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Las nuevas comercializadoras eléctricas elevaron al 6,7% su cuota de mercado en 2017, según Fintonic, frente al 4,8% de 2016

Europa Press.- Las nuevas compañías comercializadoras cerraron 2017 con una cuota del 6,7% del mercado eléctrico, lo que supone un incremento de 1,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior, según concluye un estudio de Fintonic sobre el consumo de energía en España durante el último año. El informe, elaborado a partir de datos anónimos de 40.000 usuarios de la aplicación, también recoge que estas comercializadoras facturaron un 5,2% del mercado eléctrico, frente al 3,9% del 2016.

Holaluz y Podo, con aumentos de 0,5 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente, fueron las que más crecieron. Iberdrola, Endesa y Gas Natural se mantienen como líderes, con una cuota de mercado del 84,5%. No obstante, estas registraron un descenso respecto al año anterior de 2,3 puntos porcentuales. En el caso de las nuevas comercializadoras de energía, su presencia fue especialmente significativa en regiones como Navarra, donde alcanzaron una cuota de mercado de hasta el 10%. Cataluña y Galicia registraron una presencia con cuotas cercanas al 7%. Finalmente, según datos de los usuarios de Fintonic, el consumo de electricidad en 2017 supuso de media 1.262 euros.

Iberdrola ahonda en su campaña informativa sobre el nuevo bono social a entidades sociales y de consumidores

Europa Press.- Iberdrola ha ahondado en su campaña informativa sobre el nuevo bono social eléctrico, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, mediante la remisión de información actualizada de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales. Así, la compañía envió información a estas organizaciones sobre las últimas novedades en la gestión del bono social y las acciones realizadas para facilitar la información y la gestión a sus clientes.

En concreto, el grupo energético remitió un correo electrónico en el que informa de la reciente puesta en marcha de la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que permite a los comercializadores de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos de renta para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

En la información recuerda que esta aplicación telemática funciona para todo el territorio nacional, salvo en País Vasco y Navarra, y señala que, no obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a las comercializadoras de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. En País Vasco y Navarra los clientes deben seguir aportando a los comercializadores de referencia la declaración de la renta hasta que esté finalizada la aplicación telemática específica para estos territorios.

La compañía también recuerda a sus clientes beneficiarios actualmente del bono social que seguirán disfrutándolo, como mínimo, hasta abril de 2018. Eso sí, todos aquellos que reúnan las condiciones para beneficiarse del nuevo bono social tienen que solicitarlo, aunque sean beneficiarios actualmente. El grupo energético ha remitido esta información a un total de 1.240 responsables de organismos de consumo y organizaciones de consumidores, a 236 miembros de servicios sociales de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de zonas de alto ratio para la compañía, así como a unos 56 responsables de las entidades con las que la empresa tiene suscritos convenios de vulnerabilidad, entre otros.

Además, la compañía puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria. Asimismo, la compañía presidida por Ignacio Galán ya procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social.

El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.

Siemens Gamesa comunica a los sindicatos el despido de 408 trabajadores en los próximos 3 años en España

Europa Press.- Siemens Gamesa ha comunicado a los sindicatos su previsión de despedir a 408 trabajadores en los próximos 3 años en las diferentes plantas que la compañía tiene distribuidas por toda España. Según ha informado la empresa, se ha trasladado a la representación sindical que la previsión es despedir a 408 trabajadores en España, de los cuales 341 serían durante 2017, contando desde el pasado 30 de septiembre.

Aunque la compañía no ha puntualizado cómo distribuirá los despidos, fuentes del sindicato ELA han asegurado que el plan no afectará a las plantas productivas de País Vasco y Navarra, ubicadas en Mungia (Vizcaya), Asteasu (Guipúzcoa) y Aoiz (Navarra), por lo que afectaría a oficinas o centros de I+D. También han asegurado que el próximo 23 de noviembre se celebrará la primera reunión de la mesa negociadora, en la que esperan que la multinacional aporte datos y concrete sus intenciones.

