EFE.- Izquierda Unida ha presentado una iniciativa en los distintos parlamentos autonómicos en la que exige la intervención en el precio de la luz ante su repunte y a nacionalizar parte del sector para “garantizar la protección de familias, consumidores y usuarios”. La diputada de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, denuncia que la liberalización del mercado no ha servido para favorecer a los hogares, sino para que las compañías eléctricas, que a su juicio son «insaciables», obtengan un beneficio «absolutamente pornográfico».

Así, ha acusado a las eléctricas de aprovechar la ola de frío y ha contrapuesto el beneficio de 30.400 millones de euros logrado por las tres empresas más importantes en cinco años con el recibo de la luz, que se ha disparado de una manera «inaceptable», entre el 33 y el 40% de todos los hogares. A eso se añade, denuncia, los sueldos que cobran los directivos y las «puertas giratorias» de determinados ministros que han acabado en los consejos de administración de las eléctricas.

En su opinión, es urgente que se aborde el artículo 128.2 de la Constitución, que establece que se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y acordar la intervención de empresas cuando lo exigiera el interés general. Para Izquierda Unida, es el momento de plantear la nacionalización de un sector estratégico como el energético, algo que tienen claro países como Italia o Alemania, teniendo en cuanta además que España es el país de Europa con la electricidad más cara, salvo Malta y Chipre.

Ante esta situación, Izquierda Unida ha presentado una proposición no de ley en la que reclama al Ejecutivo aragonés que defienda los intereses de los consumidores e implemente las ayudas a las familias con necesidades por el aumento del precio de la luz. También que exija un cambio de marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado y estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos.

Izquierda Unida quiere además que el Gobierno exija la titularidad y gestión de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas, y que reclame un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad en el ámbito doméstico, ya que es del 21%. Luquin insiste también en que es necesario un nuevo plan energético nacional que apueste por las renovables y reduzca el precio de la energía, y que contemple un instrumento de gestión que permita al Estado recuperar parte del sector eléctrico perdido para garantizar la protección de las familias.

Mociones similares también en Navarra

Por su parte, en Navarra Izquierda-Ezkerra considera que «la estrategia clave» para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas y por eso presentó mociones en el Parlamento foral y en los ayuntamientos para solicitar al Gobierno central que nacionalice este sector. La coalición aboga por esta medida frente al actual estatus «de suculento negocio para las grandes compañías eléctricas y gasísticas». Izquierda-Ezkerra opina que la reforma del mercado energético emprendida por el PP «no da respuesta real al fenómeno de pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las familias».

Tras recordar que alrededor de 100.000 personas sufren pobreza energética en Navarra, señala que aunque los convenios firmados por el departamento de Derechos Sociales con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y CHC Energía para prevenirla han paliado en gran medida esta situación, «es preciso controlar desde la administración pública este sector, además de impedir la fluctuación de los precios y que se negocie con las necesidades básicas de la ciudadanía«. Añade que la Unión Europea también comparte este diagnóstico y ya en diversas Directivas del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, se plantean exigencias que obligan a los Estados a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.