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La radiación de Fukushima no tuvo impacto en la salud pública, según un informe

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EFE.- La radiación emanada del accidente nuclear de Fukushima no ha tenido un impacto significativo sobre la salud de los habitantes de las zonas más próximas la planta, según un informe elaborado por expertos sanitarios nipones. La gran mayoría de estos ciudadanos recibieron dosis muy leves de radiación desde la catástrofe acaecida en 2011, y no presentan una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con la radiactividad, según las conclusiones del estudio dirigido por Koichi Tanigawa, profesor de la Universidad Médica de Fukushima.

No obstante, el informe muestra un marcado incremento de las patologías psiquiátricas a raíz del accidente, así como un notable aumento de otras enfermedades entre las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras decretarse la orden de evacuación en las proximidades de la planta. El estudio se basa en datos médicos recopilados tras el accidente causado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011 y hasta 2014, y fue realizado a petición del Gobierno de la prefectura nipona de Fukushima.

«Afortunadamente, podemos decir que hasta la fecha no ha habido ningún impacto apreciable de la radiactividad en la salud pública de la zona», afirmó Tanigawa, quien también destacó la necesidad de «continuar analizando la situación para observar posibles efectos a más largo plazo». Entre los residentes de Fukushima, la incidencia de enfermedades como la leucemia, del cáncer de mama, de tiroides y de otros tipos es «equivalente a la de otras zonas de Japón», señaló.

El informe incluye datos de las dosis de radiación que recibieron los habitantes de las localidades más cercanas a la planta antes, durante y después de la evacuación. Los niveles de radiactividad a los que resultaron expuestos los ciudadanos de esta zona fueron «extremadamente bajos», ya que en una amplia mayoría de los casos (el 60%) se sitúan por debajo de 1 milisevert por año, dentro de los límites considerados seguros por los organismos internacionales.

Al margen de las enfermedades vinculadas a la radiación, se observa un agudo incremento del síndrome de estrés postraumático, de la ansiedad crónica, de la depresión y de otros desórdenes mentales entre la población de Fukushima. La proporción de personas con patologías psiquiátricas se situó en un 14,6% entre los ciudadanos de esta prefectura nipona entre 2011 y 2013, muy por encima de la cifra de las otras zonas del país más afectadas por la catástrofe (6,2%) y de la media nipona (4,6%). Asimismo, el informe refleja un «deterioro preocupante» en las condiciones de salud de las 165.000 personas que fueron evacuadas a raíz del tsunami, y entre los cuales cerca de 70.000 continúan sin poder volver a sus hogares.

El CSN acusa a la asociación de técnicos ASTECSN de filtraciones interesadas sobre Almaraz y estudia acciones legales

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Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado por unanimidad un comunicado en el que defiende su «independencia y autonomía» como «único» organismo regulador encargado de la seguridad nuclear y la protección radiológica en España, y acusa a la ASTECSN, una nueva asociación de técnicos, de «filtraciones» e «informaciones» interesadas cuyas repercusiones legales está estudiando.

En un comunicado poco habitual emitido por el regulador, los consejeros exponen su posición «ante circunstancias e informaciones que se han venido produciendo» sobre varios asuntos y respecto del funcionamiento y gestión del CSN en «temas de su competencia durante estos últimos meses». En concreto, defiende el ejercicio de sus competencias y asegura que las seguirá haciendo «con total independencia y autonomía» según exige la ley. Además, explica que en los procesos de licenciamiento, como la de la solicitud de renovación de licencia de la central de Garoña que estudia en la actualidad, su labor regulatoria está «reglada» y «se limita» a emitir un informe preceptivo y vinculante si es negativo al Ministerio de Industria.

«En dichos procesos el CSN sólo y exclusivamente puede informar de las cuestiones relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica, sin emitir opiniones o conclusiones que puedan ser materia de política energética o que estén fuera de sus competencias», insiste. Por tanto, traslada al Ministerio la responsabilidad de «analizar o tener en cuenta cuestiones de oportunidad política, criterios económico-financieros, sociológicos o de política energética». En este contexto, se refiere expresamente a la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), creada hace unos meses. Así, los consejeros opinan que las actividades que realizan «no han contribuido a potenciar el ambiente de neutralidad y reposo en los análisis y evaluaciones técnicas, que son propias del CSN”.

