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Podemos critica el cierre de minas de carbón y quiere que el Gobierno dé explicaciones sobre la nuclear de Vandellós

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Europa Press.– En Comú (Unidos Podemos) quiere que el Gobierno dé explicaciones sobre los 6 incidentes registrados en la central nuclear de Vandellós II en 2018. Por su parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha destacado en el Congreso que el acuerdo para el cierre de las minas fue valorado como de «referencia internacional» en la última Cumbre de Cambio Climático y lo ha hecho ante las críticas que Unidos Podemos ha dedicado a ese acuerdo.

Según la diputada leonesa, Ana Marcello, este acuerdo del Gobierno con los sindicatos y patronal del carbón, «es el pacto de las tres mentiras», pues se seguirá quemando carbón, pero de importación, se deja fuera de las bajas incentivadas y prejubilaciones a trabajadores subcontratados, y la inversión comprometida para el futuro de las comarcas afectadas es, a su juicio, insuficiente.

«Entiendo que es una situación dura la que se pasa en estos momentos en la cuenca minera, pero este acuerdo que le parece poco ha sido valorado como referencia internacional en la pasada Cumbre del Cambio Climático», aseguró la ministra. Así, ha destacado que unos 600 trabajadores podrán acogerse a bajas incentivadas y prejubilaciones, en función de su trayectoria, y los que no se incluirán en una bolsa de trabajo en el que sí estarán los trabajadores de las subcontratas.

Con todos ellos, ha asegurado, se contará para la «restauración ambiental y social» de las zonas afectadas por el cierre, y también se beneficiarán de los nuevos programas de orientación y recualificación para mejorar sus oportunidades en el mercado de trabajo. Por último, ha recordado que el plan incluye una inversión de 250 millones de euros para estas comarcas, con ayudas a la reactivación tanto para las empresas, como en apoyo al emprendimiento y un plan urgente de desarrollo en energías renovables y eficiencia energética.

Unas ventajas que no convencen a Unidos Podemos, dado que Marcello calificó la inversión para la reconversión de la zona como «un auténtico insulto», asegurando que la fórmula de gestión de los fondos «no garantizan ni la reconversión industrial ni medioambiental de la zona» y criticando que «se va a seguir carbón, pero será de importación y en las centrales térmicas más cercanas al mar«.

«Esto no es un pacto justo con las comarcas mineras, ni las de León, Palencia, Asturias ni Aragón», recalcó, criticando que a los trabajadores de las empresas subcontratadas «se les ha tratado como trabajadores de segunda cuando se han dejado la vida y la salud» en los pozos y en las centrales térmicas. «Si no quieren dialogar con nosotros, dialoguen con ellos», instó Marcello, en referencia a los trabajadores. «Les están condenando a todos a irse con una mano delante y otra detrás, y a todas las comarcas a la despoblación y a la desesperación. Con nosotros no cuenten», concluyó.

¿Qué pasa en Vandellós II?

En Comú quiere que el Gobierno dé explicaciones acerca de los 6 incidentes que se han registrados en la central nuclear de Vandellós II (Tarragona) en 2018 y denuncia la falta de transparencia que existe en este sentido. Por este motivo, Unidos Podemos recoge en una iniciativa registrada en el Congreso que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado de un suceso detectado en la planta, en concreto la pérdida de refrigerante del reactor en parada. En Comú alerta que no se trata de un «incidente esporádico» ni de «poca índole» en esta central.

En este sentido, ha denunciado que «no se asumen responsabilidades» por parte de la Administración y que existe «falta de transparencia y reacción para evitar que sigan sucediendo este tipo de incidentes». Por ello, quiere que el Gobierno se pronuncie sobre esta situación, sobre si es suficiente la información facilitada por el CSN a tenor de la gravedad del accidente y si el Ejecutivo fue informado inmediatamente tras el suceso. Del mismo modo, ha mostrado por su preocupación porque la recurrencia de estos incidentes puedan ser un aviso para un suceso más grave en la central. En este sentido, llama al Ejecutivo a realizar una inspección para determinar si se han cumplido todos los protocolos.

Vandellós II para tras un aumento del caudal de agua en el edificio de contención

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Europa Press.- La central nuclear Vandellós II notificó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha dado inicio a la secuencia de parada de la central, tras observar un pequeño aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención. La parada de la planta se ha determinado de manera conservadora para facilitar las condiciones adecuadas que permitan acceder al interior del edificio de contención y llevar a cabo la caracterización de este caudal. «Vandellós II se encuentra en condición segura”, subrayó su operador.

