del Castor». De hecho, recordó que Nuclenor (Endesa e Iberdrola) ya reclamó «lucro cesante» cuando el gobierno de Zapatero decretó el cierre de la central; aunque en aquel caso el Tribunal Supremo dio la razón al ejecutivo.

Según reivindicó, el CSN es un órgano dependiente del Congreso y, a pesar de existir una mayoría parlamentaria que pide el cierre de Garoña, «el CSN hace oídos sordos«. «Esta decisión ratifica que el CSN está al servicio de las presiones de las eléctricas y del gobierno en funciones. El Consejo del CSN se ha burlado de la democracia y de la ciudadanía para favorecer los intereses del oligopolio eléctrico», criticó López de Uralde. Por parte del PNV, su portavoz de Energía, Pedro Azpiazu indicó que no esperaba que ésta fuera la respuesta del CSN, «mucho menos sin una comunicación previa a los firmantes de la carta tratándose del Parlamento».

Ecologistas denuncian «insumisión» del CSN

Por su parte, las organizaciones ecologistas denunciaron la «insumisión» del CSN hacia la voluntad del Parlamento, que le instó de forma extraparlamentaria a paralizar el expediente de renovación de licencia de Garoña. Así, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, indicó que aprobar las especificaciones técnicas de funcionamiento supone «avanzar hacia un informe favorable» a la vuelta a la producción de electricidad de Garoña que «servirá de coartada» para el próximo Gobierno de cara a autorizar que Garoña opere hasta los 60 años.

En este sentido, ha explicado que si el próximo Gobierno se opone a la continuidad de la central y se encuentra con tantos dictámenes positivos hacia la central se verá presionado y, probablemente, el titular, Nuclenor llevaría al Ejecutivo a los tribunales por su decisión. Por el contrario, si se constituye un gobierno a favor de reabrir Garoña «esto sería la coartada perfecta». Castejón cree que esto podría servir, especialmente a Ciudadanos, que «ha sido equidistante» en este asunto pero que con anterioridad se ha mostrado a favor de reabrir la planta si los técnicos así lo indican. «Este es un elemento que jugaría a favor de un posicionamiento favorable a reiniciar la central», considera.

En la misma línea, la portavoz de la campaña de energía de Greenpeace, Raquel Montón, calificó de «insumisión al Parlamento» lo que ha hecho el CSN, «en contra» de lo que le ha pedido «la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados» para que detuviera el proceso de renovación así como la sucesión de autorizaciones parciales. Además, manifestó su sorpresa porque el regulador atómico anuncie la fecha en la que probablemente remitirá el informe final al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, algo que ve «imposible» puesto que antes de eso el titular de Garoña, Nuclenor, deberá realizar una serie de pruebas para las que no tiene plazo. «No puede anticipar la fecha de emisión. ¿Qué significa eso?», se cuestiona.

Bildu pide cerrar definitivamente Garoña

Las dos diputadas de Bildu en el Congreso de los Diputados registraron dos iniciativas para pedir la no reapertura de Garoña, su cese definitivo, así como su desmantelamiento y un plan de reindustrialización de la zona para que su cierre «influya lo menos posible en la economía local». Así lo anunció la diputada Onintza Enbeitia, «Establecer el precedente de la prórroga a una central nuclear significa que todas las centrales que vienen después con su fecha de caducidad podrían estar en esta misma fase para poder asumir la reapertura 20 años más. No deberíamos llegar nunca a esa situación», consideró.

Podemos exige al CSN que detenga la evaluación de la reapertura de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno

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Europa Press / EFE.- Mientras el Gobierno autonómico de Navarra también reclama su cierre, la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos y diputada del grupo parlamentario de esta formación, Carolina Bescansa, entregó una carta en el registro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para instar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, a detener el proceso de evaluación de la solicitud de Nuclenor para volver a producir electricidad en la central nuclear de Garoña (Burgos), por lo menos hasta que haya un nuevo Ejecutivo.

Tras entregar la misiva en el registro del organismo, Bescansa se mostró en contra de la reapertura de la instalación e incidió en la necesidad de iniciar una «transición energética» hacia otras fuentes de energía «limpias y renovables». En todo caso, hizo hincapié en que un Gobierno en funciones no debería tomar decisiones cuyo efecto podría revertir en una aprobación de actividad de Garoña para los próximos 15 años. Según indicó, «no es el momento de tomar una decisión» mientras el Ejecutivo sea un Gobierno en funciones «transitorio» y señaló que, en caso de que el Parlamento o el próximo Ejecutivo decida clausurarla, el permiso de reapertura podría dar lugar a reclamaciones por lucro cesante.