´”Acciones criticables y nada transparentes”

Según el CNS, ASTECSN es una asociación privada de la que ha solicitado información a la Junta Directiva, pero que desconoce su composición. De este modo, señala que conoce por comentarios internos que está formada por algo más de una veintena de técnicos. En este contexto, denuncia sus actuaciones «criticables» porque la organización se ha pronunciado “en paralelo” sobre cuestiones que están siendo evaluadas, «unas veces dirigiendo al Pleno su opinión fuera de los procedimientos establecidos y con clara inobservancia de los cauces de tratamiento de discrepancias técnicas, que existen en el organismo; otras veces, la información interna y de trabajo fue publicada incluso antes de su conocimiento por el Pleno y de que finalizasen los procesos internos de evaluación».

A su juicio, estas actuaciones desde el punto de vista regulador son «cuanto menos muy criticables» y las califica de procedimiento inorgánico y «nada transparente» pues sus valoraciones «aparentemente técnicas, se realizan bajo la cobertura de la asociación, pero desde el anonimato de su autor o autores«. El pleno del CSN insiste en que «desconoce la identidad» de los miembros de la asociación salvo de los miembros de su junta directiva y, por tanto de los funcionarios internos del regulador atómico que están elaborando estas opiniones que se dirigen al pleno «o que son recogidas por los medios de comunicación». En este contexto, el regulador atómico insta a que se canalicen orgánicamente mediante los procedimientos establecidos para dichas discrepancias técnicas.

Gota que colma el vaso

El último episodio de estas actuaciones ha sido una información que alertaba de posibles fallos en el sistema de agua y, en consecuencia, de la seguridad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), de la que el pleno finalmente concluyó que no es necesario requerir actuaciones adicionales al titular y que sus garantías de expectativa razonable de operatividad son «suficientes». Sin embargo, advierte de que la normativa existente indica que cuando se vierten “informaciones personales o privadas”, bajo el paraguas «técnicos del CSN» y que no suponen «en ningún caso» la posición oficial del CSN, «pueden provocar una alarma social no justificada que socava la credibilidad del regulador y ocasiona un daño moral a los ciudadanos totalmente inmerecido e injustificado».

A juicio de los cinco consejeros, esto es lo que pasó con la cuestión de Almaraz, de cuya situación de seguridad el CSN se reitera y aunque no considera requerir al titular actuaciones adicionales, informa de que está realizando un seguimiento detallado de los resultados del plan de actuaciones del titular así como una evaluación de la información adicional que este suministre en virtud de los compromisos adquiridos con el CSN. Por último, el CSN indica que se está reservando la posibilidad de iniciar acciones legales que pudieran derivar de «los hechos y las cuestiones que pudieran ser contrarios a ley» para proteger las actuaciones del cuerpo técnico con el máximo rigor, igual que los procedimientos establecidos en el organismo.

El CSN presenta una denuncia por las pancartas desplegadas en su sede por Greenpeace contra la reapertura de Garoña

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Redacción / Agencias.- Activistas de la organización ecologista Greenpeace desplegaron 2 pancartas de 27 m2 cada una sobre la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid. Bajo los mensajes Stop Garoña y Stop nucleares, Greenpeace expresó su rechazo a la reapertura de la central nuclear burgalesa. El CSN presentó la correspondiente denuncia por el acceso a su sede central ante la Dirección General de la Policía. 6 activistas de Greenpeace fueron detenidos.

Los hechos transcurrieron así: 2 vehículos con miembros de la organización Greenpeace accedieron al edificio del CSN por los pasos del garaje, que estaban abiertos para el acceso del personal del CSN, y desplegaron pancartas en la fachada del edificio para pedir el cierre de Garoña (Burgos). Dichos vehículos han sido retenidos por el servicio de seguridad de la sede del CSN, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una vez alertados, tomaron el control del incidente, según explicó el organismo regulador. La Policía Nacional detuvo y trasladó a dependencias judiciales a 6 activistas tras permanecer colgados de la fachada del CSN durante más de 4 horas.

El Pleno del CSN lamentó la acción de Greenpeace, pues como órgano regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, con carácter independiente, «no debe verse influenciado por presiones de ningún tipo. Además las competencias del CSN en la renovación de Garoña «se limitan a la emisión del informe técnico»; corresponde al Ministerio de Industria la resolución final, «tanto en lo que se refiere a la concesión o denegación de la petición, como a cualquier eventual decisión sobre la suspensión de dicho informe técnico». El CSN apela a la responsabilidad de los distintos grupos de interés para que no lleven a cabo acciones reivindicativas que pueden ser interpretadas como «una presión moral y jurídicamente injustificada sobre un organismo regulador».