La central nuclear José Cabrera de Zorita cumple 50 años entrando en la recta final de su proceso de desmantelamiento

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Europa Press.- La central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), ha cumplido 50 años cuando afronta un momento crucial de su fase final de desmantelamiento, en el que se han superado el 85% de unos trabajos que está previsto que concluyan para el 2020. Con una producción anual de 1.000 millones de kilovatios hora por año, fue la primera planta nuclear construida en España. Después de 38 años de funcionamiento, el 30 de abril de 2006, cerró sus puertas definitivamente.

Según confirmaron desde la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), la demolición convencional de uno de los edificios más emblemáticos de la planta, la cúpula de color anaranjado que identifica a esta planta desde lejos, empezará a mediados de 2019. En el año 2010 la planta fue transferida de la empresa propietaria Gas Natural Fenosa, actualmente denominada Naturgy, a la empresa pública ENRESA, que desde entonces se hace cargo del desmantelamiento, el primero completo que se produce en España de forma programada y con corte de piezas radiológicas bajo agua.

La construcción de esta instalación comenzó en julio de 1965, duró 3 años y costó 2.000 millones de pesetas; fue inaugurada por el dictador Francisco Franco el 12 de diciembre de 1968. En este proceso de desmantelamiento se van a gestionar un total de 104.000 toneladas de materiales. Los residuos radiactivos de baja y media actividad están siendo enviados a El Cabril, en Córdoba, mientras que el combustible gastado de la planta permanece en el Almacén Individualizado Temporal (ATI) que hay en la propia planta.

Razones burocráticas pero también del propio proceso de descontaminación han influido en que el desmantelamiento, inicialmente previsto para 2016, haya sufrido varias demoras. También el presupuesto inicial de estos trabajos ascendía a 135 millones de euros, una cifra que se ha elevado ahora a 160 millones de euros según el propio director del Desmantelamiento de Zorita, Manuel Ondaro. Cuando estén concluidos todos los trabajos, ENRESA devolverá de nuevo el emplazamiento a Naturgy para futuros usos.

La fábrica de ENUSA en Juzbado nombra director a Antonio Munuera y suministrará el combustible nuclear necesario para 24 recargas

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Europa Press.- El director técnico de seguridad nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Antonio Munuera, ha sido nombrado director de la fábrica de combustible de uranio de ENUSA en Juzbado (Salamanca). Asimismo, la empresa pública de elementos de combustible de uranio ENUSA ha firmado un acuerdo con Endesa, Iberdrola y Naturgy por el que cubrirá las necesidades de los 5 reactores nucleares españoles de diseño Westinghouse para los próximos 5 años, según ha indicado la empresa.

Se trata del mayor contrato asociado de ENUSA ya que suministrará el combustible nuclear necesario para las próximas 24 recargas: 11 en las centrales nucleares de Ascó (I y II), 5 en Vandellós II y 8 en Almaraz (I y II). El combustible será suministrado por la fábrica de elementos de ENUSA en Juzbado (Salamanca). El presidente de ENUSA, José Vicente Berlanga, ha destacado que el contrato supone «uno de los mayores hitos» para la empresa pública y atribuye el contrato a la «seriedad del trabajo constante y a la alta capacitación de la plantilla».

Según explica la empresa estatal, este contrato da continuidad a los firmados hasta ahora y con ello se compromete a suministrar el combustible nuclear para todas las recargas mencionadas, el diseño del núcleo y el licenciamiento de los correspondientes ciclos de operación para esas regiones de recarga, así como otros servicios de ingeniería asociados con el combustible, incluyendo las herramientas para el seguimiento de la operación. Asimismo, ENUSA dará servicios de combustible a estas centrales durante la vigencia del contrato, desde manejo de combustible fresco hasta la gestión del combustible irradiado durante las paradas de recarga. ENUSA es proveedor desde 1974 del combustible nuclear a estos reactores diseñados por Westinghouse.