«Tenga en cuenta que otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera mantener la actual orden ministerial de cese de explotación definitivo«, reza la misiva firmada por los diputados de Podemos y dirigida al presidente del CSN. Garoña está paralizada desde 2013 por decisión de su propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), que no renovó la autorización de explotación por motivos de no rentabilidad.

Para Bescansa, más allá de las cuestiones técnicas sobre la viabilidad o no de la reapertura de la instalación, la decisión sobre la vuelta a la actividad de la planta es también cuestión de «voluntad política» y de «un modelo energético de país». «En todo caso, las decisiones sobre energía nuclear no son decisiones aisladas sino que responden a un modelo energético de país y creemos que ya llegó el momento de que se plantee la transición energética de nuestro país, tan necesaria, hacia las energías limpias y renovables», subrayó.

Durante su intervención, Bescansa reiteró hasta 4 veces que Garoña es una instalación «gemela» de la central nuclear de Fukushima, en Japón, que fue destruida por un maremoto en 2009. En este sentido, el texto que han entregado en el CSN pone de relieve que la hipotética renovación de la concesión de actividad de Garoña sería «inédita en la historia de la seguridad nuclear de España» y supondría «autorizar llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida» cuando «su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años«. Asimismo, recuerdan que permitiría «una autorización administrativa de 17 años consecutivos, cuando jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años«.

Por estos motivos, «es debida una detallada explicación al Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que conllevaría esta inédita renovación», añade el documento. Finalmente, Podemos señala que la paralización de la actividad de la central en 2013 «no ha supuesto ningún problema para el suministro eléctrico«, situación que, a su juicio, podría prolongarse «unos meses más», hasta que se haya formado un Ejecutivo. «En consecuencia, le pedimos que el CSN detenga temporalmente el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña hasta la formación del nuevo Gobierno que deberá tomar la decisión final sobre el informe preceptivo que emita el organismo colegiado que usted preside actualmente», concluye el texto.

Navarra en contra de Garoña

El Gobierno de Navarra, formado por una coalición de nacionalistas vascos y partidos de izquierdas con el apoyo de Podemos, adoptó un acuerdo por el que solicita al Estado que no se reabra la central nuclear de Garoña, así como que se desmantele con seguridad para las personas y el medioambiente. En su acuerdo, el Ejecutivo que presidente Uxue Barkos ha considerado que «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada, y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral».

Podemos asegura que los «intentos» del PP para reabrir Garoña pueden suponer una indemnización de 900 millones de euros a sus propietarios

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Europa Press / EFE.- Podemos ha asegurado que los «intentos» del Gobierno del PP en funciones para «facilitar» la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar «más de 900 millones de euros» a las arcas públicas en concepto de indemnización a sus propietarios, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, denunció las «decisiones» que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031. El portavoz de Equo recordó que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que, según la normativa que regula estas situaciones, su margen de acción debe ser «el despacho ordinario de asuntos públicos». En este sentido, López de Uralde considera que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña por un período de 15 años exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

Asimismo, el portavoz de Equo argumentó que el PP logró a finales del año pasado el «control absoluto» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el PP, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene 3 representantes «afines» sobre un total de 5, con lo que dispone de la «mayoría absoluta» del CSN. Uralde incidió en que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, inició un procedimiento «específico» para «acelerar» los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, indicó que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura. López de Uralde subrayó que existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva. No obstante, advirtió de que si fructifican los «intentos» del PP para «facilitar» el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Nuclenor: Endesa e Iberdrola) a reclamar una indemnización por «lucro cesante», es decir, por el dinero que dejaría de ganar si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó «más de 900 millones» de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia. Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito, desde Podemos alertan de que «otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera» mantener el cierre«. Esto, según alerta Podemos, podría causar «graves problemas a la hacienda pública«.