Greenpeace quiere paralizar el proceso

Además de la protesta realizada en la fachada del CSN, junto a la puerta de la sede otros activistas han portado una tercera pancarta en la que se podía leer Por un CSN independiente. De este modo, Greenpeace pide al CSN que paralice el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña, “después de que en el último pleno, el pasado 3 de febrero, aprobara varios informes que allanan el camino para que se pueda emitir un informe favorable que permita darle una licencia a la central nuclear burgalesa para operar hasta los 60 años”.

La organización apunta que, con esta decisión, el presidente del CSN, Fernando Martí, «ha hecho oídos sordos a la mayoría del Parlamento» ya que todos los grupos parlamentarios, menos el PP, habían pedido previamente a través de una carta que paralizara el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. En la misiva también le comunicaban que solicitarían su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso tan pronto como esta se constituya, solicitud que ya se ha llevado a cabo. Para la organización ecologista, la decisión del CSN es “inaceptable, teniendo en cuenta que corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN”.

Greenpeace denuncia que “las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del PP del que proceden 3 de sus miembros, incluido el presidente del organismo regulador”. La organización ecologista recuerda que el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía, una decisión, a su juicio, «muy cuestionable» teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que es independiente de la Administración General del Estado. “Entre las tareas de Marti como secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN», subrayó Greenpeace.

En este sentido, Greenpeace también recuerda que otro consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20-D, nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en lo que consideran «una maniobra que les permitió dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones».

Aparte de la protesta, Greenpece ha lanzado también una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares. «El CSN no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años deben ser tomadas de forma transparente e independiente», señaló la organización.  «El presidente del CSN ha preferido seguir acatando las órdenes del gobierno en funciones de Partido Popular», denunció Marta González, portavoz de la campaña de nuclear de Greenpeace.

La francesa EDF extiende la vida de sus centrales nucleares en el Reino Unido

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EFE.- La eléctrica francesa EDF confirmó que extenderá en varios años la vida de 4 de sus centrales nucleares en el Reino Unido, tras realizar «exhaustivos» análisis técnicos y de seguridad. EDF, participada por el Estado francés, mantendrá abiertas 5 años más las plantas inglesas de Heysham 1 y Hartlepool, que iban a ser cerradas en 2019, mientras que Heysham 2 y Torness, en Escocia, recibirán una prórroga de 7 años, hasta 2030. La decisión de retrasar el cierre salvaguardará unos 2.000 empleos fijos y 1.000 autónomos.

«Nuestra continua inversión, nuestra experiencia y la relación profesional con el regulador significa que podemos prolongar con seguridad la vida operativa de nuestras plantas nucleares», manifestó el consejero delegado, Vincent de Rivaz. EDF está pendiente de concretar su inversión para una nueva planta en Hinkley Point, después de haber llegado a un acuerdo con China para que ésta se haga cargo de un tercio del coste, a cambio de una participación del 33,5%. De Rivaz aseguró que, pese al retraso, sigue en marcha este gran proyecto nuclear, cuyo coste estimado es de 18.000 millones de libras (23.000 millones de euros).

Podemos defiende planificar el cierre de las centrales de carbón, clausurar las nucleares antes de 2024 y prohibir el fracking

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EFE / Servimedia.- El documento presentado por Podemos para intentar un gobierno de coalición con el PSOE propone la planificación del cierre de las centrales de carbón, aunque garantizando «una transición justa» de los empleos de esta actividad hacia otros sectores. Asimismo, se subraya que la meta es que haya un sistema eléctrico 100% renovable en 2050 y que todas las centrales nucleares estén clausuradas en 2024. También quiere una Ley de Cambio Climático y rechaza el fracking y realizar nuevos sondeos petrolíferos.

Todas estas medidas aparecen recogidas en el documento en el apartado relativo al modelo económico e industrial, que tendría como meta «la transición energética hacia una economía descarbonizada, menos dependiente enérgicamente del exterior y más eficiente». Podemos aboga por «un Gobierno del Cambio» que impulse una reforma del sistema eléctrico, entre cuyos ejes estaría lo relativo al carbón. La formación que lidera Pablo Iglesias aboga por «la planificación del cierre de las centrales de carbón, garantizando una transición justa de los empleos de esta actividad hacia otros sectores». Ya en el programa de las elecciones generales del 20 de diciembre, Podemos defendía «el cierre progresivo de las centrales de carbón».