Munuera, nuevo director de Juzbado

Por otro lado, Munuera se incorporará a la dirección de la empresa pública durante el primer trimestre de 2019, una vez se concreten los últimos trámites administrativos, según un comunicado remitido a los trabajadores de la fábrica de Juzbado. Así, el presidente de ENUSA destacó que con el nombramiento de Munuera se pone fin a la interinidad de los últimos 5 años. El nuevo director de Juzbado relevará al director interino Javier Montes, al que Berlanga agradeció «su gran labor».

Berlanga manifestó a los colectivos de representantes de los trabajadores de la empresa que el candidato debía cumplir con los «requisitos adecuados para un puesto que es de vital importancia» y que, además, a su juicio debería tener la «misión de iniciar un proceso de transmisión del conocimiento» para garantizar la continuidad de la labor desarrollada hasta ahora en Juzbado.

Berlanga define a Munuera como un «hombre de extensa experiencia en el sector» ya que desde 1985 ha sido funcionario en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el organismo regulador fue nombrado Director Técnico de Seguridad Nuclear y, además, en 2014 fue designado presidente del grupo de trabajo sobre seguridad nuclear del European Nuclear Regulatory Safety Regulators Group (ENSREG).

El nuevo director de Juzbado se jubiló en el CSN en noviembre y ahora ha sido nombrado director de la empresa pública estatal. El pleno del CSN agradeció «expresamente» su «dedicación y esfuerzo» en el cumplimiento de las tareas de la Dirección Técnica de Seguridad nuclear así como su contribución a «aumentar el prestigio» del CSN en sus actuaciones a nivel nacional e internacional. Precisamente, Munuera ocupó un papel clave y polémico durante la solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Ahora, en tanto su puesto esté vacante hasta la designación de sustituto en el cargo por el Consejo de Ministros, el Pleno del CSN encomendó la coordinación de las 3 subdirecciones de la Dirección Técnica, la interlocución ante el Pleno y la Presidencia, así como la firma de documentos e informes al exterior de la Dirección Técnica al actual Subdirector de Tecnología Nuclear, Rafael Cid.

La demanda de energía eléctrica crece un 0,2% en noviembre con la eólica como principal fuente de generación

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Europa Press.- La demanda peninsular de energía eléctrica en noviembre alcanzó los 20.939 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 0,2% con respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior, según Red Eléctrica de España (REE). Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía eléctrica ha disminuido un 0,8% con respecto a noviembre de 2017.

La producción de origen eólico alcanzó los 4.578 GWh en noviembre, un 15,7% superior a la del mismo periodo del año pasado, y supuso el 21,6% de la producción total. Por su parte, el carbón fue la segunda fuente que más aportó al sistema en el mes, con el 18,3% de la generación, seguido de la nuclear (18,1%), ciclos combinados (15,2%), cogeneración (11,5%), hidráulica (10,1%) y la solar fotovoltaica (1,6%).

En los once primeros meses del año, la demanda peninsular de energía eléctrica se situó en los 232.337 GWh, un 0,9% más que en el mismo periodo de 2017. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica fue un 0,8% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. En lo que va de 2018, la nuclear es la principal fuente de generación, con el 21,6% del total, seguida de la eólica (19,7%), hidráulica (14%), carbón (14,2%), cogeneración (11,7%), ciclos combinados (10,4%) y solar fotovoltaica (3,1%).

Bruselas quiere eliminar las emisiones en 2050 con un mix de fuentes renovables apoyado por un 15% de energía nuclear

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Europa Press.- La Comisión Europea se fijó el objetivo de eliminar las emisiones de gases invernadero para 2050, un escenario que requerirá «inversiones adicionales significativas» en todos los sectores de la economía, pero supondrá una «profunda transformación» que implicará numerosos efectos «positivos».

El Ejecutivo comunitario ha adoptado su estrategia climática a largo plazo ante la COP24 de Katowice (Polonia). El objetivo del documento es confirmar el compromiso del bloque comunitario para «liderar» la acción climática global y presentar una «visión» que pueda ayudar a conseguir unas emisiones netas de gases invernadero nulas mediante una transición «socialmente justa» y eficiente. «El status quo no es una opción», defiende Bruselas, que identifica las oportunidades que la transición ofrece a los ciudadanos y la economía europea y los retos que supone. El documento, sin embargo, no incluye nuevas políticas y no es una propuesta legislativa.