La formación morada registró además una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a cerrar Garoña definitivamente, a impulsar un plan de reactivación económica para la zona y a establecer un calendario público de desmantelamiento de la planta. Asimismo, Podemos registrará también en las Cortes Generales una proposición para impulsar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico mediante la eliminación de las «trabas» actuales, la simplificación de los trámites y la creación de una legislación que favorezca esta opción.

Podemos /Equo pide en el Congreso que el Gobierno no reabra Garoña y que se derogue el decreto de autoconsumo

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Europa Press / EFE.- El grupo parlamentario de Podemos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a no reabrir la central nuclear de Garoña (Burgos). El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, recuerda que su partido defendió en campaña el cierre definitivo de esta central nuclear y añadió que con esta iniciativa pretenden poner de manifiesto la «barbaridad» que está a punto de cometer «un gobierno en funciones».

En su proposición no de ley, Podemos señala que el Consejo de Seguridad Nuclear está dando pasos para avanzar en la reapertura de la central y para establecer compensaciones económicas a Nuclenor, la empresa propietaria, de cara a un futuro cierre. Esta fuerza política considera «inadmisible» que en la actual situación política se desarrollen medidas que «comprometen presupuestariamente a un futuro gobierno si decide cerrar la central nuclear». «Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha», sostiene el portavoz de Equo en su iniciativa, que consideró «inaceptable» que el Gobierno en funciones «tratase de activar el proceso» de reapertura de la planta atómica, teniendo en cuenta que la mayoría del nuevo arco parlamentario lo rechaza.

En este sentido, Uralde recuerda el acuerdo parlamentario sellado en diciembre de 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria. En la iniciativa, se recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que le ha llegado el momento de ser desmantelada.

Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica de Garoña «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y además es gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima, «tristemente famosa» por protagonizar un «grave accidente» nuclear.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el gobierno del Partido Popular y la empresa propietaria (Nuclenor) están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo popular está utilizando el caso de la central nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

Por ello, la proposición no de ley planteada insta al Gobierno en el Congreso al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras». En la iniciativa, también plantea que el desmantelamiento de la instalación atómica contará con un calendario público de cierre definitivo durante el período, necesariamente de varios años, en el que se recoja también el consiguiente plan de reactivación económica de la zona.

Derogar la normativa de autoconsumo

Por otro lado, Podemos / Equo presentó otra proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno derogue «todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación». Uralde pretende con esta iniciativa fomentar el autoconsumo por motivos ecológicos, económicos y sociales con la aprobación de una normativa que reconozca el derecho a retribución por la energía vertida en la red y elimine cualquier tipo de peaje por el consumo instantáneo de energía autogenerada.

En la iniciativa, el dirigente ecologista subraya las «indudables ventajas» del autoconsumo energético, entre las que cita la reducción de costes en infraestructuras y mantenimiento, la reducción de la contaminación, el incremento del uso de renovables, el ahorro en la factura y la consecuente lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de un nuevo sector económico y la creación de puestos de trabajo. Por eso, Uralde critica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya aprobado tanto el decreto de Autoconsumo, que impone peajes a esta modalidad de uso de energía, como la Ley del Sector Eléctrico, que exige a todo este tipo de instalaciones contribuir a los costes y servicios del sistema en igualdad de condiciones con el resto.

Castilla y León insiste en que el debate sobre Garoña es científico pero el PSOE de Álava habla de «cacicada»

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EFE / Europa Press.- El PSOE de Álava ha calificado de «cacicada» que el Gobierno en funciones del PP «intente reabrir» la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha exigido a los populares que «frenen cualquier gestión» en ese sentido. Por su parte, desde la Junta de Castilla y León insistieron en que el debate sobre la reapertura de la central nuclear no es político o ideológico, sino científico, y a pesar de que están 1.000 empleos en juego «la prioridad es la seguridad».

Ante el anuncio de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudiará distintos asuntos relacionados con esta central nuclear, la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, se mostró «muy respetuosa» con lo que ese órgano decida y estarán con las prescripciones que haga, atendiendo los criterios técnicos sobre la renovación o no de la licencia de la central. «No debería ser un debate político sino avalado por esa seguridad sobre la que nadie debe ni quiere correr ni el más mínimo riesgo», sostuvo.