Por otro lado, Podemos defiende además una fiscalidad verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes. Para ello, se reformarán los impuestos sobre los hidrocarburos y el carbón y, en particular, los beneficios fiscales existentes, señala el texto. Las críticas desde los territorios mineros no han tardado en producirse. La secretaria de Política Municipal del PSOE y diputada por Asturias, Adriana Lastra, criticó a Podemos por su postura sobre el carbón. «Podemos se alía con el PP contra la minería del carbón. En campaña lo negaban. Esto es lo que pinta Podemos Asturias», ha censurado Lastra en Twitter.

En las propuestas presentadas por el PSOE para intentar pactar un gobierno, no se menciona el asunto del carbón. En su programa electoral, los socialistas planteaban que hasta que se avance hacia una transición energética y una economía libre de emisiones, era preciso encontrar una «solución justa» para la minería del carbón. Esta salida, según los socialistas, debería combinar su compromiso de «cero emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética del país y la seguridad del suministro».

Rechazo al fracking o prospecciones

Volviendo a la propuesta de Podemos, el documento Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable y con garantías aboga por el «cierre paulatino» de las centrales nucleares que actualmente están en funcionamiento en España, Además, plantea la prohibición del fracking y de nuevos sondeos de hidrocarburos y aprobar una Estrategia de Rescate Ecológico a 20 años para recuperar las zonas degradadas por causas diversas, con especial atención a la biodiversidad. Derogar la Ley de Costas, medidas para llegar al «vertido cero» e inversiones públicas en infraestructuras ambientales son otras propuestas realizadas.

La formación de Iglesias reivindica la elaboración de una Ley de Cambio Climático que recoja una potenciación de las actuaciones autonómicas sobre política forestal encaminadas a la repoblación con especies autóctonas y retomar las negociaciones con la Unión Europea para hacer una propuesta de gestión de emisiones de CO2 y poner precio fijo a la tonelada de carbono emitido. Esa nueva norma supondría elaborar un plan de transición energética para que el 100% del consumo proceda de energías renovables en 2050 y un plan de reducción de emisiones en los sectores difusos (residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión).

Bogas (Endesa) critica que la regulación eléctrica está «inacabada» y solicita con Villaseca (Gas Natural Fenosa) una reforma del mercado

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que la regulación eléctrica está «inacabada», es «muy mala» e impide avanzar al sector, unas deficiencias que achacó a la falta de tiempo del Gobierno para completar una reforma que, según reconoció, acabó con el déficit. Bogas subrayó la necesidad de reformar el mercado eléctrico, que sufre un «acumulación de anomalías» económicas como resultado de las «modas y manías» de las diferentes políticas energéticas y la «falta de perspectiva a largo plazo».

Según señaló, en esta reforma será prioritaria la modificación del sistema de pagos por capacidad, la modernización de la red de distribución, para adaptarse a la generación distribuida, y el mantenimiento durante su vida útil de nucleares y centrales de ciclo combinado. También ha explicado que el nuevo modelo tendrá que adaptarse al papel de las renovables, el carbón o las nucleares. Además, tenderá a desarrollar centrales más pequeñas y no vinculadas a las materias primas, es decir, a renovables.

Asimismo, consideró que el sector eléctrico tiene un papel «muy importante» dentro del camino hacia la descarbonización de la economía y que el «gran problema» es cómo se hace esa transición hacia el 100% renovable. «Una vez suscrita la COP21, a las empresas nos llevará a hacer sólo renovables», auguró. Eso sí, Bogas también se mostró partidario de aprovechar «al máximo» los sistemas de generación actuales, ya que subrayó que está «fuera de lógica el cerrar las centrales nucleares con 40 años«. Finalmente, criticó el sistema de tarifas eléctricas, donde la mitad aproximadamente «no tiene nada que ver con la tarifa y con los costes».

«El mercado ya no funciona»

También el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha coincidido con Bogas en que es preciso reformar el mercado. «La regulación se ha cargado el mercado y ese es un problema muy complicado que no tiene ni pies ni cabeza», añadió Villaseca. A su juicio, «el enorme problema» es que el mercado no marca precios correctos», ya que «casi la mitad de la oferta (renovables y cogeneración) entra subvencionada y en condiciones no impuestas por el mercado». Además, expresó sus «serias dudas» de que con las actuales condiciones de mercado los precios permitan el desarrollo de las energías renovables sin primas y puntualizó que seguirán necesitando «subvenciones» durante los próximos años para cumplir los objetivos comprometidos con Europa.