La Unión Europea se comprometió en el Acuerdo de París a reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030 en comparación con los niveles registrados en 2030. Bruselas calcula que esta cifra llegará al 45% cuando toda la legislación esté completamente vigente y estima que avanzará hasta el 60% a mitad de siglo. «Esto, sin embargo, no es suficiente para que la Unión Europea contribuya a los objetivos del Acuerdo de París«, apunta la Comisión.

En este sentido, Bruselas otorga «un papel central» a la energía en la transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes, puesto que aglutina más del 75%, pero añade que también requerirá avances en sectores como el transporte, la agricultura, los edificios y la industria. También podrá «acelerarse» con progresos en digitalización, inteligencia artificial y biotecnología. Igualmente exigirá, advierte Bruselas, cooperación «en diferentes niveles» entre regiones y Estados, con la meta de «maximizar las sinergias» y poner en común recursos y conocimientos. «Los países deberían actuar juntos para proteger a sus ciudadanos del cambio climático», recomienda la Comisión Europea en el documento, en el que expone 8 líneas de actuación.

En primer lugar, insta a «maximizar» el despliegue de energías renovables para «descarbonizar» completamente el suministro de energía en Europa. Según sus cálculos, en 2050 más del 80% de la electricidad provendrá de fuentes renovables, que junto con una cuota de energía nuclear del 15%, será la «columna vertebral» de una economía libre de combustibles fósiles. La eficiencia energética asumirá también un papel importante en la senda hacia una economía libre de emisiones en 2050, momento en el que Bruselas prevé que el consumo energético sea la mitad que el registrado en 2005 potenciando el ahorro energético de los edificios, responsables del 40% del consumo.

De la misma forma, Bruselas subraya que «todos los medios de transporte» tendrán que contribuir a la descarbonización del sector para hacerlo más limpio, seguro y conectado. Esto supone, avanzar en una movilidad multimodal, eficiente e innovadora tanto para pasajeros para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. La Comisión Europea también resalta la importancia de desplegar una red «inteligente» de infraestructuras e interconexiones energéticas en Europa, así como por desarrollar una economía circular «competitiva», aprovechar los beneficios de la bioecononía y acabar con las emisiones residuales de CO2 mediante su absorción y almacenamiento.

La estrategia climática a largo plazo de la Unión Europea defiende que la modernización y descarbonización de la economía comunitaria dará un impulso «significativo» a la inversión para alcanzar hasta los 575 millones anuales. «En general, los efectos económicos de la profunda transformación son positivos a pesar de las importantes inversiones adicionales que se requieren en todos los sectores de nuestra economía», apunta el texto. En este ámbito, el documento remarca que una trayectoria compatible con un escenario libre de emisiones contaminantes tendría «un impacto positivo moderado» sobre el PIB europeo que estima en hasta el 2% para 2050, en comparación con el escenario base.

Además, el despegue de la inversión en la transformación energética, economía circular, movilidad limpia, infraestructuras verdes y bioeconomía creará «nuevas oportunidades de nuevos empleos, locales y de alta calidad». Más allá de los beneficios económicos, la descarbonización de la economía europea reducirá casi a la mitad las muertes prematuras por contaminación del aire. En la actualidad, fallecen en la Unión Europea casi 500.000 personas al año por estas causas, relacionadas con los combustibles fósiles, los procesos industriales y la agricultura, las principales fuentes de contaminación.

Acción climática “aplazada a 2030”

Amigos de la Tierra lamenta que la Estrategia de Clima de la Unión Europea para una Economía cero emisiones próspera, moderna, competitiva aplace la acción climática al periodo 2030-2050 sin aumentar la ambición entre 2020 y 2030. En este sentido, la ONG critica que no se plantee revisar los objetivos para la próxima década, 2020-2030, sino que posterga hasta 2030-2050 «toda la acción necesaria» para llegar a un horizonte libre de emisiones. Además, lamenta que en el documento se plantean 8 escenarios pero de estos, solamente 2 contemplan un futuro libre de emisiones en 2050. La ONG advierte de que para estar en línea con la ciencia del clima, ese objetivo será necesario en 2040.

Entre los aspectos positivos, celebra que incluya términos como «energía comunitaria», «empoderamiento ciudadano» o «transición justa». Por el contrario, cuestiona que el texto promueva lo que la ONG califica de «distracciones peligrosas» que no permiten avanzar hacia un futuro 100% renovable ya que considera necesarias tecnologías «no probadas o peligrosas» como la del hidrógeno, el biogás, la nuclear o la captura de carbono. Igualmente la ONG ve «muy grave» que ninguno de los escenarios contempla un mix sin aportación de carbón ya que es el combustible fósil que más perjudica al clima y la salud.