Valdeón ha insistido en que acatarán lo que digan los científicos, reconociendo la preocupación de la Junta en cuanto a la incertidumbre por las mil familias que dependen directamente de esta estructura energética, aunque «la prioridad es la seguridad», ha recalcado. «A veces la utilización es más ideológica y sectaria que real; cuando es una decisión puramente científica», ha opinado la también portavoz de la Junta de Castilla y León.

«No hay nada nuevo en este sentido, el Gobierno defiende que pueda funcionar con normalidad siempre que cumpla las preinscripciones técnicas de CSN», ha aseverado. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consideró recientemente un lujo prescindir de la energía nuclear, ya sea de la planta de Garoña como de cualquier otra. Estas afirmaciones se produjeron el mismo día en el que el Consejo de Seguridad Nuclear aplazó sin fecha distintos asuntos relacionados con esta central que tenía previsto tratar en la reunión ordinaria de su pleno.

Garoña, el reactor más antiguo del país, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de sus propietarios, Nuclenor (participada al 50% de Endesa e Iberdrola). El CSN continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta. Recordó, asimismo, que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria para operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años, operación que después fue remitida al CSN para evaluarse.

«Cacicada» del Gobierno del PP

Por su parte, el PSOE de Álava ha calificado de «cacicada» que el Gobierno en funciones del PP «intente reabrir» la central nuclear de Garoña y ha exigido a los populares que «frenen cualquier gestión» en ese sentido.En este sentido, el PSOE de Álava tachó de «demoledoras» las afirmaciones de Soria y aseguró que lo que no se puede permitir es el «lujo de arriesgar la seguridad de las personas». Por ello el PSOE alavés ha pedido a los populares que «dejen al nuevo Gobierno que vele por la seguridad de la ciudadanía y no por los intereses de Nuclenor«, como en su opinión ha hecho el PP durante los 4 años de legislatura.

Greenpeace pide esperar nuevo Gobierno

Mientras, desde Greenpeace han reclamado al CSN que paralice la tramitación de la solicitud de renovación de la licencia de operación de la central nuclear de Garoña porque asegura que se está realizando sin participación pública, con «total opacidad» y rompiendo las «buenas prácticas» en materia de seguridad nuclear. Greenpeace ha denunciado que la tramitación de la licencia va en contra de la voluntad de la mayoría de los representantes del Congreso, que «se han opuesto públicamente a esta reapertura». Al mismo tiempo, la ONG está pidiendo a los diputados que insten al CSN a paralizar el proceso hasta que se constituya un nuevo gobierno.

La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado que el pleno del CSN «sin unanimidad» está permitiendo que el Ministerio de Industria en funciones del Partido Popular pueda conceder una licencia a Garoña, de modo que las empresas dueñas de la central (Iberdrola y Endesa) podría exigir «lucro cesante» si el Gobierno decide cerrarla. «El Parlamento debe impedir el expolio de la hacienda pública que se está tramando por parte del Gobierno en funciones», ha reclamado.

Indemnización por el lucro cesante

A su juicio, el CSN está acelerando un informe «condicionado» sobre la licencia hasta 2031 para que el Ministro pueda dar «en sus últimos días» en funciones la autorización a Nuclenor para abrir de nuevo la central. Esto conllevaría que las empresas propietarias podrían reclamar pérdidas por lucro cesante en caso de que un próximo Gobierno decida desmantelarla. Además, subraya que sería una «renovación inédita en la historia» de la seguridad nuclear de España porque supondría dar una autorización a un reactor por 17 años, cuando «jamás» se renovaron plantas por más de 10 años.

Greenpeace recuerda que incluso los propios técnicos del CSN han denunciado públicamente la «opacidad y dificultades» para hacer su trabajo y lamenta que la situación interna de enfrentamiento de los técnicos del regulador atómico con el personal de dirección. Por ello se manifestaron a las puertas del organismo regulador. En el CSN están en discusión temas como la modificación del procedimiento interno para clasificar la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), el retraso de la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), motivada por el retraso del proyecto del ATC al ser este un elemento estratégico del PGRR, la situación del Código Ético y Plan de Comunicación que el CSN debía realizar.

Nuclenor anuncia que avanza en sus proyectos mientras Soria asegura que «no podemos permitirnos el lujo» de prescindir de Garoña

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Redacción / Agencias.- Nuclenor, el titular de la central nuclear de Garoña, indicó que «sigue avanzando en los proyectos» de poner a punto la planta de acuerdo a las instrucciones y requisitos establecidos «a la espera de la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear». Mientras tanto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, considera que es «un lujo que no nos podemos permitir» el prescindir de la energía nuclear, ya sea de la planta de Garoña como de cualquier otra.

