Europa Press.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, defiende la «imprescindible» necesidad de construir el almacén temporal centralizado (ATC) para albergar los residuos nucleares y el combustible gastado del parque nuclear español «en la localidad conquense de Villar de Cañas«, sobre todo ante un escenario de futuros desmantelamientos.
En este sentido, Gago asegura que el sector sigue apostando por el ATC y, pese a que la «situación política es complicada», recuerda que el proceso para elegir al municipio conquense fue un concurso «público, de consenso y lanzado por el PSOE». Así, insiste en que el ATC es un sistema «lógico» de gestión para un país como España, que lo necesita. «En esto hay un bucle: no queremos ATC en tanto se mantienen las centrales, pero cuando las centrales se paran tampoco queremos un ATC para gestionar los residuos», lamenta Gago que ve en esta situación una «gran paradoja».
De hecho, asegura que hay «infinidad» de puntos en la geografía española para instalar el ATC y recuerda que en aquel concurso se establecieron unos criterios que debían cumplir los terrenos para construir esta instalación a la que «cualquier municipio interesado en albergarlo» pudo presentarse. En todo caso, advierte que para acoger una instalación como esta debe haber «aceptación social» porque «no se puede imponer».
De todas formas, ha explicado que el ATC es necesario porque no dará la solución definitiva a los residuos atómicos, que deberán descansar definitivamente en un almacén geológico profundo y ve «muy poco probable» que el emplazamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pueda terminar convertido en un ATC. Esta posibilidad fue planteada en las Cortes de Castilla y León por el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, que advirtió de que se abría una «puerta peligrosa» a que Garoña se pueda convertir en el ATC nacional
En definitiva, Gago, también presidente de ANAV (titular de Ascó y Vandellós) insiste en que un problema de índole «político» y no técnico, porque España lleva «50 años gestionando combustible radiactivo y operando de manera segura las centrales» y en su defecto, a medida que se vayan llenando los almacenes temporales individualizados (ATIS), se hará «todavía más necesario el ATC» para liberar los actuales emplazamientos.
Precisamente, expone que el ATC permite desacoplar «perfectamente» la gestión del combustible de las piscinas del almacenamiento de la operación y la gestión final mientras permite desmantelar las centrales. «El ATC es la vía lógica y natural para hacer ese desacople y decidir una vez que todo el combustible se gestiona en un mismo emplazamiento y de una misma manera, prepararlo para la siguiente etapa que es el AGP», concluye.
Futuro nuclear a ¿corto plazo?
Por otro lado, Gago ha reclamado el papel «imprescindible» de la energía nuclear en el corto plazo, por lo que debería seguir contando en el mix durante los próximos años ya que ve inviable en el corto plazo prescindir de la primera fuente de generación de electricidad en los últimos 7 años. Respecto al contexto actual, Gago ha apuntado que, a pesar de las «incertidumbres», en el corto plazo sin energía nuclear no puede resolverse la ecuación que implica garantizar el suministro, con costes competitivos, con estabilidad de la red y asegurar la demanda incluso en situaciones extremas y, al mismo tiempo cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
«No se suple de la noche a la mañana y hacerlo solo con renovables lo vemos inviable en el corto plazo», ha analizado Gago, que cifra ese corto plazo en 2025 o 2028 y recalca que la nuclear debería seguir formando parte del mix en los próximos años. Con todo, ha reclamado un debate «serio, riguroso y sosegado» sobre este proceso. A su juicio, la sociedad debe tomar una decisión de una manera «ordenada y no sobre la base de lo ideológico», sino con hechos, realidades y consecuencias sobre los distintos escenarios de la transición.
En su defensa de la energía nuclear, Gago reitera que el parque nuclear español cuenta con todos los avales para seguir operando más allá de los 40 años de su vida útil, en la línea con la mayoría de las plantas europeas y de «todas» las de Estados Unidos, que tiene permiso para seguir produciendo electricidad hasta los 60 años. «Se puede justificar y se justifica que las centrales españolas están perfectamente preparadas para operar durante mucho más tiempo», sentenció.
Por último, se ha referido a las dificultades económicas derivadas de los impuestos introducidos el 28 de diciembre de 2012, cuando se gravó con un 7% a «todo» tipo de generación eléctrica pero además, se añadió un nuevo impuesto para gravar la generación de residuos nucleares. Este último, exclusivo para la energía nuclear, aún sigue vigente. En este contexto, celebra la eliminación del impuesto del 7% general para todas las energías porque es «efectiva» para rebajar el precio del pool.
Por el contrario, se queja del impuesto que grava la generación de residuos ya que las centrales deben ser técnica y tecnológicamente viables y, al mismo tiempo, son necesarias porque contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Pese a ello, advierte de que este proceso debe hacerse con «una rentabilidad razonable» para los propietarios de las plantas. Finalmente, ha puntualizado que las centrales ya tienen internalizado el coste de la gestión de los residuos, así como el coste del desmantelamiento, mediante las tasas que se pagan a ENRESA, si bien, advierte de que la responsabilidad de definir si esta previsión de fondos es «suficiente» corresponde a ENRESA y el Ministerio para la Transición Ecológica.