«Sabemos que la COP24 será complicada, y la Comisión ha querido arrojar algo de luz al proceso, no obstante se queda corta en objetivos y posterga las decisiones importantes», comenta Héctor de Prado, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra. Por ello, Amigos de la Tierra exige a la Comisión Europea y a los Gobiernos europeos una revisión de los acuerdos para 2030 y que apueste de forma decidida para alcanzar un sistema 100% renovable para 2040 basado en la eficiencia, el ahorro, las renovables, y la transferencia de conocimientos y financiación a los países en desarrollo.

El MIT considera que la energía nuclear es «clave» para lograr los objetivos de la lucha contra el cambio climático

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Europa Press.- Un reciente estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) considera que la energía nuclear es «clave» para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía y luchar contra el cambio climático ya que, sin la contribución de esta tecnología, el precio de reducir de manera suficiente el CO2 aumentaría «significativamente».

El codirector del estudio del MIT, Jacopo Buongiorno, ha explicado el trabajo The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World e insiste en que la no emisión de CO2 durante la producción eléctrica de la energía nuclear, hace a esta tecnología «esencial» en la lucha contra el calentamiento, en el cumplimiento de los Acuerdos de París y durante la transición hacia una economía baja en carbono en muchas regiones.

Buongiorno recalcó que la lucha contra el cambio climático será más difícil y costosa si se prescinde de la energía nuclear y las centrales podrían jugar un papel relevante en la necesidad de cubrir el aumento de la demanda mundial de energía y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2. En ese contexto, resaltó que el estudio expone la contribución potencial de la energía nuclear como tecnología no contaminante.

El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido que las centrales nucleares españolas son la tecnología que más electricidad producen (20%), más horas funcionan y más ayudan a evitar emisiones. «En 2017 casi el 40% de la electricidad libre de CO2 se consiguió gracias a la energía nuclear», destacó. A su juicio, la transición energética tiene que ir acompañada necesariamente de la energía nuclear si se pretende reducir las emisiones y cumplir el Acuerdo de París.

Por su parte, el representante de la dirección general del Joint Research Center de la Comisión Europea, Marc Noël, ha defendido la energía como un aspecto «esencial» para el modo de vida actual. Tras la adopción en 2015 del Acuerdo de París varios estudios han analizado el mix energético mundial y su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero así como el papel potencial de la energía nuclear.

Berta Picamal, consejera ejecutiva de FORATOM, asociación de la industria nuclear europea, opina que la propuesta de recompensar a la energía nuclear por sus beneficios y que todas las energías de bajas emisiones de carbono compitan «en igualdad de condiciones» como sugiere el estudio del MIT, «debería tenerse en cuenta» por parte de la Unión Europea en su estrategia para reducir emisiones. En este contexto, el Foro Nuclear defiende que en la transición energética se necesita garantizar el abastecimiento eléctrico sin efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad.

El Tribunal Supremo confirma la sanción de 18,4 millones a Nuclenor por el cese unilateral de la central de Garoña

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Europa Press.- La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2014 a Nuclenor por una infracción muy grave prevista en la Ley del Sector Eléctrico por el cese de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña acordado de forma unilateral en diciembre de 2012 sin comunicarlo con la antelación suficiente a la Administración.

Se consideró entonces que la empresa propietaria de la planta, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, incurrió en la infracción consistente en «la reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». Nuclenor recurrió el acuerdo de Competencia a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016, y a continuación recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de «causas imprevistas» que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.

En ese sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares. Según recogió la misma sentencia, la decisión de Nuclenor de cesar la explotación sita en Burgos se adoptó el 14 de diciembre de 2012, y la comunicación de dicho acuerdo, sin embargo, no se produjo hasta transcurridos 14 días.

«La recurrente siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que, además, no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, con ocasión de la publicación de la Ley de Medidas Fiscales y, lo que se subraya en la Resolución sancionadora, cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre, de forma de que la indisponibilidad de la potencia de Garoña era ya un hecho irreversible en el año 2012″, destacó la Audiencia.