En este sentido, el ministro ha reiterado que Garoña (Burgos) seguirá operando si cumple con las condiciones e inversiones que pueda establecer más adelante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), máximo organismo regulador en materia de seguridad nuclear. Soria incidió en que la nuclear generó el 21% de la electricidad en España durante 2015 y consideró que el país no se puede permitir «determinados lujos; y uno de ellos desde luego es prescindir de la generación de energía nuclear». En consecuencia, tanto en el caso de Garoña como en el de cualquier otra central nuclear en España, «permanecerá abierta o no en función de que cumplan o no los requisitos y las inversiones que a tal efecto establezca el CSN«.

«Siempre dijimos que la energía nuclear es una tecnología importante dentro de lo que es el mix energético español», añadió al respecto. Por ello, Soria reiteró la voluntad del Ejecutivo de autorizar la reapertura de la central nuclear de Garoña. «Si se cumplen todas las condiciones que se establecen desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de las inversiones que el CSN considera que tiene que hacer, desde luego el gobierno va a dar luz verde a la reapertura», subrayó Soria, que recordó que esa «fue una de las primeras decisiones» que adoptó el ejecutivo de Mariano Rajoy en la pasada legislatura»

Nuclenor sigue «avanzando» sus proyectos

Por su parte, Nuclenor anunció que «sigue avanzando en los proyectos» de poner a punto la planta de acuerdo a las instrucciones y requisitos establecidos «a la espera de la evaluación del CSN». Así lo confirmó el director de comunicación de la planta atómica burgalesa, Elías Fernández, tras conocerse que el pleno del regulador atómico aplazó a una próxima reunión el estudio de varias cuestiones relativas a los requerimientos realizados a la central de cara a la posterior evaluación de la solicitud de Nuclenor de volver a producir electricidad hasta marzo de 2031, cuando cumpla 60 años de edad. Además, indicó que el personal de Garoña sigue realizando sus funciones con normalidad y que se están acometiendo las mejoras requeridas.

El CSN aplaza los asuntos relacionados con Garoña y el ATC ante las críticas de formaciones ecologistas como Equo

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Redacción / Agencias.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó el aplazamiento de los asuntos relativos a la central de Garoña (Burgos) y al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de alta actividad, que tenía previsto abordar durante su pleno. La decisión coincide poco después de que formaciones como Equo y organizaciones ecologistas denunciaran que, durante este pleno, el CSN quería volver a poner en marcha el proceso de reapertura de la nuclear burgalesa, algo que consideraban «inaceptable» al estar el Gobierno en funciones.

Su aplazamiento a una próxima reunión, cuya fecha no se concreta, se hace «de conformidad con las reglas del funcionamiento del pleno, como se hace habitualmente cuando se considera conveniente para la toma de decisiones y de acuerdo con el Estatuto del CSN», comunicó el máximo organismo regulador en materia de protección radiológica y de seguridad nuclear del país. Garoña, el reactor nuclear más antiguo de España, se encuentra paralizado desde 2012 por decisión de su propietario, Nuclenor (participada al 50% de Endesa e Iberdrola), que solicitó al CSN volver a operar la planta hasta 2031, cuando cumpla 60 años desde su puesta en marcha.

Se continúa evaluando la solicitud

El CSN remarcó que continúa evaluando la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la citada planta atómica. Recuerda asimismo que Nuclenor presentó en 2014 una solicitud de renovación de autorización de explotación al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que después fue remitida al CSN para su evaluación. Los asuntos aplazados se refieren a la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento mejoradas de Garoña, cambios de diseño en sistemas eléctricos, aislamiento de su contención primaria y la ampliación de las condiciones de uso de un edificio de almacenamiento de dicha central nuclear. También se aplazó la evaluación de una instrucción técnica sobre la aplicación de una directiva europea al ATC previsto en Villar de Cañas (Cuenca).