Siemens Gamesa anunció la pasada semana un plan de reestructuración de hasta 6.000 empleos en un total de 24 países. El grupo, que tiene una plantilla aproximada de 4.000 personas en España, con 600 en Guipúzcoa y Vizcaya, alcanzó unos ingresos de 5.022 millones de euros en sus primeros seis meses como empresa fusionada, tras la integración entre el fabricante de aerogeneradores de España y la filial eólica del grupo alemán, lo que supone una caída del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

Representantes del Ayuntamiento de Pamplona explican en el Parlamento del País Vasco los pasos para constituir un operador energético municipal

EFE.- El concejal delegado de Ecología Urbana y Movilidad, Armando Cuenca, y el responsable del Servicio de Energía Verde, Joël Dozzi, comparecieron en el Parlamento autonómico del País Vasco para explicar los trabajos realizados por el Ayuntamiento de Pamplona para la creación de un operador energético municipal. Su comparecencia se enmarca en el debate del proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, según indicó el Consistorio pamplonés.

La charla se centró en aspectos como la posibilidad de gestionar de forma directa todo el gasto energético municipal o el hecho de facilitar la implementación de medidas de eficiencia energética de manera directa. En este sentido, según indicaron, se incidiría en una reducción de la factura energética del propio Ayuntamiento ya que, con el actual sistema, esas reducciones de consumo repercuten sobre todo en la empresa adjudicataria. Un operador energético municipal permitiría, además, atender directamente a las personas en situación de pobreza energética, aseveraron.

Uno de los ejes de la comparecencia fue la conexión entre la pobreza energética y la sostenibilidad energética a nivel municipal, ya que la primera de ellas está ausente en la redacción del actual proyecto. Asimismo, los representantes del Ayuntamiento pamplonés abordaron una dimensión más estratégica de la ciudad en materia energética, con el empoderamiento de los municipios y la ciudadanía en el campo de la energía, así como la generación local de energías renovables.

Acciona inaugura oficialmente su planta de almacenamiento de energía eólica con baterías en Barasoain (Navarra)

EFE.- El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha inaugurado la planta de almacenamiento de energía eólica con baterías que Acciona Energía ha puesto en marcha en el término de Barasoain. Se trata de la primera planta en su género, integrada en un parque eólico conectado a la red en España y que tiene por objeto aplicar soluciones tecnológicas que permitan incrementar la penetración de las instalaciones de energía renovable en el sistema eléctrico y optimizar la gestión de la energía producida.

El vicepresidente agradeció a todas las personas implicadas la puesta en marcha de «esta solución pionera» y ha subrayado el papel protagonista de la energía eólica en la producción de electricidad, dentro de las renovables, y que los científicos esperan que sea la fuente energética que más se desarrolle en los próximos años, llegando a suponer el 15% de la producción eléctrica europea en 2030. «En la actualidad alrededor del 24% de la energía eléctrica consumida en nuestra comunidad foral proviene de renovables» indicó Ayerdi, que recordó el reto para 2030: «que las renovables supongan el 50% del consumo energético».

Oportunidades para la industria navarra

Ayerdi también destacó la calidad del tejido empresarial, industrial y del conocimiento con que cuenta Navarra en el sector de energía eólica, así como la intervención del clúster navarro. Explicó que el desarrollo de esta área industrial es una prioridad temática definida en la Estrategia de Especialización Inteligente, S3, y «puede generar nuevas oportunidades de diversificación y emprendimiento, siendo fuente de empleo. Todo ello contribuyendo a un desarrollo territorial sostenible».

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha destacado el relevante papel que el almacenamiento va a desempeñar en un sistema eléctrico descarbonizado. Además, se ha mostrado satisfecho de que una planta pionera en este ámbito como la de Barasoain, que va a favorecer aún más la integración de las energías renovables en el sistema, «se ubique en Navarra, que ha hecho del desarrollo de las energías limpias una de sus señas de identidad».

Folgado (REE) aboga por replantear los impuestos especiales que paga la electricidad y propone prorrogar 10 años más las nucleares

EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, expuso la conveniencia de que el Gobierno central se replantee los impuestos especiales con los que se grava la electricidad. En este sentido, Folgado indicó que se debe pensar «para ver cómo, con mentalidad fiscal global, la energía eléctrica no paga impuestos especiales» como los que también soportan el alcohol, el tabaco o el petróleo.

«Nos jugamos mucho» por el peso de la electricidad en los costes empresariales y su incidencia en la competitividad, ha señalado Folgado, que recordó que ahora no solo se paga un tributo por energía generada sino también otro del 5% que se estableció en su día para «subvencionar el carbón», y «aunque esto ha ido cayendo el impuesto sigue». Asimismo, Folgado se ha referido al escenario que debe afrontar España en una situación económica que le «permite» abordar este reto, que tiene a su juicio como primer pilar la eficiencia.