El Supremo indica que la resolución sancionadora aplicó correctamente el tipo previsto en la Ley del Sector Eléctrico. «en la medida que existe una plena concordancia entre la ejecución de la decisión empresarial de cese en la explotación de la central de Garoña, que ha supuesto una reducción de la capacidad de producción del sistema eléctrico de 455,9 MW, y la conducta ilícita descrita» en el correspondiente artículo de la Ley del Sector eléctrico. Asimismo, considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta también el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

La CNMC celebra la sentencia

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha resaltado que la sentencia está «alineada con los planteamientos del súperregulador. Marín Quemada ha señalado que Endesa e Iberdrola, propietarios al 50% de la central nuclear de Garoña, decidieron cerrarla «por decisión unilateral» y en contra de la normativa, que establece que hay que avisar a las autoridades con un tiempo y cumplir unos trámites, para no afectar a los precios ni a la seguridad del suministro.

«Los propietarios pensaron que no era imprescindible, la CNMC actuó por seguridad energética y, en el uso de nuestras obligaciones, procedimos a imponer una sanción. Los propietarios fueron a los tribunales y la sentencia está alineada con los planteamientos con la CNMC», ha destacado Marín Quemada. Marín Quemada ha destacado que el alto tribunal está sancionando en línea con la opinión de la CNMC el 82% de las cuestiones que le llegan. «Hay todavía una brecha del 18%, y eso nos ha obligado a hacer en los últimos años una serie de esfuerzos para reducirla. Aún no estamos satisfechos», ha manifestado el presidente del organismo.

Respecto al recibo de la luz, Marín Quemada ha insistido en que sigue siendo de «dificilísima comprensión» por parte de los clientes, y ha recordado que se compone de tres elementos: el precio de la generación eléctrica, lo que se paga por otros conceptos (peajes) y los impuestos. «En los peajes hay una mezcla tremenda de compensaciones a cierre de instalaciones, subvenciones a renovables… ese totum es lo que convendría aclarar, porque es de dificilísima compresión por los clientes», enfatizó.

Tras constatar que «no siempre», pero sí a veces, se cumple el llamado efecto cohete y pluma en los precios de los carburantes, que trasladan las subidas del crudo con mucha rapidez, pero no así las bajadas «cuando se acerca un periodo vacacional o punta de consumo», ha considerado razonable el plazo de 20 años dado por el Gobierno para el fin de las matriculaciones de vehículos diésel, gasolina, híbridos o a gas, que no podrán circular por España a partir de 2050. «Si así lo ha establecido el Gobierno, sus razones tendrá», ha manifestado.

Por último, tras ser alabado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la labor de la CNMC, lo que aleja el fantasma de una reordenación de los organismos supervisores promovido por el anterior Gobierno, Marín Quemada, que se considera «totalmente independiente», ha señalado que cuando a los políticos se les explica que los sectores están interrelacionados, que las cuestiones son transversales, lo entienden. «La CNMC tiene que aproximarse a esos mercados con una visión de conjunto y con la transversalidad de la competencia», apuntó.

Asturias y Extremadura piden “tiempo” y avanzar en la transición energética antes de cerrar las centrales térmicas y las nucleares

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que «no hay plazos puestos» para el cierre de las centrales nucleares en España, y considera que antes se debe «producir una transición ecológica» que permita «ir de lo que tenemos a lo que debemos tener«. Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, exigió «prudencia» a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación al cierre de centrales térmicas, exigiéndole además «tiempo».

En su respuesta parlamentaria al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se interesó por la transición y la situación de Alcoa, Javier Fernández ha asegurado que en cuanto a la transición energética su posición sigue siendo «exactamente la misma», contraria a que no se lleve a cabo en un «tiempo acorde a las necesidades» de la industria asturiana y española.

Fernández señaló que, si bien su Gobierno no está en contra de «ninguna ética de futuro para salvar el planeta», también quieren que se salven «otras cosas», algo que solo se podría hacer «con tiempo». Respecto al anuncio realizado por el secretario de Energía, José Domínguez, de que el Gobierno prevé el cierre tanto de centrales térmicas como de nucleares antes de 2030, ha alertado de que «tendrá una incidencia en los precios absolutamente inasumible».