«Al margen de la coyuntura política», el Consejo de Seguridad Nuclear, como organismo independiente del Gobierno, «continúa desarrollando de manera ordinaria su labor de evaluación y análisis de todos los asuntos de su competencia», añadieron. En los temas que sí se trataron, el pleno informó favorablemente de una modificación de Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de los dos reactores de Almaraz (Cáceres) relativa a las fuentes de corriente alterna, y aprobó la sustitución del vocal de Nuclenor en el tribunal de licencias del CSN para la nuclear de Garoña, así como diversos expedientes de instalaciones radiactivas.

«Inaceptable con Gobierno en funciones»

Previo a este aplazamiento, el portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, tachó de «inaceptable» que el Gobierno en funciones «trate de activar el proceso de renovación de la licencia de operación de la central nuclear de Garoña», con el rechazo de la mayor parte de la oposición porque «no tiene el mandado ciudadano para hacerlo«. «Ha sido bastante indignante el conocer que de repente el CSN pone en marcha el proceso de reapertura. Es inaceptable para un Gobierno en funciones», señala el nuevo diputado de Equo después de conocer que el pleno del órgano regulador tenía previsto estudiar cuestiones de carácter técnico necesarias para poder valorar la renovación de la licencia de la central nuclear.

Greenpeace pronostica que el Gobierno actual autorizará la reapertura de Garoña, y la consideran ‘innecesaria’

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Europa Press/EFE.- La organización ecologista Greenpeace cree que el actual Gobierno planea dar el visto bueno a la licencia de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, hasta 2031, y que lo hará para que, en caso de que el próximo Ejecutivo salido de las urnas el 20 de diciembre, decida desmantelarla los propietarios puedan reclamar «pérdidas por lucro cesante».

En este sentido, la organización denuncia que «tras tres años sin producir electricidad, dos años y medio sin licencia de explotación y un año y medio sin realizar las evaluaciones pedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la consideración de una nueva licencia, el organismo regulador está acelerando la publicación de un informe condicionado, sobre la licencia hasta 2031, para que Industria pueda dar, en los últimos días de gobierno, la autorización a Nuclenor».

Precisamente, la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, cumple este miércoles 16 de diciembre tres años desde su cierre, algo que para la organización ecologista demuestra que su papel es «innecesario».

«El pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los 60 años de antigüedad para permitir que Industria conceda una licencia a esta central en el tiempo de descuento de esta legislatura», sostiene Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

«Garoña seguirá sin producir electricidad en 2016, porque no cumple todos los requisitos de seguridad. Pero sí es posible que sus dueños se lucren si el Gobierno ‘in extremis’ les autoriza a poder reabrir», ha añadido Montón.

 

Nuclenor sigue la puesta a punto de la central

Por su parte, la empresa propietaria Nuclenor (Iberdrola50%-Endesa 50%), defiende que sigue trabajando en su puesta a punto, a la espera de obtener los permisos pertinentes para su reapertura.

Así, señala que continúa trabajando en cumplir los 22 requisitos que le impuso el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en agosto de 2014, a través de una Instrucción Técnica Complementaria (ITC), para la renovación de la autorización de explotación de la central de Garoña, según informó la instalación en una nota aclaratoria del pasado 4 de noviembre. «Los resultados de la citada revisión, recientemente finalizada, confirman que la condición de la vasija y sus internos es apta para continuar su operación a largo plazo».

Para el desarrollo de toda esta actividad Nuclenor mantiene al día de hoy una plantilla de 252 trabajadores y emplea a unas 200 personas de empresas colaboradoras.

 

La Plataforma contra Garoña llenará Álava de pegatinas tras prohibirse la marcha

La iniciativa «Araba sin Garoña» no recurrirá la decisión de la Junta Electoral Provincial de Álava de prohibir la manifestación contra la reapertura de esta central nuclear convocada para el sábado y en su lugar repartirá «miles de pegatinas» para que los ciudadanos se expresen masivamente.

En lugar de la manifestación los convocantes han decidido repartir entre la población alavesa pegatinas con el lema «Garoña ez ezkerrik asko» (Garoña, no gracias), para que los ciudadanos las luzcan desde el viernes y vayan a las urnas con estos distintivos.

«Si no quieren taza, taza y media», ha dicho el portavoz del colectivo, Alberto Frías tras hacer un llamamiento para que se llenen las calles de «miles de pegatinas» y que esta acción se convierta en «un grito» que sustituya a la manifestación prohibida.