En cuanto al autoconsumo, Villaseca ha defendido la necesidad de que los usuarios paguen los costes de respaldo del sistema eléctrico porque la posibilidad de que el autoconsumidor cuente con un enchufe cuando la energía autoproducida no sea suficiente «no es caro, es carísimo«, y que implica redes y centrales que tienen que estar preparadas para suministrarle. De hecho, advirtió sobre la posibilidad de que se pueda generar «un agujero en el sistema como el déficit eléctrico que llegó a representar el 3% del PIB; antes de lanzar una medida hay que mirar las consecuencias».

El exsecretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández-Cuesta, marcó como necesario poner en marcha un nuevo marco de política energética que se adapte a la necesidad de descarbonización y los avances tecnológicos, especialmente en cuestiones como las baterías, las renovables o la generación distribuida. Este cambio deberá conducir además a una modificación en el sistema de recuperación de la inversión, donde se dará mayor peso a los pagos por capacidad y de ajuste frente a las señales de mercado actuales, es decir, a un modelo donde los costes fijos tengan mayor peso que los variables.

Nadal se pregunta si «¿estamos locos?» por querer cerrar las nucleares a los 40 años y critica al PSOE

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó la propuesta del PSOE de cerrar las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y se preguntó si «¿estamos locos?», ya que consideró que se trataría de algo similar a decretar que se iban a derruir todos los edificios o las fábricas al llegar a esa antigüedad. En este sentido, Nadal arremetió contra los socialistas por tener un «enfoque corto» en sus propuestas energéticas.

Así se expresó Nadal analizando las medidas presentadas por el PSOE para alcanzar un acuerdo de Gobierno y cuestionó que vayan a permitir crecer, innovar y avanzar a la economía y al sector energético. Sobre las nucleares, tras recordar que producen el 20% de la energía sin emitir emisiones de CO2, rechazó que se pueda tomar una decisión sobre su cierre, sin tener en cuenta si cumplen los niveles de seguridad necesarios, ya que encarecerá un 20/25% los costes del sistema. Además, expresó sus dudas sobre la posibilidad de mantener la seguridad del suministro si se producen estos cierres, ya que el documento socialista no habla de interconexiones, que considera que serían la «única alternativa».

Nadal defendió su gestión y aseguró que la política energética, más allá de combatir el déficit, implica «hacer apuestas correctas en un mundo de continua volatilidad». Asimismo, defendió el modelo de autoconsumo energético regulado por la normativa aprobada por el Gobierno y aseguró que cambiarlo para que no pague los costes del sistema supondría que dichos costes deberían ser asumidos por el resto de consumidores. A este respecto, afirmó que «la mayor parte del autoconsumo es para calentar piscinas», por lo que tachó de «regresiva» dicha medida. Además, negó que el autoconsumo sea una medida de ahorro energético y afirmó que «está por ver que sea más eficiente porque no aprovecha las economías de escala».

En la misma línea, criticó también la propuesta del PSOE de prohibir la búsqueda de hidrocarburos porque «el petróleo no estará siempre a 30 dólares». «Nos convertiríamos en el único país que no tiene ningún interés en buscar hidrocarburos. España puede tener el récord de ser el único país de ni tiene nuclear ni busca hidrocarburos», ironizó. Por último, se mostró en contra del hecho de que la pobreza energética no esté vinculada a la política social y rechazó también la medida de permitir dejar de pagar la luz y el gas a las personas con problemas económicos, ya que supondría que dicho coste lo debería asumir el sector eléctrico.

En cuanto al programa energético de Podemos, se limitó a apuntar que «no es la realidad» porque va contra las directivas europeas. Frente a esto, abogó por mantener como propone el PP el equilibrio de las cuentas, fomentar la eficiencia energética, buscar hidrocarburos, desarrollar interconexiones y equilibrar generación convencional y renovables, en su opinión las claves para «la política energética para los próximos 50 años».