Después de subrayar que «no hay energía más sostenible que la que no se consume», ha recordado que en 2016 el 80% del déficit comercial español fue por el coste energético, de ahí la importancia de las renovables. Folgado ha indicado además que tanto administraciones como empresas y particulares deben adoptar sistemas que permitan un menor consumo y aplicar tecnologías que optimicen el que se realiza, al tiempo que apuesta por «un cambio masivo en la sostenibilidad de la edificación».

Avance de la movilidad eléctrica

Ha defendido también el desarrollo de una movilidad sostenible con un desarrollo del ferrocarril para el transporte de mercancías, y del automóvil eléctrico e híbrido para personas, algo que ha augurado que contará con el impulso de los ayuntamientos, que para 2025 pondrán «claras limitaciones» al coche tradicional. A estas medidas añadió la necesidad de aplicar «políticas sociales» al consumo eléctrico, como se hace en distintos países europeos mediante «una bajada de tarifas para las menores rentas». Todo ello sin olvidar la «importancia» de contar con redes de interconexión para el transporte de la energía.

En referencia a su origen ha recordado que la renovable debe ser para 2020 el 27% de la primaria, lo que supone el 62% de la producción eléctrica, un ratio que ya alcanzó una comunidad autónoma como Navarra el año pasado. «Pero la generación renovable también puede ser nuclear», ha puntualizado, aseverando que «lo más razonable es alargar la vida de las centrales nucleares 10 años», pese a que los «efectos colaterales» que puede acarrear el uranio. En todo caso subrayó que para 2040 «prácticamente todo será energía renovable sin nucleares» y eso conlleva otros retos, como el del almacenamiento.

Salida de las renovables navarras

Por otro lado, Folgado aseveró que, «con la objetividad propia de quien ve todo el parque nacional», la salida de Navarra a su producción de energía renovable «obviamente es por el País Vasco y Europa». «Antes podía evacuar sus energías excedentarias a Castilla y León y Aragón, pero es que ellas se han desarrollado mucho en eólicas, en mayor cantidad de lo que demandan, y por lo tanto no hay mucha salida por ahí», argumentó.

Y ha añadido que si se quiere «el desarrollo de Tierra Estella y no tener restricciones al crecimiento en sectores como automoción, biomedicina, agroindustria, industrias químicas o papelera, se necesita no tener la espada de Damocles de minicortes o falta de capacidad de evacuación de la energía«. «Eso es lo que permite capitalizar la energía renovable siempre y a un determinado precio», ha subrayado Folgado.

El Gobierno de Navarra solicita el desmantelamiento «sin demora» de la central nuclear de Garoña

Europa Press / EFE.– El Gobierno de Navarra ha acordado solicitar al Ministerio de Energía que sea denegada la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos) y que se inicien «sin demora las actuaciones del cese de explotación» así como su desmantelamiento. Dicha solicitud figura en el escrito de alegaciones aprobado por el Gobierno de Navarra para su presentación en la fase de audiencia relacionada con la tramitación de la renovación de la autorización de la explotación de la central nuclear.

La central nuclear fue inaugurada en 1971 y se declaró su cierre definitivo por la Orden Ministerial 1.302/2013, debido a que su propietaria, Nuclenor, no renovó la autorización de explotación alegando falta de rentabilidad. Sin embargo, la empresa titular solicitó posteriormente su reapertura hasta el 2031, es decir, hasta que cumpla 60 años de actividad. La consejera de Presidencia, María José Beaumont, ha señalado que son 9 las alegaciones del Gobierno Foral contra la reapertura de Garoña, central ubica a orillas del río Ebro a un centenar de kilómetros, aguas arriba, de Navarra. La primera, ha destacado, hace referencia al «incumplimiento del deber legal» por parte del Ministerio de aportar a Navarra «todo lo actuado».

Otras alegaciones, según explicó Beaumont, se refieren a la antigüedad de Garoña, el marco normativo vigente, el recorrido que ha tenido la explotación desde 1970, el «cierre unilateral» decidido por Nuclenor en 2012, la normativa que rige para una posible renovación, la «no concurrencia de interés público alguno» en su continuidad, la «inadmisible» falta de fijación de un plazo determinado para su fin y los límites que tiene la competencia del Gobierno en la materia.