El portavoz de IU se ha mostrado «entre la preocupación y la alarma» ante los anuncios de la ministra Teresa Ribera y ha pedido al presidente que «aumente la presión» al ver que Ribera «no aumenta el diálogo». «Hay que responderle con las mismas armas», ha aseverado, para después subrayar que «cada vez que la ministra habla, una empresa anuncia su cierre«. En cuanto al otro asunto planteado por el portavoz parlamentario de IU, Javier Fernández ha pedido «prudencia» y «unidad» en cuanto a Alcoa.

El cierre de las nucleares

«Yo creo que eso es algo que no es planteable», replicó el presidente extremeño, que señaló que «el secretario de Estado dijo una cosa y la contraria, primero 2030 y luego 2040», tras lo que ha reafirmado que «no hay plazos puestos» para este cierre. En ese sentido, ha abogado por que «antes de suprimir lo que tenemos, tengamos lo que tenemos que tener», ya que a juicio del presidente extremeño, «no se pueden tomar decisiones» sobre las fuentes de energía actuales «mientras las futuras no estén puestas, si no nos quedaríamos absolutamente cojos», señaló.

Por eso, Fernández Vara ha considerado que «solo es posible plantear en España una transición ordenada, si se produce un relevo en empleo, en mano de obra y en riqueza para las comarcas donde están esas fuentes de energía», ha dicho. Así, una de las propuestas que Fernández Vara ha trasladado al presidente del Gobierno es que «alguna de las subastas próximas que haga, las haga solo para los sitios donde hay carbón y nuclear», ya que «de esa manera la gente verá con claridad que el Gobierno está apostando por una transición de lo que había a lo que tiene que haber», ha dicho.

Ante esta situación, «bien haríamos en no precipitar», ya que en la actualidad se está «saliendo de un camino», tras lo que ha señalado que la Ley de Cambio Climático cuando llegue al parlamento tendrá 84 votos, tras lo que ha considerado que «esas leyes, que van a ser el futuro de un país, no se pueden aprobar por minoría, hay que aprobarlas por mayoría».

En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que «la estrategia energética de este país no admite juegos», por lo que ha abogado por «abrir una vía de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los gobiernos autonómicos«, con el objetivo de «definir un modelo que de verdad sea duradero y útil para la vida de la gente».

Araluce (Foro Nuclear) ve inviable el cierre de las centrales españolas antes de 2030 porque supondría triplicar la potencia renovable

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Europa Press.– El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ve poco factible el cierre nuclear español antes de 2030 en el contexto de lucha contra el cambio climático y en plena transición ecológica porque esto supondría «triplicar» el parque de renovables en ese plazo, algo que considera «poco factible».

En la actualidad, según ha explicado Araluce, para cumplir con el Acuerdo de París en un objetivo de limitar la temperatura global del planeta de 2 grados centígrados, la generación eléctrica actual debe reducir en torno a un 70% sus emisiones. «Eso significa un esfuerzo tremendo de introducción de energías no emisoras de CO2», ha señalado Araluce, por lo que habría que actuar sobre los 100.000 GW/h de tecnologías emisoras de CO2 (carbón, gas fuel) sobre los 260.000 GW/h que se generan actualmente en España.

De este modo, Araluce estima que hay que instalar la potencia necesaria para generar 60.000 GW/h, lo que equivale a duplicar estrictamente las renovables. Pero para garantizar la estabilidad del sistema, porque las renovables «fluctúan mucho», suprimiendo las nucleares se necesitaría «triplicar» la potencia instalada actual. Según las cifras del sector, que reclama su papel en la transición energética, se necesitaría instalar en España 30 GW de potencia instalada de renovables de aquí a 2030, lo que para Araluce supone un «esfuerzo enorme» que equivale a «toda la potencia renovable instalada en la historia de España en 12 años» para rebajar un 60% las emisiones.

Aún más, ha añadido que si además de reducir en un 60% las emisiones de CO2, España quiere prescindir de la energía nuclear, habrá que instalar otros 60 GW de potencia instalada. «Habría que triplicar el parque renovable español de aquí a 2030 para llegar a 90 GW. Eso supone, sin nuclear, instalar cada año 6.000 MW y nosotros pensamos que eso es irrealizable», ha sentenciado. De ese modo, defiende que en los próximos años, sin la «fundamental» energía nuclear «no va a ser posible cumplir el Acuerdo de París».