Dies Llovera, consejero del CSN a propuesta del PP, defiende su rigor y «más absoluta independencia» de motivaciones políticas

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Europa Press.- El consejero de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies Llovera, emitió un voto particular en el que defiende su «más absoluta independencia de cualesquiera motivaciones políticas ajenas a las funciones del organismo regulador en el marco del proceso de evaluación de la renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El consejero votó la semana pasada a favor de cuatro puntos que figuraban en el orden del día relativos a ese proceso y ahora ha emitido una explicación de su voto en la que defiende que su toma de decisión se corresponde con el procedimiento que establece el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas que determinan el proceso de evaluación de las solicitudes de los titulares de las instalaciones nucleares y los requisitos a los que deben someterse y las modificaciones de diseño que deben estar aprobadas durante el proceso de evaluación de la solicitud de renovación de la licencia.

30 años de experiencia nuclear

En consecuencia, de acuerdo con el voto particular, añade que la práctica regulatoria se sigue de acuerdo con la normativa aplicable, con los procedimientos internos y, «en este caso también» con una guía de evaluación específica. Asimismo, en su toma de decisión favorable, Dies Llovera expone que su voto se basa también en sus «conocimientos y experiencia adquiridos durante más de 30 años de ejercicio profesional como profesor de ingeniería nuclear». En base a este bagaje, afirma compartir «plenamente» la fundamentación técnica de las propuestas como resultado de la «estricta aplicación de la normativa» y del seguimiento del procedimiento, además de «en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como consejero».

Respecto del procedimiento de Garoña en cuestión, explica que la evaluación de la seguridad nuclear y la protección radiológica no es un proceso abstracto y dependiente únicamente del buen saber y entender de los técnicos implicados y de los miembros del Pleno, sino que viene determinado por la aplicación estricta de la normativa aplicable y debe basarse en criterios técnicos. El consejero defiende que lo relacionado con Garoña se decide en el marco de las competencias del CSN, a cuyo pleno «le corresponde el ejercicio de todas las funciones resolutorias, de asesoramiento, supervisión y protección radiológica previstas» en la Ley y, por tanto, «adoptará cuantos acuerdos resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de tales funciones.

Los plazos ya están marcados

Del mismo modo, añade que toda esta normativa «garantiza la transparencia y predictibilidad del proceso administrativo y determina con antelación los hitos administrativos que deben irse cumplimiento y los tiempos en que deben cumplirse», de modo que los expedientes analizados en el pleno del 3 de febrero respecto a la planta atómica de Garoña, «cumplen plenamente» tanto con los requisitos técnicos impuestos, como con los procedimientos administrativos e internos preestablecidos«. En todo caso, afirma que «ninguna» de las decisiones adoptadas, en cumplimiento de los procedimientos previstos para su aprobación, prejuzga la decisión final sobre la renovación de la autorización de la central, que continúa evaluándose, sino que son, de acuerdo con la normativa aplicable, requisitos regulatorios previos a dicha decisión.

Por último, subraya que, a su juicio, el pleno tiene la «responsabilidad de analizar en profundidad los argumentos técnicos que apoyan las propuestas, así como si han respetado las garantías administrativas y procedimientos; en base a ello cada consejero debe formarse su criterio y emitir su voto. Mientras, al CSN le corresponde determinar si las solicitudes son «compatibles con la seguridad nuclear, así como qué requisitos deben imponerse para mejorarla».

Fukushima completa el 10% de su desmantelamiento un lustro después del accidente

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EFE.- Casi 5 años después del accidente nuclear de la central nipona de Fukushima, el complejo proceso de desmantelamiento de la planta se ha completado «en un 10%», según indicó su máximo responsable, Akira Ono. La propietaria de la central, Tokyo Electric Power (TEPCO), ha realizado «progresos visibles» en la gestión de las instalaciones nucleares desde que quedaron devastadas por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, según Ono, que también admitió que hay por delante «riesgos» y «enormes desafíos».

Tras el estallido de aquella crisis atómica que atrajo la atención de todo el planeta, se ha logrado «estabilizar la seguridad de la planta», afirmó su director, que destacó «hitos» como la retirada en 2014 de todo el combustible nuclear del reactor 4, el que resultó menos afectado por la catástrofe natural, así como el procesado de todo el agua altamente radiactiva que se acumulaba en la planta. Estos pasos, unidos a otras medidas para controlar las fugas de líquido radiactivo y a los preparativos para desmantelar las siniestradas unidades 1, 2 y 3 de la planta, hacen que Ono se muestre «medianamente satisfecho» por lo logrado hasta este punto.