Tras conocer los planes de Nuclenor de operar Garoña hasta 2031, el Gobierno de Navarra adoptó, el 27 enero de 2016, un acuerdo por el que solicitaba al Estado que no reabriese la central nuclear y que fuera desmantelada porque «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral». También argumentaba que durante sus más de 40 años de actividad, Garoña ha sufrido «serios problemas estructurales que han devenido en diferentes accidentes», y se recordaba que su reactor es gemelo del reactor de la central de Fukushima, afectada por un grave accidente.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra decía que, durante los dos años y medio que entonces llevaba cerrada, la demanda eléctrica no se había visto perjudicada y que la posible reapertura de la central «no atiende a intereses generales ni desde el punto de vista social, ni medioambiental, ni de seguridad o de salud pública, y sí por el contrario a intereses económicos particulares».

Asimismo, el 2 de marzo de 2016 el Gobierno de Navarra acordó comparecer ante el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que se le tuviera por personado como interesado en el procedimiento de autorización de la reapertura de Santa María de Garoña reclamada por Nuclenor, de forma que le fuesen comunicadas las incidencias que se produjeran y se le diera audiencia, todo ello antes de dictarse la resolución.

Esta semana concluye el plazo dado por el Gobierno a 11 partes interesadas en alegar sobre el futuro de Garoña

Redacción / Agencias.- Las 11 entidades interesadas en presentar alegaciones y documentos al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña podrán hacerlo hasta este sábado, cuando finaliza el plazo dado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El Ministerio estudiará estas alegaciones antes de decidir si concede o no la autorización de explotación para que la central burgalesa, parada desde diciembre de 2012, pueda volver a la actividad.

Según Energía todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi 5 meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron notificados por el propio Ministerio en marzo. En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta cumpla 60 años de edad. Eso sí, condicionó la reapertura a la ejecución de una serie de inversiones en seguridad.

El Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la central nuclear una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe que el CSN emitió el 8 de febrero. A partir de esa fecha se abrió el plazo de 6 meses para pronunciarse sobre la solicitud de la renovación o no de la autorización de explotación planteada por Nuclenor. Las 11 entidades que se han personado y que podrán presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Red Eléctrica y el Centro Nacional de Energías Renovables fomentarán la innovación para impulsar un futuro energético sostenible

Europa Press.- El presidente de Red Eléctrica, José Folgado, y el presidente del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), Manu Ayerdi, que es también vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, suscribieron un convenio marco de colaboración para fomentar actuaciones conjuntas en materia de innovación para el desarrollo de un futuro energético sostenible.

Según comunicaron, mediante este convenio de cuatro años de duración, Red Eléctrica (REE) y Cener colaborarán en la generación de proyectos para impulsar iniciativas de interés mutuo dirigidas a la integración de renovables, al almacenamiento de energía eléctrica y al ahorro y eficiencia energética, así como otras relacionadas con las redes y ciudades inteligentes. La colaboración entre ambas entidades contempla la creación de una comisión mixta para la valoración y seguimiento de los proyectos que se concretarán mediante acuerdos específicos.

La Comisión Europea admite a trámite una denuncia de las gasolineras desatendidas contra España por las prohibiciones de las autonomías

Europa Press.- La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) contra España por su inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas. La asociación señala que, tras varios meses en los que la Comisión realizó una investigación preliminar de los hechos denunciados por la AESAE, la semana pasada tomó la decisión de admitir a trámite el expediente.

Como parte del proceso, asegura, el Ejecutivo comunitario ha procedido a enviar la preceptiva carta al Estado español en la que se recogen los hechos fundamentales que constituyen la base del argumento de la Comisión y se esboza la valoración jurídica de los mismos. El Gobierno tendrá de plazo hasta el 8 de julio para presentar sus alegaciones. LA AESAE había presentado su denuncia en julio al considerar que las normativas autonómicas en contra de las gasolineras automáticas constituyen «una clara restricción al libre mercado», en línea con la posición del organismo regulador, la CNMC.

Entre las legislaciones incluidas en la denuncia de la AESAE se encuentran las de Navarra, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia, mientras que las que están en tramitación son las de Madrid, Asturias y Extremadura. Posteriormente, indica, esta denuncia fue ampliada el 16 de diciembre, con la Ley de Castilla y León y el proyecto legislativo en tramitación en Euskadi.