Por ello, asegura que el sector en España está «relativamente tranquilo» porque los números «hablan por sí solos» aunque luchará por la «continuidad» del parque actual y quizá, en el futuro, por plantearse aumentar la potencia nuclear como en «otros muchos» países. A nivel internacional, lamenta que en Europa «curiosamente» se cree que la energía nuclear está en declive a pesar de que en estos momentos se construyen más centrales que nunca. Si bien, admite que el mercado se ha trasladado de Estados Unidos y Europa hacia Rusia y Asia. «En la actualidad aumentar la potencia nuclear instalada en España es una utopía. Podría ser en el futuro, pero ahora no veo las circunstancias», reconoce.

En esta situación, confía en que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sepa distinguir que una cosa es el programa electoral, lo que al partido de Gobierno le gustaría, y la realidad de lo que se puede hacer o no. Por ello, a pesar de las declaraciones del secretario de Estado de Energía, cree que el Gobierno compaginará el programa electoral con la realidad de la lucha contra el cambio climático. «Todo cae por su propio peso, nos guste más o menos y la nuclear es fundamental ahora y en el futuro«, opina.

Así, confía en poder mantener alguna interlocución con la ministra Ribera como representante de la industria aunque cree que la mayor interlocución se hará con los dueños de las empresas eléctricas. «Tenemos que llevarnos todos bien para cumplir con el Acuerdo de París. Este es un esfuerzo de todos», avisa. En este contexto, ha afeado al Gobierno de Mariano Rajoy, porque se declaraba «partidario» de la energía nuclear pero «la dejó morir» y no hizo los esfuerzos suficientes para defenderla y darle herramientas para continuar. Por ello, recuerda que las desavenencias entre las eléctricas y el Ejecutivo popular fueron públicas y claras. «Obras son amores y no buenas razones», comenta.

Otro de los aspectos por los que Araluce insiste en la necesidad de ampliar la vida de las centrales nucleares es el hecho de que la generación futura será más distribuida, con parques más pequeños y con un aumento de la demanda, para lo que habrá que modificar la estrategia de la red con mayor interconexión con Francia e incremento de la electrificación. «La electrificación de la economía requerirá un parque mayor de generación y si esta es distribuida, el reto para la red eléctrica será mayor, por lo que sin la nuclear en la transición no salen los números y no se puede cumplir el Acuerdo de París», insiste.

Por otro lado, critica la «fiscalidad ambiental gigantesca» que soporta el sector frente a la «idea instalada en el ambiente» de que las nucleares son un «sector boyante que gana dinero a espuertas». Así, afirma que las centrales pagan más del 40% en impuestos sobre su facturación, lo que asfixia a las plantas, que además realizan un importante esfuerzo inversor.

Respecto a la medida de quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, cree que beneficiará a todos y que se traducirá en una rebaja de la factura de poco más del 2%, por lo que pide otros mecanismos para bajar el precio. «El sector se siente maltratado en cuanto a fiscalidad y subvenciones, porque tiene una sobrefiscalidad asfixiante que conduce a la no viabilidad de las centrales», ha defendido. Por eso, añade que si al final «se decide» que la nuclear es importante en el tránsito hacia el objetivo de frenar el cambio climático, entonces hay que hacerla viable porque el parque español «nunca» va a dejar de invertir en seguridad y renovación.

De hecho, afirma que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) está en la actualidad «mucho más nueva» que cuando el propio Araluce dirigió la planta durante su arranque. «Almaraz está fantástica. Se han cambiado cantidad de componentes, muchos sistemas son nuevos y está en condiciones de pedir la renovación de su licencia, aunque eso compete a las propias compañías«, comenta. La solicitud deberá hacerse antes de la próxima primavera pero antes, advierte, habrá que sentarse «concienzudamente» a hablar con el Ministerio para establecer unas normas de juego y conocer si habrá o no estabilidad jurídica.

Por último, respecto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado que ya debía haber entrado en funcionamiento, cree que Teresa Ribera «se está tomando su tiempo» para tener una visión más amplia de la situación en España, a pesar de que «es de sobra conocida» y que los estudios para la infraestructura estaban terminados «al 95%». Finalmente, estima que si el ATC se relanza no funcionará hasta 2024 mientras «se sigue pagando a Francia» por los residuos de Vandellós I y se invierte en construir almacenes en las propias centrales que «no son la solución definitiva«.