Pero TEPCO afronta ahora la etapa más difícil de la lucha para dejar atrás el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986: la retirada de las barras de combustible gastado y fundido de los tres citados reactores, algo que hasta la fecha nunca se ha llevado a cabo en estas condiciones. «No tenemos un conocimiento preciso del estado de las vasijas de los reactores, así que estamos ante un reto sin precedentes», admitió Ono, quien añadió que TEPCO «trata de idear soluciones», unas que sean posibles actualmente y otras que quizá resulten viables técnicamente en un futuro.

TEPCO confía en los avances de la robótica para las tareas más delicadas, ante la imposibilidad de que las desempeñen trabajadores humanos debido a los niveles mortales de radiación dentro de las vasijas de los reactores. Autómatas manejados por control remoto y equipados con videocámaras ya se han introducido en la vasija primaria de contención del reactor 1 para analizar las condiciones ambientales y de radiación, y para localizar el combustible nuclear fundido. TEPCO, varias tecnológicas niponas y centros estatales trabajan actualmente en otros prototipos de robots especialmente diseñados para una misión similar en los reactores 2 y 3, explicó el director de la planta.

Si el proceso avanza dentro de lo previsto, hacia 2017 se comenzaría la retirada de combustible de los tres reactores, una tarea acompañada de otras medidas de seguridad como la instalación de cubiertas protectoras para evitar que se dispersen materiales radiactivos. El desmantelamiento se alargará «entre 30 y 40 años», según el director. Asimismo, TEPCO afronta otro problema de carácter más urgente: la acumulación de agua radiactiva en la planta, contaminada con isótopos nucleares tras emplearse para refrigerar los reactores. La compañía acaba de concluir la construcción de un muro de hielo subterráneo destinado a ser parte de la solución.

El coste total del proceso de desmantelamiento se estima entre 7.700 y 15.400 millones de euros, que irán a parar principalmente a la investigación y desarrollo de la tecnología necesaria, según detalló el portavoz de la empresa, Yuichi Okamura. A ello hay que añadir 44.800 millones de euros abonados hasta ahora en compensaciones a la población que fue evacuada a raíz de la catástrofe, así como los «miles de millones de euros» que ha costado al Estado japonés sustituir el uso de energía nuclear por combustibles fósiles, añadió el portavoz.

Fundación Renovables reprocha al PSOE que los objetivos renovables deben extenderse más allá del sistema eléctrico y también al carbón

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Redacción / Europa Press.- A propósito del documento Programa para un Gobierno progresista y reformista, elaborado por el PSOE como punto de partida en las negociaciones con otras fuerzas políticas para formar gobierno, la Fundación Renovables reclama que el objetivo renovable para 2050 sea para toda la energía, incluido el transporte, y no solo para la producción de electricidad, al tiempo que echa en falta un compromiso concreto para lograr un mix energético antes de 2030 sin centrales térmicas de carbón y sin nucleares.

Por ello, la Fundación Renovables reclama a todos los partidos que van a participar en la negociación una mayor «concreción y compromiso» en cuestiones clave desde el punto de vista de la sostenibilidad energética. La Fundación comparte el planteamiento de apostar mediante la legislación por una transición energética para combatir el cambio climático en la que se apueste por el ahorro, la eficiencia y las renovables. También apoya que se promueva un pacto de Estado de la Energía y una ley de protección de los consumidores vulnerables contra la pobreza energética, así como una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados.

En todo caso, echa en falta el compromiso de alcanzar un mix energético sin centrales nucleares y sin centrales térmicas de carbón que debe lograrse en la próxima década. «De hecho, la ausencia más clamorosa del documento es la relativa al carbón, pues no se hace mención alguna al mismo, el combustible fósil más contaminante en términos de emisiones de CO2″, indica. La fundación también cita «otras omisiones importantes», como el que no se menciona, como estaba en el programa, la recuperación del régimen retributivo para las energías renovables, o la relativa al cementerio nuclear centralizado de residuos de alta actividad y combustible irradiado (ATC).

Por otro lado, aplaude la inclusión de la «prohibición del fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos», aunque considera que debería añadir de forma clara que se prohibirán nuevas prospecciones y la explotación de yacimientos realizadas tanto por tecnologías convencionales como no convencionales. También destaca el compromiso con el autoconsumo y confía en que se pueda recuperar «el grave atraso sufrido si, en la nueva etapa política que comienza, se aplican de forma decidida las adecuadas políticas energéticas encaminadas a cambiar el actual modelo energético y a avanzar hacia uno sostenible».